Tal Proyecto presentado por el Ministerio de Justicia contempla la “renuncia” y “extinción de la acción penal” para aquellos cultivadores de coca de menos de 1,78hectáreas y que son considerados como “pequeños cultivadores” y también los “amedieros” estos últimos socios a medias, como en el mejor feudalismo, con quien a cualquier título ejerce la posesión de la tierra y que constituyen la base social de los grupos armados ilegales. El proyecto de ley deja la salvedad que la marihuana “no será punible cuando se haga con fines médicos o científicos” y de hecho establece un área mínima de siembra, que sería legal de hasta 18M2 para coca, 19 M2 para cannabis y 0,34 hectáreas para amapola. Este es el marco normativo que da lugar al “tratamiento penal indiferenciado” -que según la exposición de motivos del Proyecto de Ley- para pequeños cultivadores en “aras de contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados”.
El gobierno ya había presentado un Proyecto de Acto Legislativo en 2016 sobre tratamiento diferencial a pequeños cultivadores de hoja de coca que enardeció al Fiscal de la Nación por lo cual el gobierno lo retiró. Un segundo intento hizo el gobierno con el Proyecto de Ley que contempla el mismo “tratado diferencial” para cultivadores de menos de 3,8 hectáreas. Con este proyecto el Fiscal General de la Nación se mostró “aterrado” obligando al gobierno a ponerlo en congelador hasta que fue archivado por vencimiento de los términos.
Ahora, el gobierno ha presentado el mismo proyecto con las modificaciones pertinentes reduciendo esta vez el área sujeta a tratamiento preferencial a 1,7 hectáreas que tampoco ha sido bien visto por el Fiscal, pero que así mismo, no cuenta con la anuencia de las Farc, lo que conduce a la incertidumbre del proceso de Paz y peor aún para los pequeños cultivadores.
El proyecto sustenta que el “problema de las drogas ilícitas está ligada a las condiciones de pobreza y marginalidad”, que es a la postre el mismo argumento con el que pretendió legitimar sus acciones las Farc y lo hacen otros grupos armados ilegales como el clan del golfo, los antiguos paramilitares y las llamadas “disidencias”. “La renuncia al ejercicio de la acción penal –dice la sustentación del Proyecto –, la extinción de la acción penal o la extinción de la pena planteada en el Acto Legislativo 01 de 2017 crearon el marco constitucional que permite el tratamiento penal diferenciado para los delitos ordinarios … que no están en el ámbito de la aplicación de los mecanismos de la política y justicia transicional y que…por su conexión con el conflicto armado interno y la relación con las actividades que el grupo armado al margen de la ley desarrolla, merecen tratamiento diferenciado…como es el caso de los pequeños cultivadores.”
Argumenta la ponencia del Proyecto de Ley que el acto legislativo 01/2017 “requiere de una estrategia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos que en un contexto de reconciliación y fomento de la productividad…contribuyan a reducir los efectos negativos que sobre las comunidades campesinas puedan generar las medidas oficiales de carácter penal y reconocer que el cultivador no se lucra en gran medida del cultivo de plantaciones ilícitas”.
Antecedentes de la normatividad propuesta
En el Acuerdo Final Gobierno-Farc en la Habana en el punto 4.1 el gobierno se comprometió a “renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal contra pequeños agricultores vinculados a cultivos de uso ilícito cuando dentro del término de un año a partir de la vigencia de la nueva norma manifiesta su decisión de renunciar a cultivar o mantener cultivos de uso ilícito”. Otro, es el artículo 5º. Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 que refiere a la reglamentación del numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final. También el Plan decenal de Justicia (2017-2027) “prevé dentro de sus acciones realizar ajustes normativos para el tratamiento penal diferenciado de los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, así como, el Plan Nacional de desarrollo (2014-2018)que propone “medidas para enfrentar la problemática de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico y por último, el Decreto 896 de 2017 que creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que “hace parte del –Acuerdo Final y es un capítulo especial de la Reforma Rural Integral”, y que, contempla: “a) el Plan Integral comunitario y Municipal de sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), B) LAS Asambleas Comunitarias, quienes diseñaran los planes comunitarios y elegirán delegados: a) la Comisión Municipal de Planeación participativa (CMPP, b) al consejo de Evaluación y Seguimiento)
Situación actual de los cultivos ilícitos
El área sembrada pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016con un incremento del potencial de producción de clorhidrato de cocaína. En los territorios afectados se presenta siempre la presencia de actores armados ilegales, dado que es el medio de producción de poder que es lo que diferencia este negocio de los demás actividades económicas y que es una garantía relativa para reducir los riesgos del negocio. Así se convirtió las Farc desde sus inicios , cuando en los años sesenta y setenta del siglo pasado abandonaron sus santuarios originales de Marquetalia y Rio chiquito para trasladarse al Pato-Guayabero donde se encontraba otro grupo de antiguos guerrilleros del Sumapaz y Villarica dirigidos por Richard, quien ya había establecido contactos en los Llanos del Yarí con las avanzadas de Rodríguez Gacha, Carlos Leher quien estuvo viviendo en la región, Pablo Escobar, el clan Ochoa, en el famoso pero no único laboratorio de Tranquilandia que contaba con más de 10 pistas de aviación, varios laboratorios de procesamiento de coca y montajes especiales. El territorio comprendía tres haciendas que se había “adjudicado” a sí mismo, Oliverio Lara, el célebre terrateniente de Larandia en el Caquetá y que abarcaban más de 100.000 hectáreas. Al propio tiempo los ideólogos de la academia, desarrollaron la idea de la “colonización armada” para atraer colonos hacia esas regiones. A eso le consideraron la forma “específica” de lucha por la tierra, con la cual poblaron el alto, medio y bajo Caquetá y constituyeron prevalidos de la oportunidad que les brindó la zona de distensión del Caguan., lo que permitió a unos y a otros “algún nivel de control territorial que facilitó a las organizaciones dedicadas a la producción de drogas, imponer las reglas de juego que regulan el mercado”
La exposición de motivos del proyecto puntualizar los “factores en el incremento del cultivo de coca”:
- Expectativas para recibir beneficios como contraprestación por erradicación
- Incremento del precio en 50% de la hoja de coca
- Revaluación del peso en un 35% con respecto al dólar
- Reducción del riesgo por suspensión de la aspersión aérea
- Reducción de las economías del oro, petróleo y coltan
No incluyen en estos numerales un factor constante como que es la corrupción oficial.
Briceño anticipo al fracaso del proceso de paz
El gobierno diseñó un programa piloto en conjunto con las Farc, que comprende según el PNIS 36 municipios que concentran el 52% de las hectáreas sembradas de coca de todo el país, donde 28.660 familias comenzaron a recibir un pago mensual de un millón de pesos y otro igual con posterioridad. Este plan está en proceso de validación.
Briceño es una población de Antioquia que sirve de piloto para la sustitución de cultivos ilícitos Allí 2225 campesinos de 25 veredas concertaron con el gobierno la erradicación voluntaria de 550 hectáreas de coda distribuidas en 1921 parcelas que arrojan un promedio de 2860 metros cuadrados de cultivo, esto es, un cuarto de hectárea. Dicho programa de sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) comenzó su ejecución en 2016 luego de un acuerdo del Gobierno Nacional con las Farc.
Con referencia a este programa en el día de ayer el Alcalde Municipal de Briceño afirmó su satisfacción por el resultado del plan de sustitución…solo falta –dijo para El diario El Colombiano de Medellín- una cosa: “agilizar el tema de los proyectos productivos para la que gente no reincida en la siembra de coca. El panorama es que hay mucha incertidumbre porque aún no hay economía rural” Un líder comunal afirmó que hay “problemas para comercializar… no hay a quien venderle los huevos del negocio de gallinas que emprendieron…muchas personas a quienes se le terminan los pagos programadas por el gobierno de un millón de pesos mensuales por doce meses, les dejara de entrar ese dinero y aun no tienen sus proyectos productivos…no se sabe cómo van a subsistir a partir de mayor”.
ALFONSO CUELLAR
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