Este ideario de la gran nación estuvo precedido de grandes luchas de resistencia indígena primero y de las negritudes después, fortalecidas por los pardos que contribuirían a la consolidación de los procesos independentistas de Hispanoamérica, liderados por el libertador Simón Bolívar.
En este proceso independentista de Hispanoamérica Estados Unidos asumió una posición neutral hasta 1822, cuando de manera tardía reconoció este fenómeno político de gran trascendencia en los albores del siglo XIX. Como contraprestación de este reconocimiento, en 1823 proclamó la doctrina Monroe y se implantó la amenaza externa como factor de alineamiento doctrinario y de unidad de cuerpo continental alrededor de los intereses estratégicos de dicho país.
La idea de la gran nación se puede identificar en los términos estratégicos incorporados en la carta de Jamaica y los lineamientos básicos de la convocatoria del congreso anfictiónico de Panamá.
Varios hechos han limitado esta idea de la gran nación ,empezando por las propias consideraciones bolivarianas, luego el peso de la deuda derivada de la financiación de la guerra independista , posteriormente el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos de 1846 que consistía en que Estados Unidos apoyaría a Colombia ante la amenaza del expansionismo de Inglaterra por las costas caribeñas de centro América, pues ese avance había tomado territorio de Belice, Bluefields que hoy es territorio nicaragüense y puerto Limón, hoy territorio costarricense, lo que presagiaba la toma de Panamá. Ese acuerdo será utilizado por Estados Unidos para concretar la separación de Panamá del territorio colombiano, en los albores del siglo XX, al final de la guerra de los mil días.
En 1944 el periodista norteamericano de origen holandés, Nicholas Jhon Spykman escribe a manera de amenaza, que si Argentina, Brasil y Chile (ABC) osaran impulsar procesos de integración por fuera de los lineamientos de Estados Unidos deberían ser sometidos a acciones de guerra si fuera necesario.
En el ámbito marítimo Alfred Mahan contribuye con la explicación del poder marítimo como componente estratégico para la configuración del poder económico a nivel mundial, no solo por la historia colonizadora de Inglaterra, sino por las líneas de acción emprendidas por Estados Unidos para erigirse en potencia mundial, tanto por las fuerzas navales que controlan rutas marítimas, sino por la captura adelantada de lo que es y puede ser la despensa en términos de la seguridad alimentaria marina y submarina.
En este contexto, América latina y el caribe han experimentado varios intentos de integración muy limitados en el orden regional , pues han avanzado hasta el nivel de uniones aduaneras imperfectas inspiradas en la Unión Europea y en la teoría pura del comercio internacional, pero se han centrado en ampliación de los mercados con procesos de desgravación arancelaria beneficiando a las corporaciones transnacionales con procesos de privatización y debilitamiento de los Estados en la conducción de la economía mediante ruta trazada desde la carta de Chapultepec en 1945, la ley pública 480 de Estados Unidos en 1954, La alianza para el progreso en 1961, La iniciativa para la cuenca del caribe(ICC) de 1983 , la Iniciativa para las Américas (IPA) de 1990, el tratado de libre comercio para América del norte (TLCAN) de 1994 derivado de la cumbre de las américas, la ley de comercio de Estados Unidos del 2002 y el intento fallido de la propuesta más significativa de seguridad hemisférica con el Alca. Los tratados de libre comercio con Estados unidos y la Unión siempre incorporaron el capítulo del régimen jurídico propiedad industrial como el eje de su agenda, sin por esta razón asegurar transferencia de tecnología Los adinerados locales se han beneficiado de este enfoque, generando una especie de renta de adhesión.
Los intentos subregionales de integración propios han sido fragmentados como el mercado común del caribe (Caricom), el mercado común centroamericano (MCC), la comunidad andina de naciones (CAN), el mercado común del sur (Mercosur), caracterizados por un débil intercambio intrarregional, casi siempre con la intermediación del dólar. De manera agregada el intercambio comercial en América latina y el caribe no supera el 20 % en 2022. Hay más articulación con las metrópolis de Estados Unidos y la Unión Europea que el intercambio interno en la propia región.
Las anteriores líneas de integración han tenido dinámicas diferenciadas, las primeras inducidas desde Estados Unidos o la Unión Europea, con el liderazgo del capital financiero y las segundas por iniciativas regionales, han tenido resultados limitados para las economías locales por haber optado por innovar en la condición dependiente de consumidores tecnológicos, con inversiones extranjeras sin transferencia de tecnología ni significativa generación de empleo y débil inversión pública en investigación y desarrollo propios. En términos regionales se escogió la competencia privada como el motor del desarrollo, sobre la base de análisis costo-beneficio en vez del costo-efectividad para fortalecer actividades productivas generadoras de riqueza derivadas del derecho al trabajo como la mejor política social. En la mayoría de los casos la política social se ha manejado como un componente residual de la política económica.
Una tercera vía de integración se ha desarrollado por la emergencia del nuevo mapa del poder político en América Latina y el caribe en los albores del siglo XXI , fundamentada en propuestas nuevas que han significado revisiones estructurales con proyectos que han recomendado el uso de monedas locales y la creación de moneda común subregional para facilitar las transacciones comerciales entre los países integrados, formuladas primero por Ecuador y luego por Brasil, lo cual ha consolidado las líneas de acción de la integración de nuevo tipo como la alianza bolivariana para nuestra américa – tratado de comercio de los pueblos (Alba), unión de naciones suramericanas (Unasur) y la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe (CELAC), que logró reunir a todos los gobiernos de América latina y el caribe en 2014, 199 años después de varios intentos .
Los obstáculos se han originado principalmente en interferencias externas, pero también por decisiones de dirigentes locales alineados con el modelo neoliberal de desarrollo, pero también por errores en la conducción de la política pública que no ha incorporado a los movimientos sociales que soportaron con votos los nuevos gobiernos progresistas en este siglo XXI.
Un componente complementario de carácter estratégico para la integración de nuevo tipo ha significado la propuesta de creación del consejo de defensa suramericano (CDS), que se congeló al mismo tiempo que se desactivó a Unasur, con el retorno de gobiernos alineados con el modelo de desarrollo privatizador. En el nuevo enfoque de la integración es necesario incorporar la formación militar y policial en la perspectiva del interés nacional para consolidar la actividad productiva como fuente básica de la política social, hoy debilitada por la sustracción de recursos fiscales y la transformación del Estado regulador y de bien estar en Estado plenipotenciario.
Las primeras experiencias de articulación han sido lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea con aplicación de mecanismos como la ley de preferencias arancelarias andinas y erradicación de drogas (atpdea) concedidas por Estados Unidos y el sistema generalizado de preferencia (sgp) concedidas por la unión europea que condicionan apoyos económicos a la estrategia de la lucha contra el narcotráfico primero y contra el terrorismo después. Las segundas experiencias asociadas con nuevas fuerzas externas de carácter comercial y de inversión con el liderazgo de Rusia y China, que en el seno de los BRICS se han constituido en nueva fuerza de gran importancia para reorientar los procesos de integración regional, con alcance mundial. Se han configurado como un nuevo referente para las negociaciones internacionales.
En términos productivos, las experiencias de integración de América latina y el caribe se han centrado en la especialización como proveedores de materias primas, especialmente del ámbito minero-energético y dependientes de productos manufacturados en los que ocasionalmente participa la región con los esquemas de maquila, pero peor aún, la articulación en vez de la integración ha transformado la región en dependientes de alimentos que podrían producirse en nuestros territorios.
Por su parte el sector minero energético y de recursos acuíferos del continente latinoamericano y del caribe se han desarrollado con la presencia cercana de 87 bases militares, de las 800 que tiene Estados Unidos y de la OTAN por el mundo, con el argumento de la lucha contra el crimen organizado asociado al narcotráfico primero y después del 11 de septiembre de la lucha antiterrorista. Esa cifra equivale al 11% de las bases militares distribuidas por la geografía mundial, mientras la población latinoamericana y del caribe representa el 8% de la población mundial. Es una militarización para atender guerras ajenas y para mantener el prohibicionismo en la gestión de la lucha contra el narcotráfico, que ha creado una rentabilidad directamente proporcional al riesgo- derivado de la prohibición- en un mercado que se mantiene activo y en crecimiento, con los altos riesgos de contaminación de las fuerzas militares y de policía.
Un aspecto domínate en el control militar de los recursos estratégicos como el petróleo y las zonas estratégicas de biodiversidad es su impacto doblemente contaminante en términos de la matriz energética asociada.
Fuentes. Otero Diego. Seminario internacional (Integración regional: Una salida a la crisis global. Unasur, Consejo de defensa suramericano y bases militares). 15 y 16 de septiembre. Observatorio de economía internacional-Unal, Bogotá 2009). Cuba ahora 2016 y revisión propia 2022.
Un aspecto significativo en la implantación de las bases y cuasi-bases militares es el adoctrinamiento de las fuerzas militares y de policía de la región que generalmente empieza con labores de asesoría de subcontratistas que utilizan simuladores para luego vender armas y naturalmente establecer esquemas de seguridad y defensa que no necesariamente corresponden a la defensa de los intereses nacionales de la región.
En relación con la formación de oficiales y suboficiales, Colombia puede transformar la escuela superior de guerra en academia militar, porque se dispone de experiencia y recursos humanos con formación de pregrado, maestría y doctorados en proceso. Importante es hacer ajustes sustanciales a la doctrina militar que se ha centrado en la lucha contra el enemigo interno en escenarios de guerra, sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional implantada en 1962 (60 años), de manera que, en vez de prepararse para la defensa del territorio continental e insular frente a amenazas armadas externas, se les ha formado para ejercer un control social interno. En el caso de la policía ocurre otro tanto, porque siendo una institución de carácter civil, se rige con esquemas militares, incluso en el manejo de su jerarquía interna, a pesar de que su función esencial es de contribuir a la convivencia ciudadana.
En términos presupuestales los gastos militares en Colombia han estado determinados por el aumento significativo del pie de fuerza, la dotación y equipamiento que se ha duplicado desde el inicio del siglo XXI hasta el vigente año 2022. Incluso, a pesar de la firma del acuerdo de paz en 2016, Colombia ha aumentado dichos gastos, según el Instituto de estudios para la paz de Estocolmo (Sipri).
Un importante estudio de José Fernando Isaza y Diógenes Campo (modelos dinámicos de guerra: el conflicto colombiano) mostró en 2007 que Colombia dedicó a gastos públicos de defensa 6.3% del PIB, mientras que Estados Unidos dedico el 4% de su PIB. Los gastos militares y la deuda se han transformado en lo más significativos del presupuesto, lo que ha permitido que en 2022 con un gasto público en defensa del 12 % del PIB se cuente con un pie de fuerza entre militares y policía de 500 mil unidades, superior a Brasil, que tiene 4.3 veces más población y 7.2 veces más superficie continental y marítima. Con un factor funcional aparentemente caótico, militares cumpliendo función de policías y policías cumpliendo funciones militares, además del activismo de grupos armados privados han inducido la degradación de sus funciones, que tuvo un primer ejercicio de transformación, con motivo de las negociaciones del acuerdo de paz del 2016.
Con este inusitado crecimiento se hace necesario revisar los esquemas de selección y reclutamiento porque un crecimiento de efectivos tan significativo debió aplicar esquemas rigurosos, especialmente porque la capacitación para la paz no puede contar con los mismos criterios de selección, reclutamiento y adiestramiento que para un país en guerra. La ética militar debe ser la base para la construcción y consolidación de la democracia.
Este proceso de militarización en Colombia cuenta con una situación especial ahora con trato especial en la OTAN, significa al menos defender el sistema económico de mercado, acceso a material de guerra de Estados Unidos y cooperación para el entrenamiento militar. Y eventualmente ser blanco de quienes encuentran en la OTAN un enemigo, porque estaríamos terminando una guerra interna para pasar a una guerra externa de carácter global.
La organización del tratado del atlántico norte (OTAN) inicia labores en el atlántico norte en 1949 en desarrollo de la guerra fría para enfrentar amenazas externas de carácter armado y se ha extendido al atlántico sur, a Europa oriental, al medio oriente y nuevos escenarios en pacifico occidental. Es una fuerza de intervención global, especialmente en territorios con conflictos limitados permanentes (CLP), como el actual de ucrania.
Las intervenciones de la OTAN se han desarrollado cada vez más con el esquema de guerras tercerizadas y en general han fragmentado los territorios intervenidos como Yugoeslavia, Corea, Libia, Irak, Vietnam, sin triunfos militares, pero con gran incentivo para la industria militar estadounidense, como un componente vulnerable de su fortaleza económica que compite débilmente en el campo tecnológico frente al ascenso significativo de la China, en los últimos 30 años.
Con la desactivación de la Unión Soviética en 1989 a cambio de la generación de territorios militarmente neutrales en las fronteras de la naciente Federación Rusa y la unificación de Alemania, con el compromiso James Baker- Mijaíl Gorbachov se proclamó que se iniciaba la era de cooperación internacional, pues la amenaza armada daría paso a la amenaza no armada, con la activación de un concepto inspirado en Naciones Unidas y vital para el desarrollo de la economía mundial mediante políticas orientadas por la seguridad humana como ruta al desarrollo y a la convivencia pacífica. Sin embargo, la OTAN inició con 10 países, hoy cuenta con 30 países y otros países asociados que tributan en términos financieros con las correspondientes bajas humanas locales de los países intervenidos.
En este contexto regional e internacional, Colombia debe abordar ajustes necesarios para la construcción de la paz con desarrollo, limitando la avaricia y arrogancia del capital financiero y fortaleciendo el capital productivo.
Carlos Martínez Becerra
Foto tomada: CELAC
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