Con el triunfo político y electoral de Gustavo Petro se reconoce la existencia del conflicto armado al retomar las negociaciones con el ELN y al examinar el caso de la Segunda Marquetalia. Además, se pretende borrar de la lógica policial y castrense esa perversa extensión del enemigo interno a comunidades tradicionalmente violentadas por los actores armados, incluido, por supuesto, el Estado y la condición militarista que naturalizó el uribismo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.
Lo sucedido en las instalaciones de la petrolera china, Emerald Energy, ubicada en Los Pozos (Caquetá) es la expresión genuina del cambio de doctrina que impulsa el actual gobierno. El propio presidente Gustavo Petro confirmó que le dio la orden a las Fuerzas Militares de no intervenir en la refriega dada entre la guardia campesina y los policías del Esmad. Estos últimos fueron retenidos o secuestrados por los campesinos.
El ministro de la Defensa, Iván Velásquez invitó a sus detractores a reflexionar: “A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento”.
Las muertes del policía y de los dos campesinos son lamentables, pero bien vale la pena examinar el sentido de los reclamos y en particular, en los incumplimientos del anterior gobierno, por ejemplo, en la pavimentación de una importante vía en el sector y el manejo mafioso de las regalías del sector petrolero. El abandono estatal en estos territorios es histórico, de ahí que los violentos reclamos de los campesinos sean producto de las burlas consecutivas de las que han sido víctimas las comunidades asentadas en esa zona.
Eso sí, los voceros del gobierno no pueden caer en prácticas eufemísticas como las del ministro Alfonso Prada, quien calificó la acción de los campesinos como un “cerco humanitario”. No. Una cosa es reorientar la acción policial y militar hacia la defensa de la vida, por encima de la lógica uribista de producir más y mejores resultados operacionales (contar muertos), y otra muy distinta enmascarar las acciones populares bajo acciones humanitarias que jamás ocurrieron.
El duro y violento enfrentamiento entre los miembros de la guardia campesina y los policiales se explica por todos los años en los que la fuerza pública miró a los civiles como sus enemigos, siguiendo las orientaciones de presidentes, como Uribe y Duque, empeñados en consolidar un Estado militarista, capaz de perseguir, someter y asesinar a quienes levanten su voz para reivindicar derechos. Eso sí, no pueden caer los reclamantes en la misma dinámica, asumiendo a los policías, en particular, como sus enemigos. Todo trato inhumano al adversario, aumentan los odios y facilita las cosas a quienes desde la derecha weberiana exigen litros de sangre, amparados en la legitimidad del Estado para violentar a sus asociados.
No será fácil el cambio de doctrina en unas fuerzas armadas envilecidas y degradadas por un conflicto armado interno que solo ha servido para enriquecer a los Señores de la Guerra. En el fondo, el gran enemigo es el neoliberalismo y con este, un Estado que viene operando, desde los años 90, al servicio de una élite mafiosa, criminal y parásita. No podrá en cuatro años el actual gobierno enterrar en los pozos de nuestra historia, eso de considerar como enemigos de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a todo el que se atreva a reclamar sus derechos.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: AS Colombia
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