El estallido de dos carros bomba causó heridas a 36 militares y dejó a 3 en estado crítico. La hipótesis más fuerte que señala a miembros del frente urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vuelve a cerrar la puerta al diálogo con este grupo guerrillero que el gobierno de Iván Duque había entreabierto hace pocas semanas para explorar una salida al conflicto. La noticia del atentado perpetrado en Cúcuta ha traído a la memoria lo que ocurrió en enero de 2018 cuando el mismo grupo puso un carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá causando la muerte a 22 jóvenes, y replanteado el tema de la seguridad, opacando también, en cierta medida, las denuncias de violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones de una población cansada de la corrupción y la impunidad.
El atentado que sufrió la brigada 30, situada en el corazón de El Catatumbo donde conviven guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes ha caído como anillo al dedo a quienes han denunciado con dureza los bloqueos en las carreteras, los saqueos y los ataques a las misiones médicas pues les permite seguir abogando por el uso de la fuerza para contrarrestar el terrorismo e imponer el orden. También desvía la atención de la opinión pública para que olvide o ignore lo que el establecimiento cocina con miras a las elecciones de2022.
Acosado por las continuas movilizaciones de una ciudadanía descontenta por la crítica situación social agravada por el coronavirus y la falta de ingresos, las inocultables violaciones de la policía a los derechos humanos, la condena de dichos actos por Human Rights Watch y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en un principio rechazó el Gobierno, el Ejecutivo terminó por ceder y se mostró dispuesto a negociar con el Comité del Paro, a la vez que se mostró dispuesto a pasar a un contraataque reorganizando el gobierno y emprendiendo una labor de mercadeo para mejorar su imagen ante el exterior.
Motivado por el inevitable efecto bumerang de un cese de actividades que termina por causar estragos en los seguidores del paro y fomenta un cambio en la opinión de amplios sectores, el Comité del Paro decidió suspender las movilizaciones sin reactivar la negociación con el Gobierno y adoptar otros mecanismos de protesta como foros, conversatorios y actividades culturales. A su vez, el Gobierno movió algunas fichas en su entorno, designó como nuevo embajador en Washington a Juan Carlos Pinzón quien repite embajada en los Estados Unidos y organizó una gira de la vicepresidente canciller en Europa para que se entrevistara con Michelle Bachelet, la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y algunas personalidades españolas. En el ámbito interno aceleró la esperada y por muchos, reclamada reforma a la policía, que no pasa de ser una reforma cosmética la cual comienza por un cambio de nombre y se concreta en más burocracia y un cambio de uniformes. El Ministerio de Defensa se llamará ahora Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, contará con la creación de un viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana, además de una Dirección de Educación de la Policía, una Dirección de Derechos Humanos y un nuevo estatuto disciplinario. Nada indica que la policía cambiará su doctrina militar.
Los movimientos que han tenido lugar en los bandos enfrentados no parecen, empero, tener el suficiente alcance para desactivar la bomba que sigue encendida porque no resuelven problemas estructurales.
En el lado de la protesta, el gran problema reside en el hecho de que ninguna organización alcanza a representar a una mayoría por cuanto la gran masa de descontentos lo están por diversas razones y animados por distintos intereses. Del lado del Gobierno las cosas tampoco están muy claras por cuanto el partido de gobierno está fracturado y algunas voces no comparten las decisiones del presidente Duque y su equipo.
El problema de fondo que afecta la estabilidad social e institucional del país reside en la desaparición de verdaderos partidos políticos y en la no representación de amplios grupos sociales. Vale la pena recordar lo que señaló Stanley Payne en su “Historia del Fascismo”: sostiene él que, entre las causa políticas, económicas y sociales de su advenimiento, se encuentra la ausencia de representación o subrepresentación porque una clase o grupo social que en un régimen democrático no se sienta representado, buscará la solución fuera del sistema, más aún cuando un sector que gana las elecciones, en vez de velar por los intereses de todos, pasa a defender intereses exclusivos.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Revista Semana
Deja un comentario