La segunda realidad tiene que ver con procesos civilizatorios incompletos o truncos, producto del triunfo de lógicas, acciones y actitudes violentas, alejadas de cualquier asomo de civilidad, que impusieron y validaron los diferentes grupos armados ilegales que confluyen en el convulsionado territorio: el Clan del Golfo o AGC, el ELN, Caparros y disidencias de las Farc. Y la tercera realidad está asociada al nulo papel ético-político y cultural de los agentes económicos y sociales de la sociedad civil de la región, cuyo papel legitimador del Estado quedó en veremos, justamente, por su colapso parcial y por la falta de un proyecto de sociedad surgido del trabajo de la sociedad civil.
El fracaso del Estado como referente y guía moral de las comunidades asentadas en esos territorios es el resultado de las complicidades de agentes políticos e institucionales con los grupos armados ilegales, en particular con el clan del Golfo, estructura narco-paramilitar que está detrás, según el gobierno Petro, de los problemas de orden público ocurridos en esa turbulenta zona del país. El país no puede olvidar lo dicho por el propio alias Otoniel alrededor de la complicidad de oficiales de alto rango de la policía y ejército, en las operaciones delictivas del Clan del Golfo.
En medio de semejante complejidad se encuentran los pequeños mineros, cuya supervivencia de todas maneras está atada al poder intimidante de las estructuras narco-paramilitares, de cooptación y a la capacidad que estas tienen, por ejemplo, para irrumpir en ríos y demás ecosistemas, para buscar oro con las costosas dragas. Mover la maquinaria amarrilla usada para buscar el oro en los cauces de los ríos, o la construcción de las dragas, supone la complicidad de todo tipo de autoridades. No es posible que nadie se dé cuenta de estos movimientos.
La propuesta del presidente de convertir una parte del territorio en distrito agro minero resulta interesante, pero inviable porque lo primero que se tiene que hacer es que recuperar la confianza en el Estado y ello pasa por romper cualquier vínculo entre agentes estatales con el Clan del Golfo. Y lo segundo, dimensionar los daños ecológicos y ambientales que viene dejando la minería, por ejemplo, en el río Nechí.
Los hechos presentados en el Bajo Cauca antioqueño sirven para imaginar y constatar las dificultades que tendrán el Estado y el gobierno de Petro en particular, al momento de implementar el Plan Nacional de Desarrollo cuando lo apruebe el Congreso. En particular, en lo que tiene que ver con el propósito expresado en ese documento, de ordenar del territorio en torno al agua. ¿Cómo hacerlo, si son los guerrilleros y los narco paramilitares los que se benefician de la minería?
En buena medida, el desprecio por la agricultura de pan coger está fundado en las ideas que del desarrollo económico agenciaron los presidentes neoliberales César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez. Los gobiernos de Uribe, Santos y Duque le apostaron a las llamadas locomotoras minero energéticas, al tiempo que hicieron todo para debilitar las instituciones ambientales, importar alimentos y consolidar el modelo de la gran plantación y la concentración de la tierra en pocas manos.
Las apuestas neoliberales de estos 5 presidentes, más el maridaje entre policías y militares con el Clan del Golfo, echaron al traste los procesos civilizatorios, la confianza en el Estado y el fracaso parcial de esta forma moderna de dominación.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: Noticias Canal 1
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