“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
John Edward Emerich Dalkberg Acton (1887)
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, al exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad, Sneyder Pinilla y al contratista en la compra de los carrotanques para La Guajira, Luis Eduardo López. En la audiencia los acusados rechazaron los cargos, y no porque sean inocentes, de hecho, ya han afirmado públicamente que no lo son, sino porque acordaron colaborar con la justicia, aportar a la verdad, delatar la participación de otros funcionarios y ayudar a desentrañar, lo que la misma Fiscalía ha llamado “una empresa criminal”.
“Me encuentro adelantando (un acuerdo) en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, de momento, su señoría, no me allano a los cargos”, dijo López, quien fue designado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la gestión de este organismo encargado de la atención de catástrofes y emergencias en abril de 2023. Por su parte, Pinilla alegó en el juzgado: “a pesar de que temo por mi vida (…) y que me encuentro inmerso en este momento en un principio de oportunidad con la Fiscalía, no acepto cargos”[1].
Los hechos que rodean este caso desbordan el acontecimiento central de la denuncia (la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a La Guajira), y ha terminado por comprometer, como se indicó en el escrito anterior de la Revista Sur sobre este tema[2], a varios funcionarios; pero peor aún, ha lanzado un manto de duda sobre la transparencia y eficacia de algunos de los pilares del Gobierno Nacional, como su política de Paz Total, y una de sus principales banderas del cambio: demostrar con hechos concretos que las prácticas deleznables de anteriores mandatos no tienen cabida en la actual administración. Lamentablemente no ha sido así. Personajes equivocados han asumido cargos de máxima responsabilidad dentro del Gobierno Nacional. Olmedo López es un costoso error.
El pasado 25 de julio, la Fiscalía, en medio de la audiencia que se realizó en el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, imputó cinco delitos a los tres acusados: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Luis Eduardo López Rosero fue acusado de recibir el 13% del valor de la licitación, y López de haber recibido 724 millones de pesos (unos 179.000 dólares), mientras que Pinilla se habría quedado con 324 millones de pesos (unos 80.000 dólares) en coimas y contratos. “Además, a Pinilla supuestamente le dieron 4.276 millones de pesos (un millón de dólares) por el contrato de los carrotanques para repartir en coimas a otras personas”[3].
La fiscal Andrea Muñoz acusó a Olmedo López de coordinar la entrega de 3 mil millones al saliente presidente del Senado Iván Name y $1.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle a través de la exconsejera Sandra Ortiz. También fueron mencionados otros funcionarios que, según las declaraciones de los acusados, habrían participado en mayor o menor medida en este entramado de corrupción. El primero de ellos fue uno de los hombres de confianza del presidente Petro, exmilitante del M-19 y ex director del partido Alianza Democrática M-19, Carlos Ramón González, hasta hace una semana director de Inteligencia Nacional y antes cabeza del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien según Olmedo le dio la orden de entregar contratos para Iván Name por $60.000 millones y a Andrés Calle por $10.000 millones.
González emitió su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el presidente Gustavo Petro, quien sostuvo en Twitter (X), que “su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”.
Ante los últimos acontecimientos conocidos a través de los medios de comunicación -escribió González- mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación, he considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública”, expresó en su carta de renuncia. Además, agregó que, “me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él; mi inocencia es irrefutable”.
La justicia tendrá que demostrar quien está diciendo la verdad; no puede ser un tema de palabra contra palabra; Olmedo debe probar la veracidad de sus acusaciones y aportar material probatorio irrebatible porque de lo contrario sus señalamientos caerían en el terreno farragoso de las injurias y las calumnias, con la gravedad que ello implicaría porque además tendría que explicar la razón para ello, y determinarse si se trata de un tema de animadversión personal hacia algunos funcionarios, o si está siendo instrumentalizado por terceros interesados en dañar a Petro y su gobierno. Según Pares, Olmedo López tiene una trayectoria política algo inusual, por así decirlo; aunque fue “parte del Polo Democrático desde el 2006, y trabajó de la mano de la senadora Clara López, es más cercano al partido Conservador de lo que quiere reconocer”[4].
Su intención, que por ahora parece orientada a obtener beneficios y rebajas en su pena, es incierta de cualquier modo. La vida enseña que no es sensato poner las manos en el fuego por otras personas, menos cuando no se comparte vida y rutina con ellas, pero el nombre de Carlos Ramón González vinculado a este escándalo de corrupción despierta cierta suspicacia, sobre todo porque aún no se conocen pruebas concretas sobre su participación en los hechos. Incluso podría pensarse, como se rumora en ciertos círculos políticos, que existen muchas maneras de atacar a un oponente político o a un gobierno para restarle legitimidad; una de ellas es mediante escándalos de corrupción, algunos prefabricados (como ocurrió con el DAS en 2005 a través de varias operaciones, como Amazonas, Transmilenio y Bahía para desacreditar contrincantes políticos bajo el gobierno de Uribe Vélez) y vinculando personas ajenas a los hechos pero cuya mención generaría ruido, malestar y problemas de gobernanza. Claro que no se puede afirmar categóricamente que esto se aplique al caso en mención, sobre todo porque la corrupción en la UNGRD está más que demostrada (aunque no están todos los que son ni son todos los que están), y el manejo de elevadas sumas de dinero ajeno puede desestabilizar algunas conciencias, pero no se puede descartar la posibilidad de la mentira en algunas denuncias, más aún si consideramos que la dirigencia política y empresarial que ha detentado el poder históricamente en Colombia no soporta la idea de haber perdido el control y tener que entregar, por mandato popular, la dirección del país a una agenda diferente, rotundamente comprometida con las causas populares y la justicia social, es decir, incompatible con los intereses bursátiles y políticos de las grandes élites y de los sectores guerreristas que han hecho de la muerte prematura y la violencia, y del manejo de la chequera del Estado un negocio lucrativo y hasta hace poco, monopolizado.
En la audiencia de imputación salieron a relucir nombres de otros personajes públicos, algunos vinculados de manera directa y otros por arbitrario rebote. Uno de ellos fue el de César Manrique, ex concejal y exalcalde de Fusagasugá, ex diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, director de función pública, y según la prensa, cercano al presidente Petro. Olmedo lo acusó de estar involucrado en una serie de contratos ilícitos en La Guajira. “Según la fiscal, Manrique dirigía a empresarios para adjudicarles contratos a cambio de pagos indebidos”[5]. También, extrañamente y de rebote, algunos medios hicieron eco del nombre de Camilo Romero, actual embajador de Colombia ante Argentina, quien habría recomendado para el cargo de asesor de la Dirección General en de la UNGRD, a quien fuera el director jurídico de la Gobernación de Nariño, Pedro Rodríguez.
“Solo tres meses después de su nombramiento como asesor de la dirección, la UNGRD empezó a estructurar el contrato de los carrotanques para La Guajira que se terminó concretando y firmando en octubre de ese año. Las empresas que participaron fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger, todas del contratista nariñense Luis Eduardo López. Este trató de engañar a las autoridades con una mezcla de nombres en las gerencias y representación legal de sus compañías para hacer creer que se trataba de una competencia entre diferentes, pero en realidad era él mismo el cerebro detrás de la contratación.
El proyecto finalmente se lo ganó Impoamerciana Roger por 46.800 millones de pesos y luego vinieron los pagos en tulas, el dinero en efectivo, los encuentros y los chats con los presidentes del Congreso, la exalta asesora para las regiones, Sandra Ortiz, y las supuestas reuniones de cónclave que Olmedo señaló a la justicia como parte de la “organización criminal”, calificativo que usó la propia Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos”[6].
Según declaraciones previas, una parte estos recursos habrían sido destinados para comprar congresistas a fin de acelerar el trámite legislativo de las reformas en las plenarias. Uno de los señalados por estos hechos fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sin embargo, hay algo en esta historia que no termina de convencer, y que, lleva a sospechar, que podría tratarse de una manipulación del sistema judicial para encubrir un posible -y enorme- desfalco de fondos.
El actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó: “Este señor (Olmedo) movió dinero por más de dos billones de pesos. Mi hipótesis es que evidentemente quería robarse parte de ese dinero y está tratando de centrar su debate simplemente de los carrotanques que no es algo más de cuarenta mil millones y unos contratos que entre otras cosas él reconoce que nunca dio”[7].
Por su parte el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla solicitó a las autoridades que escuchen su versión sobre los hechos y aseguró que ni él, ni ningún otro funcionario del Gobierno llevó coimas o presionó a congresistas para que apoyaran los proyectos del ejecutivo.
“Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para aclarar esta situación. Ese día entregaré todas las pruebas pertinentes. Aquí no hubo ningún acto indebido, ni congresistas extorsionando al Estado, eso es un invento de los señores Olmedo y Sneyder después que cayeron por el tema de los carrotanques”, declaró el ministro”[8]. Sin embargo, la Procuraduría ordenó que se practiquen más de 15 pruebas en medio de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el ministro.
También Velasco refutó las afirmaciones realizadas por Olmedo López, quien lo mencionó en el contexto de un supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para comprar congresistas, e insistió en que la reunión del 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, a la que López hace referencia, no fue un cónclave secreto, sino una sesión ordinaria del Comité Político. “Esa reunión no era ningún cónclave, era la reunión periódica que citaba el director del Dapre, conocida como Comité Político”, explicó Velasco. “En esa reunión se estudiaba el estado de opinión del país, se analizaban encuestas, se revisaban avances del gobierno y se discutían las dificultades y avances de la agenda legislativa”.
El exministro también cuestionó la veracidad de las declaraciones de López, señalando que estas contienen múltiples contradicciones que se evidenciarán en el ámbito judicial. “López tiene un sinnúmero de contradicciones fáciles de demostrar en sus declaraciones”, dijo Velasco. “No lo haré en público, sino ante los funcionarios judiciales”[9].
La prensa nacional habla con insistencia de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos, y por la cantidad de funcionarios mencionados y congresistas vinculados, podría serlo, pero aún falta mucho por revelarse. Sin embargo, el país tampoco olvida otros escándalos que en su momento causaron billonarios pérdidas, investigaciones disciplinarias e incluso asesinatos o extrañas muertes como el caso Odebrecht en 2017. No se olvida tampoco el Cartel de la Toga, el Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares en 2019, el de la Chatarrización o el Escándalo de Reficar en 2016, que implicó un sobrecosto de $8.5 billones de pesos (casi tres mil millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena. El cáncer de la corrupción no nació ayer; éste se ha diseminado a lo largo de la historia humana, en gobiernos tanto de izquierda como de derecha, no es un tema de ideología, más si de incoherencia política, precariedad moral en algunos individuos y degradación democrática. Frente al caso particular de Olmedo López surgen varias inquietudes, y no tanto sobre su responsabilidad en múltiples delitos, porque él mismo los ha reconocido y ha pedido “perdón” por ellos, sino sobre sus intenciones e intereses. ¿Realmente está aportando verdad al proceso judicial o está mintiendo y calumniando a algunos altos funcionarios del gobierno? Y si esto último es cierto, ¿por qué?
Conforme avanza el proceso judicial, el caso se hace más oscuro y complejo. Además de las irregularidades en la compra de los 40 carrotanques, de los contratos irregulares y del supuesto desvío de dinero a congresistas o del presunto pago al ELN para no secuestrar, en los últimos días se denunciaron nuevas irregularidades en la UNGRD, algunas no han sido demostradas.
Una de ellas se refiere al desembolso de 1.4 billones de pesos que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla firmó y autorizó para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres por petición de Olmedo López, según reveló W radio. “La primera resolución es la número 2407 y fue firmada por Bonilla es del 22 de septiembre de 2023, un mes antes de las elecciones regionales por un valor de 700.000 millones de pesos. En el documento queda claro que esto se hace bajo las facultades legales que tiene el ministro de Hacienda y Crédito Público, citando los artículos 19 de la Ley 2276 de 2022 y 19 del Decreto 2590 de 2022. Además de la firma del jefe de la cartera, también aparece la aprobación de la directora general del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez”[10].
El delito no está en la adjudicación, siempre y cuando cumpla con sus procesos y regulaciones de ley. De hecho, frente a estas adjudicaciones no se ha demostrado cuál sería la irregularidad cometida del ministro, pues su decisión fue congruente con su función. Por otra parte, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, indicó que de los $1.4 billones de adiciones presupuestales a esa entidad que se hicieron durante la administración del Olmedo López, con cerca de $600 mil millones de pesos “se pagó a varias empresas” que hoy están siendo cuestionadas por cuenta de esos contratos que al parecer se firmaron a dedo, y cuya ejecución fue deficiente o nula. “Con la primera adición presupuestal solo quedaron disponibles 14 mil millones (de pesos) de 700 mil (millones de pesos). Básicamente la mitad se pagó y la otra mitad está comprometida, pero sin que se hayan pagado. Entonces lo que no podemos decir es cuánto de ese dinero efectivamente se perdió, cuánto se robaron”[11], declaró Carrillo.
Y agrego que en el momento se está investigando “si esos pagos están relacionados con contratos irregulares: solo a los municipios de Uribia (La Guajira) y Arauca (Arauca) se giraron más de $200 mil millones. El director Carrillo dice que, al día de hoy, la Unidad continúa poniéndole la lupa a varios de los contratos que se firmaron durante ese periodo, de los cuales varios tendrían un 0 % de ejecución”[12].
El próximo 7 de agosto se realizará la audiencia de medida de aseguramiento contra los tres procesados, y la Fiscalía pedirá que sean privados de la libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones y se define su situación jurídica. Aunque esta semana, seguramente surgirán nuevas denuncias y otros nombres se sumarán a este escándalo.
La Fundación Paz y Reconciliación ha propuesto un juicio nacional anticorrupción en cabeza de una sala especial en la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de una comisión mixta de expertos de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional y con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación como alternativa para enfrentar este caso y buscar opciones que pongan fin a la corrupción política. Planteamos de nuevo la pregunta: ¿Se puede erradicar la corrupción? ¿El poder corrompe de manera indefectible? Por lo pronto es necesario que el presidente Petro se apoye en personas con mayor compromiso político y solvencia ética, personas que entiendan lo que significa en términos históricos, la llegada al poder de una agenda diametralmente opuesta a la que gobernó el país durante más de 200 años. El costo en materia de legitimidad, credibilidad y confianza de designar en cargos de máxima responsabilidad a personas inescrupulosas que llegan a robar, buscan beneficios personales, caen en abusos de autoridad y son incapaces de priorizar una agenda pública de gobierno y el bienestar colectivo, es demasiado alto y podría llevar al fracaso un sueño posible, soñado durante siglos. La historia, con el paso de los años, podría definir a este gobierno como el que logró dar un salto social definitivo y encaminar el país hacia un rumbo de progreso social, paz, decencia administrativa y equidad, o como el gobierno más corrupto en las últimas décadas, bautizado así por la gran prensa, y no sería nada extraño si consideramos cómo se cocinan las noticias y qué intereses representan. Este gobierno, pese a los ataques y a los errores cometidos, aún podría ser el gestor de un verdadero cambio, estructural y profundo, que oriente el destino de Colombia en los próximos años; pero debe leer con ojo crítico su propio desempeño, valorar las lecciones de hechos que lo sacuden, y seguir avanzando, con mayor visibilidad e ingenio comunicativo, en su empeño de construir un nuevo y más justo modelo de país.
//Sobre las elecciones de Venezuela: Ningún gobernante, sea de izquierda o derecha, debería perpetuarse en el poder; al hacerlo convierte su mandato en una tiranía, abusa de su discurso y degrada la democracia. No importa si ha gobernado bien o mal, el sistema debe garantizar derechos políticos en igualdad de condiciones para todos, ciudadanías formadas políticamente, gobiernos responsables y alternancia en el mandato.
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[1] Canal 1; “Ni Olmedo ni Pinilla aceptaron cargos”. Ver en: https://canal1.com.co/noticias/nacional/ni-olmedo-ni-pinilla-aceptaron-cargos-por-corrupcion-porque-negocian-con-fiscalia/
[2] Revista Sur; “La metástasis de la corrupción”. Por Maureén Maya. Bogotá, julio 15 de 2024. Ver en: https://www.sur.org.co/la-metastasis-de-la-corrupcion/
[3] DW; “Fiscalía de Colombia acusa a Olmedo López y a Sneyder Pinilla”. Bonn, Alemania, 26 de julio de 2024. Ver en: https://www.dw.com/es/fiscal%C3%ADa-de-colombia-acusa-a-olmedo-l%C3%B3pez-y-sneyder-pinilla/a-69770872#:~:text=El%20ente%20acusador%20argument%C3%B3%20en,d%C3%B3lares)%20en%20coimas%20y%20contratos.
[4] Pares; ¿Quién está detrás del misterioso Olmedo López? Por Iván Gallo. Fundación Paz & Reconciliación. Bogotá, 6 de mayo de 2024.
Ver en: https://www.pares.com.co/post/qui%C3%A9n-est%C3%A1-detr%C3%A1s-del-misterioso-olmedo-l%C3%B3pez
[5] Infobae; Nuevo salpicado en escándalo de la Ungrd: César Manrique, director de Función Pública, señalado por corrupción en contratos”. Por Santiago Cifuentes.
Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2024/07/25/hay-un-nuevo-salpicado-en-escandalo-de-la-ungrd-cesar-manrique-director-de-funcion-publica-es-senalado-por-corrupcion-en-contratos/
[6] El Colombiano; “Camilo Romero y Pedro Rodríguez: La historia de los $ 700 millones en el escándalo de la UNGRD”. Por Santiago Ángel R. Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/camilo-romero-y-pedro-rodriguez-la-historia-de-los-700-millones-en-el-escandalo-de-la-ungrd-CH25115878
[7] Caracol Radio; “Olmedo está induciendo a la justicia a errores para tapar el dinero que robó: Luis Velasco”. Bogotá, 17 de julio de 2024. Ver en: https://caracol.com.co/2024/07/17/olmedo-esta-induciendo-a-la-justicia-a-errores-para-tapar-el-dinero-que-robo-luis-velasco/
[8] La República; “Ricardo Bonilla pidió que la Fiscalía escuche su versión sobre el escándalo de la Ungrd”. Bogotá, 26 de julio de 2024. Ver en: https://www.larepublica.co/economia/ricardo-bonilla-pidio-que-la-fiscalia-escuche-su-version-sobre-el-escandalo-de-la-ungrd-3916341
[9] El Colombiano; Luis Fernando Velasco responde a nuevas acusaciones de Olmedo López y da explicaciones del supuesto “cónclave”. Medellín 26 de julio de 2024.
Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/ungrd-luis-fernando-velasco-responde-a-olmedo-lopez-y-da-explicaciones-sobre-conclave-AP25084721
[10] W Radio; “Los $1.4 billones que giró MinHacienda a la UNGRD por petición de Olmedo López”, Bogotá, julio 17 de 2024.
Ver en: https://www.wradio.com.co/2024/07/17/los-14-billones-que-giro-minhacienda-a-la-ungrd-por-peticion-de-olmedo-lopez/
[11] Noticias 1; “Se pagaron 600 mil millones en contratos irregulares”. Bogotá, 22 de julio de 2024. Ver en: https://canal1.com.co/noticias/nacional/600-mil-millones-pagados-contratos-olmedo-lopez-ungrd-denuncia-de-carlos-carrillo/
[12] Ídem.
Maureén Maya S
Foto tomada de: Infobae
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