En términos de medición de superficie cultivada con coca las alarmas siguen encendidas al comienzo de 2022. Incluyendo los análisis de algunas ONG bogotanas y las valoraciones de políticos conservadores, el problema sigue siendo la cantidad de hectáreas existentes, aspecto del cual solo se mueven cuando se publican los limitados informes anuales de la UNODC[3] que adicionó desde hace unos años la evaluación sobre la cantidad de cocaína producida en el país, y algunas evidencias de aspectos productivos de las unidades agropecuarias con coca.
Sin embargo, aunque lo quieran no será fácil el retorno de las aspersiones, mucho menos ahora que la Corte Constitucional[4] en consonancia con anteriores sentencias ha dejado en claro que el principio de la participación ambiental no se reduce a reuniones de socialización, y que la consulta previa tampoco se limita a jornadas informativas. La Corte ha ordenado a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- y a la Policía Antinarcóticos rehacer todo el proceso de trámite para el licenciamiento del Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato-PECIG-. Los requisitos impuestos le hacen casi imposible al presidente Duque –quien se ufana de ser perfeccionista- revivir dicho programa como lo anunció desde su primer día.
Duque y sus ministros de defensa han considerado a la coca (deberían decir cocaína o narcotráfico) como la culpable de los homicidios de líderes sociales, responsable del regreso del conflicto armado, por cuenta de lo que han llamado grupos residuales, y también la señalan como la destructora de los ecosistemas. Aún así, el gobierno, no logró convencer a la audiencia de que, por cuenta casi exclusiva de la coca, la violencia se pavoneó por el país en su mandato. Arauca, un departamento en el que, según dijo el gobierno, desaparecieron los cultivos de coca[5] después de que el campesinado se acogiera al Programa de Sustitución voluntaria -PNIS-, despertó este año con una estela de sangre. El mito incubado desde los medios oficiales se deshizo cuando el ELN y el frente 10 se enfrentaron en una región donde la economía principal no es la coca.
Así mismo, los incendios de enero en Guaviare, Caquetá, Meta y Vichada, luego de una rapaz deforestación, pusieron al descubierto que la coca no es la principal causa de ello, sino que, como lo muestran estudios de fundaciones que trabajan en el terreno, las vías ilegales, la apropiación y especulación sobre tierras, y la ganadería[6], son los motores centrales de un imperdonable “imperialismo de la desmesura”[7] que avanza sin control sobre la Amazonia. La coca sembrada por campesinos colonos en estos cuatro departamentos es poca comparada con la del andén pacífico, si abre frontera y deforesta, pero en proporción inmensamente menor a las tasas de deforestación que promueven el Ministerio de Agricultura y FEDEGAN por cuenta del apetito por la carne de res para el mercado internacional.
Sin atender los llamados de la comunidad defensora de los derechos humanos, Duque ordenó este año, nuevamente, a los militares y policías cumplir indicadores de destrucción de hectáreas de coca. Para ello Estados Unidos también coopera financiando la erradicación manual forzada, la cual es aún más violatoria de derechos de las comunidades[8] que la misma aspersión aérea. Pero las metas de erradicación terrestre suelen plantearse resultados imaginarios, suelen decir información no fiable y parecen un despilfarro de recursos públicos, además no son monitoreadas por ninguna entidad independiente y el Ministerio de Defensa presenta reportes de hectáreas destruidas sin contrastación real en el terreno. Aun así, con ese pretexto, se construyen bases policiales y se militariza la vida de las poblaciones rurales por cuenta de la política de drogas.
Los cultivos son perseguidos por ser ilegales, los narcos también, pero los cultivos no se mueven y el dinero de los narcos sí. Los cultivos son laborados por pobres en su mayoría y los narcos tienen conexiones políticas. Al ser ilegales los cultivos, generalmente en manos de campesinos, indígenas y afros, éstos tienen que instalarse distantes del control de las autoridades. Al hacerlo, es lógico que generen un daño ambiental. Pero al ubicarse en lugares apartados, donde el estado ha demostrado ser incapaz de llegar y quedarse a garantizar la seguridad, a pesar de los acuerdos de paz, los grupos armados ilegales cuentan con un contexto favorable para su actividad. Aún así, el movimiento económico que se dinamiza con el comercio de la pasta base y luego con la cocaína, no termina per se en la ilicitud sino que tarde o temprano migra a la legalidad.
Más allá de las operaciones de lavado de dinero que se ven en la serie Ozark de Netflix, lo que ocurre en el terreno es pragmatismo puro. La ilicitud hace que el producto tenga mayor valor por los costes de producción, la dificultad de su comercialización, los riesgos que conlleva, los impuestos a pagar, las distancias en las que se ubica y el precio internacional. Pero ese mayor valor le otorga la ventaja a quien controle esa renta de corromper a todo aquel que ejerza algún poder en el territorio. En términos coloquiales “hay plata para todo el mundo” y de ahí pueden “comer todos”: “paracos”, guerrilleros “disidentes” o “insistentes”, militares, policías, políticos, funcionarios públicos, empresarios, para no citar a los submundos que se benefician de tales recursos. Cuando el capital retorna al país luego de las ventas en el extranjero viene el ciclo de contrarreforma agraria, praderización y ganaderización de corte especulativo que devora selva, la perversión del sistema democrático y la compra de la contratación pública, entre otros.
El conflicto se ha reposicionado después de cinco años de una difícil implementación del acuerdo de paz con las FARC EP, y/o de una deliberada falta de capacidad para hacerlo por cuenta del gobierno central, así como de la cooptación de elites políticas que aliadas con mafias territoriales se adueñaron de los recursos de la paz a través de las obras públicas. Curiosamente, mientras el Presidente se vende a nivel internacional como adalid de las causas ambientales y diserta sobre el narcotráfico, sus políticas favorecen a los que dice perseguir. La supuesta lucha contra drogas se aplica de manera diferenciada en los territorios según el contexto, los intereses y las alianzas tejidas entre oficiales del Estado, elites políticas y grupos ilegales, lo que favorece el negocio que se expresa en el mercado de tierras, el contrabando, las elecciones, la apropiación de bienes comunes, entre otros.
El caso del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández[9], capturado esta semana para ser extraditado a EEUU por conspiración para introducir cocaína a ese país, dejó al descubierto cómo para algunos sectores de la política al más alto nivel priman los negocios por encima de consideraciones ideológicas. Estados Unidos consintió a Hernández durante ocho años, merced al papel de la CIA contra Venezuela, mientras la DEA desde hace rato develaba las relaciones del hermano de ese Presidente con el narcotráfico. Hernández, de origen conservador, proclamaba una “lucha contra el narcotráfico” en Honduras y se ufanó de extraditar a 27 capos, llegando a decir que las acusaciones en su contra eran una venganza de los narcos[10].
En Colombia, sin entrar a recordar la participación de alias el Ñeñe en la anterior campaña presidencial, el portal cambiocolombia.com[11] puso al descubierto varios hechos recientes. Generales del Ejército se habrían aliado con grupos criminales del narcotráfico; uno lo hizo con el grupo los “pocillos” en Cauca y Nariño; otro, a quien llamaban “el padrino”, estuvo en la planilla de pagos del grupo paramilitar “Clan del Golfo” y luego hizo parte de la nómina de la Presidencia de la República en un cargo para cuidar a los líderes sociales[12]: “esto es la hijueputa guerra”. Más antes otro oficial había sentenciado en Catatumbo que “si nos toca aliarnos con los pelusos lo hacemos” para atacar a otro bando. Estas denuncias dejan en claro que el narco juega pagando coimas mensuales a sectores oficiales para eludir retenes, abrir vías, quitar a contrarios del camino y cuidar embarques. “Todos comen” al estilo del juego de la pirinola.
La llamada “guerra a las drogas”, por la que aboga la derecha y la que algunos académicos consideran fallida, termina favoreciendo a los tenedores de esa cadena de suministro, a la red nacional e internacional que más se lucra merced a la ilicitud. Los armados compiten o se alían según la necesidad, para ofertar seguridad y por ello reciben su parte. Así las cosas, cada golpe que llama la atención de la prensa se debe a un desarreglo, al rompimiento de una alianza vieja mientras se organiza una nueva. Al tiempo, el mercado global sigue demandando cocaína, igual que ahora los países árabes compran barcos de ganado en pie (de lo que se ufana el gobierno), igual que los europeos y gringos compran nuestros bananos y carbón y petróleo y flores. Aquella guerra no es fallida porque no busca acabar el negocio sino perpetuarlo para favorecer intereses particulares y violentos.
Entonces el problema central, a propósito de las elecciones de Congreso y de Presidencia no son las drogas, ni las acciones o técnicas que se emplean. Tampoco puede pretenderse que la problemática asociada al “conflicto cocalero” –como lo llaman los campesinos en Putumayo- se resuelva exclusivamente en el terreno de los cultivos, ni siquiera bajo el voluntarismo de dirigentes de izquierda que estiman que todo se reduce a cumplir adecuadamente el PNIS. Esto hay que hacerlo porque es un compromiso de Estado con las familias, pero no es lo único, ni lo central. Lo principal es la política de drogas sobre el conjunto de la cadena en un contexto globalizado y de dependencia de nuestra moneda respecto del dólar. El negocio del que todos comen. Decirnos la verdad es un comienzo para abordarlo.
_______________________
[1] El debate organizado por caracol radio, puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=jrIKYWX5Djg
[2] Equipo por Colombia está integrado por Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, David Barguil, Ayde Lizarazo y Alex Char.
[3] Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En Colombia, administra el “sistema de monitoreo satelital de cultivos ilícitos –SIMCI”. Publica sus informes cada año en Junio.
[4] Si este tema le interesa lea por favor este artículo https://es.mongabay.com/2022/02/corte-constitucional-rechaza-el-plan-de-manejo-ambiental-para-la-aspersion-aerea-con-glifosato-en-colombia/
[5] Se puede ver el pronunciamiento de la oficina del postconflicto de Presidencia haciendo alarde de Arauca, como el segundo departamento exitoso en sustitución. http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2018/Paginas/20180322-arauca-segundo-departamento-exitoso-en-sustitucion-de-cultivos.aspx
[6] Si le interesa puede ver esta nota periodística del portal mongabay: https://es.mongabay.com/2022/02/colombia-incendios-de-enero-en-amazonia-superan-las-cifras-para-ese-mes-en-los-ultimos-10-anos/
[7] El concepto “imperialismo de la desmesura” es usado con frecuencia en el más reciente diccionario del postdesarrollo: “Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo” coordinado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Federico Demaria, Arturo Escobar y Alberto Acosta de la editorial Icaria.
[8] Al respecto sugerimos ver la publicación del Programa Somos Defensores, sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos en contextos de cultivos de uso ilícito, en https://visomutop.org/informe-especial-la-sustitucion-voluntaria-siembra-paz/
[9] Más información puede verse aquí https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60364412
[10] Vea esta entrevista https://elpais.com/internacional/2021-12-22/las-acusaciones-de-narcotrafico-contra-mi-son-una-venganza-de-los-capos.html
[11] General Hernando Herrera Díaz reconoció aliarse con narcotraficantes. Ver en https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/esta-es-la-puta-guerra-general-reconoce-alianza-con-narcotraficantes-para
[12] Vea el comunicado de varias plataformas de derechos humanos ante las denuncias sobre presuntos vínculos entre oficiales y grupos ilegales https://ddhhcolombia.org.co/2022/02/16/presuntos-vinculos-entre-militares-y-grupos-ilegales/
Pedro Arenas, Investigador de la Corporación Viso Mutop, un centro que monitorea las políticas de drogas y promueve su reforma desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, los derechos humanos y el acceso a desarrollo sostenible para las comunidades.
Foto tomada de: Noticias Caracol
Deja un comentario