Entre enero y septiembre de 2019, fueron asesinadas 85 personas que defendían los derechos colectivos de sus comunidades, según el Programa Somos Defensores. Sin embargo, esta cifra siguió creciendo, tan solo en octubre cegaron la vida a 11 líderes y lideresas indígenas. Esto sin contar otros liderazgos comunitarios y ambientalistas como el de Carlos Aldario Arenas del Tolima. El contexto para ejercer el liderazgo en Colombia es hostil. No se trata sólo de asesinatos. Durante el mismo periodo de tiempo se presentaron 796 agresiones, 106 más que en los mismos meses del 2018. De ese universo, las amenazas encabezan la lista con 645 casos, 33 atentados, 12 reportes el robo de información sensible y 23 detenciones arbitrarias.
Los pueblos indígenas son los más afectados. Se calcula en, al menos 140 asesinatos de indígenas durante el 2019, de los cuales el 28% eran liderazgos con alto reconocimiento en sus comunidades y de ellos, siete eran mujeres. El incremento de ataques contra lideresas sigue en aumento, mientras en el 2018 el total del año fueron 15 asesinatos, cifra de por sí alta, en lo corrido del año al menos 17 han perdido la vida de manera violenta. Le siguen en esta triste lista los comunitarios, comunales y campesinos.
En relación a los territorios más afectados, en primer lugar se encuentran los departamentos del Cauca, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Bolívar. En cuanto a los presuntos responsables se mantiene la tendencia de años anteriores: la mayoría de crímenes son cometidos por desconocidos (72%), seguidos de paramilitares (10%), disidencias de las FARC (8%), ELN (5%) y la Fuerza Pública (5%).
¿Y el Estado y gobierno colombiano?
Se esperaría que ante este panorama desolador e incomprensible, las entidades gubernamentales y estatales responsables de garantizar la vida, protegerla e impartir justicia, actuaran de manera adecuada y el fenómeno se superara. Infortunadamente no es así.
El Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República, la Ministra del Interior y el Ministerio de Defensa, desconocieron el Acuerdo de Paz, que contiene las bases normativas y políticas encaminadas a las garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH y la oposición política. El sub punto 3.4., recoge 12 dispositivos normativos que allanan ese camino, muchos de los cuales se convirtieron en política pública vinculantes – decretos leyes-. Al contrario, crearon el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, comunales y periodistas, conocido como PAO, que además de ser inoportuno, tiene un enfoque centralista y militarista, hecho a imagen y semejanza de la política de seguridad democrática 2.0, como fue denunciado desde el principio por el movimiento de DDHH. Desde ese mismo Plan, se propuso el gobierno hacer la política para la protección del liderazgo – desconociendo el Acuerdo de Paz- y como gran hecho, piensan en un Conpes para resolver la criminalidad contra el liderazgo social. Igualmente concentraron la política en la protección física, es decir, más recursos para la UNP y medidas físicas y materiales, lo cual, insistimos, no resuelve el problema, en cambio sí lo prolonga.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, responsable de investigar los casos, hallar a los responsables materiales e intelectuales, y contribuir al desmantelamiento del paramilitarismo y demás crimen organizado, avanza en cifras, pero no en resolver la problemática. Según el último reporte público de la entidad, agosto 20 de 2019, el esclarecimiento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, llegó a un 58.61 %. Esto es, de los 302 casos priorizados desde 2016, 177 ya están esclarecidos. Sin embargo, es cifra conlleva dos problemas: de un lado, si bien tienen avances en investigaciones, no han culminado todas sus fases de investigación y juzgamiento, y tan solo 33 cuentan con sentencias, quiere decir, que sólo hay esclarecimiento en un 11%, no en el 58.61. De otro, si la verdad judicial llegara a este porcentaje, no se entiende entonces por qué del crecimiento del crimen organizado, especialmente en territorios altamente militarizado como el Cauca, donde ya dijimos, se presenta la más alta criminalidad contra el liderazgo social.
En relación con la Procuraduría General de la Nación, su papel en este asunto, es realmente pobre. Como Ministerio Público tiene tres funciones centrales, de las cuales, dos serían determinantes para contribuir a superar el problema, si se implementaran. Una, disciplinar los agentes del Estado, que por acción u omisión no garantizan la integridad física de los activistas de DDHH. Sin embargo, el número de investigaciones adelantadas son mínimas y no reflejan la responsabilidad del Estado. Según la institución, se adelantan 30 investigaciones, de las cuales, sólo una se inició bajo administración de Fernando Carrillo, las demás son antiguas, y la mayoría (23) aún se encuentran en indagación preliminar, (5) en investigación y (3) en evaluación de la queja. Dos, acciones de prevención frente a la actuación de la función pública. Al respecto, la Procuraduría adelantó una Campaña “Mesas por la Vida” durante un año, tiempo en el que visitó varias regiones, acompañada de altos funcionarios de Gobierno y Estado y autoridades locales, para hablar con las organizaciones y liderazgos sociales. Los resultados aún no se conocen, pero a la vista no se advierten.
La Defensoría del Pueblo, por el contrario, ha desarrollado una intensa labor de acompañamiento en terreno, misiones humanitarias y alertas tempranas donde se señalan los riesgos de personas defensoras de DDHH, como la número 026 de 2018. Sin embargo, esta entidad, responsable de defender los derechos de los ciudadanos, no tiene los dientes ni un mandato vinculante que obligue a los servidores públicos a acatar sus observaciones y advertencias.
El grito por los líderes y lideresas sociales el 21 de Noviembre
Frente a esta deshonrosa realidad, las calles, el parlante, el grito, la pinta, la pancarta, el pasacalle, la consigna, el mural, la comparsa, las tamboras, la danza… se convirtieron en la esperanza y en el grito de la sociedad colombiana para rechazar el sacrificio injustificado de mujeres y hombres que luchan por los intereses de sus comunidades, sin esperar nada a cambio.
No es la primera vez que la sociedad colombiana y extranjera se moviliza ante la violencia sistemática de los líderes y lideresas del país. El canto, el color, las velas vestidas de luces, como un mar de fueguitos, recordando a Galeano, llenaron las plazas, las avenidas y todos los espacios públicos de grandes y pequeñas ciudades con la Velatón por los líderes sociales el 6 de julio de 2018.
Más recientemente, el 26 de julio, ante la impotencia por las imágenes que mostraban un niño gritando de dolor al ver a su madre, María del Pilar Hurtado caer ante el imperio de la balas, se realizó la inmensa y esperanzadora movilización en rechazo de esta crueldad que el gobierno se niega detener.
Muchos 21 de noviembres vendrán. La historia no nos permite dejar perder logros intangibles del Acuerdo de Paz. No fueron sólo los pactos evidentes los que surgieron de ese hecho sin precedentes en el país. Hay cambios imperceptibles a los ojos, pero evidentes en el espíritu de la sociedad. Uno de ellos, el reconocimiento y legitimidad recuperada para el liderazgo social colombiano. La matriz histórica construida por el Estado y normalizada por los medios de información pesó demasiado sobre el movimiento social y comunitario, al considerarlo dependiente o aliado de las guerrillas. Sus resultados fueron perversos: la naturalización de la violencia contra ellos, con miles de dirigentes populares que quedaron a mitad del camino y sobre ellos, un manto de duda, que quizás sólo la reconstrucción de la memoria, levantar y dignificar podrá. Desaparecida las FARC como insurgencia, la historia le devuelve el lugar político de autonomía e independencia que les corresponde a mujeres y hombres luchadores de los derechos y reivindicaciones de sus comunidades.
Si en el pasado fue impensable movilizarse por los líderes y lideresas populares, quienes a pesar de su entrega a causas sociales, eran vistas con duda y sospecha, hoy, como sociedad, es lo mínimo que debemos hacer.
El proceso de paz devolvió a estas personas activistas de los derechos humanos, así como el mar devuelve a las playas lo que no le pertenece, su legitimidad y naturaleza democrática que el marco del conflicto armado, guerra sucia y violencia socio política, les arrebató por mucho tiempo y justificó su sacrificio.
Diana Sánchez Lara, Directora de la Asociación MINGA – Coordinadora del Programa Somos Defensoras
Foto tomada de: El Tiempo
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