Democracia y poderes ocultos

Los poderes ocultos, hábilmente manejados los conservan de un gobierno a otro, hacen el tránsito con la mayor destreza, se instalan o reinstalan. Son los poderes de la clase política que perdió las elecciones, pero se enquistan en el nuevo gobierno a través de funcionarios y testaferros clientelizados; las elites y los burócratas que viven de ellos, los trashumantes que se camuflan en cada gobierno. Solo les importa conservar lo que tenían en el gobierno anterior, y fastidiar, obstaculizar para poder proseguir haciendo lo mismo detrás de los nuevos funcionarios a quienes se enganchan y engañan, o los hacen transigir, o los corrompen, para ellos permanecer ejerciendo poderes ocultos y logran hacer pervivir el sistema bipartidista o conservador, más derechizado.

Pero unos son los funcionarios enquistados que buscan terminar su carrera para jubilarse amparados en el anterior poder y sus políticos profesionales, otros los que maniobran para lograr estancar al nuevo poder que logró el triunfo electoral. En gran proporción los poderes ocultos se manejan desde afuera del aparato del Estado, instrumentalizando a los funcionarios anteriores y utilizando el derecho como arma política, enredando el estado de derecho y utilizando a las Altas Cortes y a los organismos de control para distorsionar el derecho vigente con nuevas interpretaciones que impidan las ejecuciones de políticas públicas.

La corrupción enquistada desde los anteriores gobiernos busca continuar a través del manejo oculto de las formas de decidir o incidir para continuar, esto es lo que más afecta la Democracia, la corrupción crónica. Y dentro del sistema neoliberal mucho más porque los servicios públicos se privatizaron y los derechos sociales más esenciales se volvieron mercancías. Es decir, el mercado al reemplazar al Estado abrió las compuertas para la reproducción de los corruptos. Antes de empezar la era neoliberal (1990), la corrupción tradicional tanto municipal, la departamental y la nacional, se manejaba rebanando los presupuestos de la hacienda pública de cada ente estatal. Desde hace 34 años los empresarios que mercantilizan servicios y derechos pasaron a saquear las arcas del Estado y manejan los poderes ocultos con obsecuentes, abyectos y calanchines que les sirven para este saqueo y estas obstrucciones.

Bajo ese contexto, hoy los poderes ocultos están enraizados con la cúpula de los partidos del bipartidismo que, posan de pluralistas, con partidos bisagras al mismo bipartidismo; las instituciones estatales, la rama judicial derechizada; los poderes ocultos o invisibles también los manejan a través de las asociaciones de gremios económicos, los industriales, la banca nacional, los medios de comunicación, los empresarios de los servicios públicos y las hidroeléctricas; el sector salud y las EPS, el manejo de las pensiones desde  el sector financiero; las universidades privadas y las castas agrarias, de ganaderos y agentes de los terratenientes que se atraviesan a todo lo que se perciba como cambio social.

La Democracia en teoría política es un sistema que contiene o permite formas de gobierno, elecciones abiertas para facilitar la alternancia o sucesión de otro, si obtiene las mayorías; contiene instituciones, ramas del poder, un orden territorial, organismos de control, cortes judiciales, un Estado de derecho, mecanismos de defensa, reconocimiento de derechos humanos, sociales, ambientales, etc. Y quien llega al poder es reconocido por los demás competidores, obtiene la legitimidad con ese reconocimiento y ejerce un poder visible para ser controlado por la oposición y los organismos de vigilancia de la función pública o del tesoro nacional. Pero dentro de esa arquitectura jurídica de instituciones y normas se agazapan los que quieren seguir ejerciendo poderes invisibles u ocultos que, no tienen control y no solo buscan el provecho personal, además buscan la obstrucción del nuevo poder visible. Allí están los poderes ocultos que entraban, impiden el desarrollo del nuevo gobierno y horadan los presupuestos. Lo hacen con malabares, terminología encriptada, apoyos de funcionarios supérstites enclavados en los ministerios, alcaldías y gobernaciones, y de contera, judicialmente con los magistrados y jueces que se comportan como un partido político judicial, sin reconocer que así se comportan algunos.

La elección popular de alcaldes y gobernadores, a primera vista es de esencia democrática y de origen federalista (dentro del Estado centralista y “unitario”), esta situación dual (centralismo y federalismo) para la parte administrativa abre o facilita desobediencias de mandatarios elegidos por partidos políticos que no obtuvieron el poder central, y abre las compuertas a los clanes políticos regionales que están avezados al saqueo del erario público. Los elegidos ejercen un poder visible en cada departamento, pero pueden tener poderes ocultos a su favor, de esta manera la corrupción se reproduce en las regiones, como mal metastásico. Y los organismos de control en cada ente territorial se amoldan a los directrices de los clanes políticos. Esa es otra cara de la desgracia de esta Democracia sin controles.

El encostramiento de la burocracia parasitaria que se camufla de un gobierno a otro para permanecer dentro del aparato del Estado, para sobrevivir ocultos haciendo daño y beneficiándose con los nuevos funcionarios que asumen cargos intermedios en la administración, hábilmente permanecen dentro del nuevo gobierno, así sea del bipartidismo tradicional o del multipartidismo como zaga de la misma estirpe, o centristas de derecha; pero si se trata de un gobierno progresista o de izquierda, hacen lo mismo con más insidia y saña, para obstruir y beneficiarse, formando pequeños poderes ocultos dentro del gobierno visible que debe responderle a la comunidad y a los organismos de veeduría. Organizan un subgobierno invisible que se lucra con la continuidad de los negocios montados; pero además, taponan, obstruyen y dificultan la gobernabilidad.

Norberto Bobbio, jurista y filósofo italiano, explica en su libro Democracia y secreto, compilación de columnas que, “ En un régimen democrático es absolutamente inadmisible la existencia de un poder invisible que actúa en paralelo, a la vez en su interior y en su contra, en algunos ámbitos en connivencia y en otros en competencia, que hace uso del secreto no precisamente para eliminarlo, pero tampoco para servirlo, sino que lo utiliza principalmente para rodear, e incluso violar impunemente las leyes, así como para obtener favores extraordinarios o ilícitos. Se trata de un poder que lleva a cabo actos políticamente relevantes sin que de ello se derive responsabilidad política alguna; por el contrario, busca sustraerse a través del secreto, de las responsabilidades civiles, penales y administrativas normales”. (Bobbio, 2013).

Como lo expresé en las columnas tituladas Parecen un partido político judicial , y Obstáculo judicial para las reformas del cambio social, publicadas en esta misma Revista Sur, el comportamiento de ciertos jueces y magistrados los hace ver como adscritos a las derechas que funcionan desde diferentes partidos políticos; es decir la simpatía o militancia subyacente en los jueces como ciudadanos, se puede traducir en respaldo a la ideología de esos partidos sin llegar al proselitismo abierto, simplemente se inclinan dependiendo de los casos que tengan un componente político. Pero otros togados si lo hacen de manera sesgada y dirigida a impedir el avance de ese gobierno. Se habla desde hace años en América Latina de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, con diferentes usos y aplicaciones de acuerdo a las conveniencias de quienes mueven los hilos del poder, o contrapoder. Hoy esa práctica se denomina en muchos países Lawfare (guerra jurídica), para combatir al adversario con el derecho y aminorarlo, obstruirlo, asfixiarlo, con encerronas jurídicas y no dejarlo gobernar: Golpes blandos. Lo que perdieron en las urnas lo quieren rescatar en los estrados judiciales.

En algunos países, los largos períodos de dominación de la derecha, logran alinear a toda la justicia e inclusive a los organismos de control. De esta manera el gobernante que llega por una coalición alternativa, o como outsider del populismo, o cualquier otra razón va a encontrar una justicia en contra que, ha perdido independencia y actuara para preservar el sistema anterior con los intereses anclados en el sector financiero y la plutocracia fortalecida. En una columna titulada “Metamorfosis del golpismo y reacomodo de las derechas”, republicada en Google, explique las tácticas que utilizan para tumbar presidentes. Impulsan un golpe de Estado, se unen empresarios , gremios, grupos de presión neoliberales, para criticar las reformas del cambio, agitan a sus congresistas para cuestionar sistemáticamente, a veces con argumentos insustanciales, compran los medios de comunicación más conocidos y colocan turiferarios a sueldo, lanzan especies falsas y distorsionan la realidad; difunden el miedo ante inminentes expropiaciones, y se acercan a magistrados de las cortes favorecidos por ellos desde gobiernos anteriores. Así logran que algunos medios de comunicación y magistrados se comporten como apéndices de los partidos políticos de la derecha.

Apartándonos de los casos de obstrucción a este gobierno del presidente Petro, como la sentencia de la Corte Constitucional para declarar inaplicable (inexequible) el estado de excepción en la Guajira; o la decisión del Consejo de Estado frente al CREG y las tarifas de energía que no dejaron regular, y hoy son un drama en la costa Atlántica por la especulación de las hidroeléctricas, y más de 25 decisiones de obstrucción en las Altas Cortes, que son ya un ringlero.

Solo voy a recrear un caso reciente, el del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la financiación de la campaña electoral 2022. Armando Novoa, ex Magistrado del CNE dice que, “Ese Tribunal es un órgano político controlado por los partidos y el Congreso. En el proyecto de apertura de investigación que se encuentra a consideración del CNE, se formulan cargos contra el candidato presidencial Gustavo Petro, pero se omite señalar que ese candidato fue elegido Presidente. En ese sentido, no hay ninguna mención a la garantía del juez natural, esto es, a la integralidad del fuero de la figura del Presidente, que está en cabeza del Congreso de la República y no en un órgano administrativo. Es decir, el principio de separación y equilibrio de poderes establecido en la Constitución impide que se pueda fraccionar el fuero…El Consejo de Estado desde su sala de consulta dejó en manos de un órgano de origen partidista, la estabilidad de la propia institución presidencial”. (Novoa, 2024)

La sanción administrativa que pretenden aplicarle para defenestrarlo, por la intención que tienen, podría compararse a una revocatoria directa del mandato (que no existe en Colombia, solo para alcaldes y gobernadores, previa movilización y lleno de requisitos del pueblo que los eligió); o podría compararse con la destitución del presidente en el Perú que se denomina vacancia por declaración de incapacidad moral , artículo 113 inciso 2 de la Constitución de 1993, tan criticada por violar su legitimidad de la elección popular y el derecho a la defensa porque no es un verdadero juicio. O podría asimilarse a una distorsión de la muerte cruzada en Ecuador, artículo 148 de la Constitución, pero allá se extingue el mandato del presidente y del Congreso, y aquí pretendería el CNE una muerte política encrucijada, buscan la sanción administrativa para que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelante el juicio con un acerbo probatorio voluminoso en detalles de gastos, pero no con financiación torticera y pretenden llegar al juicio en el Senado. Es decir, tratan de enredar el resto del mandato presidencial con dudas y turbiedades, lo que no hicieron con el caso Odebrecht, campaña del año 2014; ni con el caso de la Ñeñe política y la financiación desde la Casa Blanca de Barranquilla que narró la misma Aida Merlano, en la campaña del 2018, en ambos casos, si existían dineros ilícitos, no meros aportes.

En América Latina ha operado en los últimos 24 años que, el progresismo o el populismo han llegado al poder, pero muchos de esos nuevos dirigentes no se toman el aparato del Estado para transformarlo, solo se desempeñan dentro de ese sistema administrativo, y no lo alcanzan a adaptar a otras formas de gobierno o instituciones nuevas, precisamente porque la institucionalidad está montada desde años atrás y no la pueden desmontar al verse entrampados en el legalismo, quedando maniatados ante las viejas instituciones del Estado de derecho producido. El derecho expedido desde el nacimiento de un Estado crece cada año y si los partidos dominantes son del establecimiento oligárquico, expiden con sus legisladores un Estado de derecho para sostener los privilegios, formando un tejido jurídico indesmontable que impide, al que llega, por fuera de ese bipartidismo, que oriente políticas públicas, debe lograr unas mayorías para cambiar las leyes, y el tiempo no alcanza.  Esa es una razón del bloqueo que, ya estaba estructurado para beneficio de los que han dominado.

Bibliografía :

Bobbio Norberto. Democracia y secreto. Compilación de columnas publicadas en periódicos italianos La Stampa, Paese Sera, Spadolini Nuova Antología. Libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. Inicialmente por Giulio Einaudi Editori S.P.A. Primera edición en español, año 2013.

Novoa Armando. Puede afectar al presidente y a los futuros mandatarios. Entrevista de Cecilia Orozco Tascón al ex -magistrado Novoa, publicada por el periódico El Espectador, páginas 8 y 9 de la edición dominical, primero de septiembre del año 2024.

 

Alberto Ramos Garbiras, Especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional, ciencia política, derechos humanos y derecho ambiental, en la Universidad Libre, Cali.

Foto tomada de: Portafolio