La condena de Marine Le Pen, con toda y su gravedad, disminuye enormemente su importancia si se la compara con la anulación de las elecciones presidenciales en Rumania, ocurridas en 6 de diciembre del año pasado, que dieron como ganador de la primera vuelta a Calin Georgescu. Dichas elecciones las anuló el Tribunal superior del país con el argumento de que estaban viciadas de nulidad debido a “una campaña de desinformación en las redes sociales promovida por Rusia”, que “había alterado los resultados electorales”. Y aunque el alto tribunal fue lo suficientemente taimado como para no mencionar el fallo explícitamente a Georgescu (en la argumentación mencionó que “un candidato habría recibido un trato preferencial”), las verdaderas razones de su fallo quedaron al descubierto, cuando el pasado 11 de marzo, validó la decisión del Consejo Nacional Electoral de no admitir la candidatura de Georgescu a las nuevas elecciones presidenciales programadas para el 4 y el 18 de mayo próximo.
La virulenta campaña mediática dedicada a legitimar estos “fallos” del alto tribunal rumano, aporta abundantes pruebas adicionales de las verdaderas motivaciones políticas de los mismos. Desde las primeras noticias de la anulación de las elecciones presidenciales rumanas, hasta las más recientes sobre la inhabilitación de Georgescu, los media hegemónicos han utilizado hasta el hartazgo, la descalificación política del frustrado candidato a la presidencia de su país. Supongo que llegados a este punto sobra que les diga cuales son dichas descalificaciones: “candidato ultra derechista”, “prorruso”, “admirador de Putin”, “eurófobo”. Descalificaciones que funcionan como auténticos estigmas que provocan el rechazo inmediato y bloquean cualquier intento de escuchar lo que en realidad están diciendo los estigmatizados. De allí que los media no se hayan tomado la molestia de informar que Georgescu es un líder político que cuestiona el apoyo a Ucrania, duda de la conveniencia de la pertenencia de su país a la OTAN, celebra las “habilidades negociadoras de Viktor Orbán”, el primer ministro de Hungría que, cuando fue presidente pro tempore de la Unión Europea el año pasado, viajo a Kiev, Moscú y Washington buscando abrir una vía de diálogo y negociación para poner fin a la guerra de Ucrania. Es el líder que, además, se ha tomado la libertad de decir en voz alta que Putin es uno de los pocos lideres políticos “auténticos” con los que hoy cuenta el mundo. Y que, para mayor escándalo del coro de belicistas que hoy dominan la escena política y mediática europea, se opone a la instalación de los escudos antimisiles norteamericanos en suelo rumano. La considera una “provocación” que solo puede escalar peligrosamente la participación rumana en la guerra de Ucrania. Remata la lista de declaraciones intolerables, su proteccionismo: quiere poner límite a las importaciones en defensa de los agricultores y a los industriales nacionales.
Se comprende entonces, porqué era absolutamente vital para Bruselas, Londres y Paris impedir que Georgescu ganara las elecciones y se convirtiera en presidente de Rumania. Con esa credencial en la mano, obtenida gracias al voto de la mayoría de sus ciudadanos, durante los próximos cinco años habría sido el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el representante oficial de su país en las cumbres de la OTAN y de la Unión Europea. Con suficiente poder por lo tanto como para oponerse con firmeza en el seno de la OTAN a quienes quieren cerrar definitivamente la tímida vía de diálogos y negociaciones con Moscú abierta por Trump para poder continuar la guerra en Ucrania. La guerra que pretende infringir a Rusia una derrota tan catastrófica que precipite su desintegración. Tal y como lo pretende el Pentágono desde cuando Paul Wolfowitz, siendo subsecretario de Defensa del presidente George W Bush, firmó un memorando fijando ese objetivo estratégico.
La presidencia de Georgescu habría resultado igualmente incómoda para una Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Leyen, que viene de hacer aprobar por dicha Comisión y luego por el Consejo Europeo, la propuesta de crear un fondo europeo de 800.000 millones para el “rearme europeo”. Georgescu, en su condición de presidente de Rumanía, podría haber llamado la atención sobre el hecho de Tratado fundacional de la Unión Europea no permite incluir en su presupuesto ningún gasto militar. También podría haberles recordado que, en 2024, la suma de los presupuestos militares de los 27 países de la Unión, triplicó el presupuesto militar de la Federación rusa del mismo año. ¿Para qué entonces tamaño incremento del gasto militar de esos mismos países?
En este contexto internacionalización del lawfare, de judicialización de la política, cobra una extraordinaria importancia la reforma constitucional que ha introducido la elección popular de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial. Es un medio eficaz de quitarle al poder judicial su condición de casta, de institución cerrada sobre sí misma, habitualmente más sensible a los intereses del poder establecido que a las demandas populares. La elección popular de jueces y magistrados es una manera de llevar a la práctica el principio de que el pueblo es soberano y que, por lo tanto, le deben obediencia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: RFI
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