Con frecuencia se hace alarde del súbito rebote que experimentó la economía colombiana (10.6%) en el 2021 durante el gobierno de Iván Duque en comparación con el crecimiento de otras economías de la región después de la caída general durante el año 2020. Aquello, sin embargo, fue un comportamiento transitorio que se derivó de una presión inédita sobre los precios, los cuales aumentaron, en primer lugar, por una repentina activación de la demanda tras un estancamiento del consumo, que se restringió a bienes de primera necesidad durante la pandemia; en segundo lugar, por problemas de la oferta resultado de la crisis mundial en las cadenas de suministro (“crisis de los contenedores”); a lo anterior se suma la devaluación de la moneda en el año 2022, que alcanzó el 20.82% (para diciembre de ese año la TRM cerró en 4.810), con un impacto negativo en el precio de alimentos importados (el país importa aproximadamente 12 millones de toneladas año, que equivalen al 30% de los alimentos que se consumen anualmente). Este hecho no ha sido ignorado por el actual Gobierno, que ha entendido la necesidad de fortalecer la actividad agropecuaria para avanzar en la seguridad alimentaria del país, dado que tiene grandes cualidades en potencia para producir los alimentos.
Bajo la tesis de que la elevada demanda de dinero genera mayor inflación, el Banco de la República respondió adoptando una política monetaria bastante restrictiva al subir progresiva y significativamente las tasas de interés, que pasaron de 1.75% en septiembre de 2020 a 13.25% en mayo de 2023. Pero lo que era entonces parte del remedio se ha convertido hoy en una enfermedad. El problema de las tasas de interés tan altas es que aumenta el costo del uso de capital, lo cual restringe mucho más la oferta, deteriora la actividad económica y pone un freno a la posibilidad de reducir aún más el desempleo. El Banco de la República se ha negado a reducir drásticamente la tasa de intervención, lo cual ha ayudado a reducir el aumento de los precios y mantener baja la inflación, sí, pero sacrificando la reactivación de la economía del país. Así pues, lo que en un momento se usó para impedir mayores cifras de inflación, contradictoriamente se mantiene hoy a costa de debilitar la inversión y frenar la activación de las capacidades productivas de nuestra economía, ya de por sí frágil y precaria.
La economía colombiana continúa mostrando señales de mejora, cuyo crecimiento confirma la tendencia positiva del país (según el último reporte del DANE, la economía repuntó con un crecimiento en julio 3.8%, impulsada principalmente por el sector agrícola y los servicios). La inflación también ha venido cediendo ostensiblemente sin interrupción. Por otra parte, si bien el Banco de la República ha realizado una serie de recortes sucesivos de las tasas desde que inició con su programa de flexibilización en diciembre de 2023, este ha sido en realidad bastante tímido.
Dinámica de la inflación y las tasas de interés entre 2020 y 2024
En un contexto de disminución importante de la inflación y de perspectivas positivas de crecimiento económico, el Banco de la República podría tomar medidas responsables que permitan impulsar mucho más la economía y ayudar a que despegue con más fuerza. Ante la negativa obstinada del Banco Central para flexibilizar más su restrictiva política monetaria, corresponde al Gobierno Nacional llevar a cabo una política fiscal eficiente para impulsar la economía mediante una acertada gestión en la focalización del gasto social. Y el Gobierno ciertamente ha hecho esfuerzos para optimizar los recursos de la inversión pública, pues es consciente de que no basta solo con crecer, sino que debe estimularse un crecimiento que favorezca a los más pobres (a esto el Congreso se resiste impidiendo la aprobación del presupuesto y el acceso a créditos para promover la asfixia fiscal como instrumento político de oposición a este gobierno).
El crecimiento del PIB, obsesión fetichista de economistas y gobernantes neoliberales, nunca ha reducido significativamente el número de pobres, y no es suficiente implementar subsidios, ampliar la oferta educativa o proporcionar oportunidades laborales si se deja de lado la distribución del ingreso y el equilibrio en las diversas formas de riqueza. Por eso es importante destacar el Plan de Desarrollo del actual Gobierno, en el cual se incluye un artículo que abarca cinco mediciones de desigualdad: la de ingresos, la de propiedad de la tierra, la inmobiliaria, la accionaria y la de patrimonio.
En el evento de Estudios Económicos de la OCDE, el ministro Ricardo Bonilla afirmó que en Colombia se ha combatido la pobreza (con subsidios), pero no se ha hecho nada contra la desigualdad. Esta idea es relevante porque señala la importancia de conjugar crecimiento económico con políticas de distribución, ya que no existe una relación directa entre crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad. Por eso, si se quieren disminuir los escandalosos niveles de desigualdad y pobreza en Colombia es urgente llevar a cabo políticas redistributivas y cumplir con la aprobación de las reformas de Gobierno que el Congreso insiste en despreciar.
El encarecimiento del crédito desestimula la inversión privada y conduce a un estancamiento de la economía, pero el Banco Central considera que frenar la actividad económica, aumentando o manteniendo altas las tasas de interés, es conveniente porque reduce la inflación. Sin embargo, la inflación debe ser examinada valorando el comportamiento de los sectores que la componen: educación, transporte, alimentos, servicios públicos, restaurantes, etc., para entender que sus causas cambian según las diferentes coyunturas, y el gobierno ha comprendido que para acelerar el ritmo de descenso de la inflación es necesario actuar sobre estructuras condicionantes como la poca producción de alimentos. Si mejora la productividad agrícola y pecuaria necesariamente disminuirán los precios.
El Banco de la República, por su parte, ha dado demasiada relevancia al control de la inflación a través de los aumentos de la tasa de interés. Es su única herramienta y, por cierto, bastante limitada. Insiste en su tesis inicial de que la inflación tiene sus orígenes en la demanda de dinero, pero pierde de vista los graves problemas estructurales y las dificultades de oferta que se originaron durante la pandemia. ¿Cabe hoy el mismo diagnóstico de entonces?
El Banco de la República es muy enfático en defender su autonomía y en recordarnos su imparcialidad política. Pero la inflación no es un simple dígito, ni una estadística ajena a la realidad política, económica y social del país. El contexto político hace que las cifras no sean simples y abstractas representaciones numéricas. ¿Es una mera razón técnica o existe alguna motivación política que le impida al Banco de la República bajar la tasa de referencia para empezar a reanimar más aún la economía?
Para terminar, no quiero dejar de hacer una pequeña reflexión. No se deben pasar por alto posturas políticas no declaradas e imperceptibles juicios de valor que se ocultan a la mirada poco atenta, pero que están presentes y ejercen su labor condicionante en lo que quiere presentarse como una decisión puramente técnica. “Los juicios de valor a los que se prohíbe entrar por la puerta principal de la ciencia política, de la sociología y de la economía acaban entrando en estas disciplinas por la puerta trasera”, dice Leo Strauss[1]. El tecnócrata, que por lo general es un funcionario de derecha que dice no tener ideología, se presenta como un individuo inmune a toda preferencia; que no actúa movido por sus inclinaciones como ciudadano, como humano, ni como sujeto, pues tales condiciones amenazan su “objetividad científica”, su voluntad de neutralidad, su acción desapasionada al servicio de un saber estrictamente instrumental. Un sujeto real, en cambio, soporta o encarna un mundo de valores, aspiraciones, ideales e intereses que dominan el contexto social en el que habita, y que rebasa el marco individual y normativo del intelectual, el científico o el técnico.
El burócrata especializado, que actúa con base en principios técnicos (postulados sin supuestos ni valores), está convencido de que al ejercer su oficio o profesión se comporta como el simple vehículo desinteresado de un saber universal; no obstante, sus actos y sus decisiones producen efectos económicos, sociales y políticos muy específicos. El neoliberal que oficia como economista se encuentra dividido entre la condición abstracta que le permite concebirse como un mero instrumento general del saber (“la economía”) y una situación concreta como persona viviente que actúa y busca con su ciencia fines particulares en el mundo. La pureza de la teoría económica queda en entredicho cuando ella tiene que enfrentarse a una determinada situación social y adoptar medidas económicas: ¿una política monetaria no es acaso ella misma una decisión que responde a una concepción que debe ser tomada como principio de acción para influir sobre el rumbo económico y social de una nación? Una política es, en efecto, un principio orientador que sirve para conducir la acción en una u otra dirección. Quien define el hacer científico (más aún en las ciencias sociales) como un hacer libre de ideologías y supuestos, no solamente se engaña, sino que también miente.
“No existe, juzgando con rigor, una ciencia “libre de supuestos”, el pensamiento de tal ciencia es impensable, es paralógico: siempre tiene que haber allí una filosofía, una “fe”, para que de esta extraiga la ciencia una dirección, un sentido, un límite, un método, un derecho a existir”[2].
______________
[1] Strauss, Leo. ¿Qué es filosofía política? Alianza Editorial. 2014, p. 97
[2] Nietzsche, F. Genealogía de la moral. Alianza Editorial. 1994, p. 174.
David Rico Palacio
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
Brillante!