Miraremos repercusiones políticas frente a una medida judicial o una decisión tomada dentro de un juicio político o impeachment, por la diferencia del procedimiento de investigación (dentro de la Rama Judicial o en el cuerpo legislativo-Congreso);de todas maneras se traduce en una defenestración, terminación del mandato o modificación del gobierno, si está en ejercicio del poder; o en efectos en el campo de lo político si se trata de un exjefe de Estado con enorme influencia dentro de la sociedad que pueda repercutir en la reconfiguración de las fuerzas políticas, por los efectos que tiene frente a la sociedad, los partidos políticos y las fuerzas sociales.
El estudio de los fenómenos de la vida política, inclusive, desde antes de aparecer la ciencia política a finales del siglo XIX, ya la doctrina política miraba y se apoyaba en los trabajos de Aristóteles en su obra La Política, que contiene análisis comparativos de diferentes constituciones y regímenes políticos de su época. Aproximaciones comparativas se encuentran también en las obras de los principales antecesores y precursores de las ciencias sociales como Maquiavelo, Tocqueville y Karl Marx. Y los politólogos modernos no han abandonado este método comparativo.
La profesora Graciela Tonon, que enseñó en la Universidad de Palermo, entre otros centros de educación superior, escribió un ensayo titulado “Aproximación teórica al método comparativo en estudios cualitativos”, donde expone apoyándose en diferentes autores que “La tradición muestra tres modos de utilización de la comparación en estudios sociales: el análisis histórico, el análisis estadístico y los estudios cualitativos. Asimismo, se han identificado tres formas de considerar la comparación: como contexto de justificación y control de hipótesis; como contexto de descubrimiento y de generación de nuevas hipótesis y como procedimiento lógico y sistemático que es lo que se denomina en términos estrictos, método comparativo. Ya en 1971 Liphajrt había explicitado que el método comparativo podía ser considerado como una estrategia de investigación, pero no como una técnica de investigación. Para Sartori (1984) el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la comparación se compara entonces lo que pertenece al mismo género o especie. Las disimilaridades se presentan como lo que diferencia a la especie de su género, y esto no es lo mismo que señalar las variaciones internas de una misma clase; por lo cual se requiere de un trabajo sistemático y riguroso que implique la definición previa de las propiedades y los atributos posibles de ser comparados “. (Graciela Tonon, 2011)
En Colombia varios presidentes han sido enjuiciados. Los casos más conocidos fueron los de Antonio Nariño, Presidente de Cundinamarca en 1811(hoy Colombia) y vicepresidente de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá), el expresidente José María Obando (dos veces procesado), Tomás Cipriano de Mosquera (presidente 4 veces), el expresidente José María Melo, y los expresidentes Rojas Pinilla y Ernesto Samper. Las acusaciones contra Antonio Nariño son las más inicuas e injustas de la historia colombiana : Por traducir los Derechos del Hombre y el ciudadano, la primera vez, y, por malversación de la tesorería de diezmos, por traidor a la Patria, sin haberla traicionado y sin haber nacido la patria, dizque por haberse entregado voluntariamente en Pasto al enemigo, cuando era General en Jefe la Expedición del Sur el año de 1814; y por no tener el tiempo suficiente de residencia en Colombia para ejercer un cargo, y había estado ausente por fuerza mayor, la segunda vez. José María Obando, fue procesado la primera vez en 1839 al ser imputado como autor intelectual del asesinato del héroe Antonio José de Sucre, sindicado por José Erazo, quien hospedó a Sucre la noche antes de morir. Obando dijo se presentaría al juzgado, pero decidió convocar a la guerra contra el Presidente Ignacio De Márquez, desarrollándose la guerra civil de los Supremos entre finales de 1839 y 1841 que había empezado como guerra de los conventos, fue vencido y huyó hacia el Perú. La repercusión política de esta guerra prolongada para evitar un proceso judicial fue la consolidación de los líderes bolivarianos que sucedieron a Márquez en el poder (Alcántara1841/1845y Mosquera 1845/1849), y la extinción política de los santanderistas.
Tomas Cipriano de Mosquera, militar caucano fue imputado ante el senado en 1867 durante su cuarta presidencia para frenarle la reforma agraria que adelantaba; el cuartelazo y el juicio se originaron para continuar con la titulación de baldíos a los criollos y terratenientes, igual que para reversar las expropiaciones de los bienes de manos muertas, quitados a la iglesia. A José María Melo, presidente en 1854, le hicieron un juicio y lo desterraron del país por sublevación al protagonizar un golpe de estado animado popularmente por los artesanos que pedía proteccionismo a sus productos, Melo no pretendía la presidencia, los artesanos de la ofrecieron a Obando para que diera un autogolpe y ese enfrentara a los librecambistas (burguesía comercial en desarrollo), no aceptó entonces Melo los protegió. La repercusión política fue la coalición de expresidentes contra él organizando un ejército (Alcántara Herrán, José Hilario López y Mosquera), se sumaron además, caudillos agrarios regionales contra Melo. La repercusión fue: El ciclo de presidentes liberales reformistas se interrumpió lo cual aprovechó el partido conservador que retornó al poder con: Manuel María Mallarino y luego, Mariano Ospina Rodríguez, después del breve interregno de José de Obaldía. A Obando, ya como expresidente en 1855 se le vuelve a juzgar, pero políticamente por no haber frenado el golpe de Estado que dio Melo, y se le sanciona.
Al general Gustavo Rojas Pinilla (presidente 1953 a 1957), el Congreso lo declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959. Se le hizo un juicio por abuso de poder, por haber ordenado a través de la aduana la importación, sin aranceles, de 180 reses, ganado que debía pagar su ingreso o gravamen, las reses fueron decomisadas y puestas en remate. Después fue exculpado. La repercusión política fue el crecimiento de la imagen de Rojas Pinilla que le permitió fundar un movimiento político la ANAPO en los años 60s, lo cual le permitió ganar las elecciones en abril de 1970, resultado que fue trucado en la Registraduría en un fraude no comprobado, que además originó la reacción de seguidores de izquierda dentro de la ANAPO, fundando el M-19.
Otro caso de juzgamiento fue el de Ernesto Samper (1994/1998), por la financiación ilegal de su campaña con dineros del narcotráfico ante la laxitud del candidato con la conducta de gerente Fernando Botero y del tesorero, Santiago Medina. La imputación se hizo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pasó a plenaria de la Cámara, pero no hubo juicio ante el Senado, y por ende no pasó a la Corte Suprema de Justicia. Repercusión: el desprestigio de Samper fue de grandes proporciones y ocasionó el desplome del partido Liberal. Este partido llevaba cuatro periodos casi sucesivos en el poder (excepto el interregno del gobierno de Belisario Betancourt), con: López Michelsen, Turbay Ayala, Virgilio Barco y César Gaviria. No supieron hacer gobiernos de partido teniendo la posibilidad, compartieron el poder con el conservatismo y se desideologizaron.
Para solo mencionar casos de presidentes del continente americano investigados judicialmente y/o mediante juicios políticos ante el Senado, en el continente americano podemos relacionar a Richard Nixon, Bill Clinton y Donald Trump, en los EEUU; Rafael Correa, en Ecuador; Collor de Mello, Lulla Da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil; Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Kuczynski, Alan García, en Perú; Otto Pérez Molina en Guatemala ;Ricardo Martinelli en Panamá ; Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, en El Salvador; Rafael Callejas en Honduras; Cristina de Kirchner en Argentina, y otros.
Richard Nixon, había vuelto a ser elegido en 1972, se descubrió el espionaje político a las instalaciones del partido opositor. Los periodistas del Washington Post, Bernstein y Woodward adelantaron todas las pesquisas que sirvieron para el juicio político; desde la Casa Blanca trataron de que los acusados se declararan culpables, a Nixon se le declaró sospechoso de obstrucción planeando usar a la CIA para entorpecer la investigación del FBI; tuvo que renunciar en agosto de 1974. Al presidente Clinton se le inició un juicio político o impeachment de carácter moral por su relación con Mónica Lewinsky que alteró la vida nacional por un largo rato y deterioró la imagen del presidente, fue absuelto. Donald Trump, vivió recientemente otro impeachment impulsado por la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por el caso ucraniano al tratar de enlodar al hijo de Joe Biden y otros desafueros que disminuyen su credibilidad ante el debate electoral que se desarrolla de cara a las elecciones de noviembre 2020. Tuvo que afrontar audiencias abiertas, dirigidas por la Comisión de Inteligencia presidida por Adam Schiff, con interrogatorio de testigos.
Lula da Silva fue condenado a 9 años de prisión por el juez Sergio Moro que, después fue Ministro de Justicia de Bolsonaro, a quien le facilitó el triunfo. A Lula le habían abierto 5 procesos y quedó inhabilitado para esa elección., le imputaron haber recibido un apartamento de la compañía Odebrecht. La acusación contra la presidenta Dilma Rousseff versó sobre la manipulación de las cuentas públicas, traslado de dineros para otros gastos estatales a fin de beneficiarse con más votos durante la campaña presidencial del año 2014. La señora Dilma perdió un aliado de coalición en la cámara de diputados, el PD que la acompañó hasta principios de abril 2016. Y el vicepresidente Michell Temer rápidamente empezó a conspirar contra ella. La repercusión fue la pérdida de la Izquierda con el PT para un cuarto período, y el ascenso del populismo de extrema derecha. En el Perú, Ollanta Humala, fue llamado por un juez a prisión preventiva con su esposa Nadine Heredia, lo acusaron de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña de 2011. Al expresidente Alejandro Toledo, el juez Mati Guerra, le ordeno prisión junto a su esposa Eliane Karp, en el caso ECOTEVA, también se le investigo por recibir dineros de Odebrecht. Alán García fue investigado dos veces, una durante el gobierno de Fujimori, se asiló en Colombia y pudo deshacer los entuertos jurídicos y la segunda al retornar al poder y ser imputado por el delito de corrupción respecto al caso Odebrecht, el fiscal José Domingo Pérez, emitió una orden de impedimento de salida del país por dieciocho meses en su contra por las irregularidades encontradas en la obra del metro de Lima, Alan García no soporto la presión y se suicidó en abril del año 2019.
En Panamá la Corte Suprema de Justicia procesó al ex Presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), su detención se produjo en Miami, fue imputado por al menos tres delitos: Malversación de fondos públicos, inviolabilidad del secreto, escuchas ilegales. En Guatemala el Presidente Otto Pérez Molina se vio abocado a renunciar ante el Congreso cuando se enteró que el arresto era una realidad, ello se ocasionó debido a unas prácticas sistémicas de corrupción, la investigación fue llamada el caso La Línea, un saqueo al erario público perpetrado entre los años 2012 y 2015 en un monto aproximado a los 38 millones de dólares en comisiones; se le acusó por delitos de esta clase: Cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. En El Salvador tres presidentes han caído en investigaciones judiciales: Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. El Señor Flores fue enjuiciado en el año 2015 por los delitos de peculado, lavado de dineros y enriquecimiento ilícito. El Señor Antonio Saca (2004-2009), detenido en el año 2016 acusado por peculado, y el Señor Funes fue inhabilitado por 10 años.
En Honduras el ex Presidente Rafael Callejas (1990-1994) fue identificado en una trama de soborno. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina y hoy Vicepresidenta, ha sido procesada dentro de 10 expedientes, entre ellos irregularidades en contratos de concesión de obras civiles, especulaciones financieras en el mercado de dólares a futuro, un convenio con Irán, administración fraudulenta, devolución de adjudicaciones sin cumplirse las condiciones. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador terminó enzarzado en un proceso penal después de haber apoyado al actual presidente Lenin Moreno, se distanciaron (este le desconoció el padrinazgo), y se auto incriminaron, Rafael Correa ya recibió sentencia emanada de la Corte Nacional de Justicia, por los delitos de Cohecho agravado, otorgamiento indebido de contratos y financiamiento ilegal. Las repercusiones políticas de todos estos casos fueron múltiples y diversas, el espacio de esta columna se desbordaría, pero la observación permite enunciar que la pérdida del poder del partido político al que pertenecía el presidente investigado se presentó en la mayoría de los casos, dando lugar a la alternación, lo lamentable es que la corrección administrativa no se cumplió dentro de los cánones de la ética, repitiéndose las conductas de corrupción extendida en América Latina.
Ante la situación que afronta el Senador Uribe Vélez, una repercusión política es la mayor polarización del país entre defensores y detractores porque se trata de una figura que lleva casi 20 años influyendo en la política colombiana como presidente dos veces, como expresidente, como jefe de un partido, como senador y gobernador en la década de los años 90s. Polarización que se inició con el mandato de Juan Manuel Santos a quien Uribe Vélez llevó al poder y se distanciaron porque Santos desacató instrucciones, crispación que se ahondó con el plebiscito por la paz, error de cálculo y error constitucional de Santos porque la paz no se somete a un proceso electoral separado, sirve de tema para una campaña, pero se ejecuta y busca con ese resultado electoral al asumir el poder, así se desprende el preámbulo, de los principios generales y del artículo 22 de la Constitución. Hoy con la polémica desatada por la medida de la CSJ se afectaría más la paz por la tensión entre los tipos de justicia que hay en Colombia (la ordinaria y la de especial JEP); ninguna opera cabalmente, ni las anteriores como la de excepción, la de los estados de excepción durante el siglo XX, ni el Derecho Internacional Humanitario DIH. En Colombia, además por la sumatoria de cuestionamientos a los gobiernos desde 1970, con más énfasis, hay una erosión de las tres ramas del poder público, una deslegitimación crónica conformándose un descrédito del Congreso, de la Justicia y de la Presidencia. La justicia no operó en los últimos 54 años del conflicto armado con las FARC, y ha sido imposible reformarla desde 1991, todos los intentos de reforma son truncados o saboteados. No ha operado la justicia penal, unas veces por el temor de los jueces a las retaliaciones de tantos actores colectivos, mafias organizadas, y la miríada de delincuentes comunes; otras veces por la corrupción de los jueces, y en otras ocasiones, por incapacidad. Sin justicia no opera la Democracia
Otra repercusión, la posible fractura o fragmentación de los integrantes del Centro Democrático (CD) porque este partido está conformado por una amalgama de tendencias de origen diverso, unos conservadores, otros liberales, de derecha y otros de extrema derecha, y ante la ausencia del líder en el Congreso, y de otros escenarios presenciales, pueden empezar los reacomodos, ya se anunció un Comité Estratégico con un composición plural, incluyendo a Tomás Uribe, Oscar Iván Zuluaga, Nubia Stella Martínez, Edwin Ballesteros y otros dos. Un partido político que empezó apuntalando al presidente electo con un proyecto de partido único y fuerte. Este es un partido personalista y mesiánico, o sea, gira alrededor del jefe. Podría además debilitarse la gobernabilidad del presidente sino cambia el estilo de gobernar solo con su partido, en Colombia los congresistas presionan todo el tiempo para estar con profesionales en el gabinete. Ante la situación actual podría el presidente ceder para alcanzar a asegurar las votaciones destinadas a los proyectos de ley de la legislatura en curso y para logar la Procuraduría General de la Nación. Ya lograron la Defensoría del Pueblo, para un socio de la coalición, el Sr Camargo del partido conservador, y la Procuraduría para la Señora Cabello Blanco. Y la Fiscalía está en manos de Francisco Barbosa, del entorno del CD.
Otra repercusión política es la invisibilización del centro político porque ante la crispación y el arreciamiento de los debates o las deliberaciones, por la tensión judicial anunciándose un referéndum para achicar las altas cortes; el discurso del centro se disminuye o desvanece, o sea se difuminaría el Señor Sergio Fajardo. Mientras tanto podría comenzar a tener forma una acercamiento de la centro-izquierda como lo propuso Humberto de la Calle, pensando en las elecciones del 2022 los partidos independientes, alternativos , de izquierda y los inconformes con la situación de inestabilidad se empezaran a realinderar para ser opción de poder y competitivos , desde ahora enfilaran una oposición más amplia con otros adherentes que, busque controles efectivos y exponer propuestas serías frente al frenazo de la economía por la pandemia y el agrietamiento social ante la profundización de la pobreza. Una necesaria reforma a fondo de la justicia debe hacerse y una toma de conciencia de todos ante el desbaratamiento de las instituciones, Colombia necesita la recomposición de la Democracia imperfecta.
Alberto Ramos Garbiras, Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.
Foto tomada de: https://www.ecospoliticos.com/
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