No obstante, tanto la Fiscalía colombiana, el Ministerio de Justicia, así como los organismos de seguridad responsables de este tipo de tráfico, carecen de un diagnóstico asertivo sobre las estructuras criminales y sus aliados responsables del manejo del potencial productivo de la cocaína hacia su exportación. En su lugar, son recurrentes las narrativas facilistas que oscilan entre una producción para el consumo interno colombiano, cuya evidencia es extremadamente limitada, y de otra, que afirma que los narcotraficantes colombianos han sido reemplazados por los mexicanos, llegando a controlar porciones del territorio nacional; explicación que igual carece de datos contundentes.
En síntesis, mientras las autoridades colombianas se mantienen en la elaboración de informaciones que miran las zonas de producción de hoja de coca con un nivel de detalle sorprendente (usando indicadores como la permanencia, desplazamiento, presencia de nuevas áreas, resiembras, amenazas, zonas libres de cultivos, etc.), las dinámicas de estructuración de empresas criminales, el crecimiento de mercados, la configuración de rutas de tráfico ilícito, el lavado de activos, el uso de soborno a funcionarios estatales, la corrupción asociada a dicha cadena de valor, permanecen en un desconocimiento insólito.
Esta es una característica y una paradoja muy notoria en el diagnóstico del problema de drogas de Colombia: mientras el afán de conocimiento gira casi de manera obsesiva alrededor de los cultivos y del comportamiento de las áreas de producción y sus tendencias, el nivel del tráfico en el que se asienta la mayor criminalidad, se caracteriza por vacíos de información sobre todo de los organismos de investigación judicial.
Esta paradoja no es gratuita. La actual estrategia contra drogas pone todo el énfasis en la reducción de áreas de cultivos de uso ilícito, indicador que incluye a los programas de sustitución, soslayando el origen socio económico del problema en ese nivel inicial de la cadena ilegal. Esta distorsión compromete seriamente también a la política bilateral de Colombia con EU, país que condiciona el éxito del comportamiento de Colombia en materia de drogas si muestra la reducción de sus áreas de producción de materia prima. De allí que la cooperación militar se centre principalmente en la logística para desarrollar acciones de erradicación forzosa, con lo cual terminan desconociéndose los factores estructurales que más inciden en la permanencia del problema.
Por problemas estructurales entendemos aquellos asociados a la crisis de las economías campesinas así como de los elementos que intervienen en la vigencia y sostenibilidad de la producción y comercialización tanto en territorios indígenas como de comunidades negras; crisis a la que contribuye un modelo basado en la concentración desproporcionada de la propiedad de la tierra acelerada por la expropiación violenta de más de 6 millones de hectáreas por parte de grupos paramilitares en alianza con elites políticas y económicas principalmente del orden regional;[3] a la desfinanciación del agro colombiano en relación con la pequeña producción; a la expulsión de campesinos hacia los puntos de la frontera agrícola y lo que es mucho más grave, a la presencia de un lavado de activos del mismo narcotráfico acumulando tierras a través del despojo, ventas forzadas y en general mediante el uso de la violencia, situación facilitada por las distorsiones del uso de la seguridad estatal, del poder político de grandes terratenientes y en general por la protección política y legal de esos procesos.[4]
En otras palabras, la actual estructura agraria colombiana es el principal factor que estimula la persistencia de los cultivos de uso ilícito convirtiéndose esta economía en un mecanismo recurrente para la obtención de ingresos para los productores empobrecidos y desarraigados de sus territorios.
Esta situación se buscó corregir en el marco del Acuerdo de Paz,[5] donde se estableció la relación de causalidad entre el cultivo de uso ilícito y la estructura agraria colombiana, al punto de señalar expresamente que el manejo de los cultivos ilícitos constituía un capítulo del punto uno de los acuerdos relacionado con la Reforma Rural Integral que el país demanda y en consecuencia, buscó incorporar una serie de medidas de transformación del agro colombiano para fortalecer a esos sectores rurales empobrecidos y vulnerados por la guerra en Colombia. No obstante, el punto 1 de los Acuerdos de Paz se considera como el que menos desarrollo ha tenido en su implementación, tanto a nivel legislativo, como presupuestalmente y en términos de su ejecución concreta.
Adicionalmente y como otra consecuencia perversa de las distorsiones tanto del diagnóstico como de los énfasis de la política sobre drogas frente a los agricultores, es el crecimiento exponencial de la instalación de cultivos de uso ilícito en zonas de protección especial, áreas protegidas por su importancia ambiental como los parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal, así como en territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas.
Para el año 2020, casi la mitad de todos los cultivos de coca estaba en estas zonas consideradas de manejo especial. Aunque entre 2019 y 2020 el área de cultivos de uso ilícito bajó en los consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas, el 48 % de los consejos y el 20 % de los resguardos mantienen actualmente cultivos de coca.[6] Observemos esta tendencia en el siguiente gráfico:
Previendo impactos negativos por el modelo dominante en relación con el manejo de los cultivos de uso ilícito, las comunidades negras e indígenas lograron incorporar en el Acuerdo de Paz, un capítulo étnico donde fue consignada la protección de los derechos ya adquiridos por esas comunidades y se salvaguarda la autonomía de los territorios bajo su jurisdicción.
No obstante, el Estado colombiano tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el actual presidente Duque han llevado a cabo intervenciones alrededor de la presencia de cultivos de uso ilícito en esos territorios, incluyendo la política de erradicación forzada, con tratamientos homogéneos, como si se tratase de un mismo fenómeno sin especificar la condición diferencial. Así mismo se ha implementado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, sin que en sentido estricto se reconozca la especificidad territorial de esas comunidades, ni se reconozca en la práctica el gobierno y derecho propios, la ley de origen junto con la institucionalidad y autoridades propias de los territorios étnicos.
En consecuencia el capítulo étnico, o ha sido incumplido sistemáticamente en la mayor parte de los casos, o en aquellas zonas donde su implementación ha tenido desarrollos incipientes, no se han incorporado las especificidades de las apuestas socio culturales y económicas de este tipo de territorios (planes de vida por ejemplo) pero también sin que se haya llevado a cabo procesos de consulta previa tal y como lo demandan Convenios internacionales y la Constitución colombiana para esta clase de áreas.[7]
Las expectativas de grandes inversiones en minería o explotación de recursos naturales o simplemente en tierras que permitan seguir afianzando el proceso de concentración, explica de alguna manera la inacción del Estado frente a las amenazas y hechos graves de seguridad para los territorios que giran alrededor de la vigencia de la economía ilegal de los cultivos de uso ilícito. Los territorios colectivos e indígenas resisten el ejercicio de soberanía de los grupos armados que ofrecen seguridad de protección a los beneficiarios de la transformación de la materia prima producida en esas zonas, controlan rutas de comercio ilegal dentro de sus territorios, a la vez que disponen de la juventud para incrementar sus filas, imponen tributos, debilitan el ejercicio de la autonomía con disposiciones respaldadas por las armas y asesinan líderes sociales como si su guerra fuese contra las comunidades. El tejido comunitario de los pueblos indígenas se ha venido lesionando con el asesinato de 376 de sus líderes en Colombia entre la firma del acuerdo de paz y el 2021. En ese mismo período sólo en el norte del Cauca se han asesinado 51 mujeres y hombres indígenas que desarrollaban un ejercicio de liderazgo.[8]
Mientras tanto, en diversas zonas con presencia de cultivos de uso ilícito se desarrollan las acciones de erradicación forzosa acarreando una serie de violaciones en derechos humanos y de los mínimos de protección a la población civil previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Medidas de fuerza que se implementan sin considerar previamente lo consignado en el Acuerdo de Paz, en el sentido de que la erradicación forzosa sería una última medida para quienes se negasen a entrar en programas de sustitución y persistiesen en la economía ilegal de la coca.
En ese sentido y a instancias de Washington alrededor de la ‘lucha antidrogas” se siguen construyendo bases militares y policiales, llevando más dotación de infraestructura y adquiriendo pertrechos para garantizar los operativos de erradicación forzosa con dineros de cooperación provenientes de los contribuyentes de EEUU. [9]
El dispositivo establecido por el Ministerio de Defensa, ha conllevado una militarización de la erradicación de cultivos de coca, mediante el empleo de tropas del Ejército o de una Policía antinarcóticos cada vez más militarizada, no solo en su vestimenta sino especialmente en su armamento y en sus prácticas, acompañadas del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, unidad cuestionada por el uso excesivo de su fuerza en la disolución de protestas sociales. Es de considerar que estas operaciones se adelantan en lugares a los que nunca ha llegado el estado social y donde la presencia institucional territorial se caracteriza por su nula o débil presencia.[10]
Finalmente, este panorama desolador se ve fuertemente contrastado por el silencio que caracteriza a los organismos de investigación como la Fiscalía, Procuraduría, el Consejo Electoral, alrededor de alarmas que se encendieron por las múltiples fotos, audios, versiones de informantes de primer orden, entre otras, que dan cuenta del compromiso del narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “el Ñeñe” con la financiación, acompañamiento y compra de votos a favor del candidato Iván Duque, en la campaña del 2018, tal y como lo ilustran varias investigaciones periodísticas[11]; situación que compromete también a representantes de organismos de seguridad del Estado. Este contexto de denuncias periodísticas también se vio complementado por la divulgación sobre presencia de pilotos de reconocidos narcotraficantes en la campaña presidencial, transportando al candidato Duque, al expresidente Uribe y miembros de su partido en correrías de dicha campaña.[12]
El silencio sobre todos estos hechos sigue creando mucha confusión puesto que se observan prácticas esquizofrénicas entre la proclamación de la lucha antidrogas y la ausencia de demandas claras de solución frente a la impunidad del sistema institucional colombiano en aquellos aspectos más complejos de la economía ilegal de las drogas. Allí se refleja el control del Estado por parte de elites que se mueven en zonas grises de lo legal e ilegal, con nexos claros con el narcotráfico, blindando la oscuridad en los procedimientos y montos del lavado de activos provenientes de esa economía, así como en un manejo sin transparencia de los bienes incautados de origen ilegal y que excluye a las víctimas de la guerra contra las drogas por parte de en la Sociedad de Activos Especiales. No obstante, Washington y las élites políticas colombianas radicalizan las acciones contra los cultivadores, que como se ha visto, son un producto de las distorsiones concentradoras de la riqueza que caracteriza la estructura económica y particularmente la agropecuaria en Colombia.
Junto a los sectores fundamentalistas de la guerra contra las drogas del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia (DEA), el Departamento de Defensa de los EU (DoD por sus siglas en inglés) mantiene la asociación inusitada del caso colombiano con el grave problema de muertes por sobredosis en EU y que como se sabe, son parte de las “muertes por desesperación” y a la vez son un producto de la bancarrota de su política de prevención y manejo de los opiáceos de todo tipo incluido el fentanilo. Los beneficios que obtienen en materia de seguridad para la región (principalmente zona andina, Caribe y Pacífico) ayudan a sostener su compromiso en la guerra contra las drogas, así Colombia tenga muy poco que ver en esa crisis. La debilidad del presidente Biden y la puja de las posiciones de extrema derecha para restablecer la conducción de ese país tanto a nivel doméstico como en el plano internacional, contribuyen a detener o neutralizar cualquier intento de replanteamiento razonable de la política de drogas.
Bajo este contexto impredecible, seguimos navegando con el ángel de la historia de Paul Klee, Ángelus Novus, con sus ojos desorbitados, su boca entreabierta, sus alas desplegadas avanzando impulsado por las explosiones de muerte detrás que el ángel ve como “una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, una tempestad enreda sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso, es justamente esta tempestad”.[13] Debe ser sobre esa visión de progreso que el jefe de la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización sermonea repetitivamente: “hay que construir sobre lo construido”.
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[1] UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
[2] Vargas, Ricardo “Narcotráfico, poder mafioso y democracia en Colombia. ¿Hay una salida? Transnational Institute TNI https://www.tni.org/es/articulo/narcotrafico-poder-mafioso-y-democracia-en-colombia
[3]Salinas Abdala, Yamile; César Molinares D. Ricardo Cruz, “Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014”, Indepaz, 2020. Bogotá.
[4] Véase Ballvé, Teo. “Grassroots masquerades: Development, paramilitaries, and land laundering in Colombia”, GEOFORUM 50 (2013) 62–75 y Teo Ballbé, “The Frontier effect: State formation and the violence in Colombia”, Cornell University Press March 15 2020.
[5] ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0
[6]El consejo comunitario Pro-Defensa del Río Tapaje en Nariño continúa siendo con mayor afectación. UNODC Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. Julio de 2021.
[7] Entre otros, el Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT; la sentencia SU-039/97 y que señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país donde se encuentran aportes legales para la protección y garantía de los derechos de las comunidades o la sentencia de la Corte Constitucional, T-382 de 2006 y que también salvaguarda derechos fundamentales para los grupos étnicos. Véase, Rodríguez Gloria Amparo, “La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia”. Revista Semillas, septiembre 23 de 2008. https://www.semillas.org.co/es/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-indgenas-y-grupos-tnicos-de-colombia
[8] ACIN Pronunciamiento “Rechazamos el asesinato de Marco Camayo y llamamos a defender la vida y la armonía territorial”, 22 de noviembre de 2021.
[9] Vargas Ricardo y Pedro Arenas, “Erradicaciones Forzosas de cultivos de uso ilícito y Derechos Humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, junio de 2020.
[10] Ibidem.
[11] Gonzalo Guillén y Julián Martínez, “La Ñeñepolítica”. En La Nueva Prensa. https://www.lanuevaprensa.com.co/.
Agencia EFE “Supuesta compra de votos en Campaña de 2018. Colombia: piden abrir una investigación a Duque y a Uribe por delitos electorales” en El Confidencia https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-10/colombia-investigacion-duque-uribe-expresidente-delitos-electorales_2489428/ . Julián Martínez Vallejo, “La narcoempresa vinculada a campaña de Iván Duque”. Especial para La Nueva Prensa, 10 de marzo de 2020. https://www.pares.com.co/post/la-narcoempresa-vinculada-a-campa%C3%B1a-de-iv%C3%A1n-duque
[12] Véase Guillén, Gonzalo y Julián Martínez, “Líder de los narco-pilotos de las campañas de Uribe y Duque fue condenado en 2015 por quien fuera Fiscal General de Barack Obama”, La Nueva Prensa, 22 Julio e 2021. Guillén Gonzalo y Julián Martínez, “Piloto de campaña de Iván Duque y de confianza de Álvaro Uribe desapareció en Guatemala transportando cocaína del cartel de Sinaloa”, La Nueva Prensa, agosto 3 de 2020.
[13] Walter Benjamin, “Tesis de Fiolosofía de la Historia” (Tesis 9), versión de Maira Herrero “Paul Klee -Angelus Novus- Walter Benjamin”, Alejandra de Argos, 12 Mayo 2020. https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41803-paul-klee-angelus-novus-walter-benjamin
Ricardo Vargas M., Corporación Viso Mutop
Foto tomada de: Diario Digital
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