Para varios sectores de opinión nacional e internacional, el asesinato de dirigentes sociales es el problema más grave que oscurece los procesos de paz con actores armados insurrectos, pero aún no han dimensionado el drama con los comunales, la forma de organización ciudadana de base popular que configura el voluntariado social más grande e importante del País, con sesenta y cuatro mil juntas con más de siete millones de afiliados y novecientos mil dignatarios; son gente humilde que dedica parte fundamental de su vida a construir y tramitar soluciones a las necesidades y aspiraciones de sus comunidades en medio de la mayor diversidad política; históricamente manipulada por la clase política y los gobiernos y/o por los actores armados cuando llegan a sus territorios pues es la principal forma de organización ciudadana y la única en los lugares más apartados y de conflicto.
Durante los últimos años esta dirigencia de base social humilde y honesta y en alto porcentaje iletrada, pero digna de su condición de dirigir a su comunidad, ha venido comprendiendo que los beneficios del Estado a sus coterráneos deben llegar en cumplimiento de sus derechos constitucionales y legales y no como favores de una clase política clientelista, corrupta y mediocre.
Hoy en Colombia ninguna organización ejerce o trata de desarrollar más los derechos constitucionales de participación como los comunales y aquí, en este tránsito de unos dignatarios sumisos e incondicionales a los poderes locales a ciudadanos de derechos existe una causa profunda de afectación, pues cuando esos poderes, generalmente en maridaje con grupos delincuenciales y de narcotráfico, quienes han hecho de lo público patrimonio de enriquecimiento ilícito, ven afectados sus privilegios por estos ciudadanos humildes en el marco de sus derechos, reaccionan, los segregan, estigmatizan, persiguen y señalan ante el sicariato.
En por lo menos en el setenta por ciento de municipios de este País, un derecho de petición, una acción de cumplimiento o una acción popular, una acción de tutela, derecho a la información o una veeduría ante las entidades públicas son sinónimo de confrontación con estos poderes derivando en persecución y satanización. Este es un problema estructural de la democracia colombiana que el Estado Nacional no ha querido abordar, tal vez porque los poderes regionales y nacionales también se nutren de él.
La satanización y criminalización de la protesta y ejercicio de derechos como política de Estado.
Esta realidad nublada para el ejercicio de los derechos en los territorios se alimenta de la satanización y criminalización de que ha sido objeto la lucha social y en general el ejercicio de derechos desde los poderes nacionales. Primero en el marco de las estrategias del enemigo interno o seguridad nacional se decía que quien se movilizara, o se manifestara y luego quien se proclama defensor de derechos o en ejercicio de los mismos era auxiliador de las guerrillas o simplemente era subversivo y enemigo del establecimiento, estrategia asumida como política de Estado por gobiernos recientes. Y cuando a quien reclama o ejerce derechos se le tilda de subversivo simplemente se le coloca en la mira de los gatilleros. Este estigma sigue vivo en los territorios y no obstante el proceso de paz, desde el Estado Nacional se ha hecho muy poco por superarlo y esta realidad es parte sustancial de lo que se podría llamar sistematicidad en los asesinatos, pues es simplemente atacar a quien reclama, ejerce derechos, hace veeduría a la gestión pública o se opone a los poderes locales. Este patrón general explica el asesinato regular de dignatarios comunales en todo el territorio nacional no obstante en ciertas coyunturas existan especificidades como hoy en las zonas de transito de unos actores armados a otros.
El Gobierno Nacional, las entidades de control, la fuerza pública podrían hacer mucho para superar estos estigmas, es lo que mucho hemos reclamado pero ni siquiera han querido evaluar nuestras propuestas. En especial los medios de comunicación masiva que se lucran alimentando la cultura del traqueteo a través de sus telenovelas podrían aportar mucho en una estrategia integral para superar tanto la violencia contra dirigentes comunales y sociales y en general contra toda la descomposición y formas de violencia que siguen consumiendo a las comunidades en los territorios y localidades de las ciudades. La solución solamente puede ser integral, no con declaraciones o acciones transitorias, segmentadas o de coyuntura.
Planes sistemáticos
Si bien es válida la tesis de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre la existencia de planes sistemáticos para asesinar a ciudadanos de izquierda, porque en sectores mayoritarios del territorio nacional es un suicidio exhibir públicamente una de estas militancias, ya hoy el problema se ha tornado más complejo pues el simple ejercicio de un derecho ante los poderes locales, es sinónimo de riesgo, sin embargo el fenómeno más universal de sistematicidad es el ya recordado de la satanización de la protesta social como política de Estado.
¿Es reciente la afectación contra organizaciones y dignatarios comunales?
No, el problema no es nuevo, ha sido ignorado e invisibilizado y los organismos comunales no hemos tenido la capacidad logística ni operativa para darlo a conocer, amén de que el Estado Nacional, la Comunidad Internacional y los medios de comunicación masiva han sido muy esquivos en conocer el problema desde sus fuentes originales como son los organismos comunales en sus diferentes grados.
En nuestras evaluaciones y congresos, siempre hemos dicho que más del 70% de personas desplazadas durante los últimos veinte años estaban afiliados a una junta de acción comunal; o según información de prensa del 13 de Enero del año 2011 de la Fiscalía General de la Nación, publicado por la agencia EFE, durante los últimos cinco años, antes del año 2010, eran más de siete mil los personas asesinadas por diferentes actores armados, pertenecientes las juntas de Acción Comunal, o en el informe la ONG inglesa Justice For Colombia, titulado “silenciados” de 534 activistas silenciados o asesinados durante el período de 2011 a 2015, lo que llevaba hasta el momento el Gobierno del Presidente Santos, 258 son comunales, es decir más de la mitad y si tenemos en cuenta que los dirigentes campesinos, defensores de tierras y luchadores contra la minero-energía, reportados en el informe, esencialmente son de origen comunal, la cifra es más elevada.
¿Quién ha querido ocultar el drama comunal?
Que reiteradamente el Estado ha tratado de ocultar la afectación contra los dignatarios y organizaciones comunales lo demuestra el hecho que ha hoy no existe un solo programa de apoyo a las familias de las víctimas, por lo menos para su supervivencia transitoria o para la judicialización de los casos por lo que la mayoría siguen en la impunidad y a la fecha de hoy Julio de 2018 no existe una respuesta seria del Gobierno ni del Estado a reclamaciones reiteradas de las organizaciones comunales como la estigmatización, la impunidad, el fortalecimiento de las organizaciones comunales para el conocimiento y ejercicio de derechos; planes municipales de difusión de derechos humanos y protección a los organismos y dignatarios comunales o de actuación sobre las entidades territoriales amparando los derechos conquistados legalmente por los organismos comunales.
Desde el punto de vista de las medidas recientes adoptadas por el Estado, en ellas mismas se ignora el drama de los dignatarios y organismos comunales, por ejemplo en la Directiva 02 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de Junio del año 2017 que es un buen instructivo hacia las entidades territoriales, se establece como objeto “defensores y las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos y líderes y lideresas políticos y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición participen en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción estable y duradera.” Se ignora por lo menos la palabra comunal.
O en el Decreto 660 del 17 de Abril del año 2018 sobre medidas de protección colectiva, durante cerca de seis meses de su elaboración, debimos insistir para que entre los sujetos de protección colectiva también se incluyera la palabra comunales además de las ya incluidas como organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos. Nos debimos retirar de una reunión con el Ministro del Interior y declarar que ese proyecto de Decreto no nos representaba para que, tímidamente se incluyera la palabra comunales, más no programas diferenciales. El pretexto para negar su inclusión era que los organismos comunales hacen parte del conjunto de organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos lo que así es reconocido por las Naciones Unidas, a lo que siempre respondimos que objetivamente eso puede ser así, pero que en la cotidianeidad de nuestras organizaciones y en especial de los gobiernos locales si el término comunal no es explícito, no las reconocen como sujetos de estas medidas. La realidad es que dentro del universo de las organizaciones civiles de base popular en Colombia las juntas de acción comunal representan lejos el mayor porcentaje por lo que requieren acciones diferenciadas acorde con sus características y grado de afectación, sin embargo hasta hoy se está tratando de configurar una mesa de interlocución directa del Estado con los organismos comunales.
Problemas de las medidas de protección del Estado
Un problema con las medidas que regularmente adopta el Gobierno y las entidades del Estado en protección de dirigentes sociales y defensores es que en lo fundamental son esquemas de protección a personas en riesgo o amenazadas, pero resulta que en más del 80% de los casos de asesinatos contra comunales, de por medio no existe amenazas o no se conocen o las personas afectadas, por lo general gente humilde y laboriosa no las da a conocer ya por temor o por que desconoce las rutas o instancias de denuncia o simplemente porque desconfía del Estado. Esta tesis es reafirmada en reciente informe de la MAPP-OEA sobre los casos de comunales en Colombia.
En consecuencia, si bien los esquemas y medidas de protección son importantes para los casos conocidos de amenazas a personas en riesgo, es muy baja su incidencia en el universo comunal.
Un segundo problema es que, para el caso de las medidas de protección colectiva en especial las señaladas en el Decreto 660/018 y reafirmadas en reciente interlocución en reunión del presidente Juan Manuel Santos con la Comisión Nacional de Garantías, sin restarles importancia, son medidas localizadas para sectores específicos de población eventualmente amenazada o en riesgo, sin embargo el problema comunal es su presencia en todo el territorio nacional por lo que el mapa de afectaciones es muy amplio y ni toda la fuerza pública destinada a proteger a los comunales alcanzaría, por lo que insistimos en que el tema es de políticas públicas integrales frente a la impunidad, la estigmatización, la dignificación de la organización y del dignatario; la valoración del encuentro ciudadano y de la organización; el fortalecimiento de la organización para el ejercicio colectivo de derechos, pero desafortunadamente hasta hoy toda reunión con funcionarios del Estado aún del más alto nivel las derivan a esquemas y mecanismos de protección y rehúyen los compromisos sobre políticas públicas integrales. No es que despreciemos los esquemas cuando objetivamente se requieren, pero es que el problema comunal es mucho más amplio, profundo y complejo que implica políticas integrales y diversas de Estado.
El narcotráfico y las afectaciones a comunales
En muchas ocasiones funcionarios del Gobierno y de la Fiscalía por salir del paso en el momento, ante una persecución o asesinato contra comunales dicen de manera horonda e irresponsable que ese era un problema de narcotráfico, resumiendo a este tipo de expresiones la riesgosa, silenciosa y dura lucha de los comunales en sus barrios y veredas contra este mal heredado del sistema económico y político reinante. Es que muchos comunales en actitud estoica por la buena salud e integridad de su comunidad, regularmente denuncian hoyas de micro trágico en su barrio o establecimientos educativos y para la organización comunal es un digno ejercicio de funciones comunales que como tal debe ser considerado. Siempre recomendamos que de hacer esas denuncias sea ante entidades de alto nivel, pues cuando lo hacen ante las autoridades locales, más demora la denuncia que la amenaza y el sicariato.
En el mismo sentido los comunales en sus barrios en especial de las ciudades se oponen al sistema económico del gota a gota o del sometimiento de personas necesitadas a bandas de narcotráfico a cambio del préstamo de un poco de dinero para montar un negocio pequeño o para colocar un rebusque de frutas, verduras o dulces en la calle. De esta manera van creando unas redes muy fuertes de apoyo para su criminalidad. Desde nuestras organizaciones comunales hemos insistido hasta la saciedad al Estado, a las entidades cooperativas y a la misma banca pública y privada que destine recursos a bajas tasas de interés para apoyar las iniciativas de economía popular o del rebusque, para que nuestras poblaciones no caigan en las redes de las bandas, pero es como ladrarle a la luna, pues para el sector bancario estas líneas no son negocios y lo más grave son los requisitos para que gente del común acceda a créditos en especial a quienes no tienen historial bancario. Por su parte el Estado responde que no maneja la banca.
En conclusión desde el Estado y el sistema político y económico se están creando las condiciones para que prosperen las economías ilegales, por lo que el asunto es más que de policía, es de políticas públicas integrales como mucho hemos reiterado.
Problema parecido sucede hoy con muchos comunales que en el marco del proceso de paz han asumido en sus veredas y municipios el liderazgo de la sustitución de cultivos, tarea en la que el Gobierno ha sido incapaz de cumplir con los compromisos de mejoramiento de vías y de apoyo a proyectos productivos, lo que ha llevado hoy -en la mayoría de regiones- a la pérdida de credibilidad de los programas gubernamentales y de los dirigentes comunales ante sus comunidades y lo más grave a ser amenazados, desplazados o asesinados por las bandas de narcotraficantes interesadas en los cultivos ilegales, sobre lo cual se pueden visitar casos vigentes hoy como en Miramar, corregimiento Unión Peneya municipio de Montañita-Caquetá o el asesinato el 20 de Julio de Oswaldo Tarquez, de 51 años presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remolino en el municipio de Orito-Putumayo quien lideraba actividades sustitución de cultivos de hoja de coca.
Guillermo A. Cardona Moreno, Presidente del Observatorio Nacional Comunal
Foto tomada de: RCN Radio Cúcuta
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