Van cerca de 84.000 personas afectadas por la confrontación entre grupos armados ilegales, en los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú de Norte de Santander, lo que incluye a los resguardos indígenas Barí y Sakacdú (Pueblo binacional Barí de la Serranía de los Motilones) y a los municipios Río de Oro y González, del departamento del Cesar.
Más de 54.000 personas han sido desplazadas y alrededor de 30.000, han quedado confinadas. Más de 4.500 personas son ahora refugiadas y migrantes irregulares, en situación de precariedad y difícil acceso a rutas de atención. Cerca del pueblo Barí han sido afectadas 300 personas y 107 han sido confinadas cerca del resguardo Sakacdú [1].
En esta martirizada región, con una población de 351.000 habitantes, a diciembre de 2024 habían sido afectadas por desplazamiento forzado 302.519 personas.
A febrero de 2025, a partir de la escalada iniciada en enero, ya son cerca de 80 las personas asesinadas por el ELN. Entre ellas, se incluyen seis firmantes del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC EP después de haber sido secuestrados ocho de ellos, por el ELN. Este grupo armado ilegal se autoconcede la facultad de acusar a los excombatientes de pertenecer al Frente 33 de la disidencia pos FARC y de ejecutarlos sin fórmula de juicio. Incluso, impone un régimen de terror con medidas de sometimiento y retenciones ilegales en contra de más de 30 personas.
Ante esta situación, la Justicia Especial Para la Paz – JEP – ha ordenado el traslado de 124 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, en riesgo por los ataques del ELN y reforzar los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en la Nueva Área de Reincorporación – NAR – de Tibú [2]. La JEP ordena, así mismo que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se diseñe un plan para localizar, al menos a 12 firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria que se vive en la región.
A la par, se ordena al Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y demás autoridades de los municipios de la región, incluir a las personas y familias en proceso de reincorporación en los planes de atención humanitaria y prevenir las violencias basadas en género dirigidas a las personas que se encuentran en los albergues.
De hecho, una de las graves problemáticas relacionadas con la violación de los derechos humanos de niñas y mujeres, es la trata sexual por parte de diferentes grupos armados y al servicio del narcotráfico, lo que se agrava con la crisis del Catatumbo, como lo denuncian Cristina Hurtado y Alejandra Vera en Razón Pública [3]. Desde 2018, las autoras han identificado más de 5.000 mujeres en contextos de prostitución. Sin embargo, señalan que sigue siendo desconocido el porcentaje de mujeres víctimas de trata. Se apoyan en los trabajos de La Corporación Mujer denuncia y muévete (MDyM) para resaltar que en los territorios de Norte de Santander los grupos armados ilegales y bandas criminales administran prostíbulos y utilizan la explotación sexual como parte de su financiación.
Hasta el 4 de febrero se habían reportado 51 mujeres víctimas de trata sexual. Quienes logran escapar denuncian que muchas otras siguen en condición de esclavitud sexual y doméstica. Así mismo, que las más jóvenes son reclutadas por el ELN y otros grupos armados. Actualmente, la corporación trabaja con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en procesos de acompañamiento y activación de rutas para evitar que si retornan sean asesinadas por grupos armados que las han amenazado.
Las acciones del ELN vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Afectan, sobre todo, a las familias campesinas. Así mismo, destruyen proyectos productivos; rompen el tejido social, las relaciones de confianza al seno de las distintas comunidades y del propio movimiento campesino, al desarrollar una operación militar en la que una parte de los vecinos, presuntamente base social del ELN, como lo expresa el Portal Vorágine [4] posiblemente era conocedora, con suficiente antelación, de los preparativos que incluían ataques en contra de población civil y fue abandonando paulatinamente la región desde varios meses atrás; mientras, otro sector quedó expuesto, simplemente, porque se vio en medio de presiones de los diversos grupos, quedó estigmatizado y sometido a retaliaciones por haber hablado con personas armadas del Frente 33, que llegaron hasta sus viviendas pidiendo algún tipo de servicio que, como argumentan las víctimas, no se podían rechazar, por tratarse de personas armadas.
Mientras el mundo presencia el horror del genocidio y limpieza étnica en contra del pueblo palestino, por parte del sionismo, con financiación, armamento y directrices norteamericanas, el pueblo colombiano de regiones como el Catatumbo, el Chocó y el Cauca, es masacrado por grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias pos FARC y el Clan del Golfo.
En el Catatumbo, el ELN parece estar realizando una especie de “limpieza ideológica”, como lo denuncia el Portal Vorágine, en la crónica de referencia, posiblemente, en procura de garantizar su hegemonía en la región. A la par, ello le sirve para controlar las rutas de acceso a las economías ilícitas y para su posicionamiento geoestratégico en la zona de retaguardia venezolana.
Se presume que los preparativos de la operación militar por parte del ELN, comenzaron alrededor de seis meses atrás. La crueldad con la que han actuado los integrantes del ELN lleva a pensar que requirió el traslado de parte de sus integrantes desde otras regiones. Especialmente, del Arauca, dado que la militancia de la región, posiblemente no actuaría en contra de sus hermanos, primos o tíos.
Aparentemente, el hecho detonante de la operación militar fue la masacre de Miguel Ángel López, sepulturero de Tibú, su esposa Zulay Durán y su hijo de seis meses, presuntamente, a manos de integrantes del Frente 33 de las disidencias Pos FARC. Por este crimen, ya se encuentran capturados dos presuntos integrantes del Frente 33, Brandon Andrey Cárdenas quien se presentó ante las autoridades judiciales, en zona rural de Tibú, con heridas graves producto de confrontación con el ELN y Luís Felipe Taborda, quien fue capturado en Medellín.
Sin embargo, los antecedentes llevan a retomar alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que, desde 2019 ya planteaban la hipótesis del riesgo de erigirse el ELN en grupo dominante en la región del Catatumbo. La posibilidad de una cruenta confrontación con las fracciones de la disidencia pos FARC, en dinámica de expansión territorial se hizo latente, según personas entrevistadas por Vorágine, con la incursión de la disidencia en el negocio de los precursores químicos para la elaboración de cocaína, actividad que, hasta entonces, era monopolio de los elenos, así como en lo relacionado con el control de las zonas de extorsión y minería ilegal.
Según datos a 2023, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el Catatumbo hay identificados 15 enclaves productivos con 43.000 hectáreas de coca, lo que equivale al 39% del total del área cultivada en Colombia.
Se presume que la confrontación podría durar y recrudecer sus impactos durante un período alrededor de dos años complicando, mucho más, los procesos de negociación en el marco de la Paz Total del Gobierno Petro.
No obstante, desde el Frente 33, Jhon Mechas, el comandante del Frente 33 manifiesta que no responderán de la misma manera que lo ha hecho el ELN, aunque se defenderán y plantea disposición a negociar con el Gobierno la solución al tema de drogas y propone avanzar en los procesos de negociación manteniendo el cese al fuego.
La degradación ética, moral y política de la confrontación armada en Colombia se evidencia en la distancia cada vez mayor, entre las palabras y los hechos de los grupos que dicen defender los intereses populares.
En los hechos, no puede haber ninguna duda con respecto al carácter criminal de todo grupo que atente en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, afectando a comunidades inermes. Esta constituye una línea roja que permite determinar la legitimidad o ilegitimidad de una causa y la naturaleza de un grupo irregular. Esto se agrava con la sustitución de los móviles políticos, por la codicia y la dedicación a captar rentas ilegales. No hay manera de encontrar un caso de referencia que permita evidenciar un enfoque alternativo de desarrollo comunitario, desde la actividad de estas organizaciones, que dignifique su actividad.
La preparación de las acciones militares en el Catatumbo, su ejecución e impactos permite evocar lo sucedido en enero de 2022, en Fortul, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca y en Cubará, departamento de Boyacá. Por esos días, el ELN ejecutó ataques sicariales en contra de 27 personas, presuntamente vinculadas al Frente X del grupo residual ex FARC. Entre dichas personas estaban dos mujeres, dos menores de edad y cuatro venezolanos. Las retaliaciones se extendieron a líderes sociales y a menores de edad afectando a más de 50 personas.
Frente al drama humanitario provocado en el Catatumbo por las operaciones militares del ELN, el Gobierno Petro declaró el estado de conmoción interior en la región, mediante la expedición del Decreto 062 de 2025 del 24 de enero [5].
Este mecanismo extraordinario consagrado en la Constitución Política de 1991, permite al Gobierno Nacional adoptar medidas encaminadas a contrarrestar los factores de afectación de la crisis humanitaria, con la debida observancia de criterios de proporcionalidad y pertinencia.
Al respecto, se adoptan medidas tributarias temporales, que deben tener vínculos de conexidad directa con la crisis. El Gobierno requiere adoptar medidas transitorias para aumentar los ingresos fiscales del Estado, con el fin de solventar la situación y se debe garantizar la autonomía territorial, para que los municipios y departamentos implicados conserven su autonomía territorial.
Aunque, diferentes plataformas de derechos humanos se han manifestado en rechazo del Decreto de Conmoción Interior, lo cierto es que las medidas gubernamentales adoptadas van encaminadas a garantizar la protección de los derechos humanos en condiciones de manejo de contingencia. Así se puede ver en lo relacionado con los decretos expedidos hasta la fecha:
- Decreto 106 del 29 de enero de 2025 – Medios de Vida y Financiamiento Agropecuario. Establece mecanismos de financiamiento y de alivio de pasivos para pequeños y medianos productores agropecuarios. Suspende, de manera provisional, los procesos de otorgamiento de créditos de fomento agropecuario y establece esquemas de refinanciación de deudas encaminadas a evitar la quiebra de productores locales.
- Decreto 107 del 29 de enero de 2025 – Seguridad Alimentaria y Protección de Cadenas Productivas. Establece acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria y para evitar el desabastecimiento en la región. Define un porcentaje de contribuciones parafiscales para estabilizar la producción agropecuaria y suspende restricciones en el acceso y distribución de alimentos en las zonas más afectadas.
- Decreto 108 del 29 de enero de 2025 – Protección de Tierras y Territorios. Permite proteger a pequeños campesinos de procesos de despojo y de ocupaciones ilegales y agiliza la titulación de tierras para víctimas del conflicto y excombatientes.
- Decreto 117 del 30 de enero de 2025 – Impacto en el Sector Turismo. Posibilita la asignación de recursos del Fontur, de manera temporal, mediante incentivos tributarios para atención humanitaria, de modo que operadores turísticos y hoteleros garanticen alojamiento gratuito a personas desplazadas y se garantiza el refuerzo de mecanismos de control tarifario.
- Decreto 118 del 30 de enero de 2025 – Control Operacional de la Fuerza Pública. Establece un mando unificado sobre las fuerzas Militares y la Policía Nacional en la región. Garantiza los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en las operaciones de seguridad.
- Decreto 119 del 30 de enero de 2025 – Protección Laboral y Empleo. Posibilita el trabajo remoto para reducir los niveles de exposición y adopta medidas para prevenir despidos masivos.
- Decreto 120 del 30 de enero de 2025 – Transporte y Movilidad. Permite garantizar la movilidad del transporte público, la seguridad de pasajeros y transportistas y coordinar la operación de protección policial y militar para prevenir ataques y bloqueos.
- Decreto 121 del 30 de enero de 2025 – Acceso a Agua, Saneamiento y Vivienda. Se orienta a garantizar el acceso al agua potable, al saneamiento básico y vivienda digna para población desplazada.
El Decreto de Conmoción Interior para la Región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, así como los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, está sujeto a control de constitucionalidad en la Corte Constitucional, para determinar si cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad.
Por otra parte, el Gobierno de Venezuela ha desarrollado actividades de atención humanitaria de emergencia, con respecto a las personas desplazadas que cruzaron la frontera y llegaron a poblados de los Estados de Zulia y Táchira.
También, el gobierno colombiano confirmó la cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico en la frontera y se dio inicio a una operación militar de cooperación en la lucha contra el ELN. Del lado venezolano la operación se denomina “Relámpago del Catatumbo” como parte del ejercicio Popular, Militar y Policial “Escudo Bolivariano 2025”. Al respecto, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino reportó el desmantelamiento de veinte campamentos de diversa índole, que incluyen campos de entrenamiento paramilitar, de narcotráfico y laboratorios de producción de drogas [6].
Sin embargo, la presencia militar del ELN en Venezuela es de vieja data, le confiere estabilidad y fortaleza financiera, al apropiarse de la explotación de minería ilegal del oro, particularmente, en el Parque Nacional de Yapacana situado en el Estado Amazonas, en minas del Estado Bolívar y en la zona fronteriza con Colombia.
En este contexto, el presidente Maduro propuso la creación de una gran zona económica binacional que desarrolle soluciones integrales para la sustitución de cultivos ilícitos, educación, cultura, deporte y alternativas laborales decentes.
El camino de una zona de desarrollo binacional constituye una opción benéfica para los pueblos a lado y lado de la frontera; justifica trabajar en el diseño de pactos sociopolíticos, de políticas públicas y de programas que incluyan la superación de las ilegalidades y de la corrupción. Es necesaria la consolidación de la convivencia pacífica y la soberanía, sin la presencia de grupos armados ilegales y la consiguiente desactivación de factores que amenacen la estabilidad regional y binacional.
No obstante, el camino de la solución política del conflicto armado con el ELN se evidencia cada vez más lejano. La propia concepción de esta organización y su dirigencia prioriza los factores militares sobre las propuestas políticas. Incluso, sus voceros llegan a afirmar que su tránsito hacia la paz es tan complejo como la transición energética.
Al tiempo, dichos voceros descalifican cualquier diálogo de paz con otros grupos a los que el Gobierno Petro les ha reconocido un carácter político, como las disidencias del EMC y de la Segunda Marquetalia. Así mismo, descalifican los diálogos sociojurídicos con las bandas criminales de alto impacto.
En tales condiciones, la Mesa de Negociación seguirá congelada y no hay viabilidad para retornar al cese al fuego. De hecho, nunca se activó el mecanismo de monitoreo y verificación y tampoco entró en operación el Observatorio del Paramilitarismo, que se había definido dentro de los Acuerdos, como parte de “lo que se va acordando se va aplicando”. Sin embargo, por fuera de la mesa la dirigencia de dicha organización siempre se ha manifestado de manera unilateral.
Al Gobierno no le queda otro camino que centrar sus esfuerzos en garantizar los derechos de las comunidades territoriales. Fortalecer la participación e incidencia de las comunidades y organizaciones sociales en la construcción de la paz con justicia social pasa por avanzar en el diseño e implementación de políticas y estrategias de transformación territorial, en el marco del Pacto Catatumbo. Esto es determinante en la construcción de la paz total y permite aislar a las organizaciones recalcitrantes.
Al respecto, se requiere el fortalecimiento de la presencia social del Estado en los territorios, a la par que se despliegan mecanismos de justicia, de policía judicial y de Fiscalía, así como de fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
A esto se refieren, precisamente, las estrategias y acciones gubernamentales encaminadas a hacer del Catatumbo un territorio de paz con justicia social y ambiental. Para ello se han estructurado más de 120 proyectos con las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones campesinas, el Pueblo Barí, el sector privado y la academia.
Fuentes:
[1] OCHA. Latinoamérica y El Caribe Resumen de Situación Semanal al 31 de enero 2025. Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Enero 31 de 2025. [2] JEP. La JEP ordena trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas Farc-EP que están en riesgo en el Catatumbo y otras acciones para garantizar sus derechos y los de otros excombatientes. COMUNICADO 008. Enero 24 de 2025. [3] María Cristina Hurtado Sáenz y Alejandra Vera. La explotación sexual en la prostitución y la trata con fines de explotación sexual contra las mujeres, un grave caso de impunidad en la crisis humanitaria del Catatumbo. Febrero 9 de 2025. [4] Sánchez Arévalo Nicolás. Crónica de la guerra en el Catatumbo: niños bajo una lluvia de balas. Vorágine. Periodismo contracorriente. Enero 26 de 2025. [5] Gobierno Nacional. DECRETO 62 DE 2025. Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. DIARIO OFICIAL, AÑO CLIX, N° 53.009, BOGOTÁ D. C., 24 DE ENERO DE 2024.https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30054344
[6] Borges Randolf. Padrino: hemos destruido 20 campamentos ilegales en la frontera. Últimas Noticias. Febrero 7 de 2025.Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: DW
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