Ahora bien, tan grave como los efectos políticos, es la polarización que esta consulta al pueblo contribuyó a agudizar, así como el posicionamiento en la esfera pública de una narrativa que desvirtúa por completo el carácter del ejercicio democrático y la importancia del proceso de paz para Colombia. En mi opinión los sectores que respaldamos el acuerdo deberíamos trabajar en contrarrestar estos dos grandes efectos.
La búsqueda del consenso
En torno al primer punto hay que mencionar cómo, una gran lección del uso de dispositivos como el plebiscito es que estos pueden dividir, en lugar de contribuir a la reconciliación y el consenso. El proceso de definición sobre el mecanismo a utilizar para la consulta, demostró la dificulta normativa que tenían plebiscitos, consultas populares y referendos para realizar un ejercicio democrático inédito en los procesos de negociación colombianos. No sólo disponían unos umbrales excesivamente altos para nuestra tradición de participación electoral, como son el superar la mitad, la tercera parte o la cuarta parte del censo electoral, respectivamente, sino que incluían otros requerimientos difíciles de cumplir o de adaptar al propósito de la refrendación de los Acuerdos de Paz.
Debe entonces el gobierno Santos optar por un mecanismo “ad hoc” que es fuertemente criticado por la oposición por diversas razones (el cambio del umbral, la reducción de los puntos de debate a una sola pregunta, la eliminación del efecto político que la abstención había tenido en los referendos, la posibilidad de que los funcionarios públicos, participaran, etc.) y que además tiene la desventaja de asociar directamente la imagen del mandatario y sus políticas a la votación, expresando, en muchas ocasiones, descontentos que no necesariamente tienen relación con lo que se somete a consulta.
Pero el resultado produce polarización porque es un juego de suma cero, en que el ganador se lleva todo independiente del peso de quienes expresaron la opción contraria. En este caso se podría hablar que existió prácticamente un empate técnico pues la diferencia fue de solamente 0,47% de los votantes, lo que llevaría a relativizar el triunfo del No. Más aún en un contexto en que prevaleció la estrategia de manejar emocionalmente el electorado a través de mentiras selectivas o manipulación de odios y miedos.
Una nueva narrativa sobre los resultados del plebiscito debería tener siempre presente el pírrico margen de la opción que ganó y los medios con los que se obtuvo ese resultado, no para desconocer que la mitad del país que se manifestó en las urnas estuvo en contra del proceso de paz, sino para valorar la visión de la otra mitad que, en su mayoría, voto convencida de que el Acuerdo de Paz era una buena alternativa.
La enseñanza, en materia de involucrar la participación ciudadana en decisiones públicas de amplía envergadura, debería considerar también la necesidad de promocionar la deliberación y el consenso, partiendo de visiones locales y encuentros entre diferentes, cosa que un mecanismos de carácter del plebiscito no permite efectuar.
La narrativa del No
Con la aprobación normativa del Plebiscito Especial para la Paz, empezó a tejerse la narrativa de que hubo mentiras y trampa por parte del gobierno Santos contra los detractores del Acuerdo, a pesar de que la Corte Constitucional avaló el mecanismo. Sin embargo, surge acá una gran paradoja. La oposición uribista que planteó por todos los medios la ilegitimidad de dispositivo escogido, terminó apostándole al mismo y recibiendo un triunfo que no esperaba. Un especie de oposición semi-leal al sistema político, que desconoce la opción finalmente adoptada, pero que se afianza en ella con la mínima victoria obtenida.
Esta oposición semi-leal participa también de todo el proceso de reformulación del Acuerdo, en el cual, efectivamente, se modifican apartados importantes del mismo. La asistencia a reuniones, las apariciones públicas y los temas introducidos al documento, son prueba de que la mayor parte de las observaciones realizadas por los diversos sectores que se agruparon en torno al No o que fungieron como sus representantes, fueron consideradas, pero claramente, con un electorado dividido prácticamente a la mitad, no podría interpretarse que la opción era desconocer completamente lo pactado y todo el proceso de negociación, ni que podían negociarse aquellos puntos centrales que son la esencia de cualquier proceso de terminación de un conflicto armado: el cambio de las armas por la política y lo que hoy se reconocer internacionalmente como la justicia transicional. Aceptar eso era echar por la borda más de cuatro años de negociación.
Así, las modificaciones al Acuerdo que no satisficieron completamente a quienes hubieran preferido hundirlo, y el proceso de refrendación final a través del Congreso, que también fue avalado debidamente por la Corte Constitucional, dieron nuevamente bases para argumentar la idea de las mentiras y la trampa, pero adicionando también la gráfica imagen “del conejo”. Esa fue desafortunadamente la constante en la celebración del segundo aniversario, como lo muestra el trino del excandidato presidencial uribista, Oscar Iván Zuluaga: #DosAñosDelNO: “desconocieron a los sectores que ganaron y rechazaron el mandato popular del NO. Prefirieron firmar el mismo Acuerdo con los mismos errores. ¡Se burlaron de Colombia!
La construcción de la narrativa desde el Sí
Parece preocupante que prevalezca esta visión, que desafortunadamente, se está convirtiendo en la dominante y que ahora es versión oficial. Una versión basada en mentiras, que es precisamente lo que critican. Los sectores del Sí, tan afectados por lo ocurrido, deberían trabajar desde sus diferentes ámbitos en la construcción de otra narrativa. Algunos elementos para plantearla podrían considerar lo siguiente:
- La mitad del país apoyó al Sí y la suma de la votación de todos los sectores que respaldaban el Acuerdo, fue mayoritaria en la primera vuelta presidencial que la que acompañó a los candidatos de derecha opuestos a la implementación del mismo. Lo que quiere decir que el apoyo expresado hace dos años puede mantenerse y quizás haberse aumentado.
- Todo el proceso realizado en torno a las definiciones sobre la refrendación se hizo de manera legal y constitucional, y conforme al Estado de Derecho. Las decisiones tomadas, las normas adaptadas y los caminos considerados, pasaron por el Congreso y fueron ratificadas en su constitucionalidad por la Corte Constitucional.
- Modificaciones al dispositivo de participación seleccionado, en su momento muy criticadas por la oposición y después silenciadas, se justificaron por la complejidad de los mecanismos de democracia directa existentes (lo que debe motivar una reflexión al respecto) y por la consideración de que un evento especial como era finalizar un conflicto armado de más de medio siglo ameritaba una normatividad también especial. Esto, aunque constituye una situación excepcional, ha estado presente en otros momentos, como cuando, por ejemplo, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, sin que el ordenamiento jurídico considerara esta posibilidad y a raíz de un decreto de estado de excepción.
- Se ha criticado enormemente el nivel de abstención observado en el plebiscito, en tanto solo participó un 37,43% de las 34.899.945 personas habilitadas para votar y se ha mencionado cómo este es el nivel de abstención más alto de las últimas décadas. Sin embargo, la participación debería analizarse a la luz de lo ocurrido en otras consultas ciudadanas de diverso tipo y no compararse con elecciones regulares que involucran candidatos, partidos y otro tipo de incentivos legales e ilegales para motivar al votante. En este sentido, revisando los dos únicos mecanismos de consulta utilizados en el país después de que se introdujeron en la Constitución de 1991, se encuentra que uno, el Referendo promovido por el expresidente Uribe, solo en una de sus preguntas logró una participación del 25%, mientras que la Consulta Anticorrupción tampoco alcanzó el 33,3% exigido.
- A la luz de esta participación puede verse también la legitimidad que podía tener el Congreso para ratificar las modificaciones realizadas al Sí al Acuerdo: Mientras quienes votaron por el No representaban un 18,42% del censo electoral al momento de realizar el plebiscito, los sectores uribistas en el Congreso representados en el Centro Democrático, en ese momento único partido de oposición al Acuerdo, tan sólo representaban un 14,29% de votos válidos en el Senado, y un 9,47% en la Cámara de Representantes. El resto de partidos representan más del 30% del total del electorado, lo que les da representatividad en la toma de la decisión.
Reflexiones finales
A futuro, el plebiscito por la Paz va a convertirse en uno de los acontecimientos más relevantes de nuestra historia como país. No puede ser posible que, a pesar de evidencias y hechos que muestran lo contrario en cuanto a las mentiras y dispositivos retóricos desplegados por la oposición al Acuerdo, se vuelva hegemónica la lectura de que todo el proceso fue una entrega del país a las FARC, una ruptura constitucional y una traición a la voluntad popular expresada en las urnas.
A dos años del Plebiscito por la Paz, vale la pena invitar a la reflexión como sociedad sobre lo que ocurrió con ese evento y desplegar nuestras energías para aportar a la construcción de otras visiones y narrativas desde las cuales leer y valorar lo ocurrido. Una labor que nos compromete a muchos en la perspectiva de buscar consenso, reconciliación y construcción de paz y de evitar que la violencia y el conflicto sigan siendo una característica que define la realidad colombiana.
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Clara Rocío Rodríguez Pico: Docente – investigadora IEPRI – Universidad Nacional
Foto obtenida de: Colombia Informa
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