Liberado del control político de un Congreso que se resiste mayoritariamente a sesionar presencialmente, y contando con el apoyo de las instituciones de control y fiscalización del poder, le queda al Gobierno controlar el aparato de justicia para generar una dinámica que levante los obstáculos al poder único y garantice la impunidad.
La Corte Suprema de Justicia ha salido en rescate de un Estado de derecho vulnerado por los abusos de poder de las autoridades y condenado el desacato a las órdenes judiciales que buscan minar los principios medulares de la democracia y limitar los derechos ciudadanos para imponer el orden que conviene al establecimiento.
La carta de las Farc -ahora convertida en partido político – dirigida a la JEP en las que confiesan haber sido las autoras de varios asesinatos, entre los que se destaca el de Álvaro Gómez, ha permitido al presidente meter una nueva baza en un asunto de competencia judicial poniendo en duda lo escrito y también, de alguna manera, la independencia de la JEP al insistir a la Fiscalía que, al margen de lo que se adelante en el marco de los acuerdos de paz, siga a cargo de llegar a los verdaderos autores del crimen planteando, de paso, un conflicto de competencias.
Ciertamente, con las confesiones de las Farc, parece que la historia del conflicto armado arroja nuevas verdades y ello gracias al proceso de paz y a la justicia transicional, pero con las actitudes de los poderes vigentes pareciera que lo que se busca es mantener muchas cosas ocultas al obrar desde falacias ad hominem poniendo en duda o dando por cierto los testimonios según vengan de donde vengan.
Y mientras el Gobierno persiste en rechazar la obra de su antecesor, incumpliendo el acuerdo de paz y debilitando las instituciones vigentes, el conflicto armado se recrudece, se desestabiliza la estructura social y política, se incrementa la desigualdad y el centralismo extremo – que acompaña la concentración del poder en cabeza del presidente – impide el control efectivo del territorio ante una clase política que desde ya solo tiene ojos para la próxima campaña presidencial.
Ante la oleada de hechos desconcertantes que abruma a la opinión pública, y la consiguiente desconfianza en las instituciones, se erige, empero la autopercepción de derechos de la sociedad. Falta ver si su capacidad de reacción y movilización se convierte en un poderoso factor para frenar las acciones conducentes a la impunidad y al debilitamiento de la democracia. En este proceso buena parte del éxito o del fracaso recaerá en la oposición y en su capacidad de liderazgo.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario.
Foto tomada de: RCN Radio
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