En estas líneas hablaré sobre la ausencia y la necesidad de una política o reforma innovadora del sector. Sin embargo, para comenzar, destaco el reciente lanzamiento de la Agencia Nacional Agroalimentaria (ANA)[1] –el nuevo IDEMA– que será una dependencia de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y tiene por objeto comprar, acopiar, transformar y vender productos en formato mayorista (centros de acopio y transformación) y en formato minorista a través de las “Anitas” (almacenes locales). Así mismo, el presidente de la ADR menciona que el establecimiento de las primeras ANA’s y Anitas se tiene previsto en Cauca, Nariño, Putumayo y Boyacá.
Esta iniciativa se complementa y se refuerza con el portal para que entidades estatales compren productos a campesinos creado por la Agencia de Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente” y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)[2]. También, con el lanzamiento de la “Bienestarina Más Nuestra”, la cual está enriquecida con yuca y sacha inchi producidos por más de 1000 familias, algunas de ellas vinculadas al programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos[3].
Estas iniciativas del gobierno del cambio son positivas. No obstante, también revelan que, a pesar de que en Colombia tenemos la Ley 2046 de 2020 de compras públicas de alimentos[4] que establece porcentajes mínimos de compra local a pequeños productores (como en Brasil), dicha ley es insuficiente y no aún no se ha aplicado a cabalidad. Por una parte, es insuficiente porque muchos campesinos no logran cumplir con los requisitos y deben recurrir a intermediarios para ingresar al circuito de compras públicas. Por otra parte, no se ha aplicado porque la primera mesa técnica de compras públicas se instauró apenas en abril de 2023[5] y el “Sistema Público de Información Alimentaria, de pequeños productores locales y de productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones” no se ha creado. Mi propuesta de utilizar la actualización del CNA para la creación de un registro como la DAP incluiría la información para la creación de dicho sistema.
Ahora bien ¿por qué insisto en que hace falta y es necesaria una política o reforma innovadora del sector? Pues bien, organizar la comercialización y promover la inserción de pequeños productores es solo una parte de lo que tiene que ser una política integral. Solo basta hacer memoria y recordar el fracaso de la política miope del gobierno Santos “Colombia Siembra”[6], cuando a los campesinos se les entregó semillas para incrementar la producción, pero ante la desconexión de los pequeños productores con los mercados, los alimentos no pudieron ingresar a circuitos de comercialización. En esta ocasión no se puede cometer el error de organizar la demanda sin garantizar niveles suficientes de oferta de alimentos.
Mencioné en una de las anteriores columnas que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR ha anunciado, con pocos detalles, la focalización de acciones para la promoción de la producción de alimentos en los llamados núcleos de reforma agraria. Pues bueno, estos núcleos están ubicados en las regiones de Bolívar, Córdoba, Sucre, La Guajira y el Valle del Magdalena Medio y suman 49 municipios. ¿Podemos entonces hablar de una política integral y coherente ante la evidente falta de correspondencia geográfica entre los programas de promoción de la oferta y organización de la demanda?
Más aún ¿podemos hablar de una política o programas innovadores cuando se relanzan inversiones de vieja data? Me explico. La ministra anunció la construcción de una planta de leche en Guachucal (Nariño) para optimizar la producción de lácteos y promover la generación de empleo en el departamento[7]. Pero esta propuesta es una promesa incumplida de hace por lo menos 10 años como se reportó en su momento[8]. Una política integral debe identificar los lugares en donde se debe invertir en infraestructura productiva, como plantas de secado, molinos, plantas de pulverización de leche, que deben ser clústeres alrededor de los cuales se deben agrupar y asociar los pequeños productores. Parece ser que las identificaciones no son tan nuevas ¿siguen siendo viables?
Pero la infraestructura productiva es insuficiente sin un sistema articulado de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). La prestación de ATER está dispersa en múltiples actores y urge que el MADR, como rector de la política del sector, haga varias cosas al respecto. Para comenzar, debe hacer una evaluación de los resultados de la implementación de Ley 1876 de 2017 que dio origen al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –el cual debería haber organizado el servicio de ATER e investigación del sector y, de ser necesario, reformarlo. También, es necesario que el MADR identifique quiénes son actualmente los prestadores del servicio de ATER en el país y analice y evalúe el tipo de servicio que están prestando, ya que son un número bastante alto que actúan de manera descoordinada, por nombrar algunos: Agrosavia, ADR, SENA, ARN, Gremios agropecuarios, Universidades, empresas proveedoras de insumos agrícolas, programa Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, programa Biocarbono Orinoquía del MADR, ONG’s y Cooperación Internacional (como FAO, WFP, PNUD, CIAT, IICA, entre otros). Además, es fundamental que el MADR identifique y mapee las infraestructuras productivas y demostrativas de las que podría disponer para la prestación del servicio de ATER.
Profundizaré sobre este último punto y sobre el tema de trazabilidad y debida diligencia en la próxima columna que será la última parte de esta serie.
Adenda: Tiene razón el exdirector de la ANT, Gerardo Vega, sobre la necesidad de hacer reformas para acelerar los procesos de administración de tierras. Se equivoca, sin embargo, en su obstinada priorización de los métodos indirectos de captura de información geoespacial para la asignación de predios. La identificación y establecimiento de linderos desde escritorios en Bogotá, en un país donde el catastro no concuerda con lo que dicen los títulos de propiedad, conducirá inevitablemente a asignar derechos de propiedad que no corresponden a la realidad del campo. Así, priorizar los métodos indirectos generará más conflictos en las comunidades. El catastro multipropósito se debe hacer con amplia participación de la gente en los procesos de medición predial y las actas de colindancia, que se firman más fácilmente bajo este enfoque participativo, son la herramienta que brinda seguridad jurídica a todas las partes.
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[1] Ver: https://www.youtube.com/live/7FA_puSgJY0?si=V-mWg0_mbu2fCnd3
[2] Ver: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Comienza-la-compra-y-consumo-de-productos-hechos-por-familias-campesinas-en-las-entidades-del-Estado–%E2%80%A2A-trav%C3%A9s-de-la-Agenc.aspx
[3] Ver: https://www.icbf.gov.co/noticias/ahora-la-bienestarina-es-mas-nuestra
[4] Ver: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30039692
[5] Ver: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-instala-la-primera-mesa-t%C3%A9cnica-de-compras-p%C3%BAblicas-locales.aspx
[6] Ver: https://www.contextoganadero.com/politica/al-agro-le-falto-colombia-compra
[7] Ver: https://www.radiovivafenix.com/1220/noticia/regionales/se-construira-la-planta-de-industrializacion-de-leche-en-narino
Ver también (minuto 25:15): https://www.youtube.com/watch?v=knMqfdov9sA&ab_channel=Mar%C3%ADaJimenaDuz%C3%A1n
[8] Ver: https://www.contextoganadero.com/regiones/indigenas-de-narino-tendran-planta-procesadora-de-leche
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: Infobae
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