El affaire Benedetti y la movilización social

El escándalo desatado por el hurto de un dinero en la casa de la jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, sucedido en los últimos días del mes de enero del presente año y los hechos posteriores va quedando como un escándalo, es decir, como un ruido mediático a raíz de la publicación de una serie de declaraciones del exembajador en la República de Venezuela, Armando Benedetti. Declaraciones relacionadas con supuesto financiamiento de la campaña presidencial de Petro y por las interceptaciones ilegales a la niñera de Sarabia, la señora Marelbys Meza. El locuaz Benedetti deberá responder por sus afirmaciones ante los organismos competentes de la justicia y la justicia deberá aclarar quién dio la orden para las interceptaciones ilegales y quiénes estuvieron comprometidas en las mismas, así como en la prueba de polígrafo practicada a la niñera. A esto queda reducida la gran crisis política que Semana y los grandes medios de comunicación al unísono proyectaron sobre este hecho.

Es evidente que los grandes medios de comunicación corporativos quisieron proyectar actos ilegales en los cuáles estaría comprometido el presidente de la República a lo cual se sumó de manera ligera el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero quien anunció la suspensión del trámite de las reformas sociales, dos de las cuáles, hacen tránsito en esa célula legislativa. Esta suspensión no se llevó a cabo gracias a la intervención del propio presidente de la República y de la bancada del Pacto Histórico y también a que el ruido mediático ha ido bajando en la medida en que los hechos se van aclarando o por lo menos no adquirieron la dimensión que Semana y los demás medios de comunicación le quisieron atribuir. Un asunto crucial por aclarar es el papel de la fiscalía General de la Nación que no aparece del todo clara en este affaire puesto que las interceptaciones de la niñera fueron ordenadas y adjuntadas a una investigación sobre colaboradores del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. Aquí tiene mucho que explicar la fiscalía de Barbosa y además porqué se mantuvo esa interceptación durante nueve días cuando al tercer día quienes las estaban escuchando advirtieron que eso nada tenia que ver con la investigación sobre el Clan del Golfo que se estaba llevando a cabo.

Es obvio que el principal interesado que esas investigaciones se lleven a cabo con celeridad y prontitud sea el propio gobierno que ha resultado afectado por este suceso y no solo por ello sino porque allí hubo actos ilegales que afectan la libertad de las personas involucradas que deben ser esclarecidos y lo mismo sobre las afirmaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Pero también se desprenden varias lecciones sobre el circulo de colaboradores más estrecho del presidente de la República. Es evidente que había una insatisfacción de Benedetti que lo que quería era ocupar un ministerio o el superministerio como cuenta de cobro por los servicios prestados durante la campaña electoral a lo cual se sumó las ambiciones desmedidas de Laura Sarabia desde el importante lugar que ocupaba al lado del jefe del Estado. Obró bien y rápido el presidente Petro, al separarlos de sus cargos. Y además, le prende unas alarmas rojas sobre los colaboradores más cercanos y sobre todo aquellos que provienen de los partidos tradicionales que no saben ejercer la política de otra forma que mediante el clientelismo y el favorecimiento de sus más cercanos familiares o colaboradores. Es preferible siempre que sea necesario para ampliar la gobernabilidad que el Presidente pida candidatos a los partidos y se tome el tiempo necesario para examinar sus hojas de vida y sus antecedentes, si no tiene certezas sobre su honradez e idoneidad es preferible que vuelva a solicitar nuevos candidatos, de esta manera debe tener la certeza de la probidad y la honradez de sus designados para ocupar los altos cargos del Estado.

Al tiempo que arrecían los ataques mediáticos y las reformas afrontan un plan tortuga en el Congreso de la República, las centrales sindicales, la Confederación Nacional Comunal, las organizaciones indígenas y campesinas decidieron citar una movilización para este miércoles 7 de junio en todo el país. Bajo la consigna a la calle por las reformas sociales, cientos de miles de manifestantes se movilizaron en cerca de 300 municipios del país. Hecha la convocatoria el presidente de la República manifestó su decisión de sumarse a las marchas. La decisión de marchar no estaba exenta de riesgos. Muchos columnistas de prensa aún periodistas críticos y afectos al gobierno, así como sectores del espectro democrático, consideraron un error que Petro se hubiera sumado a la convocatoria acudiendo a dos argumentos que resultaron falaces. El primero que la convocatoria a las calles para presionar por el trámite de las reformas sociales a la salud, las pensiones y la reforma laboral traería más polarización como si esa polarización azuzada a diario por los grandes medios de comunicación y por la oposición, así como por los gremios empresariales y agrarios, tuviera su origen en el gobierno y en la movilización social. El segundo argumento que tampoco resultó cierto era el riesgo de un fracaso dado que las últimas convocatorias habían resultado inferiores a las expectativas y un fracaso dejaría al gobierno en una posición aún de mayor debilidad.

Las marchas fueron multitudinarias en las principales ciudades del país, en Bogotá los organizadores hablan de unos 200 mil participantes, fueron también muy concurridas en Cali, Medellín, Barranquilla y Pasto. Pero el otro hecho significativo e importante fue que esas manifestaciones de respaldo a las reformas sociales se dieron en cerca de 300 municipios. Los sectores democráticos deben tener claro que un gobierno progresista y popular no debe abandonar la calle como forma de expresión de la lucha política por los cambios y las transformaciones que demanda la realidad nacional. Tampoco debe arredrarse de acudir a la movilización ciudadana, a la calle y a la plaza para presionar a las elites a aceptar las reformas y los cambios por los cuales votaron más de   11 millones de ciudadanos/as. Y es también una advertencia a los medios de comunicación para que moderen la divulgación de falsas noticias, minimicen los logros del gobierno y sean portavoces únicamente de los opositores a las reformas. Muchas pancartas que circularon por las calles los denunciaron como instigadores de un golpe blando contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. No hay que agredir a los periodistas, pero si hay que librar una batalla democrática con los medios para que informen objetivamente y dejen de difundir mentiras y bulos.

Estas marchas son una bocanada de aire fresco para el gobierno que tiene que enmendar varias cosas. Uno la comunicación y el contacto con la gente, con el pueblo. Con la salida de la ministra Carolina Corcho este contacto se perdió y Petro lo reconoció ayer en su discurso. El gobierno tiene que comunicar lo que está haciendo y los ministros y altos funcionarios del Estado deben trabajar de cerca con las comunidades. Los funcionarios del gobierno no pueden ser burócratas de oficina, esta lucha por las reformas es compleja. Algunas de las reformas como la reforma pensional debe corregir errores en su formulación que perjudican notablemente a los profesionales independientes, a los profesores universitarios, y en general a la clase media, al definir como alternativa que a partir de los tres salarios mínimos el sistema se transforma en un sistema de ahorro individual. Esto debe corregirse. Las reformas deben ser pedagogizadas y debatidas con la gente. Es preferible retirarlas que renunciar a sus ejes fundamentales si al final no se logran las mayorías para su aprobación. Esta es antes que nada una batalla política para lograr mejores condiciones de vida digna para las mayorías nacionales. Sus adversarios y enemigos son quiénes se han beneficiado de estas políticas regresivas neoliberales. Aún las reformas pueden ser aprobadas, pero el gobierno tiene que hacer más para que la gente las apoye y siga dispuesta a movilizarse para su defensa.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur