De qué democracia hablamos

Los hombres, desde luego, no nacen libres ni iguales; los que nacen libres e iguales son los gorriones, pero esos no necesitan derechos.

Estanislao Zuleta

El concepto de democracia suele asociarse con la idea de igualdad. En la antigua Grecia, o más concretamente, en la Atenas de Pericles, hacia el siglo IV A.C., reinó la democracia, después de que en el siglo VI A.C. Solón realizó una serie de reformas que pusieron las bases para este tipo de gobierno. Uno de los principales órganos de la democracia era la Ekklesia o asamblea en la que los asistentes podían libremente expresar lo que pensaban. En la asamblea se decidían asuntos concernientes a la guerra y a la paz, se elegían magistrados y se legislaba. Sin embargo, dicha asamblea era una especie de club privado en el que participaban los más privilegiados: ciudadanos libres y propietarios, y del cual estaban excluidos los esclavos, las mujeres y los residentes extranjeros. Esta es la razón por la que en su Discurso sobre economía política dice Rousseau: “No se me argumente con la democracia de Atenas porque Atenas no era en realidad una democracia sino, en gran medida, una aristocracia tiránica gobernada por sabios y oradores” (2020).

En la modernidad, en la que prevalecen los principios liberales de la política y la economía, la democracia tiene un significado que es necesario precisar. El liberalismo no es un tipo de gobierno sino una concepción del Estado a la que los gobiernos deben adherirse. Esta concepción del Estado se deriva de la idea de individuo forjada por esa tradición. Como se sabe, los principios del liberalismo son fundamentalmente la igualdad ante la ley, la libertad individual de las personas, la protección de la propiedad privada y la limitación de los poderes y funciones del Estado ante los asuntos relacionados con la vida privada de los individuos.

Una definición básica y muy popular de democracia es que esta consiste en el gobierno del pueblo. Ahora bien, desde el punto de vista liberal, la democracia es entendida en un sentido estrictamente jurídico e institucional, por lo cual puede caracterizarse como una democracia formal en contraposición a una democracia “sustancial”. Según ambas concepciones, puede diferenciarse entre una democracia sobre el pueblo y una democracia para el pueblo, es decir, una democracia en la que los gobernantes dirigen y administran los asuntos públicos sin incluir al pueblo, y otra en la que el pueblo mismo participa de las decisiones y administración de los asuntos que lo afectan.

Todo concepto de democracia se asocia de inmediato con las ideas de igualdad y libertad. Estas parecen ser inseparables, pero en realidad con frecuencia son conceptos antitéticos. Es difícil proponerse la realización de uno sin restringir las demandas del otro. La tradición liberal y su expresión neoliberal contemporánea basa su visión de libertad en la defensa absoluta de la vida singular de las personas, su doctrina reivindica un modelo individualista de la sociedad, con la cual afirma que antes que la comunidad y el Estado está el individuo con sus intereses y necesidades. En ella se exaltan las capacidades, los esfuerzos y los resultados de la actividad privada, el yo se sobrepone al nosotros, el individuo preexiste a la sociedad y el burgués es anterior al ciudadano. Benjamín Constant afirmó que el fin exclusivo de los modernos es el disfrute de los goces privados. El individualismo egoísta es el rasgo propio del liberalismo.

El único tipo de igualdad que concibe la democracia formal de la tradición liberal es la igualdad en la libertad, y consiste en afirmar la libertad que tienen todos para actuar sin dañar la libertad de otros. Esta igualdad afirma que la ley aplica para todos indistintamente, y que todos tenemos los mismos derechos, al menos formalmente. Por eso la mayor parte de las democracias modernas afirman en sus Cartas que todas las personas nacen libres e iguales en derechos. Este principio de igualdad niega legalmente el privilegio y la discriminación y afirma que todos estamos sometidos a las mismas leyes (igualdad jurídica), independientemente de nuestra posición de clase, sexo, religión, color, etc. Esta fue la divisa principal de la declaración francesa.

Un concepto sustancial de democracia no identifica la libertad con la igualdad jurídica, y si bien se afirma como cosa obvia que desde el punto de vista puramente natural todas las personas en tanto personas son iguales, lo cierto es que estas no nacen iguales ni libres. En El origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau distinguió entre dos tipos de desigualdad: una natural o física que consiste en diferencias de salud, edad, fuerzas físicas y capacidad espiritual; y otra política o moral que “consiste en los diferentes privilegios de los que gozan unos en detrimento de los otros, como el ser más ricos, más honrados, más poderosos que ellos, o incluso, hacerse obedecer” (2005, p. 118). A no ser que queramos pensar como esclavos, alguien podría preguntar si los que mandan o tienen más dinero o poder valen necesariamente más que los que obedecen o se venden por trabajo. La tradición liberal reforzada hoy por el neoliberalismo, con su obsesión por construir la figura de un yo heroico responde afirmativamente esa pregunta: el éxito, el progreso y el poder, dice, son premios que se otorgan a la virtud de un yo capaz, disciplinado y trabajador. Es decir, de las diferencias físicas deriva la desigualdad social, como si esta fuera tan solo una consecuencia que queda justificada por naturaleza. En su Discurso ante el Congreso de Angostura escribió Simón Bolívar:

Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque ponen al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social.

La sociedad no es un cuerpo natural sino un organismo artificial en el que se establecen relaciones conflictivas de poder que tratan de zanjarse a través de leyes, contratos, pactos, deberes y derechos. Pero una persona no es tampoco un simple cuerpo natural, pues al nacer ya está inmediatamente atravesado y condicionado por su realidad social. Justamente porque unos nacen vulnerados y con gran debilidad, otros con poder económico y capacidad de influenciar, algunos con posibilidad de mandar y gobernar y otros con la necesidad de acatar y obedecer, es que la política debe actuar para ajustar y balancear. Un concepto real de democracia es aquel que se esmera por distribuir equitativamente las condiciones de poder entre los ciudadanos de una misma patria. “La igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser “igualados” en ciertos aspectos y para fines específicos”, escribe Hanna Arendt en La condición humana (2012, p. 238).

Estas pretensiones de igualdad son rechazadas absolutamente por quienes defienden una sociedad profundamente injusta y desigual. Se aferran a su privilegio y gozan de prerrogativas precisamente porque privan a la mayoría del acceso a sus derechos. “Hay situaciones desgraciadas en las que no se puede mantener la libertad más que a expensas de otro y en las que el ciudadano no puede ser perfectamente libre a menos que el esclavo no lo sea en extremo”, escribe Rousseau en el tercer libro de El contrato social (2012, p.114).

En Colombia existe una pequeña camarilla que se opone férreamente a cualquier modificación del actual orden de cosas, por mínima que sea ella. Esta casta parasitaria incapaz de industria, feudal y premoderna, descalificada como está para elevarse al menos a la conciencia del burgués, restringe el acceso a los derechos básicos del grueso de una población que mantiene embrutecida y pobre; considera al Estado como un objeto que les pertenece porque con él se aseguran las plazas lucrativas, adquieren un honor que no poseen, y personas sin talento ni mérito ninguno se sienten importantes porque ejercen el poder imponiendo su  dominio a una sociedad dócil y servil.

Una publicación del presidente Petro en su cuenta X, en el que afirmaba que los estudiantes colombianos establecidos en Argentina podrían continuar sus carreras en Colombia gratuitamente ante los recortes de Milei, provocó la reacción de Rafael Nieto, hombre primario y candidato fracasado, quien afirmó:

Dice Petro que “gestionará” para que los estudiantes colombianos que están en Argentina “puedan continuar [acá] sus estudios de manera gratuita. Petro no entiende que nada es gratis. Esos estudios los pagaríamos con nuestros impuestos. ¡La plata del Estado es nuestra plata (https://twitter.com/RafaNietoLoaiza/status/1740784491407499442?t=i1bE0RkJXT800oHO2gR9Lw&s=08)

Este pseudofascista de revista afirma que los impuestos no pueden usarse para garantizar estudio gratis a ciudadanos colombianos; que los impuestos no pueden disponerse para promover el acceso a un derecho. Como la plata es del Estado, y el Estado son ellos, la plata es por tanto de su propiedad, les pertenece y no debe malgastarse en educación, que no es un producto gratis. Qué tal toda esa gente que aún cree que los impuestos de un país tienen que ser dirigidos a inversión social”. ¡No señores, el que quiera estudiar bien pueda pague!

La confrontación política que vive hoy Colombia no es entre capitalismo y comunismo, ni entre socialismo y liberalismo: es entre fascismo y democracia, entendida esta como el poder de un pueblo que, basado en la Constitución que se dio a sí mismo, se organiza, participa y decide sobre su destino. Se trata de implantar una democracia que no se contente con afirmar en el papel que todos son iguales y libres. Pero la libertad del libertario, del extremista de derecha es, como afirmó Silvio Rodríguez, “una libertad condicional, porque la esencia de su práctica es la impunidad del fuerte contra el débil”.

A la garantía básica de los derechos, la derecha “moderada” y paramilitar se opone diciendo que esto es comunismo, socialismo, etc. Están tan alejados del espíritu político de la modernidad que todavía no están enterados de que los derechos de las democracias no formales proceden de principios liberales que ellos dicen defender.

En el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, publicado en 1852, dice Marx que “toda reivindicación, aun de la más elemental reforma financiera burguesa, del liberalismo más vulgar, del más formal republicanismo, de la más trivial democracia, es castigada en el acto como un ‘atentado contra la sociedad’ y estigmatizada como ‘socialismo’” (2003, p. 20).

David Rico

Foto tomada de: Las2orillas