Colombia vive un intenso conflicto político, prosiguen intensos conflictos sociales y no se consiguen aún superar el conflicto armado y otras conflictividades soportadas en la ilegalidad y la violencia. El gobierno progresista del presidente Gustavo Petro busca avanzar en su programa de gobierno en tópicos importantes contenido en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida, tiene algunos logros con las reformas sociales propuestas y ya el año y pocos meses que restan a su mandato pone en el tapete la contienda política que decidirá si tendrá continuidad el proyecto político orientado a transformaciones democráticas a partir de 2026.
Hay interpretaciones muy distintas cuando se hace referencia al balance del gobierno Petro, donde por supuesto pesa el sesgo político del respaldo o la oposición a su mandato. Lo real es que ha conseguido varios logros importantes, a la vez con relación a varias de sus políticas logros solo parciales y en términos de ejecuciones notorios problemas de gestión. Se suman dificultades del contexto y las problemáticas o errores propios. A la vez, la oposición de sectores de las élites y de vertientes defensoras del estatus quo ha sido tenaz y de expreso rechazo a avances progresistas, emprendiendo una impresionante campaña mediática marcada de desinformación y desprestigio del presidente, su gobierno y las expresiones del proyecto político que lo acompaña. Desde allí buscan posicionar en la ciudadanía ideas como: “fracaso general del gobierno, total incompetencia y desinstitucionalización”.
El programa del gobierno propones cambios ante el modelo neoliberal predominante. Sustituir en la economía el predominio del extractivismo del petróleo, el carbón y de varias agroindustrias asociadas a trasnacionales que han provocado desastres naturales, desplazamientos poblacionales y extendida pobreza. Busca retomar la posibilidad de la reforma agraria, recuperar el salario real de los trabajadores, restituir el control y la responsabilidad estatal ante derechos sociales privatizados y como en el caso de la salud controlados por grupos monopólicos. Tiene como fundamentos la defensa de la soberanía, la promoción del poder popular, la justicia social, la justicia ambiental y el agua como eje de un nuevo ordenamiento territorial. Propende por un sistema fiscal progresista, la soberanía alimentaria, la reindustrialización rural y urbana, el estímulo a la economía solidaria y planes de vida propios de comunidades campesinas y étnicas. Rechaza toda forma de discriminación. Levanta el propósito del logro de la paz con relación al histórico conflicto armado interno y la superación de economías ilegales, herencias del paramilitarismo y mafias entronizadas en ámbitos del Estado y la sociedad.
No se pretende aquí un balance general del gobierno ni de la implementación de su programa, sino hacer referencia al momento de varios de los principales desafíos que encara el gobierno con relación a determinados temas y asuntos que configuran escenarios de alta confrontación política, social, de opinión y en casos violenta. Referencias de actualidad que desafían al gobierno Petro dado que se aboca a la fase final de su mandato, que le exige conseguir un nivel de realizaciones asociado al consiguiente respaldo popular y de opinión ciudadana, prenda de garantía para la posible continuidad del proceso progresista. Entre les temas se pueden destacar el manejo de la economía y las finanzas públicas, el logro de las reformas sociales, la política de la paz total asociada también a la seguridad y los derechos humanos, la gobernabilidad con relación a su posibilidades de gestión, alianzas y tratamiento de tensiones con sectores de oposición, la superación de la crisis del gabinete gubernamental y el llamado a la movilización popular en defensa de los proyectos de reformas que podrían dar lugar a una Consulta Popular propuesta por el propio mandatario para que la población decida sobre demandas claves que soportan la reforma laboral y posiblemente con relación a otras reformas sociales.
No tendría validez ni serviría una defensa acrítica de la gestión gubernamental, como tampoco la tiene el rechazo obcecado y subjetivo que esgrimen importantes voces de la oposición. Se trata de reconocer una coyuntura compleja y un gobierno ante grandes retos asumidos con virtudes y aciertos, pero también con limitaciones, problemáticas y determinados errores. En esta línea también encontramos voces justamente matizadas, con valoraciones entre reconocimientos de logros y deficiencias, caso de la discusión en el económico del reconocido académico Salomón Kalmanovitz, quien discute la opinión de una supuesta catástrofe del gobierno Petro: “Quizás Petro tuvo la ilusión de que iba a salvar a Colombia y no lo logró, pero tampoco puede decirse que hasta el momento le haya causado un daño irreparable. La economía creció lentamente, los datos vitales mejoraron un poco, las reformas sociales aún pueden lograrse, así que el gobierno progresista no ha sido una catástrofe…”[1].
También se encuentran opiniones que reconocen una serie de realizaciones positivas del gobierno actual en distintos ámbitos, caso del columnista de El Espectador Julio Cesar Londoño: “De julio de 2022 a la fecha el desempleo bajó de 11.3% a 8.2%, y las muertes por desnutrición infantil bajaron a la mitad y la deforestación cayó en un 70%. La Superintendencia de Salud encontró sobrecostos en procedimientos médicos hasta de 20.000%. Hay cero falsos positivos y ningún manifestante presenta lesiones oculares. Dos millones y medio de personas salieron en 2024 del riesgo de seguridad alimentaria. Se han invertido $2.3 billones en placas huella para que los campesinos puedan sacar sus productos en carro. No va más el servicio militar obligatorio. Ahora los bachilleres podrán prestar un servicio social para la paz. Se aprobó la Reforma Pensional que duplicó la cantidad de beneficiarios: pasaron de 1.7 millones a 3.1 millones”[2]. Y, agrega en su artículo citado: La Jurisdicción Agraria hará más expeditos los procesos de restitución de tierras a los campesinos despojados de sus fincas. El campesinado ha recibido 440.000 hectáreas en los últimos dos años, contra las 37.000 hectáreas que restituyeron Santos y Duque en doce años.
La economía bajo nuevo enfoque se mantiene y tiende a mejorar:
Con el gobierno Petro el crecimiento del PIB ha sido de ligero incremento inicial, pero con tendencia a ampliarse: 0.7 en 2023, 1.7% en 2024 y con proyección posible de 2.6% en 2025. Los reportes del DANE muestran en 2024 que el sector agropecuario creció 8.2%, el sector de entretenimiento 8%, el café de forma extraordinaria 22.5% -en un contexto de buenos precios internacionales-. En medio del cambio energético propuesto de fuentes fósiles a limpias y de factores de coyuntura la minería cayó 5.2% (con descensos de petróleo, carbón y gas). De otra parte, sectores de la industria tuvieron descenso de 2.1% y en especial los textiles descendieron 3.2%. Por tanto, de conjunto aún no se consolida el propósito de la política gubernamental de la reindustrialización rural y urbana, pero se expresan avances especialmente en lo agrario, en algunas manufacturas y en turismo de forma importante. La inflación se redujo de 9.3% en 2023 a 5.2% en 2024, con incidencia de la política restrictiva del Banco de la República.
El gobierno controvierte el alcance de esta política restrictiva porque limita a la vez la inversión, la producción y el trabajo. “…la política monetaria del Banco de la República tiene como objetivo llevar la inflación hacia su meta de 3%, asumiendo el sacrificio del crecimiento mientras los precios se estabilizan por lo bajo”[3]. Recientemente el Banco de la República aprobó por mínima diferencia en su Junta Directiva mantener los altos intereses del 9.5%, con el argumento de mantener la lucha contra la inflación, pero con consecuencias de afectación muy negativa al crecimiento económico y la posibilidad de las metas económicas y sociales del gobierno.
El peso colombiano es la segunda moneda más revaluada en el mundo, después del rublo de la Federación Rusa. En la región en medio de marcadas dificultades económicas y casos económicos y de impactos sociales negativos críticos en varios países, Colombia aparece como una de las mejores economías de la región según sus registros, caso similar a Brasil. Las exportaciones carboníferas -hulla, coque y briquetas- bajaron el 10.6%, las de petróleo, derivados y conexos bajaron el 5.1%, mientras que las agropecuarias, alimentos y bebidas aumentaron 14%, de forma que en particular el café y el banano subieron el 33.9%, mientras ramas manufactureras crecieron 4.3%, entre ellos con incrementos de químicos y conexos (7.2%) y maquinaria y equipo de transporte (12.4%).
Caso especial para destacar es el incremento notable en los dos años anteriores y actual del turismo en Colombia, con apoyo gubernamental y promoción de ProColombia, cuyo directivo Gilberto Salcedo lo explicó en los siguientes términos: “En 2024 cerramos con cerca de 6.7 millones de viajeros llegando al país, superando nuevamente los récords históricos, tras un 2023 de gran crecimiento. En 2024 el turismo creció un 9.5%. En cuanto a las divisas, el último informe del tercer trimestre muestra que ingresaron $7.440 millones de dólares a la economía por turismo en los primeros tres trimestres del año, lo que representa un incremento cercano al 15%”[4].
En exportaciones los datos del DANE informan para 2024 exportaciones por $49.522 US millones. El presidente de Analdex Javier Díaz Molina considera aún son muy bajas: “Un país como Colombia debería estar exportando más de $100.000 US millones, pero está aruñando los $50.000 millones”. El mayor volumen de exportación es a EE. UU. (28%), luego aparecen Panamá (8.7%), India (5.4%), China (4.8%), México (3.9%), Brasil (3.9) y Ecuador (3.9%)[5]. Ante la actual tensión con el nuevo gobierno de EE.UU. con muchos gobiernos del mundo, incluido Colombia, por su incremento arbitrario de aranceles, entre otras graves políticas y decisiones, el presidente Petro ha expresado la importancia de avanzar, a tono con el multilateralismo, en la ampliación y diversificación del comercio con diversos países de los distintos continentes.
La empresa de mayores aportes de renta al presupuesto nacional es Ecopetrol, a pesar del nivel de privatización que cambió su carácter estatal integral en pasadas administraciones: “Los resultados financieros y operativos de Ecopetrol en 2024 fueron agridulces. Pese a que reportó la producción más alta de los últimos nueve años, las utilidades cayeron 21.7%, en comparación con las de 2023. Según indicó Ricardo Roa, presidente de la empresa, se debe a factores externos, como la caída del precio del petróleo”[6]. El gobierno cuestiona la existencia de contratos de explotación con asocios en EE. UU. que utilizan el lesivo fracking para la salud de la población y el medio ambiente, pero se discute que suspenderlos le costaría a Ecopetrol unos US$400 millones.
Casos de baja ejecución del Presupuesto General de la Nación y evidencia de crisis fiscal:
Desde 2023 en los balances sobre las ejecuciones del gobierno se puso la alerta en la baja ejecución de varios ministerios y entidades gubernamentales. En 2024 quedaron sin ejecutar $82 billones del Presupuesto General de la Nación según cifras consolidadas por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), siendo la más baja desde el 2020 cuando tuvo el impacto del covid-19. El Gobierno comprometió el año pasado solo el 83% del presupuesto cuando en 2023 lo había hecho con el 87%. Se ha hecho referencia particular al caso del Ministerio de la Igualdad, que disponiendo de $1.5 billones, tan solo ejecutó el 4.9%.[7]
Según información del Ministerio de Hacienda la ejecución del Presupuesto General de la Nación en 2024 cayó al 81.9%. “Del total ejecutado, $206.3 billones fueron de funcionamiento, $82.8 billones de servicio a la deuda y $51.6 billones de inversión”. Las mayores ejecuciones fueron: “…la educación (96.4%), Salud (94%), Fiscalía (92%), Relaciones Exteriores (91%) y Defensa y Policía (89.7%) (…) con menor ejecución la Presidencia (27%), Deporte y Recreación (36%), Agricultura (38%) y Transporte (42%) (…) obligaron la mitad de los recursos disponibles… Vivienda (58%), Registraduría (58%), Planeación (57%), Registraduría (57%), Ambiente y Desarrollo Sostenible (54%), Cultura (70%) y Desarrollo (54%) …”[8].
De otra parte, se abrió un debate que advierte el incremento del déficit fiscal que se expresó en el 2023 en 4.3% del PIB y en 2024 en el 6.8% del PIB y se asocia a la consideración del gobierno de estar cumpliendo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero que ha suscitado discusiones al respecto. “El déficit fiscal llegó a noviembre a 6.1% del producto interno bruto (PIB), superior al 4.3% registrado en el 2023 y por encima al 5.6% establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta es la cifra más alta registrada en el país desde la pandemia del 2020 cuando se ubicó en 7.8% del PIB y un año después en 7%”[9].
De este déficit fiscal y de las deficiencias en recaudo público gubernamental entre lo previsto y lo logrado, se deriva la presión hacia recortes presupuestales en el gobierno en el presente año. De forma negativa se presentó con relación a la aplicación de la ley de reforma tributaria progresiva lograda, el que la Corte Constitucional en su revisión desgravó las regalías de las multinacionales mineras y de los patrimonios de personas naturales con disponibilidades de inmensos capitales desde $3.389 millones.
“En 2024, según el Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda a principios de este año, el déficit del Gobierno llegó al 6.8% del PIB. Exceptuando pandemia, esta es la cifra más alta registrada para este indicador en los últimos 30 años. De acuerdo con algunos analistas, este grado de déficit, acompañado de los problemas en recaudo, llevarían a más recortes presupuestales este año para ajustar las cuentas de la nación a los límites de la regla fiscal y, con ello, mandar un mensaje a los inversionistas de que la tarea, aunque compleja e inconveniente, se está haciendo”[10].
A mediados de febrero el entonces ministro de Hacienda Diego Guevara explicó que en 2024 se produjo una inmensa caída de los ingresos tributarios por $18.6 billones, lo cual desfinanció el Presupuesto General de la Nación (PGN). Situación que implicó recortes presupuestales por $28.4 billones y restricciones en el manejo de caja[11]. Y, con relación al presupuesto nacional de 2025 es conocido que el proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso, por presiones y maniobras de la oposición no pudo ser aprobado, por lo cual el presidente tuvo que emitirlo por decreto, lo cual implica un faltante de $12 billones, con necesarios efectos de desfinanciación en determinados sectores y proyectos.
También impactan en la ejecución del presupuesto situaciones como las presiones de movimientos sociales de distinto carácter, con demandas de cumplimiento de compromisos que fueron pactados con gobiernos anteriores o con nuevas demandas. Caso frecuente con comunidades indígenas y campesinas. En la misma línea la grave emergencia de violencia registrada este año en Catatumbo exigió al gobierno declarar la conmoción interna regional y expedir decretos para conseguir nuevos recursos para atender la problemática que sobrevino, estando aún pendientes el control político del Senado y constitucional de la Corte Constitucional de tales medidas. Y, también se han registrado paros recientes de fuerte impacto nacional y que exigieron medidas presupuestales de alivio, caso anterior de los transportadores y muy reciente de los arroceros.
El paro de transportadores en 2024 fue en rechazo al incremento de precios del combustible diésel y su efecto en el transporte terrestre de carga, de forma que el gobierno busca eliminar la política de subsidios a grandes empresarios de anteriores gobiernos que han causado déficit a las finanzas públicas. Gobierno y transportadores lograron acuerdo sobre incrementos progresivos y atención especial del gobierno a situación de pequeños transportadores. Y, en 2025 se produjo un paro de arroceros que exigió apoyo gubernamental ante la sobre oferta por las importaciones del producto y la baja del precio, de forma que lograron un acuerdo mediante el cual el gobierno conformó una bolsa para facilitar recursos a favor de Fedearroz y atención con énfasis a los pequeños productores afectados.
Logros, dificultades y deficiencias de la “Paz total”:
Con relación al proceso de paz con el ELN:
La política de “paz total” consiguió la expedición de la Ley 2272/2022 que habilita y rige de forma general sus procedimientos. El gobierno con el ELN pronto retomó las negociaciones, actualizó la agenda, consiguió nuevos acuerdos en distintos temas, ceses al fuego bilaterales nacionales y temporales, la participación de sectores de la sociedad civil ante todo desde las regiones afectadas por esta confrontación consiguió acompañamiento importante de la comunidad internacional y trató asuntos humanitarios que conllevaron acuerdos especiales y compromisos en varias regiones. Sin embargo, la mesa de paz se suspendió a inicio de 2025, por la reacción del gobierno ante la violenta incursión de esta guerrilla afectando gravemente población civil en Catatumbo, cuyo propósito ha sido la disputa territorial con la estructura disidente pos-FARC “Frente 33” que está en cese del fuego y diálogos con el gobierno.
De fondo, el ELN no acepta la posibilidad de llegar a acuerdos de paz definitivos con el actual gobierno y este expresa desacuerdo en prolongar conversaciones sin certeza de acuerdos reales de paz y desconfianza ante las expresiones de degradación humanitaria de guerrilla en varias regiones. Voces desde la sociedad civil como la del Congreso Nacional de Paz de organizaciones sociales con participación de la delegación gubernamental en la mesa y el acompañamiento internacional, recientemente realizado en Bogotá, el cual reclamó que a pesar de las dificultades las partes retornen las conversaciones y búsqueda de acuerdos efectivos para evitar una nueva frustración con los procesos de paz emprendidos con esta guerrilla, única insurgencia nacional histórica que no ha llegado a convenir acuerdos de paz definitivos con el Estado colombiano.
Del ELN se desprendió el “Frente Comuneros del Sur” con presencia en Nariño, tras discrepancias con el Coce y que al escindirse consiguió una propia mesa de paz con el gobierno. Este proceso de paz avanza con un cese al fuego que repercute positivamente en el mejoramiento de la situación humanitaria, concreta compromisos hacia la construcción de paz con enfoque territorial y abierto a la convocatoria y participación de comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales y departamental de este departamento. El pasado fin de semana entregó un avance sustantivo con la destrucción de importante material de guerra del “Frente Comuneros del Sur”, con presencia del presidente Petro y de los diversos actores del proceso.
Con relación a las estructuras armadas “disidentes” frente al acuerdo con las FARC:
De otra parte, con los grupos que permanecieron o se rearmaron después del acuerdo de paz con las FARC EP en 2016, comúnmente denominados disidencias de las FARC, se han presentado conversaciones entre delegaciones del gobierno y varias de sus estructuras que proceden de dos ramas diferenciadas y en pugna: Una mayoritaria que surgió desde antes del acuerdo de paz con las FARC EP en discrepancia con sus términos, liderada por Gentil Duarte -quien ya murió en el contexto de la confrontación con el Estado-, conocida como “Estado Mayor Central” con presencia en la zona estratégica histórica de las FARC EP en el oriente y en otras regiones, que inicialmente bajo el mando de “Mordisco” sostuvo conversaciones con una delegación del gobierno, declaró el cese al fuego, pero ante la comisión por su parte de una masacre contra jóvenes y menores indígenas en Caquetá el gobierno suspendió el cese al fuego y el diálogo con este sector. Sin embargo, parte de sus estructuras bajo el mando de “Calarcá” se escindió, renombrándose “Coordinadora de Bloques y de Frentes”, mantiene mesa de diálogos con el gobierno y cese al fuego.
La otra rama minoritaria denominada Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez -ex integrante del Secretariado de las FARC EP y ex jefe de su comisión negociadora-, fue un rearme luego del acuerdo de paz, el cual inició conversaciones con la comisión del gobierno con liderazgo directo en la mesa del comandante “Walter Mendoza”, pero los avances en la agenda y hacia el cese al fuego fueron desconocidos por Márquez, por lo cual la mayoría se escindió dejando a Márquez básicamente con algunas estructuras principalmente entre Caquetá, Guaviare y Vichada al mando de José Aldinéver, mientras que estructuras principalmente de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño y Comandos de la Frontera en Putumayo junto con otras en distintas regiones, mantienen mesa de diálogos y cese al fuego, ahora bajo la denominación “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” (CNEB).
Con relación a las estructuras sucesoras del paramilitarismo y mafiosas o “multicrimen”:
La política de “paz total” también ha establecido contactos y diálogos con las estructuras armadas ilegales herederas del paramilitarismo y entroncadas con economías ilegales y redes mafiosas que se articulan e inciden en poderes regionales. En este caso se han instalado mesas de diálogo “socio jurídico” con logros de desescalamiento de la violencia en el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó. De forma más reciente se inició el diálogo en el Caribe con las llamadas “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada” (ACSN), prolongación del anterior paramilitarismo en esta región bajo jefatura de Hernán Giraldo. Entre tanto, con la mayor estructura de este rango, el Clan del Golfo, que tiene epicentro desde Urabá y Córdoba y se extiende mediante acuerdos con otras estructuras en numerosos departamentos, inicialmente se instaló mesa de diálogo y esta agrupación declaró cese al fuego, pero ante hechos de violencia con afectación a la población civil que según las autoridades la comprometieron el gobierno lo suspendió, aunque en los meses recientes se retomaron. El diálogo con este tipo de agrupaciones carece de un marco legal que establezca las posibilidades de los acuerdos a convenir, en los asuntos de acogimiento a la legalidad y la justicia, beneficios penales, garantías, procedimientos, reintegración y compromisos con las víctimas causadas, entre otros necesarios de resolver.
Frente a la implementación del acuerdo de paz con las FARC EP:
Corresponde a la política de “paz total” la implementación del acuerdo de paz con las FARC EP sobre lo cual si bien hubo superación de la inconsecuencia al respecto del anterior gobierno Duque, el presente gobierno inicialmente desestimó el alcance y descuidó la atención debida a sus compromisos, luego ha buscado recuperar esta situación, de forma que los informes de la ONU insisten en la aplicación integral del acuerdo y recientemente con el apoyo del Min Interior se adoptó un “Plan de Choque”. Aunque se retomaron los programas PDEP, PNIS y otros, perviven notorias limitaciones y no se consiguen de la forma debida las garantías de seguridad en los territorios y frente a las poblaciones, registrándose la continuidad de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas firmantes del acuerdo y sus entornos familiares, comunitarios y sociales.
Cuestionamientos a la eficacia de la fuerza pública y situaciones críticas en seguridad y derechos humanos:
Este gobierno ha conseguido avances importantes con la fuerza pública como la depuración de oficialidad comprometida con violaciones a los derechos humanos y con corrupción, la reorientación civilista, el compromiso de su institucionalidad con la paz, los desarrollos en instrumentos y actuaciones de respeto a la protesta social y mejoras laborales concedidas al personal militar y policial. Sin embargo, ni en las acciones de guerra, ni en la consolidación de la paz territorial, ni en las garantías de la debida protección a la población especialmente en las zonas de conflictividad y riesgos la fuerza pública ha tenido los resultados esperados.
De allí afloran críticas al gobierno y a la fuerza pública con alusión al incremento de los grupos irregulares y sus dinámicas violentas, en términos de la real garantía de protección de la población civil, de la capacidad de recuperación efectiva del control de territorios afectados por conflictos violentos y de su compromiso con casos de violaciones a los derechos humanos, que si bien no son de la magnitud de lo registrado en anteriores mandatos reviste gravedad. Entre voces de la academia Luis Trejos expresó: “Si bien el ministro Velásquez deja avances en materia de respeto a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y logró desmantelar redes de corrupción, le jugaron en contra su falta de experiencia en el sector de seguridad y defensa, y que el gobierno apostó su capital político en una paz improvisada”[12].
“De los magros resultados en El Plateado (Cauca) dio cuenta el propio ministro en el consejo televisado, cuando se quejó de la “falta de articulación del Gobierno” como razón por la cual no se ha consolidado el control estatal de esa zona”[13].
El informe anual del delegado en el país del ACNUDH, Juan Carlos Mongue, estableció que en 2024 hubo 51 mil víctimas de desplazamiento forzado, 138 mil víctimas de confinamiento con alta afectación de pueblos indígenas y afros, ocurrieron frecuentes casos de reclutamiento de personas menores de edad por grupos armados ilegales, siendo documentados por este organismo 216 casos, se reconocieron 72 masacres y 191 reportes de ataques a liderazgos sociales incluidos 89 asesinatos. Ante esta grave situación en derechos humanos y derecho humanitario, se evidencia limitación institucional desde distintas esferas gubernamentales, de forma que la ONU recomendó la aplicación coherente del plan nacional concertado al respecto, “acción más articulada y eficaz entre los diversos ministerios”, coordinación de acciones entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales, resultados eficaces con las conversaciones de paz, implementación integral del acuerdo con las FARC y debida atención de la población afectada y de las víctimas[14].
“La situación humanitaria en las regiones donde trabajamos no presentó mejoras significativas para las comunidades. A lo largo del año, nuestros equipos en el terreno documentaron 444 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias por parte de actores armados estatales y no estatales. Entre estas se encuentran amenazas; violencia sexual; reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes; homicidios; empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados; tratos crueles, inhumanos o degradantes, y privaciones arbitrarias de la libertad, entre otras conductas”[15].
Así también, informes institucionales, sociales y de organismos internacionales indican la presencia al menos en ocho regiones de intensa disputa entre grupos armados ilegales: Arauca, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Sur de Bolívar, Cauca, Caquetá y Valle. Refieren el crecimiento estos años de tales agrupaciones de diverso carácter: insurgencia ELN, rezagos guerrilleros disidentes con el acuerdo de paz de las FARC EP, la disidencia del ELN referida y las distintas agrupaciones y redes asociadas a prácticas paramilitares, economías ilegales, redes mafiosas y de delincuencia organizada que van de lo local a lo transnacional. El CICR, vos global autorizada del DIH y su doctrina, caracteriza en sus informes la existencia en la actualidad de ocho expresiones de conflicto armado interno o guerra en Colombia.
“En Colombia existen ocho conflictos armados de carácter no internacional de acuerdo con nuestra clasificación jurídica actual, basada en los criterios del DIH. Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados, respectivamente: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. Los otros cinco conflictos son entre grupos armados no estatales: uno, entre el ELN y las AGC; y los cuatro restantes, entre las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y 1) la Segunda Marquetalia, 2) los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, 3) el ELN y 4) las AGC. El CICR clasificó recientemente este último conflicto armado luego de dos años de observación y análisis de las hostilidades entre ambos grupos armados y las consecuencias humanitarias generadas[16].
Debate sobre los escasos resultados de la “paz total”:
Existen críticas y descontento hacia los resultados de la “paz total” por las debilitades percibidas desde el inicio en las formulaciones de la política, estrategias, metodologías, instrumentos y procedimientos. También se cuestionan los precarios resultados logrados con sus distintos procesos tras ya casi tres años de gobierno. Se anunció al inicio del mandato una reestructuración del sector de paz que no se ha dado. Se expidió un decreto para caracterizar las agrupaciones armadas participantes en los diálogos con responsabilidad de varios entes gubernamentales a alto nivel -Alto Comisionado, Min-defensa y la ANI-, que no se dio. Se cuestiona el que, a pesar del logro de numerosos ceses al fuego con varias agrupaciones, perviven e incluso se intensifican dinámicas de conflicto bélico y otras formas de violencia con alta afectación de la población civil. Se cuestionan deficiencias referidas en la implementación del acuerdo con las FARC, de forma que en varias regiones parecen no predominar los escenarios territoriales de construcción de paz como lo demanda la implementación del acuerdo, sino el recrudecimiento de conflictos armados y la violencia. Se tiene el gran vació del nivel de propuestas requeridas para el logro del acogimiento a la legalidad y la justicia y el marco legal para establecer acuerdos con las agrupaciones provenientes del paramilitarismo, las economías ilegales y las redes de delincuencia organizada y mafiosas.
Entre tanto, las expectativas creadas y la centralidad del tema en el programa de gobierno conllevan a que se esperen resultados efectivos hacia la paz y la superación de los factores y los actores de las diversas violencias referidas. Pesa entonces el contraste entre la ausencia aún de resultados mayores y contundentes, mientras en muchas regiones se han recrudecido nuevas expresiones de conflictividad bélica y de extendidas formas de violencia, ahora especialmente entre los tipos de agrupaciones irregulares referidas, quienes mantienen notables niveles de control territorial, poblacional y económico, en medio de cruentas disputas y graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.
Lamentable que la corrupción no cese:
La corrupción carcome las instituciones y sus gestiones con prácticas delictivas que desvirtúan sus misionalidades y el debido uso de los recursos. Es contraria a la ética y atenta contra la atención a los derechos de la ciudadanía. La gestión y los procedimientos en las instituciones estatales, gubernamentales, sociales, políticas y comunitarias deben regirse por el interés común, la honestidad, la transparencia y la debida rendición de cuentas sin menoscabo de sus propósitos, posibilidades y recursos de todo tipo. Gustavo Petro desde décadas atrás realizó emblemáticos debates públicos en el Congreso contra los graves y frecuentes casos de corrupción que han afectado al Estado y las instituciones. Sin embargo, bajo su gobierno la corrupción revela estar profundamente enquistada en el Estado y en sectores de la sociedad. Incluso han aparecido varios casos de corrupción que comprometen a importantes funcionarios del actual gobierno, a personas relacionadas con el proyecto político progresista y con la familia presidencial.
Así se expresa al respecto la reconocida politóloga y columnista Elizabeth Ungar: “El Gobierno del cambio se comprometió a luchar frontalmente contra la corrupción. No obstante, los resultados han sido muy pobres. Esta se ha dado en las propias entrañas del Gobierno y se ha manifestado en temas como las presuntas actuaciones corruptas de miembros de la familia presidencial, de amigos cercanos al presidente, de financiadores de su campaña y de miembros de la coalición de Gobierno”[17].
Petro afirmó recientemente que “hay cuotas de corrupción de largo aliento dentro de la burocracia estatal”. En la reciente reconformación de su gabinete llamó a sus ministros a evitar que las decisiones y actuaciones en las instituciones gubernamentales estén mediadas por las “ollas de corrupción”: “La labor de este gabinete es penetrar las ollas de corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir con el programa de gobierno”[18].
Entre los casos sucedidos bajo este gobierno pesan entre otros las sindicaciones y el proceso judicial contra Nicolás Petro y la investigación judicial actual por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGDR) que establece responsabilidades directas de su anterior director Olmedo López, su anterior subdirector Sneyder Pinilla e investiga posibles implicaciones de anteriores altos funcionarios del gobierno como Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, César Manrique y Sandra Ortiz. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan también al expresidente del Senado Iván Name del Partido Alianza Verde, al expresidente de la Cámara Andrés Calle del Partido Liberal por señalamientos de haber obtenido irregularmente altos recursos desde el entramado de corrupción de esa entidad y una compulsa de copia contra 28 congresistas de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara, que estarían de forma indebida detrás de proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según una investigación periodística del diario El Espectador al respecto se señalan presuntas responsabilidades de congresistas de varios partidos:
“El listado lo encabeza el presidente del Senado Efraín Cepeda (Partido Conservador) quien se habría beneficiado con dos contratos de obra que “ya salieron” en Fortul (Arauca), por más de $26.075 millones. (…) el expresidente de la Comisión de Investigación de la Cámara Wadith Manzur (…) del Partido Conservador (…) con contrato en Cotorra (Córdoba), por $15.605 millones. (…) la senadora del Partido Conservador Liliana Bitar, quien se habría favorecido a través de la adición de $21.570 millones a un contrato (…) de San Pelayo (Córdoba). El senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo (…) estaría ligado a un Convenio en la vía Magangué a Achí (Bolívar), por $14.860 millones. Yamil Arana, actual gobernador de Bolívar, se habría beneficiado con un proyecto de $11.000 millones (…) de Planeta Rica con Providencia (Córdoba). Wilmer Castellanos, representante a la Cámara por Boyacá, habría tenido dos contratos (…) por $3.920 millones en Sutatenza; y otro de $3.969 millones, de Sutamarchàn. (…) el senador Jairo Alberto Castellanos, de la Alianza Verde, con un contrato de $10.000 millones (…) en el Catatumbo. Los congresistas Julián Peinado y Karina Espinosa, del Partido Liberal, con dos contratos que sumarían $21.000 millones, en …Envigado, …Tarso y …Sincelejo.”[19].
De otra parte, a nivel estatal denuncias indican una grave corrupción atribuida a la saliente procuradora general Margarita Cabello, la cual resume así la destacada periodista Cecilia Orozco Tascón: “Denuncia por compra de la sede de la Procuraduría en Barranquilla por más de $20 mil millones pese a que el avalúo indicaba que el valor era de $10 mil millones; queja penal por la repetida violación de las leyes de contratación con la adjudicación directa y favorecimiento a ciertos grupos; reclamo sindical por la transferencia, con fines de evasión de la vigilancia pública, de más de $30 mil millones del presupuesto de la Procuraduría a la opaca Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); advertencias periodísticas por clientelización y politización de la Procuraduría por la asignación por influencias, de los cargos más jugosos de la entidad con salarios de $25, $30 y $40 millones mensuales; cruce o cercanía peligrosa de los intereses de su hijo con los de esa entidad, etc.”[20].
Y, la Contraloría General en un balance reciente que consolida información desde 2022 sobre el manejo de recursos públicos, establece hallazgos en distintas entidades, entre los cuales aparece el mal manejo de recursos en la salud por parte de empresas prestadoras de servicios por un monto de $11 billones. Este ente de control ha emitido 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por $498.539 millones; 41 fallos de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados por $542.995 millones; y, en el Fomag -que atiende al personal del sistema educativo oficial en salud- estableció entre 2023 y 2024 hallazgos fiscales por más de $436 mil millones a través de la delegada para el Sector Educación[21].
Los proyectos de reformas sociales entre avances y disputas, la agenda legislativa:
La agenda legislativa gubernamental prioriza las reformas sociales con el concurso de las bancadas del Pacto Histórico y de otras fuerzas políticas aliadas. En 2023 logró la aprobación por primera vez de una reforma tributaria progresiva con liderazgo de la senadora Clara López y del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de Vida” precedido de amplia consulta regional. En 2024 la aprobación de la reforma pensional con varios pilares que amplían beneficios hacia más de tres millones de personas de avanzada edad, mismo año en que terminaron hundidos los proyectos de reformas a la salud ante la resistencia de las empresas privadas que han monopolizado su presupuesto y la laboral ante la oposición de la élite empresarial reacia a reconocer derechos laborales fundamentales de la población trabajadora. Paralelamente, fracasó el proyecto de reforma educativa cuando en su texto de conciliación sectores de derecha lograron imponer normas para perpetuar la tendencia a la privatización, lo cual ocasionó la movilización del sector educativo en su rechazo.
La reforma pensional fue sancionada por el presidente, pero cursan numerosas demandas por supuestos vicios de trámite ante la Corte Constitucional. Sobre la ley pensional el ministro de trabajo entrante Antonio Sanguino anotó: “Tres millones de adultos mayores están esperando su pensión solidaria a partir del 1 de julio. Las decisiones de ciudadanos de pasarse de los fondos privados a Colpensiones también requieren con urgencia la implementación de la reforma”[22].
Por su parte, la reforma a la salud liderada inicialmente por la ministra de salud Carolina Corcho, que se hundió el primer semestre de 2024, se volvió a presentar y se ha debatido en la Cámara hasta lograr su aprobación recientemente con liderazgo del actual ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo y apoyos además de la bancada del Pacto Histórico de representantes de los partidos Alianza Verde, la U, Liberal y Conservador, de forma que el proyecto pasa a consideración del Senado. La representante a la Cámara por Alianza Verde Martha Alfonso que se destacó como ponente del proyecto inicial, caracteriza así la situación del actual proyecto de reforma a la salud aprobado por la Cámara: El nuevo proyecto de reforma a la salud con relación al anterior es bastante acotado, pasó de 127 a 62 artículos, requiere de revisiones jurídicas y técnicas y concede más posibilidades de intervención a las EPS. Situación que evidencia el ánimo de consulta, discusión, concertación y concesiones que han tenido el gobierno y las bancadas que apoyan el proyecto.
“…negocia muchísimo con las EPS. Hoy las EPS, gestoras de salud y vida, están de manera transversal en toda la reforma y en el sistema”. Aunque aclara que se mantienen aspectos centrales de la reforma en el proyecto actual: “Se mantiene el giro directo y la administración del flujo de recursos entre Adres e IPS; es decir, se elimina la intermediación que hacen las EPS. También se mantiene la atención primaria en salud, que es una de las columnas vertebrales de la reforma. (…) Prefería la primera versión, pero entiendo que hay una realidad política y se modifican las cosas…”[23].
La reforma laboral busca recuperar derechos laborales básicos contenidos en tratados internacionales a instancias de la OIT y corregir la profunda precarización del trabajo impuesto en las últimas décadas. Su proyecto fue presentado por la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez, pero se hundió ante la presión de los gremios económicos que discutían su supuesta inconveniencia ante las dificultades económicas de coyuntura. Sin mayores modificaciones se radicó el nuevo un proyecto que avanzó en la Cámara con el liderazgo de la coordinadora ponente María Fernanda Carrascal -del Pacto Histórico-, de forma que en la concertación con los opositores se eliminaron 30 artículos, en especial de derechos colectivos y sindicales. Sin embargo, mantuvo avances progresistas como la restitución completa del recargo en días de descanso y la recuperación del reconocimiento de horas laborales de la jornada nocturna. Por tanto, su archivo por la Comisión VII de Senado lo es de un proyecto concertado y modificado notoriamente, por lo cual el Pacto Histórico y congresistas de otras bancadas defensoras del proyecto argumentaron el desconocimiento de mínimos derechos laborales considerados:
“…la reforma propone que los contratos a término indefinido sean los que imperen en el país, mecanismos de formalización para los trabajadores rurales y domésticos, una regulación clara para los repartidores que trabajan mediante una plataforma, beneficios económicos para los contratos de aprendizaje de los estudiantes del Sena, estímulos para la creación de empleos jóvenes y el aumento de la licencia de paternidad”[24]. Busca también reconocimiento de la jornada nocturna desde las 7 pm y el recargo completo para días de descanso o festivos y reconocimiento de derechos al trabajo doméstico.
En reacción al nuevo hundimiento de la reforma laboral las centrales obreras en un comunicado de rechazo llamaron a la movilización: “…las élites políticas y económicas del país, representadas en la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, siguen atentando contra los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. La reforma laboral es un paso fundamental para la justicia social, con medidas que dignifican el trabajo y garantizan mayor estabilidad, condiciones justas y equidad en el empleo”[25], por tanto, convocaron a la movilización de protesta del 18 de marzo pasado en las distintas ciudades del país.
El gobierno ha conseguido alianzas mayoritarias que permitieron la aprobación de las reformas a la salud y laboral en la Cámara, pero repetidamente son hundidas en la Comisión VII del Senado. La oposición uribista es particularmente radical en su oposición a las reformas sociales puesto que las principales leyes que debilitaron los derechos sociales se expidieron con particular iniciativa de Álvaro Uribe desde el Senado y luego como presidente. Se ha unido a esta posición Cambio Radical que le disputa al uribismo el espacio de la extrema derecha. También en oposición a las reformas sociales han estado sectores de derecha y defensores del estatus quo de los llamados partidos tradicionales y sus variantes. De forma que, aunque los proyectos logran avanzar positivamente en debates y concertaciones posibles, han tenido desde estos sectores opositores permanentes dilaciones, rupturas del cuórum, negativa a agendarlas en las agendas, entre otras maniobras obstruccionistas.
“Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario (…) Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina”[26].
Con relación a otras iniciativas en la agenda legislativa del gobierno hay avances y posibilidades con los proyectos de reforma a la Justicia y de Jurisdicción Agraria. Mayor dificultad tiene el proyecto de ley tributaria para conseguir los $12 billones de desfinanciación para el plan de desarrollo. Cursa positivamente con iniciativa inicial de varios sectores el proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que distribuye con los departamentos los presupuestos de educación, salud y saneamiento básico, el cual pretende modificar las competencias con mayores recursos para los entes territoriales, rescatando el parámetro constitucional original al respecto, desvirtuado para negar el carácter progresivo de los derechos sociales por los gobiernos Pastrana y Uribe. Y, el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico lidera un proyecto de ley con apoyo de congresistas de distintos partidos en un nuevo intento de reducir los exageradamente altos salarios y los jugosos beneficios establecidos para los congresistas.
Crisis ministerial tras el Consejo de Gobierno del 4 de febrero, reconformación del gabinete:
El 4 de febrero pasado se dio el primer consejo de ministros con transmisión pública: afloraron críticas y desacuerdos ante el nombramiento de jefe de gabinete a Armando Benedetti y de canciller a Laura Saravia. Francia Márquez vicepresidenta y ministra de Igualdad, Gustavo Bolívar director de Prosperidad Social, Susana Muhamad ministra de Ambiente, Alexander López director del DNP y Augusto Rodríguez director de la UNP, consideraron inconveniente el nombramiento de Benedetti y varios criticaron actitudes de Saravia frente al equipo de gobierno. Por su parte, Jorge Rojas director del Dapre había cuestionado la figura de jefe de gabinete al estimar que lesionaría la misión del presidente frente a sus ministros. Benedetti es reconocido como político tradicional, pragmático y vinculado a investigaciones administrativas y judiciales por supuestas conductas irregulares que incluyen un caso de violencia de género contra su pareja. Es distante y desconfiado hacia las vertientes de izquierda, pero apoyó causas progresistas de Gustavo Petro en el Senado y fue importante en la campaña de su elección a presidente. Alexander López llegó a expresar que Benedetti: “no nos representa en este proyecto”. Francia Márquez agregó el tema de corrupción y reitero estar afectada junto con su familia por una grave situación de inseguridad.
“Benedetti es una figura polémica que tiene investigaciones que van desde su presunto rol en temas de financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 hasta acusaciones de presunta violencia de género. (…) la Fiscalía lo acusó por el delito de injuria agravada y la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presunto tráfico de influencias en el caso del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade)”[27].
Petro calificó de sectarismo el rechazo a Benedetti y a Saravia y argumentó la composición plural y diversa del proyecto político del gobierno. Ante las críticas hechas argumentó que “siempre hay una segunda oportunidad”. Llamó a que los ministros y altos funcionarios debían estar de lleno en cumplimiento de las misiones de sus cargos y que quienes tuvieran aspiraciones electorales debían salir del gabinete[28]. En la reunión se había puesto énfasis en la crítica a la baja ejecución y cumplimiento de compromisos por varios ministerios e instancias gubernamentales, ante lo cual Petro hizo un llamado fuerte: “el informe de cumplimiento es fatal, me da vergüenza”, se dijo que, de 195 compromisos asumidos en los pasados consejos realizados en distintos lugares del país, 146 no se habían cumplido. Habló de agendas paralelas de altos funcionarios que combinaban su gestión institucional con expectativas político-electorales. Recurrió, como es frecuente, a extensas intervenciones con temáticas distintas, entre las que hizo dura crítica a las vertientes de izquierda, incluso con el sesgo de desconocer su aporte fundamental al proyecto progresista y de reiterar exageradas y discutibles exaltaciones a la guerrilla M19. A la vez, sus fuertes críticas al equipo de gobierno no incluyeron algún reconocimiento autocritico de su propio rol y relación posible con problemáticas referidas.
El gabinete estaba citado para discutir los decretos de conmoción interior en Catatumbo lo cual no fue abordado y los ministros y directivos de institutos participantes no tenían previa información de la transmisión en canal público de TV. En la discusión que suscitó este consejo se leyó que el presidente Petro ante evidentes dificultades en la gestión gubernamental y en el logro de los proyectos legislativos, se dispondría a buscar la recuperación de mayores alianzas políticas posibles, abrir el gobierno en tal sentido y proyectarse en mejores condiciones hacia el desafío electoral del 2026[29].
De inmediato, la fractura en el gobierno dio paso a la recomposición del gabinete. Presentaron renuncias irrevocables Juan David Correa, ministro de Cultura; Jorge Rojas director del Dapre; Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior no participó en este consejo, pero previamente había propuesto renunciar a todo el gabinete para dejar en libertad al presidente de reconformar el gobierno. Petro solicitó la renuncia protocolaria a todos los ministros y directores de departamento. “Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”, fue su mensaje.
Juan Fernando Cristo de amplia trayectoria política y uno de los referentes de las vertientes de centro progresistas como ministro promovió el entendimiento hacia un Acuerdo Nacional con distintas bancadas. Afirmó públicamente que se habían desatado tres crisis en el país por las que debe actuar en correspondencia el gobierno: “crisis en seguridad, crisis en relaciones exteriores” y la “crisis de gobierno” que se precipitó en ese consejo de seguridad, el cual calificó de equivocado porque la revisión de la gestión ya se había dado en un consejo anterior y consideró que se expusieron públicamente “disputas internas que no se tramitaron de la forma más adecuada”. Además, cuestionó la evaluación sobre “promesas cumplidas o no al momento”, desviando la atención de la valoración de la gestión a la luz del Plan Nacional de Desarrollo comprometido[30].
Fue coincidente entonces con la voz de la importante senadora del Pacto Histórico Clara López, quien llamó a partir de esta crisis del gabinete a ampliar la representación en el gobierno, argumentó que la dirección correcta no era “hacer un Gobierno estrictamente de izquierda, lo cual no fue lo que eligió el pueblo colombiano”. Y, señaló una crítica de fondo en la planeación, control y balance de las gestiones gubernamentales, enfatizando que deben hacerse ante todo es con relación al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no de eventuales compromisos derivados de foros públicos[31].
Desde la orilla de la oposición el columnista Gabriel Quintero y otros interpretaron esta crisis ministerial como “el ocaso del gobierno”: “…el remezón ministerial, que se sabía inevitable, marcó un punto de inflexión y el ocaso del Gobierno”[32]. Incluso desde la derecha tradicional voces afirmaron que el problema era que el gobierno Petro proponía reformas “imposibles de lograr”, caso del columnista Mauricio Lloreda: “El presidente Petro debe haber lamentado, o al menos registrado, el cómo ganar unas elecciones con promesas imposibles”[33]. En línea similar el exministro y líder del conservatismo Mauricio Cárdenas afirmó que el gobierno “implosionó” con esta crisis ministerial y llamó al país a retomar a la manera de Milei en Argentina las políticas neoliberales: “…un gobierno desprestigiado e infuncional, que implosionó en vivo y en directo (…) Colombia necesita otra cosa: un gobierno capaz de proponer medidas impopulares pero necesarias -como el cierre de programas estatales y entidades públicas que no funcionan-…”[34].
En la recomposición del gabinete asumieron: Laura Saravia (Relaciones Exteriores), María Fernanda Rojas -partido Verde- (Transporte), Antonio Sanguino -partido Verde- (Trabajo), Yannai Kadamani (Cultura) y Angie Lizeth Rodríguez directora del Dapre. El ex general de la Fuerza Aereoespacial Colombiana (FAC) Pedro Sánchez (Defensa). Posteriormente, asumió Armando Benedetti (Interior), Edwin Palma -del PTC- (Minas y Energía), Luz Cristina López -partido Conservador- (Deporte), Lena Yanina Estrada -indígena- (Ambiente), Carlos Rosero -del Proceso de Comunidades Negras- (Igualdad). El presidente anunció la llegada de Julián Molina -partido de la U- a Min TIC. Recientemente en ministerio de Hacienda -Germán Ávila -procedente del M19- y quedó pendiente el cambio en el ministerio de Comercio. Si bien la composición política del gabinete por procedencias partidistas es muy similar, el presidente destacó el énfasis en las representaciones sociales.
Situación muy distinta ha sido la ocurrida con los siguientes consejos de ministros realizados públicamente con posterioridad, con centro temático definido, intervenciones preparadas y ordenadas e intercambios francos y constructivos. Uno de ellos trató sobre las medidas gubernamentales en la crisis de Catatumbo. Otro sobre el proyecto de reforma a la salud y el informe de la Superintendencia de Salud que encontró drogas en bodegas no repartidas a pacientes generándoles negativas consecuencias. Otro sobre la situación de los proyectos y avances en el sector educativo. Y, el más reciente, sobre el sector eléctrico y la resistencia de empresas monopólicas que controlan la generación a aceptar la regulación que propende por las rebajas del costo a la población, así como los avances en generación de energía desde las comunidades.
Alta tensión política, inmensa movilización social en respaldo a las reformas y propuesta de Consulta Popular:
El pasado 11 de marzo ante el impresentable hecho del archivo del proyecto de reforma laboral sin posibilitar discutirlo por parte de la Comisión VII del Senado el presidente Petro reiteró su argumento de que existe un “bloqueo institucional” contra las posibilidades de aprobación de esta y de otras reformas sociales propuestas por su programa de gobierno y tramitadas por la bancada del Pacto Histórico y varios sectores aliados en el Congreso. En una declaración pública emitida acompañado de miembros de su gabinete, de la bancada del Pacto Histórico y liderazgos sociales propuso en consecuencia realizar una Consulta Popular en demanda del contenido esencial de la reforma laboral propuesta y convocó a la ciudadanía a realizar marchas en demanda de las reformas sociales propuestas el mismo 18 de marzo que estaba la convocatoria de las centrales obreras. El hecho fue interpretado prevenida y equivocada por sectores de oposición que llegaron a expresar que el ejecutivo convocaba a la ciudadanía contra el Congreso de forma arbitraria o desinstitucionalizante o que la Consulta Popular -habilitada por la Constitución Política y la Ley de participación ciudadana- sería una especie de golpe de Estado del gobierno contra otras ramas públicas.
Entre estos sectores el Centro Democrático atraviesa dificultades con el juicio a Álvaro Uribe que ponen al descubierto testimonios de sus nexos con el paramilitarismo, al no lograr posicionar una candidatura presidencial viable y percibir que -al igual que en 2022- ya no son opción de gobierno. Cambio Radical intenta repetir con la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, derrotada en las pasadas dos contiendas, desde su posición de absoluta descalificación del gobierno y de sus reformas, relacionada con su posición elitista de mixtura entre sectores tradicionales y asociados con mafias y corrupción electoral. Desde el centro derecha no despunta una alternativa fuerte, pero buscan copar este espacio en disputa Claudia López y Sergio Fajardo, con discursos de cerrada oposición contra el gobierno y sus iniciativas.
El presidente del Senado y líder del Partido Conservador tiene una posición hostil ante las iniciativas gubernamentales y señala al presidente Petro de supuestamente no respetar la autonomía del Congreso y califica las reformas sociales propuestas como “nocivas”. El presidente del Partido Liberal César Gaviria produjo la ruptura con el gobierno y declara abierta oposición a sus propuestas de reformas sociales. También Nadia Blel presidenta del Partido de la U mantiene total oposición a los proyectos del gobierno. Sin embargo, el gobierno mantiene aliados en sectores de niveles de importancia de los partidos Alianza Verde, Liberal, Conservador y La U, de forma que tales aliados tienen participación en el gobierno.
También el gobierno cuenta con oposición y confrontación predominante del sector de los grandes gremios que se oponen desde sus intereses de poder económico a las reformas de equidad social y filan con vertientes de la política tradicional defensora del estatus quo: “El jefe de Estado tiene peleas casadas con los empresarios de la energía, el gas natural, los fondos privados de pensiones y las grandes industrias. Incluso ha chocado con ellos por otro de sus enfrentamientos, el que tiene con Donald Trump por la migración y los aranceles”[35].
Escenario reiterado bajo el gobierno Petro ha sido la disputa de la calle entre las marchas en defensa del proyecto progresista y las marchas de sectores de la oposición. En la presentación del nuevo gabinete Petro lo planteó en estos términos: “no nos podemos frenar, la calle es otra vez el escenario”. Días previos a la marcha del 18 de marzo el presidente en encuentro con lideres indígenas anunció que declaró ese día de carácter cívico para facilitar la movilización de la población en las manifestaciones y expresó en su llamado a la participación en ella: “comienza la Consulta Popular en Colombia, comenzamos la gran campaña nacional por el SI”. Los medios de prensa hegemónicos callaron sobre la dimensión que cobró la marcha del 18 de marzo, que desbordó la Plaza de Bolívar en Bogotá y de dio de forma nutrida en todas las ciudades y muchos municipios del país. Oxígeno de respaldo popular para el gobierno y sus proyectos. Cota muy alta para el próximo intento de marchas opositoras contra el gobierno y las reformas sociales. Adicionalmente, existe una agenda de las organizaciones sindicales y sociales del ámbito popular para proseguir las marchas con impacto nacional en favor del cambio progresista y del gobierno, estando próxima la tradicional del 1 de mayo, día internacional de la clase obrera.
La propuesta de Consulta Popular por la reforma laboral debe presentarse al Senado que podrá aprobarla, si esto se logra el presidente tiene cuatro meses para convocarla, de forma que el día de su realización no puede coincidir con el de otras elecciones. Aprobada la Consulta Popular la Registraduría debe garantizarla. De acuerdo con el actual censo electoral existen: 40.963.370 de personas habilitadas para votar, el mínimo de votantes para que tenga validez la consulta es de la tercera parte del censo electoral: 13.654.456 de los cuales al menos la mitad más uno: 6.927.229 deben votar positivamente para que sea obligatorio su cumplimiento. Tal cumplimiento le exige al Congreso adoptar el desarrollo legal correspondiente y, de no hacerlo, el presidente podrá hacerlo extraordinariamente por decreto ley.
“Si se cumplen todos los requisitos, el Congreso debe expedir las leyes dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si el Legislativo no lo hace, el presidente, dentro de los tres meses siguientes, hará los cambios mediante decretos con fuerza de ley”[36].
Efraín Cepeda, presidente del Congreso y principal dirigente del partido Conservador declaró que, si la Consulta Popular fracasa, “el gobierno quedará desinstitucionalizado”. El presidente Petro le respondió: “me arriesgo, pongo el gobierno en manos del pueblo”. Ante la tensa situación política actual que se expresa al seno de las ramas del poder público y al seno de la sociedad, el diario El Espectador editorializó afirmando que hay una “crisis institucional”, concepto discutible, puesto que es más una crisis en términos de confrontación política y social de proyectos en disputa con impactos en las esferas institucionales. Pero en su argumentación con validez este editorial rechazó las afirmaciones de quienes consideran la propuesta gubernamental de Consulta Popular “un acto autoritario” o supuesto “golpe de estado institucional”. Aclaró que es un recurso legítimo de participación ciudadana. Aunque a la vez, hizo este texto un llamado al gobierno y a sus seguidores para evitar que la “entendible indignación”, por el “archivo de entrada” sin posibilitar el debate del proyecto laboral, sea respondido por “amenazas veladas de violencia”:
“El grupo de ocho senadores que en la Comisión Séptima del Senado decidieron tirar por la borda uno de los proyectos insignia del gobierno de Gustavo Petro le están haciendo un mal servicio al país. Por su parte, el presidente de la República, en su entendible indignación no puede lanzar amenazas veladas de violencia al tiempo que convoca a sus partidarios a defenderlo en la calle. A su vez, los comentaristas políticos que ven en las consultas populares un supuesto golpe de Estado o acto autoritario harían bien en, por lo menos, leer la Constitución antes de lanzarle más leña al fuego de la polarización nacional”[37].
Sin embargo, vale afirmar que no es cierto afirmar que el presidente Petro o el movimiento político y social que lo acompaña realiza “amenazas veladas de violencia”, sino que en esta intensa disputa política, social y ciudadana se ha dado y se dará sin duda mediante presupuestos y actuaciones civilistas y pacíficas. Distinto es la necesidad de aclarar ciertas expresiones que han desatado debate, caso de la expresión presidencial de: “sacar a los congresistas” que no apoyan las reformas. Puesto que esto debe entenderse como la posibilidad de la recomposición democrática del Congreso, fortaleciendo la presencia de las vertientes progresistas para evitar mayorías de los opositores a la regulación de derechos y garantías. Otras voces insisten de manera sectaria e infundada en supuesta violencia del gobierno y de su proyecto de cambio progresista: “Aquí lo importante es entender que Petro incendiará a este país, buscará el caos, …”[38]. Sin embargo, no es de desconocer que también en los debates el presidente Petro recurre en ocasiones a expresiones sectarias, innecesarias, frente a contrincantes políticos, lo cual debe evitarse. Esto puede atizar la pugnacidad y debilitar entendimientos y aliados posibles. Al respecto voces desde el centro progresistas han reclamado, caso del ex jefe negociador de paz y ex senador Humberto de la Calle quien declaró a la prensa con relación a esta crítica al presidente: “El Gobierno corre el riesgo de que su legado se limite a esa política de odio y descalificación que es muy dañina…”[39].
En todo caso, Colombia vive un intenso proceso político de disputa de proyectos. O el cambio democrático con reformas democráticas concertadas y apoyadas en la movilización ciudadana, que agencia el gobierno Petro, o el mantenimiento del estatus quo y el retorno al paradigma del modelo neoliberal en crisis que agencian los sectores de inmenso de poder político y económico tradicional y que apelan a respaldos de sectores de la sociedad. Esto puede leerse como la vitalidad de la conflictividad propia de la sociedad que debe canalizarse positivamente bajo presupuestos democráticos. No es válido lo que sucede en Colombia al cliché descontextualizado de simple “polarización”, puesto que hay tensiones fuertes y diversas como también convergencias y concertaciones diversas en la gran movilización y la amplia movilización que experimenta la ciudadanía, de forma que conducen a la politización y la toma de partido frente a los asuntos públicos y las libertades en el ejercicio de todas las acciones, que es la política y sus opciones requeridas.
Por tanto, las tensiones y luchas frente a dilemas políticos y programáticos en juego demuestran que en el país se rompió el molde de la sucesión de los gobiernos de las élites tradicionales de poder y se despeja un horizonte de reformas y cambios posibles en democratización política, de acceso a derechos, inclusión, equidad y justicia. Requerimos alentar y dar continuidad a tal propósito de la más amplia unidad posible y de responder al llamado compartido por muchas vertientes de forjar un gran Frente Amplio por la Paz y la Democracia. Con esta movilización y los logros que se consiguen, somos parte de la nueva ola de gobiernos progresistas en Nuestra América y de las exigencias de multilateralismo y de respeto a la soberanía y autodeterminación de pueblos, naciones y países. Con todos ellos en sentido general buscamos cambiar las condiciones, las arbitrariedades y guerras y formas de violencia impuestas por la hegemonía del gran capital y de sus agencias a través de grandes potencias, transnacionales y corrientes regresivas que ahora pretenden revitalizarse.
________________________
[1] “La soledad de Petro”, Salomón Kalmanovitz, El Espectador, 3 de marzo de 2025, p. 16.
[2] “Los Trizas y el abominable Petro”, Julio César Londoño, El Espectador, 22 de febrero de 2025, p. 16.
[3] “La economía languidece”, Salomón Kalmanovitz, El Espectador, 24 de febrero de 2025, p. 16.
[4] “Turismo en Colombia registró cifras récords en 2024, según ProColombia”, El Tiempo, 5 de febrero de 2025, p. 1.9.
[5] “Exportaciones, las más bajas de los últimos tres años”, Redacción Economía y Negocios, El Tiempo, 5 de febrero de 2025, p. 1.9.
[6] “Cruda realidad. Las noticias agridulces de Ecopetrol en 2024”, El Espectador, Redacción económica, 5 de marzo de 2025, p. 1-3.
[7] “Ejecución del presupuesto de 2024, la más baja desde 2020”, Rafael Quintero, El Tiempo, 1 de febrero de 2025, página 1.4.
[8] “Ejecución presupuestal y déficit fiscal cerraron el año con deterioro récord”, Redacción Economía y Negocios, El Tiempo, 5 de febrero de 2025, p. 1.8.
[9] “Ejecución presupuestal y déficit fiscal cerraron el año con deterioro récord”, Redacción Economía y Negocios, El Tiempo, 5 de febrero de 2025, p. 1.8.
[10] “Mal momento para cambiar en el Minhacienda”, El Espectador, Santiago La Rotta, 19 de marzo de 2025, p. 4.
[11] “Tributos, solidaridad y consolidación fiscal”, Diego Guevara Castañeda, ministro de Hacienda y Crédito Público, El Tiempo, 16 de febrero de 2025, p. 1.13.
[12] “Crítico balance en el sector de la defensa tras salida de Velásquez”, El Tiempo, Jesús Blanquicet, Redacción Justicia, 12 de febrero de 2025, p. 1.3
[13] “Crítico balance en el sector de la defensa tras salida de Velásquez”, El Tiempo, Jesús Blanquicet, Redacción Justicia, 12 de febrero de 2025, p. 1.3
[14] “Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en Colombia, 1 de enero al 31 de diciembre de 2024”. (2025). OACNUDH, Bogotá, DC, 24 de febrero de 2025, en: Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2024 | ONU-DH COLOMBIA
[15] “Colombia: Balance Humanitario 2024”. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en: El costo humano de los conflictos armados en Colombia | COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
[16] “Colombia: Balance Humanitario 2024”. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en: El costo humano de los conflictos armados en Colombia | COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
[17] “El imparable tsunami de la corrupción”, Elizabeth Ungar Bleier, El Espectador, 6 de marzo de 2025, p. 17.
[18] “Fuego amigo y ajustes: así se rearma Petro para el epílogo de su administración”, El Espectador, David Efrén Ortega, 2 de marzo de 2025, p. 4.
[19] “La matriz de contratos que enreda a 28 congresistas”, El Espectador, Redacción Judicial, 1 de marzo de 2025, p. 5.
[20] “Cabello: mona que se viste de poder”, Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, 26 de febrero de 2025, p. 16.
[21] “Contraloría investiga mal manejo de $11 billones de la salud”, El Espectador, 11 de marzo de 2025, p. 2.
[22] “Antonio Sanguino aterriza en un ministerio lleno de desafíos”, Diego Ojeda, El Espectador, 21 de febrero de 2025, p. 6.
[23] “Prefería la primera versión de la reforma a la salud”, entrevista a la representante a la Cámara Martha Alfonso, por Ana María Cuesta, editora de Justicia, El Tiempo, 15 de febrero de 2025, p. 1.4.
[24] “El camino de la reforma laboral: esto está en juego”, El Espectador, Diego Ojeda, 12 de marzo de 2025, p. 3.
[25] “El camino de la reforma laboral: esto está en juego”, El Espectador, Diego Ojeda, 12 de marzo de 2025, p. 3.
[26] “Derecha demoniza la reforma laboral”, Cristina de La Torre, El Espectador, 18 de marzo de 2025, p. 16.
[27] “Petro se la jugaría por Benedetti en el Min interior como carta para recuperar su gobernabilidad”, El Espectador, Redacción Política, 24 de febrero de 2025, p. 4.
[28] “La rebelión contra el nombramiento de Benedetti marcó la cita”, Primer plano, El Tiempo, 5 de febrero de 2025, p.1.3.
[29] “Sismo en el alto gobierno tras el consejo de ministros televisado”, El Tiempo, Primer plano, 6 de febrero de 2025, p. 1.2.
[30] “El presidente Petro tiene el cambio de gabinete más importante de su mandato”, entrevista a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, por Juan Sebastián Lombo, El Tiempo, 16 de febrero de 2025, p. 1.7.
[31] “Un gobierno estrictamente de izquierda no fue lo que eligió el pueblo: López”, El Tiempo, entrevista a la senadora Clara López, por Juan Lombo, Política, 12 de febrero de 2025, p. 1.3.
[32] “El grito de los fieles y el de los otros. El ocaso del Gobierno.” Gabriel Cifuentes, El Tiempo, 14 de febrero de 2025, p. 1-15.
[33] “Motín y reconstrucción”, Mauricio Lloreda, El Tiempo, 14 de febrero de 2025, p. 1.16.
[34] “¿Quién tiene la fórmula?”, Mauricio Cárdenas, El Tiempo, 15 de febrero de 2025, p. 1.13.
[35] “Así se calientan los cinco escenarios que definirán la puja entre petrismo y oposición”, El Espectador, David Efrén Ortega, 23 de febrero de 2025, p. 4.
[36] “El paso a paso de la Consulta Popular”, El Espectador, 13 de marzo de 2025, p. 2.
[37] “¿Sirve alimentar la crisis institucional?”, editorial, El Espectador, 16 de mayo de 2025, p. 36.
[38] “Estrategia a 440 días”, El Espectador, Pablo Felipe Robledo, 19 de marzo de 2025, p. 18.
[39] “El gobierno corre el riesgo de que su legado se limite a la política de odio”, entrevista con Humberto de la Calle, Mateo García, El Tiempo, 2 de febrero de 2025, página 1.10.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Integrante Fundación Cultura Democrática (Fucude), catedrático universitario.
Foto tomada de: El Espectador
Deja un comentario