Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, al menos 45 personas han sido asesinadas presuntamente por miembros de la Policía Nacional (teniendo en cuenta que se encuentran 29 homicidios más en proceso de verificación)[1], y 70 más han sido heridas en el contexto del Paro Nacional por armas de fuego disparadas posiblemente por miembros de la institución[2]. Muchos de estos casos están siendo asumidos por la Justicia Penal Militar que, en algunos de ellos, ha ordenado la libertad de oficiales de la Policía sindicados de homicidio[3].
Con el paso de los días fue cada vez más común ver a personas vestidas de civil disparando armas de fuego contra manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos, transeúntes y personas que ejercían labores médicas. Muchos de los victimarios se encontraban en medio de agentes de la policía cuando dispararon sus armas, en otras ocasiones los disparos se hacían desde camionetas de alta gama. Además, se registraron denuncias asegurando que estos grupos de civiles armados habrían sometido y subido a la fuerza a sus camionetas a civiles desarmados que participaban u observaban las manifestaciones y quienes después fueron entregados a la Policía Nacional para ser torturados hasta firmar confesiones forzadas.
Según la Campaña Defender la Libertad, un Asunto de Todas, desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo se registraron “77 homicidios, de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello”[4]. Sumado a esto, registraron 87 casos de personas heridas por arma de fuego, que legalmente pueden entenderse como víctimas de tentativa de homicidio.
Cinco ejemplos dan cuenta de la ejecución de prácticas paramilitares y atentados de falsa bandera que se pueden identificar con prácticas propias del denominado Terrorismo de Estado[5]:
- El 5 de mayo, en Pereira, Lucas Villa fue asesinado de ocho disparos, al parecer propinados por personas vestidas de civil que se transportaban en una camioneta[6]. Junto a él fueron heridas dos personas más. Los hechos se dieron cuando las víctimas estaban manifestándose de manera pacífica en el viaducto que conecta a Pereira con Dosquebradas. Posteriormente, su familia denunció ser víctima de amenazas de muerte y seguimientos.
- Al día siguiente, según denuncias ciudadanas, en un punto de concentración en Cali un grupo de policías vestidos de civil se bajaron de un camión sin distintivos institucionales y fueron grabados mientras corrían con las armas desenfundadas y, al parecer, disparando contra civiles desarmados[7]; en ese camión se encontraron elementos de uso de la Policía Nacional[8].
- El 9 de mayo, diversas organizaciones denunciaron el ataque con armas de fuego contra la minga indígena en Cali. En este ataque personas de civil y agentes estatales abrieron fuego contra una comitiva indígena e hirieron a nueve personas. Según las denuncias de las víctimas, los atacantes civiles son afines al partido de gobierno y a sus líderes[9] y el ataque se ambientó por declaraciones previas con contenido racista elaboradas por el líder supremo del partido de gobierno (Centro Democrático) y algunos funcionarios públicos.
- El 28 de mayo, también en Cali, una persona vestida de civil disparó una pistola contra un grupo de manifestantes desarmados matando a dos de ellos (uno al parecer habría recibido tres disparos). Esta persona fue posteriormente perseguida, linchada y asesinada por una turba que, tras requisarlo, descubrió entre sus documentos un carnet del GAULA Militar[10], otro del extinto DAS, y un carnet que lo acredita como miembro activo de la Fiscalía General de la Nación (FGN); posteriormente se comprobó que los disparos fueron hechos con su arma de dotación, una pistola de la FGN[11]. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que su funcionario “De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”[12].
- Ese mismo día, otras personas vestidas de civil fueron grabada en video mientras, en medio de varios policías, disparaban contra civiles desarmados en Cali. En algunos videos se podía ver a un hombre encapuchado disparando una pistola para ahuyentar a personas que grababan en video el accionar conjunto de civiles y policías disparando. Posteriormente su identidad fue develada por diferentes personas en redes sociales y uno de los periodistas que lo denunció tuvo que sacar a su familia del país por amenazas de muerte[13]. El atacante hizo un video comunicado en el que, entre otras cosas, se autodenominaba “persona de bien”, se victimizaba y justificaba su accionar; este video fue publicado por algunos de los principales medios de comunicación colombianos y algunos de ellos lo entrevistaron[14].
Estos son solo algunos ejemplos de los eventos registrados en varias ciudades y pueblos del país. Su recurrencia evidencia que no son hechos aislados, sino que forman parte de una política estatal que insiste en darle tratamiento militar contrainsurgente a la protesta social o a la disidencia política.
Actos como estos buscan infundir terror en la población para facilitar su control. Además, se configuran en violaciones graves de los derechos humanos y son crímenes de lesa humanidad cometidos o tolerados por las fuerzas armadas estatales, así como por su comandante máximo, el presidente, y sus ministros. También son violatorios del artículo 22A de la Constitución Política de Colombia:
“Artículo 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”[15].
El “Pájaro”, ¿antecesor de la “Gente de Bien”?
En la historia de Colombia se ha vuelto recurrente una figura de la que se afirma que “Nace en el occidente de Caldas y es perfeccionado en el Valle. Integra una cofradía, una mafia de desconcertante eficacia letal. Es inasible, gaseoso, inconcreto, inicialmente citadino en los comienzos. Primero opera solo en forma individual, con rapidez increíble, sin dejar huellas. Su grupo cuenta con automotores y <<flotas>> de carros… Su modalidad más próxima es la del sicario”[16]. Sus crímenes siempre se cometían con impunidad, ya que “cuentan con la anuencia de las autoridades, policía, detectivismo y la venalidad de los jueces”[17]. Además de tener vínculos con el poder político, con gobernaciones y alcaldías, estaban relacionados con negocios de armas, drogas y movían dinero ilícito. Cuando eran denunciados ante las autoridades era la persona denunciante la que debía huir de su lugar de vivienda para salvar su vida o la de su familia porque siempre las autoridades que recibían la denuncia eran cómplices del criminal denunciado. En gran parte de la geografía de Colombia “…donde había un puesto de policía existía una cuadrilla de malhechores formada por agentes y particulares que a la sombra del sectarismo político asesinaban, incendiaban y robaban”. Estos personajes también disparaban contra civiles desarmados desde sus vehículos tipo jeep[18].
Los autores del texto “La Violencia en Colombia”, publicado en 1962, describían de este modo al “Pájaro”, figura que aparece hace alrededor de 70 años, en la mitad del siglo pasado, como “sicario” de las fuerzas del gobierno conservador.
Al día de hoy, a pesar de algunas diferencias, se podría decir que las características del “Pájaro” se mantienen en lo básico. Persisten estructuras armadas de diferentes complejidades y alcances cuyos integrantes detentan características similares a las descritas sobre el “Pájaro”, muchos de ellos se consideran a sí mismos como “gente de bien”, una denominación clasista y racista que denota superioridad social y económica.
La figura del “Pájaro” como ejecutor del aniquilamiento del contrario político, como expoliador de tierras o como estrategia contrainsurgente, fue adaptándose y especializándose hasta devenir en la figura del paramilitar[19]. Siempre actuando en complicidad con la Policía y el Ejército Nacional, siempre operando en favor del mantenimiento del statu quo. En todas las sentencias por paramilitarismo del sistema de Justicia y Paz se evidencia esta relación. En la mayoría de las masacres documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica sucede lo mismo. En muchas de las 22 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido contra el Estado colombiano por la violación de los derechos humanos establecidos en diversos tratados internacionales, también se evidencia la complicidad existente durante décadas entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares en todo el país.
Desde el siglo pasado se ha documentado cómo el Estado colombiano ha construido y apoyado estructuras de civiles armados que no hacen parte formal de las fuerzas armadas, pero se encuentran coordinadas y al servicio de estas como estrategia contrainsurgente; es decir, grupos paramilitares. Este apoyo comenzó mediante la expedición de leyes y decretos hace 56 años y aún pervive en la doctrina informal de muchos integrantes de las fuerzas armadas. Leyes, Decretos, Resoluciones, Instrucciones, Disposiciones, Reglamentos y Manuales de Combate han propiciado la conformación y fortalecimiento de grupos paramilitares en las presidencias de Guillermo León Valencia Muñoz, Carlos Alberto Lleras Restrepo, Julio César Turbay Ayala, Virgilio Barco, César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper[20]. La normatividad, ahora derogada, invitaba a los civiles para que conformasen grupos de seguridad o vigilancia dotados de armas de fuego y entrenamiento militar, dependientes de la fuerza pública, y con el objetivo de apoyar las acciones antisubversivas de las fuerzas armadas.
Si tenemos en cuenta documentos oficiales desclasificados por los Estados Unidos (EE. UU.), así como declaraciones de excomandantes paramilitares, también es evidente cómo estas relaciones entre paramilitares y representantes del Estado de alto nivel persistieron en las presidencias de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez.
Documentos desclasificados de agencias de EE. UU.[21] dan cuenta de las estrechas relaciones entre la Policía Nacional y el grupo armado ilegal “Perseguidos por Pablo Escobar- PEPES-” (que operó entre 1992 y 1993) conformado por los hermanos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, antes de que consolidasen el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, que operaron entre 1997 y 2006.
Con la consolidación y aparente unificación del proyecto paramilitar bajo las AUC esta relación continuó. Según declaraciones hechas desde una cárcel en Atlanta (Estados Unidos) por uno de los máximos comandantes de las AUC, Salvatore Mancuso: “Las autodefensas fueron una política de Estado, no fue de manzanas podridas, sino que fue algo que se implementó de los altos mandos, tanto militares como políticos del país“. Además, “Hubo permanente comunicación con el Ejército, la Policía y el DAS para poder conformar un grupo de autodefensas… Un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de la sociedad que componían esas regiones. Necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible entrar. De ellos teníamos el resguardo para protegernos”[22]. Estas declaraciones concuerdan con lo que han mostrado las evidencias judiciales en sentencias de la justicia ordinaria y especializada.
Más de medio siglo de relaciones delictivas entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares es difícil de corregir y a la vez representa una mancha indeleble en la historia del Estado colombiano. El concebir a los paramilitares como aliados y, por otro lado, a los manifestantes y defensores de derechos humanos como el “enemigo interno”, aumenta la falta de legitimidad de la Fuerza Pública y desencadena violaciones masivas de derechos humanos. El ascenso y condecoración de oficiales cuyas unidades violan derechos humanos, los decretos presidenciales que intentan obligar a los alcaldes a responder militarmente a las exigencias del Paro, el apoyo de las mayorías del congreso al Ministro de Defensa a pesar de la extensa evidencia de violaciones de derechos humanos perpetradas por los hombres bajo su mando y las declaraciones del Ministro de Justicia según las cuales los muertos producidos en medio del paro se debían sólo a rencillas personales, entre otras acciones, garantizan la perpetuación de crímenes de Estado que constituyen también crímenes de lesa humanidad.
Ante la persistente e histórica utilización del aparato Estatal como estructura de represión letal de la inconformidad social y ante la ineficiencia de los órganos de control estatales en la garantía del pleno goce de derechos humanos o en la denuncia de sus violaciones, corresponde a la sociedad civil el registrar los crímenes perpetrados para continuar denunciándolos ante tribunales nacionales e internacionales en un intento por alcanzar la justicia y garantizar la no repetición.
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[1] ONG Temblores. Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional. Junio 2. Disponible en: https://www.temblores.org/comunicados
[2] ONG Temblores. En diario El Espectador. Las nueve prácticas “sistemáticas” de la Policía contra manifestantes en el Paro Nacional entregadas a la CIDH. Disponible en: https://www.elespectador.com/investigacion/las-nueve-practicas-sistematicas-de-la-policia-contra-manifestantes-en-el-paro-nacional-entregadas-a-la-cidh/
[3] Periódico El Nuevo Día. “Los policías están libres pero no son inocentes”, padre de Santiago Murillo. “Luego de que los dos oficiales señalados como presuntos responsables del crimen quedaran en libertad, Miguel Murillo dijo que la decisión demuestra que la Policía es una institución “podrida”, pero confía en que la justicia va a operar”. Disponible en: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/467988-los-policias-estan-libres-pero-no-son-inocentes-padre-de-santiago
[4] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. Boletín informativo 17: #ParoNacional. Junio 5. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-17-paronacional/
[5] El Gobierno de Duque enfrenta la protesta social con terrorismo de Estado enmascarado como estrategia contrainsurgente. Disponible en: https://www.sur.org.co/el-gobierno-de-duque-enfrenta-la-protesta-social-con-terrorismo-de-estado-enmascarado-como-estrategia-contrainsurgente/
[6] BBC News. Protestas en Colombia: muere Lucas Villa, el joven manifestante herido por civiles en las movilizaciones. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57023117
[7] Pulzo.com. Videos: “Andan de civil dando plomo”: denuncia contra policías que iban en camión, en Cali
Con algunas imágenes grabadas en la tarde de este jueves 6 de mayo, varios ciudadanos reportaron la situación desde el sector del Bloqueo de Terrón. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/videos-policias-vestidos-civil-disparando-cali-PP1049423
[8] Un camión cargado de mentiras y policías de civil en Cali: Liga Contra el Silencio. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IPLdg4xSRy8 También en: Denuncian que policías de civil se bajaron de camión y dispararon. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LVLg9Tqu5sA
[9] Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Alerta: Minga indígena atacada en la ciudad de Cali, 9 mingueros heridos. Disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/alerta-minga-indigena-atacada-en-la-ciudad-de-cali-9-mingueros-heridos/ También en: https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/momento-en-que-se-produjo-el-ataque-armado-contra-la-minga-en-cali-hoy-9-de-mayo/2916664611986403/
[10] Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) son grupos antisecuestro de la Fuerza Pública de Colombia. Están integrados por los GAULA Militares y los GAULA de la Policía Nacional.
[11] Noticias UNO. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ExIIvKk5kfE
[12] Diario El Tiempo. Fiscal confirma que funcionario del CTI asesinado disparó en Cali. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cali-fiscal-barbosa-confirma-que-agente-del-cti-disparo-a-multitud-592057
[13] Publimetro.com. El activista Beto Coral tuvo que sacar a su familia del país por amenazas. Disponible en: https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/06/01/beto-coral-tuvo-que-sacar-a-su-familia-del-pais.html
[14] Entre otros: El Tiempo: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/andres-escobar-aparecio-el-civil-que-sale-disparando-en-cali-592421
[15] Congreso de Colombia. ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2017. Noviembre 29. Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.
[16] Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. La Violencia en Colombia. Publicado por primera vez en 1962. Tomo 1. Ed. Taurus. 2016. Pág. 184
[17] Ibíd.
[18] Ibíd. Pág. 186.
[19] Entendido como el miembro de organizaciones que no hacen parte formal de ninguna fuerza estatal pero que posee armas, tiene una estructura y entrenamiento y se relaciona con las fuerzas armadas apoyando su accionar y coordinándose con ellas.
[20] Entre otros documentos: Decreto 3398 de 1965. Ley 48 de 1968. Disposición No. 005 del 5 de abril de 1969: que aprueba el REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS EJC-3-10. INSTRUCCIONES GENERALES PARA OPERACIONES DE CONTRAGUERRILLAS, expedido en 1979. Manual de COMBATE CONTRA BANDOLEROS O GUERRILLEROS EJC-3-101, aprobado por Disposición 014 del 25 de junio de 1982. REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS EJC-3-10, de 1987. Decreto Ley 356 de 1994; el 27 de abril de 1995 una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reglamenta las “Convivir”.
[21] National Security Archives: Colombian Paramilitaries and the United States:
“Unraveling the Pepes Tangled Web”. Disponible en: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB243/index.htm
[22] Salvatore Mancuso. En El Espectador: “Eran pedidos desde el Estado”: Mancuso habla de los magnicidios a manos de las AUC. Disponible en: https://www.elespectador.com/judicial/eran-pedidos-desde-el-estado-mancuso-habla-de-los-magnicidios-a-manos-de-las-auc/
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: El Heraldo
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