El dinero sucio y soberano El dinero, y no el pueblo, o la ciudadanía, ha sido el elector determinante de la historia reciente de nuestra democracia.
El dinero del Cartel de Medellín llevó hasta la Cámara de Representantes, por el Partido Liberal, a Pablo Escobar Gaviria en las elecciones de 1982. El dinero de sus archienemigos, el Cartel de Cali, terminó financiando nuevamente al Partido Liberal en 1994, solo que esta vez a numerosos congresistas luego condenados en el Proceso 8.000, y presuntamente fue determinante para la victoria de su candidato presidencial en aquel año. El escándalo llevó el país a la ingobernabilidad, y con un gobierno inoperante el país cayó a finales de los 90 en la cúspide del conflicto armado. El poder de los paramilitares, fundado en el despojo de tierras y el narcotráfico, determinó la elección de hasta un tercio del Congreso de la República en las elecciones de 2002 y 2006, como lo evidenció el escándalo de la parapolítica, que salpicó a casi todos los partidos políticos. Los ahorros o rendimientos que dejó esa inversión han seguido garantizándole victorias electorales a los hijos, hijas, esposas y demás familiares de los parapolíticos en las sucesivas elecciones, incluso hasta el pasado octubre de 2019. Solo hay que ver los apellidos del gobernador de Bolívar, y el aval que recibió de casi todos los partidos.
Ya en tiempos más recientes no fue el narcotráfico, sino la corrupción de Odebrecht, la que presuntamente infiltró las campañas electorales. El ex fiscal Néstor Humberto Martínez dijo tener la certeza de que los recursos de la multinacional brasilera, que han pagado sobornos y tumbado presidentes por toda la región, entraron a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. También bajo este fiscal se capturó al ex senador liberal Otto Bula, por lo mismo, pero en la campaña de Juan Manuel Santos. Por el mismo motivo el cuestionado Ñoño Elías (su suegro, condenado por parapolítica, su tío, por el Proceso 8.000), uno de los congresistas más votados del país, está en la cárcel.
Y ahora, vuelve el fantasma del narcotráfico-de-votos. Sorprendentemente es el nuevo Fiscal, de origen uribista, quien saca a la luz que desde la campaña electoral de 2018 la Fiscalía tuvo conocimiento del irregular apoyo económico del hoy tristemente célebre “Ñeñe” Hernández a la campaña electoral del presidente Duque. Que era socio de ‘Marquitos’ Figueroa, capo de una banda narco-contrabandista a su vez socia del ex gobernador guajiro ‘Kiko’ Gómez. Que tenía dinero para arreglarle la elección a Germán Vargas Lleras. Que le robó el dinero porque la asesora de Álvaro Uribe lo convenció de mejor apoyar a Duque. Que la hija de la asesora fue nombrada en un cargo diplomático…
Lo que sigan revelando los audios, y sobre todo, lo que demuestre la Justicia, tiene como trasfondo que la relación entre dinero y democracia en Colombia parte de un principio de profundo descontrol, que asumimos que es normal, cuando debería escandalizarnos.
Laissez faire, laissez passer
“Deje hacer, deje pasar”. La máxima del liberalismo económico, que dicta que, a menor control del Estado sobre los flujos de la economía, más eficiente será esta, se aplica hoy en Colombia a la financiación de las campañas electorales.
En ninguna democracia del mundo es un misterio que quien más dinero tiene, más cerca está de ganar. Eso lo demuestra con simpleza el caso de Donald Trump. Que el empresario más millonario gane las elecciones en un país lleno de empresarios millonarios compitiendo entre sí, es un fenómeno entendible de la democracia liberal.
Pero en un país inundado por el narcotráfico desde hace décadas, con organizaciones criminales que se han sabido diversificar hacia la minería ilegal de oro y coltán, la trata de personas, el contrabando, y la extorsión a todo tipo de actividad legal, es una locura otorgar semejante libertad a la relación entre el dinero y las elecciones.
Nuestra deficiente autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, se supone que debe controlar el origen, monto y destinación de los dineros electorales. En el papel, el CNE debe salvaguardar la democracia de los desmanes de nuestra manchada economía. Pero en la práctica, el CNE no es capaz de exigir una verdadera rendición de cuentas a los candidatos. Como ha repetido hasta el cansancio Transparencia por Colombia, los candidatos se limitan a hacer una “rendición de cuentos”. Se inventan las cifras del dinero con el cual determinan el resultado de nuestras elecciones y el funcionamiento de nuestra democracia. Y la autoridad electoral no dice nada.
Es entendible. El CNE es una autoridad anacrónica, politizada, diseñada a la medida del Frente Nacional (y casi con la tecnología del Frente Nacional) pero encargada de inspeccionar los flujos de dinero de miles, o cientos de miles de candidatos en vertiginosos tres meses de campaña electoral, cuando una mínima parte del dinero se mueve por los bancos y mucho aparece en costales y fajos que se reparten bajo las mesas o en las calles.
Hace falta mirar las experiencias del INE mexicano, o del ONPE peruano, para darse cuenta de que en Colombia sufrimos un vergonzoso atraso de nuestra autoridad electoral; que en ese aspecto hace años nos volvimos como Venezuela. El folletinesco episodio de Aida Merlano, pillada con armas y costales de dinero el día de las elecciones, fugada, capturada en el vecino país y ahora dedicada a gritar verdades de Perogrullo, debió haber sido detectado y prevenido semanas antes de las elecciones por el CNE. Pero la autoridad electoral no hizo nada con las evidencias en sus manos (hay que ver la rendición de cuentas de campaña de Aida Merlano, que es pública), y tuvo que ser la Fiscalía la que se inmiscuyera en las elecciones.
A diferencia de los dineros de los carteles de Medellín y de Cali, de los paramilitares y de Odebrecht, desde 2018 la financiación ilegal de campañas tiene otro trato, y hoy comenzamos a ver los resultados.
El peso de la ley
El fiscal, de origen uribista, tiene hoy las herramientas que no tuvieron sus antecesores gracias a las gestiones de la bancada uribista, que en 2017 sacó adelante la ley 1864. Una reforma al Código Penal que, por fin, después de mucho tiempo, convirtió en delito lo que antes eran escandalosas pero impunes faltas administrativas: volarse los topes de campaña, traficar con votos, financiar campañas con dineros ilegales.
Así, el equilibrio de poderes de nuestras instituciones políticas pone hoy al partido de gobierno en una pugna contra sí mismo. Irónicamente, las loables acciones de su bancada legislativa y de su fiscal lo enfrentan hoy a sus mayores líderes.
El dinero de Odebrecht se metió en la cara del CNE a las únicas dos campañas en contienda en 2014, y hoy, seis años después, siguen abiertas las investigaciones y el CNE sigue sin ver nada. El Fiscal sí lo vio, pero en 2014 no podía hacer nada. Hoy sí. Al crear los delitos de la financiación electoral, la ley 1864 le dio a la Fiscalía, y a todo su poder investigativo, las herramientas para castigar los vejámenes que las finanzas ilegales le han venido perpetrando a la democracia colombiana desde hace décadas.
Es incierto lo que pueda pasar. Pero es importante saber que hoy la Fiscalía necesita el espaldarazo, el empuje, la presión, de los ciudadanos y ciudadanas interesados en una democracia donde la voluntad del electorado prime por sobre la vastedad de las fortunas, más aún si estas fortunas son de origen criminal. Ya sea con la “ñeñepolítica”, o con los escándalos por venir. El control del dinero ilegal sobre la democracia colombiana tiene que parar.
Eliécer Cuervo Ramírez
Foto tomada de: La W
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