Se trata de un derecho más importante aún que el sacrosanto derecho de propiedad privada de los medios de producción, consagrado en la Constitución, porque, ¿de qué sirve tener propiedad si no produce ganancias? Evidentemente hay otros motivos de queja por parte de las personas y la prensa hace énfasis en los dolorosos casos de bebés que han muerto porque se han bloqueado ambulancias. Los bloqueos de vías generan daños y afectan derechos[1]. Pero la razón principal para que se haya puesto en marcha una campaña coordinada entre el Estado, los capitalistas y sus medios de comunicación- que también son empresas capitalistas-, contra los bloqueos es que afectan el bolsillo de los ricos.
Como es usual, cuando se trata de defender sus intereses, los capitalistas se presentan como los abanderados de los intereses de toda la sociedad; además, ahora se han convertido en grandes defensores de diversos derechos. En particular, la campaña se enfoca en unos cuantos de ellos. El nuevo coordinador de las negociaciones por parte del gobierno, Emilio Archila al establecer que el gobierno nacional exige el levantamiento de los bloqueos como requisito para firmar un preacuerdo sobre garantías a la protesta, planteó que “dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad al trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural afectando de manera negativa a millones de colombianos[2].”
Con el fin de conmover a la opinión pública, los medios de comunicación reiteran una y otra vez los dolorosos casos de los bebés muertos en ambulancias que fueron bloqueadas. Los industriales y algunos de los periodistas serviles, también nos informan de la cantidad enorme de gallinas y pollitos muertos; imaginar a estos pobres animalitos muriendo de hambre es algo que conmueve profundamente a Paola Ochoa[3], quien increpa a los manifestantes y al Comité del Paro: “¿No les importa el sacrificio de miles de cerdos, pollos, vacas o gallinas? ¿No les duelen los animales que se están muriendo de hambre ante la escasez de granos, cuidos y alimentos concentrados?”
Es innegable que algunos bloqueos causan muchos daños. Algunos terribles e injustificables. Independientemente de la discusión jurídica sobre el carácter delictivo o no de los bloqueos, efectivamente se están afectando las empresas y las personas seriamente y violando algunos de sus derechos. Hay un conflicto entre derechos.
La actuación de quienes bloquean responde en muchos casos a graves problemas que enfrentan comunidades y pequeños productores o transportadores que ven que solo obtienen respuesta cuando recurren a estos métodos; otros casos pueden deberse a conductas por parte de delincuentes, organizaciones criminales o simplemente personas que aprovechan la oportunidad para conseguirse unos ingresos extras.
Conviene examinar el tema de los bloqueos y la afectación a los derechos en una perspectiva más amplia. Miremos algunos de los derechos.
El derecho al trabajo
De acuerdo con la Constitución toda persona tiene derecho a un trabajo digno[4]. Antes de las protestas sociales este derecho se venía violando a millones de personas. Aún más, este derecho se viola desde que existe el capitalismo. Según las últimas cifras del DANE en marzo de 2021 había 3,4 millones de desempleados, 6,2 millones en subempleo subjetivo y 2,4 millones en subempleo objetivo; entre quienes tienen ocupación cerca de un 20%, trabaja menos de 20 horas a la semana. Las condiciones de trabajo son precarias para millones de trabajadores que no cuentan con afiliación a pensiones ni a riesgos laborales y una parte importante de los trabajadores por cuenta propia trabaja en condiciones pésimas, como los vendedores ambulantes. Cientos de miles de profesionales que se ilusionaron con obtener ingresos dignos están sometidos al desempleo y al rebusque.
Otra parte enorme de personas cae en la inactividad o termina optando por la delincuencia, la prostitución forzada o la mendicidad. 6,2 millones de mujeres, que aparecen como inactivas en las estadísticas, realizan el trabajo doméstico no remunerado directamente, en condiciones precarias y de subordinación a los hombres. En conclusión, se viola el derecho a un trabajo digno a millones de personas. Hay un bloqueo social que afecta este derecho. Hasta donde llega mi información, el gobierno, los industriales y los medios de comunicación no hacen campañas para levantar este bloqueo.
Derecho a un ingreso mínimo vital
“Este derecho ha sido reconocido desde 1992 en forma reiterada por la jurisprudencia de esta Corte. Primero se reconoció́ como derecho fundamental innominado, como parte de una interpretación sistemática de la Constitución, “aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social”. Luego se le concibió́ como un elemento de los derechos sociales prestacionales, “la mora en el pago del salario, (…) [significa una] abierta violación de derechos fundamentales (…), en especial cuando se trata del único ingreso del trabajador, y por tanto, medio insustituible para su propia subsistencia y la de su familia”. Posteriormente, se señaló́ que es un derecho fundamental ligado a la dignidad humana.[5]”
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el 31% de los hogares gana menos del salario mínimo, otro 30% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y otro 23% entre 2 y 3 salarios mínimos. El 80% de los hogares gana menos de 3 salarios mínimos (DANE, Encuesta de Ingresos y Gastos, 2016-2017). Los datos recientes de pobreza del DANE muestran que 7,5 millones de trabajadores colombianos (el 15%) de la población reciben ingresos por persona inferiores $145.000 (para un hogar de 4 personas de $580.000), y el 42% de los colombianos, 21 millones de personas, obtienen ingresos inferiores a $331.668. por personas o $1.326.752 para un hogar de cuatro personas.
Estas cifras muestran claramente que la gran mayoría de colombianos no tiene garantizado un ingreso básico, razón por la cual se encuentran en pobreza extrema y en pobreza. Pero aún más, otro 30% obtiene ingresos entre $1.326.752 y $2.615.124, que el DANE, eufemísticamente llama vulnerables. El 72% de la población, cerca de 36 millones de personas gana menos de $2.615.124 mensuales. Es evidente, con las cifras oficiales que la sociedad colombiana no garantiza el derecho a un ingreso mínimo vital a una proporción enorme de trabajadores y tampoco garantiza el derecho al salario mínimo. Aquí hay otro gran bloqueo social que impide que se garantice este derecho. El gobierno, los capitalistas y los grandes medios de comunicación no están haciendo campaña para levantar este bloqueo.
El derecho a la alimentación
Mientras que las gallinas y pollitos que tanto preocupan a Paola Ochoa venían antes del 28 de abril de 2021 recibiendo cumplidamente su comida y podían dormir tranquilos con el buche lleno, engordando y creciendo para satisfacción de sus dueños, 7,5 millones de personas no conseguían los ingresos para comprar la canasta mínima de alimentos que les garantice los elementos nutricionales básicos. En su encuesta denominada Pulso Social el DANE además mostró que el 30% de los hogares no puede tener tres comidas al día. Esta gran cantidad de gente se alimenta peor que los pollitos, las gallinas, los cerdos, las vacas y las mascotas de millones de hogares urbanos. Esto se expresa además en situaciones de desnutrición aguda y crónica. Las cifras oficiales nos muestran que no se garantiza el derecho a la alimentación a millones de personas. Aquí hay otro gran bloqueo que impide que les lleguen los alimentos a millones de trabajadores; incluso si se levantan los bloqueos de carreteras no llegarán los alimentos a estas personas, aunque para tranquilidad de Paola Ochoa si a los cerdos y gallinas. Tampoco vemos una posición fuerte del gobierno, los capitalistas y sus medios de comunicación para levantar este bloqueo.
Derecho a la vida
Si las personas no tienen ingresos para comprar la canasta de alimentos mínimos, si no pueden hacer tres o dos comidas al día, es evidente que se afecta su nutrición y su calidad de vida; algunos niños mueren por desnutrición o tienen un crecimiento inferior; su capacidad de aprendizaje también se reduce. Otros debido a la mala alimentación y a la carencia de otras condiciones como una vivienda adecuada o agua potable, se ven expuestos a enfermedades que en muchos casos son mortales. Es evidente que se no se está garantizado el derecho a la vida o a una vida digna. Este es otro bloqueo que se produce en la sociedad; algunos factores obstruyen la garantía de este derecho.
Podríamos seguir examinando la situación de otros derechos consagrados en la Constitución; por ejemplo, la sociedad no garantiza una vivienda digna a la gran mayoría de personas. Aquí se presenta otro bloqueo que impide que lleguen a manos de millones de trabajadores dichas viviendas dignas.
Es claro entonces que existe una violación gravísima de derechos constitucionales que afecta a millones de personas. Esta no es una situación nueva, es una característica de la sociedad capitalista colombiana. La magnitud del bloqueo de estos derechos aumentó con la pandemia, que afectó la actividad económica, el empleo y los ingresos, pero se agravó con el comportamiento de los capitalistas y el Estado que se negaron rotundamente a tomar medidas adecuadas para paliar la situación. Las propuestas de crear una renta básica universal y de fijar impuestos elevados a los capitalistas más ricos fueron rechazadas por los capitalistas, el gobierno y la mayoría del Congreso.
Se configura así un estado de cosas inconstitucional
La situación es de un estado de cosas inconstitucional, que la Corte define en la siguiente forma: “La figura del Estado de cosas inconstitucional es aquella mediante la cual esta corte, como otros tribunales en el mundo, ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y garantía” (Corte Constitucional de Colombia, sentencia T762/15, 16/12/2015)[6].
¿Quiénes son los responsables de esta situación?
El hecho concreto es que hay un conjunto de acciones u omisiones de algunos agentes que atentan contra la vida humana, la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de 7.5 millones de colombianos, en situación extrema, y de 21 millones en situación de pobreza. Hay un daño evidente. ¿Cuáles son los agentes responsables de la violación sistemática y masiva de estos derechos?
En una primera aproximación parecería que se trata de una responsabilidad sistémica, impersonal: el funcionamiento del modo capitalista de producción conduce a estas consecuencias. El capitalismo crea sistemáticamente desempleo, bajos ingresos y salarios, dificulta la obtención del mínimo vital y no garantiza adecuadamente el derecho a la vida. La culpa es del capitalismo, cuyas consecuencias inevitables son dichas violaciones de derechos. En este caso, parecería no haber responsabilidades personales.
Pero resulta que dicha estructura es operada por ciertas personas, por los capitalistas y por funcionarios estatales, que son los beneficiarios directos del sistema. Puede ser que ellos no hayan creado el sistema, pero si quieren conscientemente mantenerlo y lo defienden con pasión. En un juicio podrían alegar que no son conscientes y que actúan de buena fe. Pero es difícil que no sepan cuáles son las consecuencias de sus acciones y de la defensa del capitalismo. Podríamos entonces hablar de una responsabilidad mediata de capitalistas y altos funcionarios del Estado.
Algunos capitalistas reconocen abiertamente su responsabilidad. Maurice Armitage está convocando a sus hermanos capitalistas a asumir una responsabilidad en esta situación. Uribe está diciendo que la reforma tributaria debería ser financiada por el 1% de los más ricos[7]. Recientemente, en el programa radial Hora 20 del 27 de mayo de 2021, dos capitalistas, uno de ellos dirigente gremial y anterior ministro de defensa, hicieron unas afirmaciones muy interesantes:
Christian Daes Abuchaibe, propietario de Tecnoglass: “Hay que humanizarnos un poquito más, yo creo que el país debe ser un poquito más incluyente…tenemos que empezar por hacer un mea culpa y darnos cuenta de que no es justo que digamos un país donde la gente con un sueldo de 1 millón de pesos tiene que pagar absolutamente todos los gastos educar a sus hijos llevarlos al colegio, pagar transporte, comida, salud, ropa, etc.…yo creo que hay que ir aumentado el sueldo mínimo. Hemos cometido errores como industriales contra los pobres, perfecto, paguemos por los errores… (1:04-1:05). “Que gana uno con generar prosperidad en mitad de la pobreza”. Daes claramente reconoce su culpa, lo dice expresamente: los capitalistas pagan un sueldo mínimo que no garantiza un mínimo vital. El lo interpreta como errores y sostiene que es necesario pagar por dichos errores. Se trata de errores que violan el derecho al mínimo vital.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de sociedad de agricultores de Colombia: “yo creo que Colombia tiene que tener una discusión de si el nivel del salario mínimo que tenemos es el adecuado…eso no es simplemente con el incremento anual, sino que hay que ver, es que recuerde usted, son 6.4 millones de hogares de tres personas en promedio en el país que ganan entre 1 salario mínimo y 3 salarios mínimos, la gente no vive con 3 millones de pesos al mes, hogares de 3 personas y esa es una realidad que como país tenemos que discutirlo.”
Bedoya dice claramente que la gente no puede vivir con 3 millones de pesos al mes; según el DANE el 77% de los hogares obtiene ingresos inferiores a esta suma. No es tan tajante como Daes, pero es consciente del efecto de los bajos ingresos. Señala también que la responsabilidad recae en el Estado: “el problema más serio es el desempleo, 27% entre los jóvenes y el tema del hambre. Y esto se resuelve con intervención del Estado. Desafortunadamente el país no tiene un tejido empresarial tan fuerte como para absorber toda esa gran cantidad de desempleados que tiene Colombia”.
Daes y Bedoya tienen claro que son responsables, por lo menos parcialmente: 1) Saben que el monto del salario mínimo es una violación flagrante de derechos; 2) Son conscientes de que no se puede vivir adecuadamente, ni siquiera con tres salarios mínimos (el 80% de los hogares colombianos no gana tres salarios mínimos); ellos que pueden gastar 3 millones mensuales en la acción del club, en una botella de licor fino, en un vestido, o en una comida para cuatro personas, evidentemente saben que los pobres la pasan muy mal; 4) Saben que podrían pagar mejor a sus empleados, incluso, que podrían darle parte de las utilidades; 5) Saben que el sistema capitalista colombiano no puede dar empleo a esa masa de desempleados. Otros industriales manifiestan cosas semejantes.
Debido a la protesta social, estos industriales y dirigentes gremiales están haciendo un mea culpa, están reconociendo su responsabilidad, como agentes que se benefician del capitalismo. Su actuación es lo más parecido a un crimen: saben que se está violando la Constitución y causando daño a millones de personas. Cuando comenzó la pandemia sabían o intuían que muchos trabajadores la iban a pasar aún peor; pero esto no los conmovió como ahora lo hacen las gallinas y los pollitos. Luis Carlos Sarmiento que se había ganado billones el año anterior, y que tiene una fortuna enorme, donó $60.000 millones, una miseria comparada con sus ganancias anuales y su riqueza acumulada. Los capitalistas y el Estado, así como permitieron que murieran casi 100 mil personas por Covid-19, muertes prevenibles, dejaron, conscientemente, que millones de personas se hundieran aún más en la pobreza.
Ahora enfrentados a la protesta social y a las manifestaciones y bloqueos que les están afectando su derecho sagrado a la ganancia, están muy preocupados por la “inestabilidad social”[8]; muchos de ellos están asumiendo una postura de responsabilidad social y de solidaridad con los “menos favorecidos”; en el recuadro siguiente extracto algunas de las acciones que reseña La Silla Vacía sobre diferentes acciones que están programando los capitalistas.
Estas acciones son apenas paños de agua tibia que reflejan la mezquindad de los capitalistas. Lo fundamental a destacar es que son conscientes de que son los grandes beneficiarios del sistema y responsables de la situación de violación de derechos de los trabajadores.
Un acuerdo entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno nacional debería consistir en que cesen los bloqueos de vías y al tiempo se suspenda el bloqueo contra los derechos al trabajo, el ingreso vital, la alimentación y la vida de millones de trabajadores. La respuesta del gobierno, los capitalistas, y sus servidores en la academia, los economistas, es que no hay plata suficiente, que hay que ser responsables.
Pero aún en el caso de la propuesta de renta básica presentada por el Comité del Paro que suma $81 billones, y parece una suma astronómica, los capitalistas y el Estado podrían conseguir los recursos, si están dispuestos a compartir sus ganancias, lo cual podría complementarse con una reducción enorme de los gastos en fuerzas militares y policía y en servicio de la deuda. En 2019 las utilidades de las 1.000 empresas más grandes fueron 80 billones y las del sector financiero 21 billones. Si se aportara la mitad se tendrían ya $50 billones anuales.
El levantamiento de los bloqueos de vías debería hacerse en paralelo al levantamiento de los bloqueos que impiden que a millones de trabajadores de bajos ingresos les lleguen empleos, salarios e ingresos dignos, alimentos, nutrición, vivienda y una vida digna. Lo mínimo es que se igualen los derechos de 7,5 millones de pobres extremos a los derechos de las vacas, cerdos, gallinas y pollos. Sin embargo, esto es mucho pedir y seguramente no se va a lograr: los pollos, gallinas, cerdos y vacas son parte de capitales en busca de ganancia. Y la ganancia está por encima de la gente en esta sociedad.
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[1] https://www.elespectador.com/economia/cada-dia-de-paro-suma-mas-de-100000-millones-en-perdidas-en-empresas-del-valle-del-cauca/
[2] https://caracol.com.co/radio/2021/05/28/nacional/1622159133_306403.html
[3] https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/la-comedia-colombiana-columna-de-paola-ochoa-590563
[4] ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-716-17.
[6] https://www.la-razon.com/voces/2020/05/04/estado-de-cosas-inconstitucional/
[7] “Uribe planteó un nuevo texto de reforma tributaria, pero que la mayoría de su impacto sea asumido por el 1% más rico[7]”
[8] https://lasillavacia.com/cobrennos-nosotros-los-salvavidas-los-empresarios-frente-al-paro-81814. “En febrero la firma de consultoría PwC hizo una encuesta con 84 presidentes de empresas grandes. Sorpresivamente la mayor preocupación de ellos no era la vacunación, ni la reforma tributaria que se estaba discutiendo, ni el dólar, ni la reactivación económica. La mayor preocupación para 81 de los 84 presidentes era la inestabilidad social.”
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: http://concienciaciudadana.org/
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