La historia del conflicto político armado en Colombia nos ha enseñado que la única vía que tiene la sociedad para superar la difícil e inédita situación por la que atraviesa hoy día el país, producto del paro cívico nacional y el estallido social juvenil, es el diálogo, la concertación y el respeto por la vida.
De ahí, que resulta por los demás paradójico, que el gobierno nacional en contravía del inmenso clamor nacional e internacional de escuchar y dialogar con los manifestantes pretenda mediante el decreto 575 del 28 de mayo de 2021 que ordena la asistencia militar a gobernadores de 7 departamentos y alcaldes de 8 municipios, incluido el Valle del Cauca y su Capital Santiago de Cali, que sea la Fuerza Pública la que coordine el levantamiento de los bloqueos en las vías.
El decreto que ordena a los gobernantes “adoptar las medidas y acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones”; hace tambien énfasis en que, frente a su incumplimiento, los mandatarios y funcionarios públicos se verán sometidos a investigaciones de carácter disciplinario.
En el marco de esta decisión del presidente Duque se reforzo la presencia militar en la ciudad de Santiago de Cali con 7 mil hombres más de la fuerza pública, y se dio manos libres para que se desatara toda una serie de acciones propias del terrorismo estatal en la noche del viernes 28 de mayo por parte de la fuerza pública en connivencia con particulares, paramilitares urbanos, denominados por la población como “Camisas Blancas”, quienes dispararon indiscriminadamente contra la población juvenil con la actitud cómplice de la policía, como se pudo evidenciar en testimonios y videos que circularon por las redes sociales.
Fueron excesos desproporcionados y criminales en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, como es costumbre en el extendido régimen uribista, que dejaron un saldo de 10 jóvenes muertos, centenares de heridos atendidos por brigadas médicas de profesionales y estudiantes de la salud solidarios con los manifestantes, y decenas de detenidos, algunos de ellos desaparecidos, que hoy día son objeto de búsqueda por parte de los organismos de derechos humanos de la sociedad civil.
Las medidas jurídicas represivas emitidas por el gobierno nacional y las acciones violentas de la fuerza pública, corrobora, una vez más, el interés del gobierno nacional de dar tratamiento de orden público a la protesta social y a los justos reclamos de la juventud colombiana. Son cerca de 8 millones de jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, a los cuales, ni los partidos políticos, ni los empresarios, ni el gobierno, han tenido en cuenta con una agenda pública que responda a sus inquietudes tempranas de empleo, educación y oportunidades.
Contrasta lo anterior con la decisión política asumida por parte de varios alcaldes y gobernadores a nivel nacional que, sin necesidad de decretos ni de acto administrativo alguno, han permitido mediante la concertación y el diálogo regional con los manifestantes el desbloqueo de algunas importantes vías. En el Huila producto del diálogo se logró despejar el Puente Santander, lo mismo ocurrió con sitios de bloqueos en Cundinamarca, Casanare, Putumayo, Ocaña, Soacha, Cauca y Nariño. La Defensoría del Pueblo confirmo que se han logrado levantar con el diálogo y la concertación con los manifestantes cerca de 40 bloqueos; muchos de ellos, con la mediación de la iglesia católica.
En el Valle del Cauca, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal de Santiago de Cali, quien en un esfuerzo por enderezar su equivocada política con que manejó en los primeros días el Paro nacional, acordaron con los jóvenes que bloquean algunos puntos de la ciudad la constitución de una mesa permanente de conversaciones que permita construir una agenda para abordar parte de sus reclamos e inquietudes.
El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, escuchando el clamor ciudadano y juvenil del dialogo, y como una forma de espiar sus culpas, firmo en la noche del 31 de mayo el decreto 0304 de 2021, por medio del cual se legalizo el diálogo con jóvenes de la llamada Unión de Resistencia Cali, Primera Línea somos todos, que representa a los jóvenes que están al frente de los sitios de bloqueo en la ciudad.
El alcalde Ospina manifestó, aunque de manera tardía, que “Hemos escuchado a las partes y vemos que los manifestantes, hombres y mujeres que están aquí por varias causas, tienen hoy unas propuestas muy maduras y estamos que nos trabajamos para construir desde el dialogo y la paz”.
Tal actitud por parte del gobierno local y departamental no solo es el reconocimiento a los jóvenes como interlocutores válidos de la protesta social, sino tambien, la posibilidad de establecer garantías para los mismos, que permitan que la libertad y la vida de estos jóvenes no se vuelva a marchitar en primavera.
Por su puesto, que este decreto de la administración municipal en favor de los acuerdos pacíficos con la muchachada contrasta en lo fundamental con la visión represiva del decreto 575 de 2021 con el cual el gobierno nacional pretende mediante la fuerza y dando tratamiento de orden público al conflicto social, obligar al desbloqueo de las vías de manera violenta.
El decreto de la alcaldía municipal establece como punto de partida que esos sitios de concentración de los jóvenes se desbloquearan y se transformaran en puntos de concertación, en espacios de deliberación, de diálogo social, a fin de comenzar a construir una agenda local y regional que dé respuesta a las inquietudes que dieron origen al estallido juvenil en la ciudad.
De la misma manera, el decreto contempla la instalación de una Mesa de la Verdad a fin de establecer, a ciencia cierta, lo ocurrido en los hechos protagonizados por la fuerza pública y civiles armados quienes arremetieron con armas de fuego contra la población civil y provocaron actos de malos tratos, intimidación y torturas en una clara violación de los derechos humanos. De la misma manera, esta comisión deberá establecer el destino de centenares de jóvenes desaparecidos desde el pasado 28 de abril, día en que se iniciaron las protestas.
Algunos hechos a investigar a fin de establecer la verdad tienen que ver tambien, de manera particular, con la presencia de personas de civil encapuchadas, quienes claramente se observan en videos quemando edificaciones públicas protegidos por la fuerza pública; por lo menos, así se pudo corroborar en los casos del incendio de las alcaldías de Jamundí y Yumbo; y en el caso del incendio del histórico edificio del Palacio de Justicia de Tuluá.
Todo parece indicar que con el giro que ha dado la administración del alcalde Ospina en cuanto al manejo de las protestas juveniles pronto se restablecerá la normalidad en Cali en materia de desbloqueos de vías; este hecho permitirá continuar las acciones de movilización juvenil y ciudadanas para impulsar mediante la protesta pacífica organizada la exigencia de la negociación del pliego de emergencia nacional que ha planteado la dirección nacional del Paro al gobierno nacional. Parar para avanzar.
Héctor Alonso Moreno
Foto tomada de: Blu Radio
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