Los Estados nacionales modernos, descansan sobre un principio democrático (que surgió en Europa en el siglo XVIII como reacción al Estado monárquico absolutista), consistente en la división del poder del depuesto monarca, en tres poderes públicos independientes, que se regulan y controlan entre sí.
Esa concepción democrática del poder político, parte de reconocer que unos actores políticos administran los recursos y gobiernan; otros más plurales y diversos hacen las normas o leyes que deben ser cumplidas por los ciudadanos y los otros poderes; y unos terceros muy profesionales y especializados, son los encargados de hacer cumplir las leyes, diferenciándose así con toda claridad los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Nuestra Constitución, así como la mayoría de los países de los continentes americano y europeo, parten de ese principio de división del poder político, y su operación con independencia, que debe dar como resultado un EQUILIBRIO producto de la auto-regulación y concertación entre estos poderes.
La división de poderes es un principio básico en la construcción de un Estado democrático moderno, comparte un estatus fundamental con otros principios como:
- La soberanía legitima recae en el pueblo, quien la ejerce a través de diversos mecanismos de participación ciudadana, bajo el principio de igualdad: un ciudadano un voto.
- La alternancia en el poder, que significa que ningún partido o expresión política, puede perpetuarse en el ejercicio del poder ejecutivo.
- El respeto e independencia de los otros poderes, es decir que el poder se debe ejercer democráticamente partiendo del respeto y no injerencia sobre los otros poderes del Estado, respetando siempre su autonomía.
- La misión o fundamento del Estado moderno, es garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos a sus ciudadanos, de ello depende su legitimidad y eficiencia.
Primer golpe al equilibrio de poderes.
Nuestro ordenamiento constitucional incorporó todos estos principios democráticos, convirtiéndolo en una de los “más modernos” del continente, cuando fue proclamada la Constitución[1]. Sin embargo, ha sufrido serías transformaciones que han venido contribuyendo a que se rompa el EQUILIBRIO de los poderes públicos. El cambio que podríamos decir, más debilitó o contribuyo a la ruptura del equilibrio de los poderes públicos, fue la inclusión fraudulenta[2] de la REELECCIÓN PRESIDENCIAL, afectando otro principio democrático, también fundamental, que consiste en que los congresos legislan buscando el interés general, y no el beneficio de una persona o expresión política, así como, que las reformas políticas no pueden operar de manera inmediata y en beneficio de los legisladores.
Este cambio, trajo como resultado, que el poder ejecutivo, que en el ordenamiento jurídico estaba diseñado para 4 años, con la posibilidad del doble periodo, lograra incidir en la configuración de los otros poderes especialmente en la justicia, de manera tal, que pueda cooptarla en su beneficio.
Aquí hay que ser justos, y resaltar que fue la propia Corte Constitucional la que ejerciendo la autonomía de poderes y su independencia constitucional y legal, hecho abajo la posibilidad de una segunda reelección presidencial, impidiendo que Colombia con el presidente Álvaro Uribe siguiera los mismos pasos del vecino país de Venezuela, con el proyecto político del presidente Hugo Chávez.
La independencia del poder legislativo.
Es más que evidente, que el honorable Congreso de la República, se controla por parte del poder ejecutivo (Gobierno Nacional) a través de los denominados CUPOS INDICATIVOS[3], y el reparto de los cargos de dirección de las instituciones nacionales en los diferentes departamentos del país, con lo cual estas entidades son víctimas del saqueo y la corrupción, llevándolas en la práctica a la imposibilidad de cumplir su misión legal. Se han convertido en botines de saqueo de las élites políticas, que controlan su contratación y nóminas en beneficio de los intereses individuales de los congresistas y sus expresiones políticas corruptas.
El gobierno del presidente Iván Duque Márquez, en su campaña y en su primer año de gobierno sostuvo que mantendría una relación distinta con el congreso; sin embargo, rápidamente resultó entregando ministerios y cargos a sus aliados políticos para poder ganar algunos niveles de gobernabilidad. Recuérdese que antes de la pandemia el Presidente de la República tenía la popularidad más baja de los presidentes latinoamericanos, con una aceptación de apenas un poco más del 20%.
La verdad es que nuestro sistema electoral es perverso y está diseñado para que los actores políticos, privilegien sus intereses económicos, por sobre los intereses de sus electores, a quienes tienen que sobornar cada 4 años a través de un sofisticado mercado o bolsa electoral.
Sin muchas excepciones, los congresistas de los partidos que provienen de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que hoy están en el gobierno o en independencia, son sobornables, unos se venden más caro que otros, pero todos tienen precio, sin el cual no pueden reelegirse en unas elecciones que cada vez se vuelven más costosas.
La principal pandemia que padece Colombia es la corrupción, y su principal cáncer, es la clase política que se encuentra enquistada mayoritariamente en el congreso, esas células malignas vienen haciendo metástasis, y su único medicamento eficaz es la renovación de las elites que se benefician individualmente de su poder y venden al mejor postor su independencia. Esa es una de las mayores debilidades democráticas del Estado colombiano. Por eso hablamos de una crisis de los partidos políticos y sus microempresas electorales.
La independencia del poder judicial.
La verdad es que el poder judicial ha sido el actor institucional que en la práctica ha logrado ponerle límites a las ambiciones y codicia de unas elites políticas corruptas que pretenden subordinar el Estado a sus mezquinos y particulares intereses.
Así lo hizo con valentía, al condenar a más de 80 congresistas por sus vínculos con los paramilitares, la llamada PARAPOLITICA, que logró incidir significativamente en la conformación del poder legislativo, al afirmar públicamente que tenían por lo menos el 30% de los congresistas en favor de su proyecto político de refundar a Colombia como una República antisubversiva y paramilitar. A pesar de ese valeroso e importante acto de depuración, el Congreso legisló para permitir que pudieran mantener su poder político a través de sus cónyuges o familiares, y muchos siguen presentes en esa célula legislativa en cuerpo ajeno.
Hay que reconocer que han sido las altas cortes, en especial la Corte Suprema de Justicia, la que ha condenado a importantes dirigentes del gobierno nacional, por acciones o prácticas corruptas o al margen de la ley, como los exministros Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacios, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Mauricio Santoyo, y muchos otros, vinculados al proyecto político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus aliados históricos.
Que decir de la encomiable función de control de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional, quien en ha sido la entidad que a través de la revisión de las acciones de tutela, ha dado dientes y ha legislado para dar cumplimiento y garantía a los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia y sus minorías. Allí está le esencia el poco Estado social de derecho que existe aún en nuestra maltrecha y debilitada democracia.
No quiero decir que la rama judicial y en particular las altas cortes funcionen de manera perfecta, hay muchas prácticas que han buscado cooptarla, y otros han intentado amedrentarla, como el hoy expresidente y exsenador Álvaro Uribe, que prefiere irse a la justicia ordinaria, en busca de encontrar un débil juez para amedrantar y presionar, y así lograr seguramente, salir airoso por vencimiento de términos, como acostumbran operar sus principales abogados. Ese es un triunfo de la institucionalidad democrática y del equilibrio de poderes y de su independencia.
Hoy la principal debilidad de la Rama Judicial es la falta de independencia[4] del Fiscal General de la Nación señor Francisco Barbosa, frente al gobierno del presidente Iván Duque y su partido. ¿Quién cree que el señor Fiscal va a abrirle un “proceso 8.000” al presidente Iván Duque por la vinculación de dineros y actores del narcotráfico en la campaña presidencial del 2018?. ¿Quién cree que la fiscalía va a acusar con rigor e independencia, como es su función constitucional, al expresidente Álvaro Uribe por los falsos testigos?, y el cúmulo de procesos que eventualmente caerán a la jurisdicción ordinaría, al haber perdido el fuero parlamentario el investigado.
Por último, el expresidente a través de sus hijos, por interpuesta persona, inició un proceso de marketing en Estados Unidos en contra de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica el mayor desacato al Estado de derecho, en contra de la institucionalidad colombiana, esas acciones resultan más nocivas para la institucionalidad democrática que los cientos y miles de ataques armados de las insurgencias, incluida las FARC, contra el Estado colombiano. Razón tenían los magistrados al indicar que era fundamental privar de la libertad al sindicado, por su capacidad para hacerle daño a las instituciones democráticas y a la justicia.
Puede debilitar y producir más inestabilidad al Estado de derecho y las instituciones democráticas, la rabieta pública internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que décadas de acciones de la insurgencia armada. Muchos de sus seguidores deben estar pensando que lo que tanto le reconocen como defensor del Estado de derecho, ahora lo está opacando con su accionar en su contra. En términos coloquiales se podría decir, que lo que hizo con la mano durante su gobierno, ahora lo está borrando con el codo, en procura de un beneficio personal, INDULTO a sus acciones al margen de la ley.
Independencia de los organismos de control.
La falta de independencia de los organismos de control, favorece un clima generalizado de corrupción y el incremento de la pandemia que corroe a Colombia. Cuando usted pone al ratón a cuidar el queso, no espere milagros. En realidad la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, son instituciones altamente burocráticas y manejan unos recursos multimillonarios, con los cuales se puede cooptar a muchos congresistas amigos del gobierno, y si siguen actuando como en el pasado con el Procurador Alejandro Ordoñez, se puede golpear a los opositores políticos, aún actuando al margen de la ley y extralimitándose en sus funciones legales.
La cooptación de los órganos de control por parte del gobierno, le genera muy mala imagen y le quita credibilidad, pues eso significa que no quiere que lo ronden o controlen, y se puede presumir que tiene la tentación de actuar al margen de la normatividad y la legalidad, pues no hay quien lo controle.
Deben estar contentos los inversionistas legales e ilegales que acompañaron la campaña del señor Presidente, pues con los órganos de control cooptados, podrán sacar más tranquilos los recursos y sus utilidades, especialmente en los procesos de contratación pública.
Es una lástima que al gobierno no le alcanzaron los puestos del ejecutivo para devolver favores y ganar “gobernabilidad” y como el ratón no aguató la tentación de mordisquear la burocracia de los órganos de control.
Desde algunos sectores del exterior, empiezan a ver que en el gobierno del Iván Duque, se podría estar debilitando más la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, que décadas de accionar terrorista de grupos armados, que también actúan al margen de la ley.
El mundo democrático hoy está llamado a defender la independencia de las Altas Cortes y del Estado democrático de derecho, que está recibiendo ataques desde la ultraizquierda armada y paradójicamente desde la ultra derecha en el poder. Ambos sectores coinciden en querer menos Estado, más impunidad, y más corrupción lo que significa menos garantía para los derechos de los ciudadanos.
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[1] En 10 meses, en julio de 2021, la Constitución Política Colombiana de 1991, cumplirá 30 años. Este es un buen momento para empezar a hacer balances.
[2] Recuérdese que para ese propósito del gobierno de ese momento, se repartieron notarias y cargos públicos regionales, para lograr las mayorías parlamentarias que hicieron viable ese cambio a la Constitución y al régimen político colombiano.
[3] Antes los auxilios parlamentarios de discrecionalidad de los congresistas, diputados y concejales. Prohibidos por la actual constitución pero hábilmente revividos con los ilegales, ilegítimos y corruptos “Cupos Indicativos”.
[4] El señor Francisco Barbosa, fue compañero de pupitre en la Universidad Sergio Arboleda con el Presidente Iván Duque, quien lo postuló para el cargo.
Miguel Antonio Galvis, Consultor social y político independiente. Director Ejecutivo de la Fundación Siglo XXI EPA.
Foto tomada de: Pulzo
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