En palabras de David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, el Congreso plantó los pilares del proceso de cambio que transformará la vida de los ciudadanos al aprobar la reforma tributaria y el proyecto de paz total.
La reforma tributaria, sancionada por el Presidente el martes 13 de diciembre, superó los debates en el Congreso con modificaciones menores. En un comienzo el Gobierno aspiró a una reforma que le permitiera recaudar 25 billones de pesos anuales, pero tuvo que negociar con los partidos que aprovecharon para renegociar su apoyo al Ejecutivo, y renunciar a su intención de cobrar impuestos a las pensiones más altas y menos tributos de los que pensaba obtener del sector de los hidrocarburos, para fijar un recaudo de 20 billones de pesos al año. La reforma, que estuvo respaldada por la OCDE, tuvo como propósito disminuir exenciones tributarias a algunos sectores y personas de altos ingresos, así como aumentar el recaudo de recursos para robustecer el sistema de protección social. Como es lógico, la misma fue cuestionada por la oposición política y algunos líderes gremiales, en particular por la ANDI.
El segundo pilar al que se refirió el representante Racero y que crea el marco jurídico de la paz total, debatido y aprobado en octubre, es producto de la modificación a la Ley 418 de 1997 o de Orden Público como se la conoce. Con dicha reforma el Gobierno busca crear el marco normativo para la negociación y el sometimiento de grupos armados.
Otros logros, no menos importantes, son, por un lado, la aprobación del Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y, por otro lado, el Presupuesto General de la Nación. Con relación a este último es de destacar la manera como el Gobierno planteó su diseño, bajo la óptica de una construcción colectiva y desde los territorios mediante los llamados “espacios de diálogos regionales vinculantes”, con base en tres ejes temáticos: el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental; seguridad humana y justicia social y derecho humano a la alimentación.
Otras propuestas impulsadas por el Ejecutivo que siguen su marcha son la jurisdicción agraria que busca solucionar los problemas de tierras en el país; el Presupuesto General de Regalías, la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma política y la reforma al código electoral.
La creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue aprobada el lunes 11 de diciembre. En el primer debate, que se dio en la Cámara de Representantes, la propuesta se aprobó con 139 votos a favor y solo 8 en contra. En el Senado, con 68 votos positivos y 6 negativos. El nuevo ministerio, que busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales estará liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, “Deseamos que la igualdad sea la ruta para que los colombianos podamos vivir en paz”.
Contrariamente a la rápida aprobación de las iniciativas mencionadas, la suerte de la reforma política y del polémico código electoral ha sido accidentada.
Con la reforma política, uno de los principales proyectos del presidente Petro en su programa de cambio, comenzó la última semana del Congreso antes del receso legislativo. En teoría, las condiciones para que la iniciativa sea aprobada están dadas, teniendo en cuenta que el Gobierno cuenta con las mayorías. Sin embargo, el debate de la reforma puede tener un adversario que debe superar: el tiempo. En efecto, si la Cámara de Representantes no aprueba al terminar la semana el cuarto de ocho debates de dicha reforma constitucional, se podría hundir.
El proyecto de reforma política promete acabar con el clientelismo y la corrupción electoral y está compuesto de dos líneas: una modificación de las reglas electorales y un cambio en el modelo político.
Respecto de lo electoral la reforma plantea el establecimiento de las listas cerradas paritarias, el voto obligatorio, la financiación estatal de las campañas y la prohibición de dinero en efectivo cuando haya donaciones a los partidos para evitar el ingreso de dineros calientes.
En cuanto al modelo político, con el argumento de armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos, el proyecto busca que la Procuraduría no pueda sancionar a elegidos por voto popular. Así mismo, propone que los congresistas puedan ser ministros, tema que ha causado polémica al igual que la figura que abre la puerta al transfuguismo pues se plantea el derecho de cambiar de partido por una vez, sin que haya sanción por doble militancia, a la vez que se busca cambiar la edad para hacer parte del Congreso bajándola a 25 años para ser senador.
Más fuertes han sido los cuestionamientos a la reforma del Código Electoral que rige desde 1986, al punto de que han causado fracturas en la coalición de gobierno. Aunque el proyecto fue radicado el 8 de agosto con mensaje de urgencia, pronto surgieron las críticas, inclusive en el Pacto Histórico, no solamente por su origen (el Registrador Alexander Vega), sino por el corto tiempo para estudiar a cabalidad 377 artículos de la actual ponencia y porque hay dudas en cuanto al impacto que puede causar la norma si entra en vigencia en 2023, dado que en el proyecto se incluyen temas propios de registro civil y hasta de adopciones y no se ha evaluado el impacto fiscal que la reforma supondría.
Ante las dudas, el ministro del Interior levantó el mensaje de urgencia y el proyecto tomó el rumbo del trámite ordinario. Aun así, distintos miembros del Congreso se han rebelado y no ha sido posible llevar a cabo el debate porque el quorum se ha roto en el Senado. Quienes cuestionan la iniciativa han propuesto que la iniciativa se vote en marzo cuando se inicie el segundo período legislativo y el tiempo no apremie.
Realizado el balance, se puede constatar que este semestre la labor del Legislativo estuvo marcada por la agenda del Gobierno Nacional y que el resultado de su acción es positivo. Fueron aprobadas las iniciativas más destacadas y algunas reformas constitucionales como la creación de la Jurisdicción Agraria quedaron listas. Las mayorías trabajaron disciplinadamente y al parecer todo está listo para abordar en marzo las reformas estructurales que cambiarán la vida de los colombianos.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Semana.com
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