Sucesivos gobiernos de Colombia han estado consistentemente de acuerdo con los Estados Unidos sobre las políticas de drogas introducidas inicialmente por el presidente Richard Nixon, lo que llevó primero a una importante cooperación con la Policía colombiana en operaciones antinarcóticos. En la década de 1990, el Ejército Nacional comenzó a competir por la asistencia estadounidense en forma de aviones, construcción de bases, capacitación, tecnología y otras áreas. Con un aumento en la asistencia del “Plan Colombia” en la década de 2000, Bogotá hizo de la guerra contra las drogas un elemento central de sus planes contrainsurgentes, y Washington se involucró profundamente a pesar de los informes sobre el impacto negativo en los derechos humanos en las regiones afectadas.
Para reducir la oferta de narcóticos, los dos países colocaron la erradicación aérea de cultivos de coca y la extradición de traficantes en el centro de la relación, aunque las iniciativas no redujeron significativamente la producción o los flujos de cocaína hacia los Estados Unidos. Los cárteles se fragmentaron y se volvieron más violentos mientras luchaban por el control del comercio. En 1996, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban directamente involucradas en el narcotráfico, lo que abrió la puerta a una cooperación más profunda.
La reforma propuesta por el Presidente Petro no es el primer desafío al enfoque de hace décadas. Un acuerdo de paz entre el Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, en 2016, desafió la agenda de cooperación bilateral (con el Acuerdo de Paz, en teoría la cooperación podría haberse profundizado pero en una dirección pro-paz). El Acuerdo incluía compromisos para “resolver el problema de las drogas ilícitas” en cuatro áreas, incluidos incentivos positivos para cambiar cultivos (a través de la reforma agraria y el acceso seguro a los mercados en lugar de la erradicación aérea); detener el tráfico de productos (a través de la interdicción); eliminar el lavado de dinero; y lograr que los países de tránsito y consumidores contribuyan más y mejor para reducir la demanda. En resumen: Centrarse en reducir el comercio y la demanda más que en criminalizar la producción de la materia prima.
No obstante lo anterior, se avanzó poco en esas cuatro áreas antes de que el Presidente Iván Duque (2018-2022) volviera a poner énfasis en la clásica reducción de la oferta. La Corte Constitucional no permitiría reanudar las fumigaciones aéreas por razones ambientales y de salud, pero aumentaron las operaciones contra el campesinado (incluyendo la erradicación forzada y la fumigación terrestre). Estados Unidos continuó exigiendo una mayor erradicación de la coca, mientras continuaba reforzando las bases policiales y militares y cooperando en los arrestos de narcos, como lo había hecho antes del Acuerdo de Paz.
El Presidente Petro argumenta que la paz en Colombia debe comenzar con la reforma de estas políticas de drogas. Ha propuesto un énfasis en la sustitución de cultivos en las comunidades productoras de coca; el fin de la fumigación aérea; la interdicción ampliada en el aire, el mar y los ríos; el control de los productos químicos necesarios para producir cocaína; la destrucción de “cultivos industriales”; y mayores esfuerzos para traer a todos los grupos armados ilegales, incluidos los narcotraficantes, al sistema judicial nacional con garantías de que no serán extraditados si cooperan, indemnizan a las víctimas y no vuelven a participar en conductas delictivas.
Para contribuir al propósito esbozado seis centros de pensamiento (incluido el que cofundé) le han dado al presidente recomendaciones sobre cómo implementar sus prioridades. https://www.elespectador.com/politica/las-recomendaciones-de-la-academia-y-la-sociedad-civil-en-la-politica-de-drogas/. Ellos subrayan la necesidad de reformas internas colombianas, la mayoría de las cuales pueden hacerse independientemente de la política estadounidense. Los asuntos más relevantes, entre otros, incluyen poner fin al uso excesivo de la justicia penal en casos de drogas no violentos; suspender el uso de la fuerza contra las comunidades en las zonas productoras de coca; reanudar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 (incluidas las inversiones prometidas para financiar cultivos alternativos); permitir un mercado de cannabis regulado; y la apertura de mercados de productos alimenticios derivados de la hoja de coca.
A pesar de su discurso internacional progresista sobre la necesidad de poner fin a la guerra contra las drogas, Petro ha sido criticado por la oposición política interna, que piensa que Colombia podría convertirse en un narcoestado si negocia con los narcotraficantes, pero también es criticado por organizaciones campesinas que enfrentan la erradicación forzosa de cultivos en curso por parte de las fuerzas militares y policiales. La reacción pública de EE.UU. a las propuestas de Petro ha sido amigable hasta ahora.
El principal funcionario de políticas de drogas del Departamento de Estado, Todd Robinson, expresó que veía “un problema” en lo que dijo que eran supuestos beneficios de las propuestas de Petro para los narcos, pero, después de que él y funcionarios de la Casa Blanca y el Comando Sur de EE. UU., se reunieran con sus homólogos colombianos a fines de Agosto, dijeron: “Creemos que las nuevas prioridades (de Petro) encajan con lo que queremos”. A esto se suma, que el Secretario de Estado Anthony Blinken, en una conferencia de Prensa con el Presidente, el pasado lunes 3 de octubre, dijo que él “apoya fuertemente el abordaje holístico que la administración Petro está tomando” y que las dos administraciones están “largamente sincronizadas” sobre política de drogas. Ellos, sin embargo, no hablaron públicamente del espinoso tema de la extradición.
Washington probablemente tendrá dificultades para lograr un consenso sobre los cambios en la “guerra contra las drogas”, particularmente a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. Además de las perspectivas contrapuestas sobre cómo lidiar con el crimen, existen sectores políticos, burocracias y poderosos intereses empresariales que se han beneficiado enormemente del énfasis, de las políticas anteriores, en criminalizar la producción campesina de hoja de coca, incluso si sus resultados han sido cuestionables. La justificación es que el problema de las drogas “sería peor si no lo hiciéramos” suelen responder los sectores conservadores.
Gustavo Petro, por su parte, quiere evitar reciclar un conflicto interno que ya se ha cobrado 9 millones de víctimas. Seguramente sabe que tendrá que ser creativo y paciente con Washington. Recientemente la Policía de Colombia, recibió dos helicópteros, los primeros de 12 en total, para la protección de los bosques en Colombia enviados por el Departamento de Estado de EE.UU. Por ejemplo, esto les dará a ambos países un nuevo enemigo contra el cual luchar. Petro debe tratar de encontrar puntos en común con los EE. UU. y evitar provocar que Washington use su anacrónico proceso de “certificación” para castigarlo por mostrar un compromiso insuficiente.
Las seis organizaciones creen que Petro puede enhebrar la relación con los EE. UU. y que, si se implementan correctamente, las reformas a la política de drogas alinearán a Colombia con normativas internacionales, incluida la protección de los derechos humanos, y ganarán un amplio apoyo internacional. Una conversación franca entre países de América Latina, África, Oceanía y Europa dentro de la OEA y la ONU beneficiaría a todos, sin duda. Pero las reformas internas, más que los discursos en los foros multilaterales, son las que convertirán a Colombia en un referente del cambio de paradigma.
Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, una organización con sede en Bogotá que facilita el diálogo sobre temas sensibles entre diversos actores sociales, políticos e institucionales. www.visomutop.org @visomutop
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el portal académico AULA BLOG del Center for Latin American and Latino Studies de la American University de Washington. https://aulablog.net/2022/10/05/colombia-will-new-drug-policies-damage-u-s-ties/
Foto tomada de: CNN en Español
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