En general, es necesario comentar que la participación de las comunidades en este proceso extraordinario fue muy parecido a la participación general de la ciudadanía en las elecciones al congreso, el porcentaje de abstención fue superior al 50%. Está consideración es importante tenerla en cuenta porque se puede interpretar, como una falta de aprovechar la oportunidad para que estás comunidades rurales hubiesen encontrado escenarios válidos para la participación en el Congreso de la República y desde allí desarrollar la actividad legislativa y de control político, que se requiere para que estos territorios superen las causas históricas del atraso, la violencia y la pobreza en la que se encuentran sumergidas, por cuenta de la falta de voluntad política de la clase política tradicional en el país.
Además, la baja participación de las comunidades permitió, que las clases políticas tradicionales y sectores descompuestos de la política se “aprovecharan” de la circunstancia de desmotivación que tienen las comunidades, para imponer con toda “facilidad” a sus candidatos, como extensión de sus clanes políticos o familiares en estas curules.
Una vez conocidos los resultados y el listado general de elegidos y elegidas, hay que decir, que este proceso de elección de las curules transitorias para la paz, resulta bastante consecuente con el propósito de un gobierno que jamás tuvo interés en garantizar un efectivo proceso de participación de las comunidades en este proceso y mucho menos en permitir que las comunidades afectadas por el conflicto pudieron acceder a ellas.
Si se tiene en cuenta la larga lista de dificultades que tuvo que asumirse para que se concretará el acto legislativo que creaba las curules y luego el proceso de reglamentación que tendió a favorecer la participación de distintos sectores políticos, menos las víctimas, sumándole a esto, la situación de miedo y zozobra que se dio muchas territorios donde se elegían las curules, donde se había instalado por cuenta de los asesinatos, masacres y amenazas perpetradas por distintos grupos armados contra las comunidades, y finalmente, el desprecio con el que el gobierno asumió temas tan importantes como la financiación de las campañas de las curules, la precaria pedagogía en esos territorios rurales, el resultado no podía ser distinto, apatía de las comunidades para participar, y en general un desconocimiento ciudadano el mecanismo para participar en la elección de las curules y de las candidaturas y un aprovechamiento político de clanes y partidos tradicionales para quedarse con estas cámaras. Al gobierno le faltó impulsar una acción pedagógica más decidida que permitiera orientar y facilitar la participación en este proceso.
En medio de este panorama el proceso electoral de 4 meses (entre diciembre del año 2021 y el 13 de marzo del 2022) las campañas de los candidatos y candidatas a las 16 curules para la paz se desarrolló en medio de un ambiente hostil y faltó de garantías por parte del gobierno, que ni siquiera fue capaz de cumplir con la propia reglamentación, que había establecido para las mismas un apoyo económico y accesos a medio de comunicación, ayudas que nunca llegaron por exigencias difíciles de cumplir para los y las aspirantes de los procesos comunitarios. Y tal vez por esta razón las campañas fueron capturadas por los partidos políticos tradicionales a través de prácticas que han desarrollado históricamente en los procesos electorales, pero al mismo tiempo, algunas de esas campañas fueron tomadas por personas proclives a los grupos paramilitares y en ese sentido, promovieron una campaña electoral con amenazas e intimidaciones sobre el electorado, qué en medio de confusión, desconocimiento y mucho miedo, terminaron respaldando candidatos que no brinda ninguna garantía, ni para la consolidación de planes de desarrollo que permitan sacar a las regiones de su atraso, ni de la violencia, pero en todo caso esas curules no serán garantía para la consolidación de la necesaria implementación del acuerdo de paz.
Tras un rápido análisis de los resultados electorales en lo que corresponde a las 16 curules para la paz, resulta fácil establecer qué varios de los elegidos tienen estrechos vínculos con la clase política tradicional y con sectores vinculados al ejercicio de la politiquería, el clientelismo y la corrupción, está información corresponde a denuncias presentadas a través de distintos medios de comunicación e investigaciones, que permiten establecer que, así sucedió con las curules en las zonas de: Arauca, Catatumbo, Putumayo, Sur de Córdoba, Sur de Tolima y el Urabá Antioqueño, pero quizá el asunto más grave, es el que se relaciona con los vínculos con grupos criminales que lograron infiltrarse en el proceso, entre otras cosas, por las facilidades que brindo la Unidad para las Víctimas, al otorgar reconocimiento de víctimas, a quiénes necesariamente no lo eran y de esta manera las curules en los departamentos de Chocó y Caquetá, terminan en manos de personas relacionadas con el paramilitarismo. Y no menos importante la curul que “gano” Jorge Rodrigo Tovar el hijo del jefe paramilitar “Jorge40”, que al menos tiene reproches éticos, a los que se sumaron denuncias de intimidación y compra de votos.
No obstante, lo que podría parecer un panorama sombrío, en esta primera experiencia de la elección de las curules para la paz, quedan importantes lecciones y aprendizajes para las organizaciones de derechos humanos y de víctimas comprometidas en la construcción de la paz en el país. En primer lugar, al menos 7 de esas curules corresponden a procesos comunitarios que en primera instancia provienen de expresiones organizativas, ligadas a la defensa de la tierra y el territorio, a la lucha por la paz y los derechos de las víctimas, seguramente podrán juntarse con las bancadas que se conforman el congreso de la República con sectores del Pacto Histórico, algunos sectores del Partido Liberal, la bancada del Partido Verde, parlamentarios del partido Comunes, y algunas curules de los sectores de la circunscripción especial indígena y afrodescendiente, lo cual permitirá, hacer alianzas que permitan cumplir con el objetivo inicialmente trazado con las 16 curules para la paz.
Una lección, no menos importante queda para el movimiento social y popular de los territorios dónde se ubican esas circunscripciones especiales para la paz, básicamente se trata de preparar las condiciones para que en las elecciones del año 2026, se superé la atomización que existió en esta primera experiencia, la dispersión de candidaturas provenientes de sectores democráticos y populares no ayudó a consolidar campañas unitarias que permitieran sumar los votos suficientes para ganar esas curules y desde ellas continuar la lucha por superar las causas que generan la violencia. Igualmente, es importante qué las organizaciones sociales y comunitarias de estos territorios inicien desde ahora mismo, profundos procesos de pedagogía política que faciliten a las comunidades su participación y entender que estás curules son una oportunidad para superar largos años de abandono, pobreza y exclusión, de esta manera, estos cuatro años deben servir para consolidar procesos con mucha conciencia política que permitan entre otras cosas fortalecer la unidad de los sectores más afectados por la guerra en esos territorios.
La construcción de la paz, así como, las medidas que permitan superar el conflicto armado interno, fortalecer las demandas de las comunidades y de las víctimas, en especial los derechos a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición, son luchas de largo aliento que solo pueden liberarse en la medida en que se fortalezcan los procesos organizativos de las comunidades bajo una consigna de unidad, movilización y conciencia política.
Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos.
Foto tomada de: El País
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