Este inicio está lleno de retos y de incertidumbre. En particular lo segundo. Para todos es claro que el país está a la espera de una decisión de la Corte Constitucional sobre un punto decisivo: las prohibiciones de los magistrados. No pocas voces se han alzado en contra de la inconstitucional y violatoria de derechos humanos inclusión de las restricciones a los magistrados. Habrá que esperar a ver qué dice la H. Corte Constitucional. En esto, aunque el optimismo sea lo que convenga, temo por la influencia de quienes temen a la JEP. No será un debate fácil y seguramente ya están listas las recusaciones contra los magistrados. En lugar de enfrentar el debate jurídico, a los temerosos sólo les interesa dilatar lo que más se pueda el normal funcionamiento de la JEP.
Pero este es un reto que opera no frente a la JEP, sino frente a la Corte Constitucional. La responsabilidad por el futuro de la JEP pasa, necesariamente por ese tribunal. Pero hay otras cuestiones más complejas.
El primero y más importante de todos, tiene que ver con la investigación y acusación. Recordemos, la JEP es un sistema de justicia transicional en el que, por mucho que se haya discutido y acordado que los vinculados a la JEP deben decir la verdad, todo gira en torno a la existencia de una acusación en contra de quienes se sometan a la JEP. Sin acusación no hay proceso y sin proceso no hay decisión. Así pues, la unidad de investigación y acusación es el eje central de la JEP. Cabe decir que poco se ha debatido sobre esta unidad. Una rápida revisión de las noticias muestra la poca difusión que se ha dado sobre esta unidad. A finales de septiembre se publicó la lista de entrevistables y un par de semanas después se publicó el nombre del designado: Giovanni Álvarez.
Se trata de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, que tiene una larga trayectoria en investigaciones por temas relacionados con el conflicto. Nada que comentar al respecto. Pero, como siempre ocurre en este país, ha surgido una vieja declaración de Jesús Emilio Pereira, alias “Huevo de Pisca”, miembro, al parecer, del Bloque Capital de los paramilitares, que indicaría que el fiscal (Giovanni Álvarez) que llevaba uno de sus casos había recibido una finca de las víctimas para acusarlo y procesarlo[1]. Según reporta el diario El Espectador, alias Huevo de Pisca no ha dado mayor información sobre las operaciones del Bloque Capital, en contravía de sus obligaciones para con el sistema de Justicia y Paz. Pues bien, qué mal arranque. No se tienen elementos de juicio para establecer si es cierto o no que Giovanni Álvarez recibió una finca de las víctimas. Eso es un tema que tendrá que establecer la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, esta situación lleva a dos reflexiones.
De un lado, éste es un campanazo para lo que se viene. No tengamos dudas de que muchos de los funcionarios claves de la JEP serán recusados, señalados o vinculados de alguna manera con hechos criminales. En este país, donde la Fiscalía y el CTI (igual que los medios de comunicación) se apoyan más en los testimonios que en evidencia física o resultado de investigaciones, basta cualquier afirmación por parte de un sujeto dispuesto a obtener algún beneficio o con interés en mantener algo oculto, para que se tache a algún funcionario. Esa será la probable suerte de los funcionarios de la JEP. Esto es el resultado de la pobreza investigativa de nuestras instituciones que, sólo cuando tienen un interés real (es decir, algo importante está en juego -por ejemplo, intereses políticos o económicos-, la víctima es poderosa o el victimario es poderoso, pero el hecho es horrendo y los medios apoyan a la víctima) utilizan sus herramientas para dar con los criminales[2]. En los demás casos bastan declaraciones o testimonios de poca monta y una investigación de pacotilla, para imputar a una persona. El problema viene cuando esa persona (aquella que poco o nada importa) logra dar con un abogado, basta con que sea mediocre, para que de vuelta a las acusaciones por falta de rigor probatorio. Entre tanto, ¿cuento tiempo se pierde? ¿Cuánta legitimidad se desperdicia?
Volviendo al punto, esto es lo que nos espera como país. Será tarea de la JEP dar con personas “sin rabo de paja”. No es difícil, pues la mayoría es gente decente. El problema es si en la JEP están dispuestos a nombrar a desconocidos. Piensen no más, son 38 magistrados que tendrán a su cargo varios funcionarios, sin contar con los de las distintas unidades, entre ellas la de Investigación y Acusación. ¿Estarán los polítiqueros pidiendo pista?
El reto, entonces, será que la JEP y su unidad administrativa dicte reglas claras que permitan un proceso transparente para la selección del personal de la JEP. Según lo informa la propia secretaría administrativa, en 2017 se gastaron USD 1.437.000 en personal (110 personas)[3], pero, salvo indicación de que fueron seleccionadas siguiendo los estándares de la OIM y el PNUD, no se informa nada sobre su proceso de selección y sus funciones. Es probable qué, escarbando, se encuentre esta información. Pero debería ser fácilmente accesible, directa y clara.
Esto genera desconfianza. Este es el segundo reto. Al margen de que la JEP dé resultados en el sentido de que condene a los responsables por los delitos de su competencia, es imperioso que podamos confiar en sus actuaciones, procedimientos y gestión administrativa.
Durante los dos últimos años el país ha sufrido por los contantes cuestionamientos a la justicia y desde hace rato por la puerta giratoria. La JEP debe dar ejemplo en esta materia y asegurarse de que su personal entre por mérito. Mérito en el sentido estricto de la palabra; no el mérito de conocer al indicado.
Ahora, la confianza segundo punto, no sólo pasa por una selección transparente y honesta de personal. También porque la unidad de investigación y acusación realice una debida investigación. Según se puede leer del proyecto de ley estatutaria, aunque esta unidad tiene facultades de investigación similares a la Fiscalía, ¿contará con los medios? ¿dependerá de lo que hagan los otros órganos estatales? Estas otras entidades ¿van a dejar de lado sus quehaceres para dedicarse a la JEP? Si ello es así, ¿qué pasa con los derechos de víctimas de delitos no cubiertos por la JEP? ¿Deben esperar su turno? Es decir, por culpa de la JEP a la ciudadanía sólo se le ofrece más justicia tardía. Definitivamente sin un equipo humano y técnico mínimamente decente, poco o nada podrá hacer esta unidad de investigación y acusación. Eso, claro está, cuesta. ¿Hay recursos suficientes para ello? Ya hemos visto cómo nuestros cuerpos de investigación “están boyantes” Y los recursos no se pueden desviar de la justicia ordinaria hacia la JEP. Para muchos, más que el conflicto interno, es la corrupción el verdadero flagelo a combatir.
Téngase presente que los crímenes de competencia de la JEP no se realizaron, precisamente, donde existen unidades de investigación forense, ni medios tecnológicos disponibles, ni vías, ni nada por el estilo. Son los mismos sitios donde, en muchas ocasiones (las más de las veces), la presencia del Estado es precaria o nula. Esperemos que los esfuerzos de la unidad se dirijan a tales lugares.
La confianza, también, pasa porque la JEP adopte reglamentaciones serias y razonables. Fácil decirlo, pero complejísimo adoptarlo. Lo primero es la advertencia de la Corte Constitucional sobre la reglamentación de los aspectos penales. En su comunicado No. 55 del 14 de noviembre de 2017, la Corte Constitucional advirtió que las sanciones deben ser “compatibles con los fines del derecho internacional, sin que se produzca impunidad”. Si bien se refiere a sanciones, ello pasa por una adecuada tipificación de las conductas sancionables. Desde hace buen tiempo se han advertido dificultades en esta materia. No sólo están los entendidos (o malentendidos, o entendidos acomodaticios) sobre los acuerdos de paz. También están las discusiones dogmáticas penales y de la justicia penal internacional. Entre las tres (o cuatro) partes no se ponen de acuerdo.
Bueno, sea como sea, como ciudadanos esperamos que las conductas más atroces y los serios actos en contra del DIH y de los derechos humanos sean debidamente tipificados y sancionados. Esperamos que la justicia no se descargue simplemente contra el autor material, dejando impunes a los autores intelectuales (o como se les quiera llamar en la dogmática penal local e internacional). La confianza de la ciudadanía pasa, definitivamente, porque quienes idearon o permitieron estos actos atroces y violaciones graves al DIH y a los derechos humanos, reciban una sanción ejemplar.
Y hablo de sanción ejemplar. La justicia transicional está montada sobre la idea que la “la verdad os hará libres”. Pues bien, esa es una idea que académicamente, racionalmente, se comparte. Pero, la verdad es que muchos esperan, desde sus entrañas, sanción. Sanción que, en los elegantes términos académicos, debe “ser proporcional a la gravedad de los hechos”. Lo que, en palabras corrientes, significa que sean más que simbólicas (lo que implica que sea una sanción que la sociedad estime como seria). Pues bien, ¿cómo armonizar este requerimiento con la fragilidad de los acuerdos? ¿Podrá lograr la JEP que los involucrados comprendan que tales violaciones son inadmisibles en una sociedad? Más aún, ¿podrá la JEP lograr que la sociedad, en general, asuma la prohibición de tales actos como base para la civilidad?
La JEP debe lograr una narrativa creíble, que muestre que los violadores del DIH y los derechos humanos merecen sanción y, más importante, que el país sólo puede echar para adelante si se estiman tales sanciones como legítimas y necesarias. Si bien algunos apoyamos los acuerdos de paz y estamos convencidos de que es necesario que se castiguen estos hechos y se conozca la verdad, ello no es así para todos.
Así, tenemos que enfrentar el hecho de que la legitimidad de la JEP no se construye sólo con las voces de apoyo de las víctimas, quienes, claro está, son los primeros que deben ser escuchados (y ya hemos visto lo “bien” escuchadas que se sienten). También están las no-víctimas. Esa categoría olvidada y que, se supone, es representada por el Estado o alguien más. Esas voces serán las que terminarán por validar lo que la JEP hace. Serán quienes terminen por construir un país a partir de los relatos y decisiones que allá se generen. Son una mayoría silenciosa y silenciada. Si para esta mayoría la JEP no resulta ser más un tramitador de indulgencias o un sancionador parcializado, poco o nada se habrá logrado para lograr la paz.
La paz, a la que la JEP se debe, no es simplemente la dejación de las armas, la interrupción de las actividades delictivas por parte de los juzgados, ni la satisfacción de los derechos de las víctimas. La paz es el producto de reconocer, entre muchas cosas, que lo hecho estuvo mal y que la sanción recibida fue, tanto merecida como justa. Reconocernos en la verdad que se construya, por mucho que duela. Pero este reconocimiento debe ser de todos; inclusive de los silenciados.
Tristemente, dado que son (o somos) silenciados, poco o nada se sabe de qué esperan (o esperamos). Nuevamente, los populistas de un lado y del otro, los oportunistas de un lado y del otro, los avivatos de un lado y del otro, pretenderán ser los voceros de estos silenciados. Pero mentira. Por mucho que las noticias mentirosas (las fake news) inunden, como siempre, a los medios y que éstos pretendan (de la mano de los populistas, oportunistas y avivatos) llevar a la población hacia histerias colectivas, al final, en eso soy optimista, la razón puede más y esa condición de adultos, que reclamaba Kant, se impondrá. La JEP deberá lograr que su narrativa no (nos) convierta en simples lectores, sino en partícipes de la reconciliación. Así, por ahora, la JEP sólo es una figura jurídica. Su legitimidad dependerá de la confianza que sea capaz de construir. Su fracaso, tristemente, será más grave que los actos de los bárbaros que han llevado al país al conflicto interno.
¡Buen viento y buena mar para la JEP!
HENRIK LÓPEZ STERUP: Profesor universitario.
NOTAS
[1] Diario El Espectador. La disyuntiva de Giovanni Álvarez, el fiscal de la JEP. 16 de diciembre de 2017. Disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/jep/la-disyuntiva-de-giovanni-alvarez-el-fiscal-de-la-jep
[2] Es probable que, si algún Fiscal o miembro del CTI lee este escrito, se revolcará y maldecirá. Lo siento, puede ser que en muchos casos las investigaciones vayan más allá de un par de testimonios, pero la percepción general es que la regla general es que basta con señalar, para que se impute. Al fin y al cabo, pareciera que a nadie se le niega una imputación. Eso hace parte de lo que algunos llaman el derecho fundamental a la angustia.
[3] Fuente: Página web secretaría JEP: https://www.jepcolombia.org/Sala-de-Prensa/Paginas/Informe-Ejecucion-Presupuestal-JEP.aspx
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