Como muestra Contagio Radio (3), los derechos de estas comunidades siguen vulnerándose en sus territorios por parte de grupos armados, por lo que las víctimas se ven obligadas a desplazarse a la ciudad, particularmente, a Bogotá, sin que logren encontrar en la Administración Distrital de Claudia López la atención que requieren, desde un enfoque integral de derechos humanos. Es de recordar que, al comienzo de la Pandemia en 2020, las familias indígenas se localizaron en el Parque Tercer Milenio ubicado en el centro de Bogotá. Después de varios incidentes y pugnas las Administraciones Distrital y Nacional asumieron el pago de arriendos por tres meses para 73 familias en los barrios, Lucero Bajo, San Francisco y Sierra Morena de Ciudad Bolívar, con la intención de coordinar con el gobierno nacional el retorno a sus lugares de origen. No obstante, las medidas fueron ineficaces, los subsidios de arriendo, alimentación, salud y educación fueron suspendidos y las familias debieron volver al uso de carpas improvisadas en el Parque Tercer Milenio, para luego asentarse en el Parque Nacional, a finales de septiembre.
Ahora, los Pueblos Indígenas se movilizan en la Región Bakatá ante el desplazamiento por violencia, en procura de ser escuchados por el Gobierno Nacional y Distrital. desde comienzos del mes de octubre, 13 pueblos de Autoridades Indígenas se han declarado en Minga Permanente. Entre ellos, integrantes de los pueblos Kubeo, Coreguaje, Pijao, Nasa, Wayuu, Pasto y Yanacona. Es de anotar que en la región estas comunidades tienen asentamiento territorial, dados los procesos de desplazamiento por violencia que les han llevado a formar parte del tejido socioeconómico y cultural de la ciudad. Tan solo en la Localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital, tienen asiento desde hace más de veinte años, segmentos de ocho comunidades indígenas procedentes de los Llanos, de la Amazonia, de la Región Andina y del Suroccidente del país.
La precaria situación de salud de niños, niñas, mujeres lactantes, en embarazo y de las personas mayores se ve agudizada por la ola invernal que azota la región. Hay casos de amenaza de aborto, partos prematuros, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, deshidratación y desnutrición. Ante la problemática, las Autoridades Indígenas solicitan el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y hacen responsable a la Alcaldía de las afectaciones y omisiones en procesos de atención, así como de vulneración de sus derechos.
Para el seis de octubre, el asentamiento localizado en el Parque Nacional había superado las 1.300 personas Embera, desplazadas de sus territorios, sin ingresos ni garantía de condiciones mínimas de vida digna. La mayoría de las personas (80%) cuentan con reconocimiento en el Registro Único de Víctimas-RUV de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV. Estas personas exigen condiciones dignas de vida y garantías para el retorno. No obstante, los índices de desplazamiento siguen en aumento ante la persistencia del conflicto armado, lo que complica el regreso y exige la concurrencia de esfuerzos entre la Alcaldía Mayor y el Gobierno Nacional para procurar alternativas estructurales y de larga duración en procesos que puedan pasar de la asistencia humanitaria y la protección integral, a la promoción de capacidades en pro de la recuperación de la autonomía, del respeto de su identidad cultural, de la soberanía alimentaria y del goce efectivo de sus derechos en la ciudad, como ciudadanos y ciudadanas, sin exclusión.
La Alcaldía Mayor, a través de Luís Ernesto Gómez (4) plantea que el retorno a los territorios lo debe garantizar el Gobierno Nacional y argumenta que desde marzo de 2020 la Alcaldía ha destinado $ 1.895 millones para atención inmediata de 1.277 personas, mediante el suministro de bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias, pago de arriendos y mercados. Hace un desglose de estadísticas de recursos y sostiene que se han dispuesto albergues de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la reconciliación y de la Secretaría de Integración Social para trasladarse a lo que denomina la Unidad de Protección Integral adecuada por el Distrito en el Parque la Florida, al occidente de Bogotá, como lugar de ubicación previo al proceso de retorno.
Sin embargo, existen fuertes objeciones con respecto a las condiciones de albergue y hacinamiento en el Parque La Florida a cargo del Idipron. Quienes se han reubicado muestran videos (5) y señalan la carencia de servicios esenciales como el gas y el agua para preparar alimentos. El suministro de provisiones se limita a la entrega de arroz, fríjoles y lentejas, lo que no concuerda con sus hábitos alimenticios. Se ven forzados a caminar (especialmente, las mujeres) hasta cuatro kilómetros para buscar leña y cocinar sus propios alimentos. No se entienden las costumbres gastronómicas de los pueblos, ni sus conceptos de soberanía alimentaria; entonces, se les pretende homogenizar asimilándolos a los hábitos citadinos, lo que provoca insatisfacción y les lleva a la búsqueda de opciones alimenticias, por fuera de las raciones recibidas.
Con respecto a la población Embera que se mantiene en el Parque Nacional, la respuesta ha sido, inicialmente, policial y de diligencia de desalojo. La autorización ha sido emitida por el inspector de Policía, Javier Orozco, el pasado 21 de junio, en el marco de una incoherente audiencia donde prima la recuperación del espacio público sobre el derecho a la ciudad de un grupo étnico, víctima de violencia. En la audiencia, realizada durante varios días, no participaron representantes de las comunidades indígenas, pero sí, los funcionarios distritales.
Previamente, se dieron varios enfrentamientos e intervenciones policiales al comienzo de la ocupación del Parque Nacional. También, hubo declaraciones estigmatizantes por parte del Secretario de Gobierno ante un altercado de un grupo numeroso de integrantes de la comunidad, a quienes acusó de agresión con palos y machetes contra dos gestores de convivencia del distrito. Como plantea Rafael Arbeláez del pueblo Kubeo (6), las cosas se salieron de control debido a provocación de las autoridades.
También, la Concejala Lucía Bastidas y varios medios de comunicación, escudándose en actos realizados por algunos miembros de la comunidad Embera, acusaron a los adultos de desviación de recursos para consumo de cerveza. Así, revictimizan y soslayan el impacto de la urbanización de las comunidades de los pueblos originarios, provocado por la sociedad de consumo en relación con el cambio de hábitos que, también, incluye los alimentos, la música, el uso de cosméticos ajenos a la cultura ancestral. Se ha llegado hasta criticarlos por no hablar la lengua castellana y por no contar con intérpretes de las 13 lenguas que interactúan en el Parque Nacional, con la Minga Bakatá.
En síntesis, hay negación de la importancia de la interculturalidad en las relaciones con los integrantes de los pueblos originarios que se ubican temporal o permanentemente en la ciudad; entran a primar el clasismo, la aporofobia, el racismo y los métodos despóticos de autoridades que se sienten proveedores entregando recursos, como si fueran dueños del Estado, en vez de ser servidores públicos cumpliendo el deber de garantizar los derechos humanos, a la vez que se propende por cimentar una cultura ciudadana respetuosa y dignificante en los diferentes ámbitos sociales y públicos. Olvidan la dimensión pedagógica e intercultural del liderazgo político para la paz.
Dada la decisión del grupo Embera de no moverse del Parque Nacional, el Inspector de Policía debió incluir la garantía de derechos humanos para la comunidad, hacer “mínimo” uso de la fuerza durante el desalojo, priorizar el diálogo y la concertación y realizar una medición de carencias de las personas alojadas en el Parque y garantizar condiciones dignas de vida en el lugar de reubicación. Se encomendó a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas para que realizara una caracterización de la población de las 400 personas que permanecen en el Parque Nacional, con el fin de identificar necesidades.
El desalojo se había estipulado en un plazo de 48 horas contadas a partir el 21 de octubre. No obstante, a 27 de octubre no se había realizado, en razón de requerir más tiempo para el censo, los trámites de documentación pertinentes y la demanda de mejores garantías para evitar hacinamiento ante las malas condiciones habitacionales en el Parque de la Florida, sitio hacia donde se les pretende conducir. También, se aduce por parte de la Administración Distrital, que existen contradicciones de los pueblos Embera Katío asentados en el Parque Nacional, con líderes Embera Chamí ubicados en el Parque de la Florida. Esto obliga a realizar nuevas adecuaciones de bodegas en el Parque de la Florida para la eventual reubicación de la comunidad asentada en el Parque Nacional.
Por su parte, el 19 de octubre pasado la Delegada de la Personería Distrital para la Protección de las Víctimas del Conflicto Armado (7), manifestó su preocupación por la situación de las 400 personas asentadas en el Parque Nacional y de las 1.460 en el Parque La Florida, dado que el 70% son niños, niñas y mujeres embarazadas, lactantes y personas mayores. En tal sentido, hizo un llamado para establecer un “diálogo armónico y empático” entre la Administración del Distrito, la población Embera y los otros pueblos indígenas, en procura de lograr un proceso de reparación integral. En tal sentido, llamó a la conformación de una Mesa de Diálogo.
No sobra recordar que el asentamiento de estas comunidades en Bogotá, a raíz de sucesivos desplazamientos desde el Chocó y Risaralda es de vieja data. El actual Gobierno distrital no es quien ha empezado a vivir esta problemática. Tampoco es desconocido que integrantes de comunidades que son acompañadas desde la Unidad Nacional de Víctimas, con apoyo del Distrito vuelven nuevamente a Bogotá. Esto, suele suceder por la movilidad que se va dando de las personas que redimensionan sus horizontes geográficos y llevan a sus regiones nuevos elementos tecnológicos, tales como la telefonía celular, la energía solar, nuevos productos como la leche, “los caldos maggi”, el vestuario distinto a sus costumbres y los pañales desechables.
Esto suele ocurrir, también, porque hay continuidad del conflicto armado ante la carencia de un proceso de paz integral y de la priorización de los sometimientos individuales a la justicia, por parte de los jefes de las bandas criminales, lo que hace del conflicto armado una pandemia secular. Así, se pierde de vista la importancia de los procesos de reparación integral de las comunidades indígenas, como sujetos colectivos y poco se trabaja en el cambio de las condiciones regionales. No hay que olvidar que en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET sigue primando la fase de planeación o las pequeñas obras y, todavía, no se dan cambios estructurales en los territorios. Igual sucede en Bogotá, donde prima el enfoque asistencial, hegemónico y paternalista sobre la promoción del desarrollo de capacidades y el empoderamiento comunitario.
En síntesis, frente al drama humanitario de los pueblos Embera Katío y Chamí emerge la urgencia del enfoque de promoción y protección integral derechos humanos de los pueblos Esto, en contraste con el manido discurso de la confianza ciudadana en las autoridades, como garantía de seguridad. A la vez, plantea la importancia de contribuir a proteger su identidad, a fortalecer los procesos educativos, a respetar su cultura y encontrar fórmulas de integración democrática y de acompañamiento para que se puedan lograr opciones consistentes de estabilización socioeconómica; tanto si retornan a sus territorios, como si se ven abocados al arraigo en el contexto de la ciudad y de la Región Bakatá, con las implicaciones del diálogo intercultural en interacción con las comunidades de acogida en los microterritorios.
Fuentes:
- Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007. 107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007
Tomado de: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Organización Internacional del Trabajo Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2014. 130 p. ISBN 978-92-2-322581-0 (web pdf).
Tomado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
- Contagio Radio. Indígenas Embera desplazados en Bogotá, con graves afecciones de salud y sin atención por parte de la Alcaldía. Octubre 11 de 2021.
- Gómez Luís Ernesto. Secretaría Distrital de Gobierno. El Distrito ha destinado 1.895 millones de pesos en la atención humanitaria de la comunidad Embera que se encuentra en Bogotá. Octubre 5 de 2021.
Recuperado de: http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/nivel-central/distrito-ha-destinado-1895-millones-pesos-la-atencion-humanitaria-la
- City TV. Reubicación en la Florida. Octubre 21 de 2021.
Recuperado de https://twitter.com/i/status/1451318926852427778
- Redacción El Tiempo. Autorizan el desalojo de los indígenas Embera del parque Nacional. El Tiempo. Octubre 21 de 2021.
- Villegas Patricia. Personería de Bogotá hace un llamado al diálogo y la corresponsabilidad con la comunidad Embera en la Capital. Octubre 19 de 2021.
Albeiro Caro Fernández. Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Kienyke
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