La decisión, adoptada en derecho se da porque el ex miembro de la extinta guerrilla de las Farc-Ep en varias ocasiones se negó a comparecer ante la JEP, aduciendo que no había garantías jurídicas y personales para su desplazamiento y comparecencia ante el tribunal de paz, ubicado en la capital del país. El excombatiente adujo inseguridad jurídica, después de ocurrida la captura de Jesús Santrich, con fines de extradición, asunto en el que está comprometido el propio Fiscal General, la DEA y otros agentes de poder interesados en desestabilizar el proceso de paz y deslegitimar a la JEP. Recordemos que el expresidente Uribe Vélez propuso el desmonte de dicho tribunal de paz.
En torno a la decisión, la JEP, en su página web, publicó lo siguiente: “La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este viernes a la Policía Nacional y a la Interpol capturar a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para ser puesto a disposición de la JEP. La decisión, de primera instancia, se tomó en la audiencia pública que se realizó este 26 de abril, donde la Sala concluyó que Velásquez Saldarriaga incumplió gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del Acuerdo de Paz, puesto que no compareció frente a los llamados que hasta el momento ha realizado la Jurisdicción, ni ha contribuido a la verdad y la reparación de las víctimas”[1]
Sin duda, estamos ante un hecho que hace posible que la JEP gane credibilidad ante una opinión pública que ha visto y oído en los grandes medios masivos, en particular en los noticieros de televisión RCN y Caracol, información tendenciosa y feroces ataques por parte de voceros del Gobierno, de la bancada del CD y de manera directa de NHMN. La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP claramente es una bofetada política a sus detractores.
A pesar de la decisión tomada por la JEP, tres voceros del Gobierno de Iván Duque exigieron la expulsión de Velásquez, alegando que dicho tribunal ha sido indulgente con el ex-guerrillero: el Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, el Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila y el Consejero para los DDHH de la Presidencia, Francisco Barbosa[2].
Entre tanto, desde Valledupar y sin aludir a la JEP, el presidente de la República se extralimitó en sus funciones al ordenar la captura del ex-guerrillero, a sabiendas de que el abogado de Velásquez puede presentar recursos jurídicos en torno a la decisión adoptada por la JEP. Además, olvida el presidente de la República que solo los jueces pueden emitir órdenes de captura, condición que por supuesto él no ostenta. Con el pronunciamiento de Duque, el país recordó el episodio en el que Uribe mandó a capturar a un funcionario que estaba presente en un consejo comunal de Gobierno en Buenaventura. Efectivamente, la extralimitada orden del entonces mandatario[3] se cumplió y el ciudadano fue puesto ante el operador judicial, quien lo dejó en libertad porque no había orden de captura en su contra.
Esto dijo el presidente Duque Márquez: “hoy se ha producido una decisión judicial… y estoy ordenando a las autoridades avanzar en la captura de alias El Paisa porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas, porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”[4]
Estamos pues ante dos órdenes. De un lado, la que dio la JEP que puede ser controvertida por el abogado del excombatiente y la que dio de manera ilegal el presidente Duque. Sin duda, un elemento más que se suma al agrio enfrentamiento institucional que se viene dando entre el Gobierno y el Fiscal General, en contra de la JEP. Enfrentamiento que viene siendo apoyado y aupado desde la bancada del Centro Democrático, el partido de Gobierno.
Sobre lo dicho por Iván Duque Márquez hago hincapié en lo siguiente: el presidente desconoce a la JEP como una institución que hace parte del ordenamiento jurídico del país. Nótese que habla de una “decisión judicial y de la justicia” en general, sin aludir a la existencia de dicha jurisdicción transitoria de paz. No se trata de un simple olvido, por el contrario, el jefe de Estado no solo no aludió a la JEP como ente judicial que ordenó la captura del exfariano, sino que nuevamente expuso lo que ya pueden reconocerse como “engañosos mantras[5]”: “genuina justicia, genuina reparación, genuina verdad y genuina no repetición”. De manera directa, el presidente deja ver su animadversión hacia la Jurisdicción Especial de Paz.
Frente a la no expulsión de Velásquez, voceros de la JEP explicaron que esa decisión se tomará una vez se demuestre que alias El Paisa volvió a delinquir. Con la orden de captura, el ex-guerrillero perderá los beneficios que venía recibiendo en materia de libertad condicional o restrictiva y en lo que tiene que ver con la asignación de los recursos económicos, según lo acordado en el Tratado de Paz.
De inmediato, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, ofreció públicamente el pago de 3.000 millones de pesos para quien dé con el paradero que coadyuve a la captura de Velásquez. Dicho ofrecimiento puede alentar acciones temerarias de claro revanchismo, que pueden terminar con la muerte del ex-guerrillero, sin que dicho desenlace se dé, necesariamente, en el contexto de un combate. Ello, sin duda, afectaría a las víctimas en su proceso de reparación y a la construcción de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno.
Y ese escenario es probable no solo por lo ocurrido con los “Falsos Positivos” en los tiempos del gobierno de Uribe Vélez, sino por las extrañas circunstancias en las que fue asesinado recientemente, a manos de un Cabo del Ejército, el desmovilizado y reincorporado exfariano, Dimar Torres[6]. Videos que circulan en la Red registraron que el cuerpo del excombatiente fue sometido a vejámenes (violado y su pene cercenado).
La JEP tomó una decisión en derecho. Y a pesar de que la orden de captura no está aún en firme, esperemos que las autoridades que cumplan con la orden de captura presidencial, mas no la de la JEP, actúen dentro del marco jurídico y entreguen vivo al ex-guerrillero al transitorio tribunal de paz. Así entonces, estamos ante dos órdenes: una, dada en derecho y la otra, dada desde el desconocimiento político de la JEP.
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Germán Ayala Osorio: comunicador social y politólogo
Foto obtenida de: La FM
[1] Véase: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-ordena-capturar-a-Hern%C3%A1n-Dar%C3%ADo-Vel%C3%A1squez-por-incumplir-gravemente-el-r%C3%A9gimen-de-condicionalidad.aspx Consulta: 27/04/2019
[2] Véase: http://www.redmas.com.co/paz/alto-comisionado-la-paz-jep-no-mas-benevola-paisa/ Consulta: 27/04/2019
[3] Véase: https://www.semana.com/on-line/articulo/puede-jefe-estado-ordenar-captura-ciudadano-senalado-delito/81625-3
[4] Véase: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190426-Desde-Valledupar-el-Presidente-Duque-ordeno-a-las-autoridades-avanzar-en-la-captura-de-alias-El-Paisa.aspx Consulta: 17/04/2019
[5] Véase: https://www.sur.org.co/lo-dicho-y-lo-no-dicho-por-duque-en-su-alocucion/
[6] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/04/dimar-torres.html
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