Esta respuesta histórica por parte del Estado colombiano, por lo menos en las últimas décadas, merece ser valorada en el estado de emergencia actual que vive el país, donde, claramente, la Fuerza Pública está teniendo un papel que jugar en la movilización de los recursos de la institucionalidad estatal. El rol a desempeñar y el impacto que tiene este escenario contingente va más allá de garantizar la seguridad. El presente texto plantea diversas dinámicas que tiene la cartera de seguridad y defensa, posibles movimientos a partir del escenario internacional y la continuidad histórica, y los retos de la misma en el contexto actual. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Covid-19 presenta un desafío a nivel nacional -y mundial-, cuya respuesta solo se ha ido construyendo parcialmente, con base en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de las instituciones estatales, siendo necesario visualizar un panorama de ellas y, en este caso, de las destinadas a la seguridad y la defensa.
La primera respuesta del rol que se le asigna a la Fuerza Pública en este contexto es, a riesgo de caer en la obviedad, garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la defensa del territorio; por lo menos, ese es el marco que han delimitado los Ministerios de Defensa y del Interior, con base en los referentes constitucionales y legales. No obstante, a partir de allí se derivan dos preguntas: ¿qué se entiende por seguridad en los tiempos del Covid- 19? y, a manera histórica, ¿cuáles son los desafíos y tareas que asumirá la institución militar y policial más allá de la mirada clásica de la seguridad y defensa?
La primera pregunta se debe responder desde las necesidades de la sociedad y del Estado, dictaminadas a partir del estado de emergencia -basado en el artículo 215 de la Constitución-. Los toques de queda y los aislamientos preventivos -voluntarios u obligatorios- demuestran la primera tarea del uso de la Fuerza Pública, el cual ha consistido en hacer un control sistemático de aquellas personas que infringen la norma y salen a los sitios públicos de los municipios.
Esto pone en juego el concepto de seguridad en todos los ámbitos, llegando a tener una re-significación sistemática en los diferentes niveles -movimiento que no solo se ha generado en Colombia, sino que es de carácter global de lo que se entiende por seguridad-. ¿A qué se debe este cambio? La respuesta es el tipo de amenaza que se enfrenta; en el mundo contemporáneo no se había dado una situación en que una pandemia hubiera paralizado a la humanidad en su conjunto y requerido una atención coordinada por parte de las instituciones en un alcance multinivel. Este virus, del cual es muy poco lo que conocemos con certeza, ha significado: por un lado, un riesgo activo por los contagios que se presentan; pero, por otro, una amenaza a la vida humana, al funcionamiento de la sociedad y a la propia capacidad del Estado en caso de que se presente un escenario de dispersión masiva del mismo. Acá nos enfrentamos a una re-significación de las clásicas amenazas a la seguridad y la defensa –lo que comúnmente se asociaba a amenazas y riesgos de agresión-, que conlleva la necesidad de delimitar a futuro el rol de las instituciones militares y policiales para no caer en la tentación de ‘securitizar’ un tema que involucra, de lejos, esfuerzos mucho más amplios que los de estas instituciones y sobretodo frente a una amenaza cuya primera fila de contención está en los profesionales de la salud..
El hecho de que conflictos armados como los de Yemen, Camerún y Filipinas tuvieran un cese al fuego –en Colombia parcialmente con el cese unilateral transitorio del ELN-, acercamientos entre Estados Unidos y China después de la ‘guerra comercial’, el retiro de tropas de Francia en Medio Oriente, la movilización de efectivos estadounidenses de sus lugares de acción hacia Norteamérica, la modificación de rubros dirigiéndolos a la emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas hacia la atención de la misma. Todos estos fenómenos confluyen en la respuesta por parte de las instituciones estatales a una nueva amenaza, la cual tiene la particularidad de afectar a los diferentes sujetos de la seguridad en su conjunto -en términos conceptuales-: el Estado, a partir de la necesidad de atender la emergencia, proteger su legitimidad y su población, cerrar fronteras y ejercer control; el orden público, desde las implicaciones sociales que el Covid-19 puede generar en la salud pública, el abastecimiento, el control social, la paranoia colectiva, entre otros aspectos; y el ciudadano, el cual es el receptor y emisor del virus.
Conceptos como seguridad nacional, seguridad pública, orden público, seguridad ciudadana y defensa, deben ser reconsiderados en tiempos del coronavirus. Problemas como las amenazas entre Estados, la delincuencia común, el terrorismo, entre otros han pasado a un segundo plano. En definitiva, la seguridad en estos momentos debe entenderse como la contención de la amenaza en los diferentes ámbitos, y la defensa como el respeto de las decisiones del Estado, las cuales se encuentran articuladas en un entorno internacional, parcialmente liderado por la OMS.
Es necesario señalar que, tal y como ha ocurrido con las emergencias causadas por desastres naturales, ha habido un uso sistemático de las Fuerzas Militares y de Policía a nivel global en la emergencia para la contención de la población, la movilización de suministros, la construcción de hospitales de campañas, entre otras acciones para frenar el avance del virus. Esto se debe al hecho de que las instituciones militares son una burocracia adaptable, con disposición a la atención de externalidades que afecten un país; por lo cual, contar con estos efectivos por parte de los gobiernos les permite la activación de respuestas con un mayor número de personal al que normalmente controlaría en las emergencias.
El caso colombiano no ha sido la excepción y, como ha ocurrido de manera histórica, las Fuerzas Militares y de Policía fueron dispuestas rápidamente para la contención de la pandemia. El Ministerio de Defensa, ha señalado que las acciones por parte de la Fuerza Pública se encuentran aún en curso para cumplir sus tareas constitucionales; pero que se han tenido que abrir nuevos frentes para atender la emergencia. Dentro de las acciones se señalan: dictamen de acuartelamiento de primer grado en la Fuerza Pública, disposición de puestos de control, aumento en el número de efectivos en las fronteras para controlar los flujos poblacionales, caravanas de seguridad en la protección de las mercancías de orden esencial, entre otras; todo señalado para hacer respetar la cuarentena y poder garantizar el abastecimiento de las poblaciones.
Del mismo modo, el conjunto de la infraestructura del sector seguridad y defensa, tanto de bienestar, hospitalaria, como del grupo empresarial, se han colocado a disposición de la atención de la emergencia. La producción de elementos necesarios como camas, camillas y otros implementos por parte de Cotecmar e Indumil representa un aporte a solventar los rezagos que tiene el país para hacer frente al Covid-19. Estas dos industrias militares, sin embargo, son pequeñas, pero pueden generar un aporte significativo mientras se mantengan las medidas de cuarentena y se pueda aplanar la curva de contagiados. Es de destacar la aceptación del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y del Presidente, el que se trasladaran, a solicitud de diversos miembros de las bancadas del Congreso, cien mil millones de pesos del presupuesto de defensa y seguridad a los temas de salud
Por su parte, varios hospitales, destacándose el Hospital Militar Central de Colombia, han empezado a poner carpas en sus parqueaderos para poder responder a las personas que sea necesario aislar por la infección. Esto se ha acompañado de varias facetas dentro de las que se encuentran la preparación con equipos biomédicos y la instrucción del personal. Al respecto se deben hacer dos comentarios: El primero se debe al hecho de que esta capacidad por parte de algunos hospitales militares se deriva de los avances logrados con el acuerdo de paz con las FARC, el cual permitió que la infraestructura y el personal dedicado al conflicto armado tuviera una disminución exponencial de los efectivos militares que atendía. Y el segundo se debe al redimensionamiento de la capacidad de las instituciones estatales en esta emergencia -no solo las relacionadas con la seguridad y la defensa-, dado que el área de la salud en la Fuerza Pública ha presentado en los últimos años un rezago respecto al personal que debe atender, viéndose como la movilización de estos recursos corresponde a un esfuerzo extra por parte de este tipo de entidades.
Del mismo modo, las Fuerzas Militares son la burocracia más grande con la que cuenta el país y la que tiene más alcance a nivel territorial, por lo cual, en la presente situación, han debido movilizar toda su capacidad para transportar los diferentes suministros a lo largo del territorio nacional, garantizar el ingreso de mercancías vía aérea y marítima, permitir la distribución terrestre y limitar los flujos que no se encuentren autorizados en medio del estado de emergencia. El poder utilizar la capacidad instalada fluvial, marítima, aérea y terrestre de movilización adquirida a lo largo del conflicto armado es fundamental para hacer frente al nuevo escenario a nivel nacional.
En cuanto a bienestar el sector tiene dos grandes retos al interior de sus instituciones: Primero, la atención a los miembros de la Fuerza Pública infectados por el coronavirus, de la reserva y activos, necesitando la atención y aislamiento respecto a sus funciones; asimismo, se debe realizar el acompañamiento y seguimiento requerido a sus familias para evitar contagio. Segundo, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia han ido adquiriendo un perfil internacional que las ha llevado a participar y recibir instrucción en diferentes escenarios del mundo; del mismo modo, el país se ha convertido en un referente de entrenamiento para soldados de diferentes nacionalidades; en consecuencia, es necesario que se haga un seguimiento de los miembros de las Fuerzas que no pudieron llegar al país y efectivos extranjeros que continúan dentro del territorio por sus entrenamientos, así como los que regresaron en las últimas semanas de lugares que tenían el contagio.
En esta gama de retos ¿Dónde quedan las otras actividades que tienen que desempeñar estas instituciones? La respuesta en el ámbito de la seguridad ciudadana es que se ha presentado un amplio descenso en los homicidios y el hurto debido a la medida de la cuarentena. Esto se debe de manera principal a la limitación del movimiento por parte de las personas y a una mayor facilidad a establecer controles en la movilidad. Sin embargo, es necesario pensar en los escenarios que pueden ser foco de este tipo de acciones como los sectores marginales en los cuales, dada las necesidades materiales y la falta de presencia estatal -especialmente de asistencia-, estos delitos pueden significar una problemática progresivamente, a menos que se tomen acciones que faciliten el abastecimiento por parte de las poblaciones y el acatamiento de las ordenes civiles.
Del mismo modo, es necesario prestar atención a situaciones como la violencia intrafamiliar y el abuso de menores, dado que ambas están teniendo una escalada en los períodos que dure la cuarentena. Lo anterior, independiente del comportamiento de las denuncias, que se pueden acompañar de una mayor coerción al momento de realizar cualquier tipo de contacto con la Fuerza Pública por parte de la población afectada, lo cual puede aumentar los niveles de victimización en medio de tales violencias. Por ello es necesario que el Estado diseñe los instrumentos previendo estas situaciones que, si bien ha comenzado a implementar, es necesario ver su alcance.
Por su parte, en el entorno de la seguridad pública, se ha visto el movimiento por parte de las organizaciones armadas ilegales -ELN, remanentes del EPL, disidencias de FARC, bandas de crimen organizado, Bacrim-, las cuales también han dado la ‘orden’ en los territorios de limitar la movilidad por parte de los habitantes con base en la intimidación, la extorsión e incluso la muerte; esto afecta a un poco más de cien municipios. Sin embargo, dinámicas como el asesinato de líderes sociales y de reincorporados no han registrado ningún descenso significativo y se siguen presentando en el orden nacional. Ante lo anterior, es necesario que el gobierno no baje la guardia respecto a los reclamos territoriales que se siguen presentando, haciendo frente continuo a los grupos armados ilegales y poniendo en práctica nuevas estrategias de respuesta y protección que sean eficaces.
Por último, en el ámbito de la defensa no existe ningún tipo de amenaza externa al país por parte de otro Estado. Sin embargo, se debe prestar atención a los posibles problemas fronterizos por el flujo, difícil de controlar, de personas. Dentro de este ámbito es fundamental el control que pueda hacer la Fuerza Pública de los diferentes pasos legales e ilegales.
A manera de conclusión, el concepto de seguridad se transforma a partir de la amenaza a la que tienen que hacerle frente los Estados, siendo en este caso el coronavirus Covid- 19, dado el desconocimiento del mismo, sus características, el cual se ha convertido en una emergencia que representa una amenaza que puede alcanzar proporciones incontrolables a nivel mundial. Las Fuerzas Militares y de Policía en los distintos países han jugado un importante papel en la contención de esta externalidad. Colombia no ha sido la excepción y ha implementado toda la capacidad de la Fuerza Pública en diferentes niveles para la contención, el suministro y el alcance de las infraestructuras básicas. No obstante, la Fuerza Pública no debe descuidar la atención de sus misiones constitucionales, ya que ellas siguen presentando un escenario preocupante, especialmente en lo relacionado con la seguridad en los territorios.
Alejo Vargas Velásquez: Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Farid Camilo Rondón Raigoza: Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: eventsite.co/
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