Por un lado, quienes se ubican en el extremo liderado por los grupos conservadores y las élites empresariales, negacionistas del Estado y de tendencia claramente autoritaria; por otro, los de izquierda o progresistas, cuya base principal de apoyo son los sectores populares y movimientos sociales de diferentes orígenes, más cercanos al pluralismo, la preservación de la democracia y la defensa del Estado como agente regulador de la economía y garante de los derechos sociales y ciudadanos.
Al primer grupo pertenece el actual presidente y candidato Daniel Noboa Azin, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), miembro de la familia más rica del Ecuador, productora y comercializadora de banano. Al segundo, la candidata Luisa González Alcivar, del Movimiento Revolución Ciudadana, ligado a lo que en Ecuador se conoce como el “correísmo”, por el apoyo y liderazgo que mantiene del exiliado expresidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2010 y 2017.
El resultado es difícil de predecir dada la escasa diferencia que hubo entre una y otro en la primera vuelta. Apenas el 0,17 % más, a favor de Daniel Noboa, quien obtuvo el 44.17 % de la votación, sobre el 44 % de González. Fue prácticamente un empate técnico, sin embargo, hipotéticamente con una ventaja para González, teniendo en cuenta que el líder indígena del movimiento Pachakutik Leonidas Iza, quien quedó en tercer lugar con el 5,29 % de los votos, se le ha unido para la segunda vuelta.
Aunque con los diferentes niveles que existen entre regiones y países, Ecuador padece hoy de los mismos males que aquejan al mundo: deterioro de la actividad económica, elevados índices de inseguridad y violencia, fuertes afectaciones por el cambio climático, emisión y recepción de población migrante y una aguda crisis institucional que han llevado a una profunda inestabilidad política y social y al declive general de las condiciones de vida de su población.
El tema de mayor preocupación para la ciudadanía ecuatoriana es sin duda el de la seguridad. El país está prácticamente tomado por bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de territorios y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, en paralelo con delitos como el secuestro, el boleteo y la extorsión, que han llevado a generar desplazamientos internos e incluso la salida de sus ciudadanos hacia otros países de la región, de Norteamérica o de Europa.
Después de haber sido considerado uno de los más seguros de América Latina en 2017, al final del Gobierno de Rafael Correa, la tasa de muertes violentas pasó de 5,79 a 38,8 por cada cien mil habitantes en 2024, según InSight Crime. Los más afectados son los (as) jóvenes, a quienes el desempleo y la falta de oportunidades de acceso o permanencia en el sistema educativo los hace más vulnerables y de fácil cooptación por parte de las bandas criminales.
A lo anterior se suman los elevados niveles de corrupción y la violencia ejercida por agentes del Estado, comprometidos en la violación de los derechos humanos, en actuación connivente con grupos delincuenciales que, por demás, han permeado el aparato de justicia, mantienen el control de los centros carcelarios y han sobrepasado su capacidad ofensiva y de intimidación frente a las de las instituciones y la fuerza pública.
Por su parte, la economía en 2024 estuvo prácticamente en recesión -con tres trimestres consecutivos en decrecimiento- y cerró con una contracción general de 2,5 %, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La desaceleración se explica en medidas como el incremento de tres puntos en el IVA y el aumento de los precios de la gasolina, que afectaron los niveles de consumo e inversión, especialmente en los sectores de producción manufacturera y de servicios. A lo anterior se sumó el efecto de los apagones ocasionados por la crisis energética, debida a su vez a la inmensa sequía que se vive en gran parte de su territorio.
Sus niveles de endeudamiento han venido en aumento, llegó en 2024 a un 56 % del PIB, con el agravante de que es deuda con obligación de corto plazo, lo que compromete seriamente su estabilidad financiera y fiscal, por la menor disponibilidad de recursos que ello significa para la inversión en otro tipo de actividades, sobre todo las relacionadas con la atención social y de impulso a la dinamización de la economía. Asimismo, se mantienen elevados niveles de desempleo e informalidad, esta última por encima del 50 %, además de una caída en el valor real de los ingresos laborales -3 % en 2024- y un indicador de pobreza que asciende al 31,9 %.
Este panorama no refleja más que la incompetencia y la falta de efectividad de las políticas del actual presidente y candidato Noboa, que asumió el cargo en noviembre de 2023, así como de quienes lo antecedieron a partir de 2017, Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), sucesores de Correa y con los que desde entonces el país dio el giro a la derecha y a la terrible debacle en que hoy se encuentra. Hay que recordar que la asunción de Noboa en 2023 fue para terminar el periodo de Guillermo Lasso, quien debido a un juicio político en su contra se vio obligado a disolver la asamblea nacional y a convocar elecciones presidenciales anticipadas, conforme a la figura de “muerte cruzada” que permite la constitución ecuatoriana.
Pese a su discurso de mano dura, Noboa no ha logrado ser efectivo en el combate a la delincuencia. El modelo de seguridad, basado fundamentalmente en la militarización y respaldado en decretos de estado de excepción, de paso utilizados para la persecución de líderes y la imposición de cercos a la movilización y protesta social, ha ido perdiendo la batalla frente al poder cada vez mayor de las organizaciones delincuenciales. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en enero de este año se registraron 781 homicidios, 276 más que los 505 registrados en 2024 y 247 más que los 534 de 2023, año en el que Ecuador se situó a la cabeza en el índice de muertes violentas de Latinoamérica.
No habrá lugar a la seguridad si no se implementan estrategias dirigidas a atacar seriamente los problemas estructurales que se acusan, cuya solución ha sido aplazada por los últimos gobiernos. El enorme peso de la delincuencia es en sí misma el resultado de una crisis ética y moral que sacude las bases del establecimiento, de la falta de liderazgo que ha dejado al desgaire a las instituciones y al Estado de derecho, y de un modelo de desarrollo ajeno a los intereses de las mayorías de población: indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, desempleados, trabajadores informales, amas de casa, cuyas necesidades y derechos han ido quedando por fuera de las agendas de gobierno.
Así como requiere revisar y modificar su matriz productiva y de fuentes energéticas, Ecuador debe revisar su matriz de distribución del ingreso y la riqueza, en tanto lo hace insostenible la enorme desigualdad y las profundas inequidades que configuran su cartografía económica y social. No son viables sociedades que mantengan brechas tan elevadas en materia de educación, de acceso a recursos productivos, de inversión en infraestructura y sin que se destinen recursos a la investigación y el desarrollo tecnológico, con criterios igualmente democráticos y no solo para el usufructo de las grandes marcas o patentes, nacionales o internacionales.
El próximo 13 de abril sabremos si los ecuatorianos, sumidos en la frustración, la desesperanza y la falta de confianza en las instituciones y sus dirigencias, optan por el cambio o por la continuidad de un sistema de gobierno autoritario, basado en la privatización, el exceso de reverencia en el mercado, el recorte del Estado, y bajo la quimera de un concepto de seguridad cuyas lógicas no han arrojado resultados.
Después de ocho años de gobierno de una derecha que dejó sumir a la nación en el estado deplorable en que hoy se encuentra, un triunfo de la candidata Luisa González podría ser un respiro para la democracia y el camino hacia una nueva institucionalidad, capaz de convertirse en vehículo idóneo para el trámite de los conflictos y la respuesta a las demandas ciudadanas, lo que pasa por el diseño de una nueva idea de sociedad y por la recuperación y fortalecimiento del rol del Estado, destruido por los gobiernos anteriores.
En medio de un panorama tan difícil, es enorme la responsabilidad de la ciudadanía ecuatoriana frente a la elección de su nuevo (a) mandatario (a). Cualquiera que sea la opción que elija, y ojalá la sensatez y sapiencia la ilumine, esperemos que no sea la aceptación del sacrificio de sus derechos y libertades a cambio de promesas quiméricas de seguridad hasta ahora incumplidas, pero tan en boga en estos tiempos.
Orlando Ortiz Medina, Economista-Magister en Estudios Políticos
Foto tomada de: El Universo
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