Estos graves hechos ocurren una semana después del asesinato del kiwe thegna y kabwe´sx GERSAIN YATACUE reconocido como autoridad ancestral y médico tradicional del pueblo Nasa. Este año la lista de agresiones y asesinatos de líderes sociales en el Cauca asciende a 25 personas entre ellos 9 indígenas integrantes del CRIC y 8 campesinos vinculados a Fensuagro. Durante el primer año de gobierno de Iván Duque en el Cauca se registran 55 asesinatos de líderes sociales. El 90% de estos homicidios han ocurrido en el norte del departamento, especialmente en los municipios de Caloto, Corinto, Suarez y Quilichao. (Indepaz, agosto de 2019).
LOS REARMADOS AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO
Las organizaciones sociales del Cauca, y en particular las del norte del departamento, han denunciado que esos ataques armados están siendo perpetrados por grupos rearmados en los últimos dos años para beneficiarse del negocio de la marihuana y el tráfico de pasta básica para cocaína. Aunque no es el único motor de los conflictos violentos en la región. Los cálculos de cultivos de marihuana en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Toribio y otros del pie de monte de la cordillera central son estimados en cerca de 4.000 hectáreas, 33% del total nacional, y su producción es controlada por poderosos carteles que la distribuyen al mercado interno y en menor proporción la exportan con apoyo de mafias internacionales. Miles de campesinos e indígenas trabajan en los cultivos y cosechas y en la cadena intervienen intermediarios, técnicos, proveedores de insumos y también grupos armados y sicarios que prestan servicios de seguridad, cobros con metralleta y asesinatos para imponer el orden mafioso. La complicidad y corrupción de agentes del Estado es parte del negocio desde hace mucho tiempo y está en desequilibrio mayor con el proceso de disputa entre grupos para el control de rutas y negocios.
La marihuana reemplazó a la coca por la facilidad del proceso productivo y los mejores precios; pero también ha reemplazado la producción de alimentos y se ha acompañado de un incremento escandaloso del abuso del consumo entre adolescentes y jóvenes; acompaña también la ocupación de territorios colectivos por externos armados y desarmados que atentan contra la autonomía y cultura de las comunidades.
La respuesta de las autoridades desde los cabildos, – la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, y del Consejo Regional del Cauca, CRIC – ha sido llamar a suprimir los cultivos de uso ilícito en sus territorios colectivos y han incrementado las medidas de control para hacer decomisos y prohibir la presencia de grupos armados. Con los pequeños cultivadores se han propuesto diálogos y gestión de proyectos para recuperar la economía propia y garantizar la seguridad alimentaria.
Pero el ejercicio de autonomía y la acción de la guardia indígena ha chocado con los narcotraficantes y sus aliados armados en la región. Todo este proceso se escaló con posterioridad a la dejación de armas por parte de las FARC EP y la terminación de su control sobre parte importante del negocio de intermediación y seguridad para el trafico de marihuana. Como explican los dirigentes indígenas, grupos de milicianos que quedaron sueltos después de los acuerdos de paz, se rearmaron y han pretendido retomar el negocio contando con algunos ex militantes de esa guerrilla y con los capos locales que tenían o heredaron los contactos, rutas o capacidad empresarial. Se han puesto diversos brazaletes o simplemente se identifican como continuidad del Frente Sexto o de la Jacobo Arenas. Según la Defensoría del Pueblo “se conoce la presencia de presuntos grupos pos-desmovilización que operan bajo diversas denominaciones: Águilas Negras, Águilas Negras Nueva Generación, Los Rastrojos, entre otros”. En los últimos meses se han multiplicado los panfletos de estas “águilas” y con siglas de las AGC amenazando a las autoridades y a la guardia por sus controles y por “colaboración con el gobierno” en los programas contra los cultivos ilegales.
¿FALSOS BRASALESTES PARA FALSOS NEGATIVOS?
En medio de estas presencias de grupos armados y de ataques asesinos en contra de la población las autoridades étnicas denuncian con grandes interrogantes el patrullaje de grupos armados no identificados, o con falsos brazaletes, por estos municipios de la marihuana y también hacia Suarez, Jamundí, López y Buenaventura siguiendo la ruta de la cocaína que viene del sur. La ruta parte de los municipios de El Tambo y Argelia y conecta con las acuapistas y trochas multimodales del Mickay y el Naya.
Últimamente han aparecido panfletos firmados como Cartel de Sinaloa que a simple vista muestran su falsificación pero dejan interrogantes sobre los autores intelectuales y su objetivo de crear la falsa imagen de presencia importante de organizaciones del crimen transnacional. La hipótesis sobre esos grupos de “brazalete prestado”, como de Águilas Negras y fantasmas internacionales, consideran antecedentes de prácticas de los paramilitares en tiempos de fuerte presencia del Bloque Calima con sus redes políticas y de alianza con elementos de la Fuerza Pública y empresarial. ¿Son expresiones de reductos de esas prácticas o el anuncio de formas nuevas de paramilitarismo? Con esa u otras hipótesis lo cierto es que estos hechos dan base a la alerta lanzada por las organizaciones indígenas, afros y campesinas sobre la concurrencia de actores encubiertos que forman parte del menú de amenazas y riesgos en la región.
El CRIC es más directo en sus consideraciones: “tenemos decenas de grupos delincuenciales -los llamados disidentes- que operan muy pocas veces como un cuerpo único y en todo caso sin ningún programa político conocido, los mismos que a veces aparece como ELN y otras como EPL, como si fueran marcas que se usan e intercambian. Estos mismos emiten panfletos a nombre de Águilas Negras, Cartel de Sinaloa, Renacer Quintín Lame dejando entrever claramente que todo corresponde a una estrategia de inteligencia militar para justificar la guerra sucia en nuestros territorios, mostrar los asesinatos como resultado de choques entre grupos ilegales y vincular a nuestras autoridades y organización con la violencia socio-política …” (CRIC, 4 de agosto 2019).
Con la misma contundencia el CRIC y todas las autoridades indígenas han señalado la conducta de la fuerza pública como “cómplice, omisiva o negligente”, como dice su declaración del 4 de agosto: “Es totalmente injustificado – a menos que estén involucrados en el negocio –que la totalidad de cargamentos de marihuana y base de cocaína salgan por la zona más militarizada del país, sin que pase nada; no tiene explicación legal que la fuerza pública haya intentado varias veces impedir que actuemos frente a esos grupos ilegales”.
RESPUESTA DESDE LA AUTONOMÍA Y LA SOBERANÍA TERRITORIAL
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas par los Derechos Humanos en Colombia ha llamado a responder a la grave situación en el Norte del Cauca teniendo en cuenta derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afros que están sustentados en normas nacionales e internacionales. Recuerda que “la sentencia T-030 de 2016 de la Corte Constitucional, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ordena al Estado a que las medidas a adoptar en materia de protección y prevención deben ser concertadas con las autoridades del Pueblo Nasa del Norte del Cauca y sus procesos organizativos, en el marco del derecho a la autonomía y el gobierno propio ancestral”. Así mismo llama a la que las medidas judiciales que se adopten sean coordinadas con la jurisdicción especial indígena “incluyendo la investigación de eventuales omisiones y connivencias que pudieran haber favorecido estos crímenes” y reclama la superación de la estigmatización contra el pueblo Nasa.
Los 126 cabildos indígenas del Cauca, agrupados en el CRIC han declarado el Estado de Emergencia para sus comunidades y territorios. Esto significa un llamado a la máxima alerta en defensa de sus derechos, pero también el llamado a responder con organización y la fuerza de su dignidad y movilización a la ofensiva criminal que se ha desatado y está escalando peligrosamente. “Responderemos con serenidad y contundencia” han advertido retomando Mandatos de sus máximas autoridades que tienen fuerza constitucional y legal en los territorios colectivos.
Entre los Mandatos desde la autoridad ancestral, con sus principios de soberanía y ejercicio de la jurisdicción indígena, los cabildos unidos han ratificado medidas innegociables como: 1. La orden a toda estructura armada de salir de inmediato del territorio. 2. La prohibición total de porte de armas a indígenas y foráneos dentro de los resguardos. 3. El decomiso de vehículos robados y la liberación de toda persona que este privada de la libertad por acción de delincuentes. 4. Regulación y Atención de actividades que propician la generación de desarmonías, tales como el consumo de licor y drogas, la realización de festividades y ferias. 5. Adoptar un Plan Autónomo para resolver el problema de los cultivos ilegales hasta lograr su superación definitiva. Será un plan concertado con las familias indígenas cultivadoras. 6. Medidas de cooperación judicial desde la justicia propia. 7. Acciones de armonización urgente que incluyen decomisos, cultivos, sanciones y remedios, planes de sustitución, etc. (ver https://www.cric-colombia.org/portal/frente-a-l-os-ultimos actosdelincuenciales-en-el-norte-de-cauca-respondemos-con-serenidad-y-contundencia/ )
El CRIC y la ACIN han anunciado también las medidas de fortalecimiento de la Guardia Indígena y el llamado al gobierno a coordinar medidas de seguridad en los territorios vecinos a los resguardos. Y ante las dimensiones del problema de los cultivos de marihuana han propuesto concertar planes socioeconómicos de sustitución que incluyan la regulación especial para el desarrollo de usos medicinales reconvirtiendo los cultivos actuales y cadenas productivas en un marco legal incluyente.
DESMANTELAR DESDE PLANES CONCERTADOS TERRITORIALES DE BIENESTAR Y SEGURIDAD COLECTIVA
Las comunidades del Cauca se preguntan por las obligaciones y responsabilidad del Estado ante la grave situación de violencia armada en casi todo el departamento y en especial en el norte del Cauca y los territorios identificados para Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito. El reto en el norte del Cauca y en otras subregiones críticas del departamento es lograr avances en construcción democrática de paz, de seguridad humana, desmantelando los grupos armados que azotan a las comunidades e integrando en la estrategia la respuesta a problemas estructurales que determinan las conflictividades socioeconómicas y políticas.
Esa integración de planes es lo que se propuso en el Pacto por el Cauca entregado al gobierno nacional por la alianza de todos los sectores sociales y políticos en la Cumbre realizada en Almaguer en noviembre de 2018 y que se puso en debate con la Minga en 2019. Una ruta posible sería poner a dialogar las propuestas de las comunidades y del Pacto por el Cauca con la estrategia de Zona Futuro que anunció el Presidente Duque en Tumaco el 8 de agosto pasado. Un primer paso en esta dirección podría ser un proceso acelerado de planeación participativa en el Norte del Cauca en el cual participen las organizaciones y comunidades étnicas, campesinas, urbanas y diversos sectores productivos y empresariales. Es un reto de diálogo complejo para concertar un plan regional con mecanismos de articulación con planes nacionales y con los planes territoriales 2020 – 2024.
SERENIDAD, SOLIDARIDAD Y CONTUNDENCIA POR LA VIDA Y LA PAZ
Respondiendo al llamado de los pueblos del Norte del Cauca y del CRIC se ha activado la solidaridad nacional e internacional para acompañar el Estado de Emergencia y la decisión de responder con contundencia a la ofensiva criminal que cobra vidas en el Cauca e intenta paralizar a toda los sectores que exigen derechos. Se han propuesto misiones humanitarias con comunidad y ciudadanía internacional con presencia escalonada y permanente en diversos territorios del Cauca y en coordinación con las organizaciones sociales. La Comisión de Paz del Senado de la República, acompañada por miembros de la plataforma Defendamos la Paz se propone hacer una sesión de control político en Caloto o Toribio. Se ha pedido una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a realizarse en sitio concertado con el CRIC y la ACIN y con la asistencia indelegable de todos sus miembros. El Espacio Regional de Paz del Cauca, que agrupa 17 organizaciones sociales se ha declarado también en Estado de Emergencia y llama a redoblar la movilización por las reivindicaciones fundamentales sin ceder terreno a la intimidación. Las comunidades negras y sus organizaciones reclaman al gobierno el cumplimiento de los pactos incluidos los firmados en las Mingas y de garantías de seguridad. Procesos participativos de planeación regional para concertar zonas de paz pueden conjugarse con iniciativas colectivas de protección autónoma y con garantías de seguridad para las comunidades, territorios y liderazgos.
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Camilo González Posso: Presidente de INDEPAZ
Foto obtenida de: https://www.eltiempo.com
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