El Acuerdo Nacional

En la historia política de Colombia ha habido muchos pactos y acuerdos nacionales para superar crisis políticas, económicas y humanitarias. El Presidente Gustavo Petro ha puesto en el debate público de nuevo, la necesidad de un acuerdo nacional, lo cual resulta congruente con la transición democrática que significa su gobierno, este acuerdo es necesario para profundizar las reformas que la constitución de 1991 planteó, que no se han hecho durante tres décadas, pero también para hacer aquellos cambios que nos lleven a superar el lastre histórico de la violencia que ha caracterizado la vida republicana colombiana, se debe resolver el problema de la excesiva concentración de la tierra, apelar a los lados más progresistas de la constitución de 1991, los cuales fueron cercenados por los gobiernos de Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos en cierta medida y también por Duque.

La pregunta es entonces, ¿de qué trata el gran acuerdo nacional?, desde esta Revista quienes nos agrupamos alrededor de Sur, hemos planteado que un Acuerdo Nacional debe ser un pacto alrededor de una transición democrática que logre la garantía de los derechos fundamentales, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la soberanía alimentaria, a la dignificación de las condiciones laborales, en donde todos los colombianos podamos comer tres veces al día. La constitución de 1991 fue muy prolija en el reconocimiento de derechos, pero el país se ha quedado corto en la garantía efectiva y universal de los mismos. Es importante referirse al contenido del acuerdo nacional para que no se repitan historias como tragedia, el mérito de Gabriel García Márquez en la gran obra Crónica de una muerte anunciada fue que desde el comienzo de la obra se sabía su final, en este sentido lo que debemos es anticipar lo que no puede volver a ocurrir en la historia colombiana, por lo que quiero señalar de manera sucinta uno de los acuerdos nacionales acaecidos en la historia colombiana, que se basó en una búsqueda de la superación de la atroz violencia liberal-conservadora que cobró la vida de 200 mil compatriotas, mas de 2 millones de desplazados en un país que en momento tenía 16 millones de habitantes, y un despojo de tierras que llegó a cuantificarse en 196 mil fincas, sin poder cuantificar el número exacto de hectáreas de ese despojo. Se sabe que en el Tolima se despojaron 105 mil hectáreas, y que en el actual departamento del Quindio, fueron 30 mil. La idea entonces fue ignorar los derechos de las víctimas y legalizar el despojo sobre cadáveres como el de Guadalupe Salcedo y cientos de miles de líderes sociales y campesinos.

La salida propuesta fue un acuerdo nacional el del Frente Nacional, un pacto antidemocrático en el que por 16 años sólo tenían el derecho a dirigir nuestro país, los partidos liberal y conservador. El resto de los colores del arcoíris político fueron excluidos. Este fue un pacto antidemocrático, algunos de mis maestros que he leído, llamaron a este momento de la historia una dictadura civil. Pues bien, lo que creemos es que un acuerdo nacional en el contexto actual debe ser mas cercano a la constituyente de 1991 que al Frente Nacional, a este último debemos reconocer el logro histórico de que los liberales y conservadores se dejaran de matar. Pero no puede una parte del país social y político considerar una vuelta al pasado con el planteamiento de un acuerdo que perpetúe las exclusiones históricas, en donde nada cambie, que todo siga igual.

La discusión actual

Respecto al Acuerdo Nacional al que ha convocado el presidente Gustavo Petro, ha habido diversas interpretaciones, por ejemplo, en una reciente columna en un medio escrito de comunicación, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes afirma que el presidente lo que ha pretendido es “la adhesión a sus propuestas de cambio y rechazo a la mayoría de las modificaciones que pretende mejorarlas o evitar que causen daños irreparables”, a renglón seguido plantea que se requiere generar confianza. En otra alocución el senador Iván Cepeda de la bancada del Pacto Histórico ha expresado que el Acuerdo Nacional no es coyuntural, sino que es una apuesta que lo que busca es resolver problemas estructurales del país, por tanto, esta no debería atribuirse a un solo partido sino a todos y a la sociedad misma. Afirma que no es la primera vez que esto se daría en Colombia.

Es cierto que no es la primera vez que Colombia se enfrenta a lo que sería un acuerdo o pacto nacional, en la trayectoria histórica contemporánea, además del hecho mencionado en la introducción de este texto,  el más importante acuerdo reciente, corresponde a la Constituyente de 1991 en donde se hizo la transición de un régimen político bipartidista excluyente a una apertura democrática multipartidista, en donde se avanzó en afianzar el principio republicano de la división de poderes, una reforma al Estado consistente en la descentralización política, administrativa y fiscal. Todo esto se da en el contexto de un acuerdo de paz y un proceso de desmovilización de las guerrillas M 19, EPL y Quintin Lame, por fuera de este acuerdo de paz quedaron las guerrillas de las FARC y el ELN; lo cierto es que esta transición fue la más importante históricamente, pero fue incompleta, una deuda de la misma fue la reforma social y económica que quedó a mitad de camino, y por supuesto el acuerdo para desmovilizar a las guerrillas que quedaron por fuera.

En cuanto a las reformas sociales y económicas, por la vía del ejecutivo en cabeza del Presidente César Gaviria, sus mayorías parlamentarias en el Congreso de la República y las élites político-económicas, el país avanzó por la ruta del consenso de Washington y un conjunto de reformas económicas y sociales que condujeron a la desigualdad, la desindustrializaron del país, a la negación de derechos fundamentales y servicios públicos por la vía de privatizaciones espurias, y el desmonte del acuerdo de paz a sangre y fuego con el fortalecimiento del paramilitarismo durante la década de los 90.

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez, tres décadas después de la Constitución de 1991 al gobierno nacional, es apenas la materialización en el poder ejecutivo nacional, de esa apertura democrática lograda en la transición de la constituyente. Lo que resulta lógico es que, en coherencia con el marco histórico, este gobierno avance en retomar la transición democrática, asuma las deudas que quedaron con la sociedad colombiana, y esto es lo que el presidente Petro ha denominado el Acuerdo Nacional.

El presidente Gustavo Petro ha expresado la necesidad que el acuerdo nacional sea para materializar las reformas que posibiliten la modernización del país, la inclusión de sus gentes todas, la superación de las desigualdades y la generación de una economía productiva y ambientalmente sostenible,  esto implica un conjunto de reformas como la agraria, con la generación de una agroindustria que garantice la soberanía alimentaria, una reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso dela República que logre materializar los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, que cobra más impuestos a quienes más ingresos tienen, bajo una consideración de justicia social con las clases medias y populares, lo que significa que logre realmente una redistribución equitativa de la riqueza. Una reforma pensional que garantice una vejez digna a las mayorías trabajadoras en la formalidad y en la informalidad, una reforma a la salud que garantice este derecho como fundamental y supere los negocios y corrupción instaurada con los recursos públicos de los colombianos, un ingreso mínimo vital o renta ciudadana que garantice el acceso a la base mínima para que ningún colombiano padezca la extrema pobreza, una reforma educativa que establezca esta como derecho fundamental, una transición energética para que Colombia asuma los retos de la superación de la crisis climática global, una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores, mejore la capacidad adquisitiva; la reindustrialización del país para la generación de una economía productiva, con una sociedad del conocimiento que incentive la ciencia, la tecnología e innovación, que permita que Colombia se inserte en el mundo de una manera distinta a la impuesta división global del trabajo y la reprimarización de la economía,  la Paz Total con garantía que se conozca la verdad, como lo ha venido haciendo la Jurisdicción Especial de Paz, una reforma política que acentúe el principio de la división de poderes y permita una competencia democrática transparente y paritaria. Son estos, algunos de los los temas de una agenda de país que deberían analizarse para el Acuerdo Nacional.

No obstante, existen dos visiones que nos evoca la Crónica de una muerte anunciada de Gabo, frente a ese acuerdo nacional, una es la del establecimiento y su representación económica y política, en donde el planteamiento es que se haga un acuerdo nacional para que todo siga igual, para que se perpetúen las enormes inequidades, injusticias sociales en Colombia y se mantenga el contra reformismo democrático que las fuerzas neoliberales hicieron en la década de los 90 para menguar los principios y la garantía de derechos de la constitución de 1991. En esta idea se encuentran alineadas una oposición intransigente, obstruccionista y filibustera aupada en algunos grandes medios de comunicación que ejercen esa labor opositora.

Otra postura muy similar a la anterior, que se construye alrededor de diversas vertientes liberales, es lo que se denomina el gatopardismo, un Cambio con apariencia de gatopardo, con unas reformas cosméticas en donde nada cambie para que todo siga igual, pero lo que se dice es que, el gobierno podrá decir que se hicieron las reformas, así estas no superen los problemas estructurales que se supone, se deberían superar. Lo importante es concitar unas mayorías para administrar la crisis, para administrar el régimen, sin comprometerse a tocar las estructuras que han generado la crisis social y política que llevó a la gente mayoritariamente a las urnas a votar por un cambio. Allí se ubican una serie de vertientes que se agotan en discusiones, sobre la metodología de la conversación nacional, las confianzas que se deben generar, todo un discurso formal en donde no se habla con claridad de los problemas que la sociedad colombiana requiere superar, sino del cómo, nunca se aborda el qué.

Nuestra propuesta entonces, es que se debe avanzar en un gran Acuerdo Nacional alrededor de la agenda de transición democrática, este no puede de ninguna manera excluir a las mayorías del pueblo colombiano, a sus clases medias y populares, por supuesto que debe convocar a los sectores empresariales, a las elites políticas y económicas colombianas,  para construir los acuerdos alrededor del cambio, de la generación de justicia social, de la superación de las deudas históricas sociales y económicas, cualquier acuerdo que excluya al pueblo colombiano vulnerado en sus derechos, es la crónica de una muerte anunciada de un pacto antidemocrático.

Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra

Foto tomada de: Infobae