Estos liderazgos han surgido así, a menudo sin personería jurídica, generalmente, actuando por intuición, por dignidad como lo defiende la Película “La estrategia del Caracol”, o sin mucha preparación en ausencia del Estado o entreverados y atravesados por el conflicto armado, por la violencia en los territorios y por la lucha por recuperar la vocación productiva de las comunidades, de sus modos de vida, por proteger la naturaleza frente a los embates de los agentes legales e ilegales, promotores del modelo hegemónico neoliberal y de sus prácticas depredadoras.
En este contexto de sociedad frágil, penetrada en sus diversas instancias por élites egoístas, por cleptocracias, mafias y camarillas empeñadas en el despojo, la apropiación de rentas legales e ilegales y la impunidad, donde el liderazgo social que no se ha podido cooptar al servicio de los intereses elitistas, a través del clientelismo, se convierte en un factor incómodo al que se estigmatiza, se aísla o se elimina físicamente.
Son varias las generaciones de líderes sociales que han perecido en medio de la lucha por la justicia social en un país fragmentado, de un sistema de instituciones catalogadas como “Estado Fallido” desde diversos enfoques económicos, políticos y sociales. En especial, se destaca el drama humanitario de una sociedad con el mayor número de desplazados internos del mundo cuya cifra llega a 7’816.500 personas, según Acnur (2019) y entre las tres más desiguales de América Latina que, a la vez, es el continente más desigual del mundo. Una sociedad en la que se prioriza la reparación individual de escasa cobertura sobre la reparación colectiva, donde a fuerza de incidencia el gobierno a través de la Unidad Nacional de Víctimas ha tenido que aceptar entrar en proceso de reparación colectiva de organizaciones sindicales, de la Asociación de Usuarios Campesinos, de la Unión Patriótica, de ONG´s como el Instituto Popular de Capacitación, Redepaz y Nuevo Arco Iris, de organizaciones de periodistas, de asociaciones de mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, desplazadas y LGBTI, entre otras.
Es en este contexto donde se desenvuelven los liderazgos sociales: en medio de un conflicto armado inconcluso, de más de setenta años y con más de diez Acuerdos de Paz parciales exitosamente firmados con diversas organizaciones insurgentes, a lo largo de los últimos treinta años, que se han reincorporado a la vida civil. Con la mutación de reductos mal denominados “disidencias” que, en los territorios, se articulan con otros factores de violencia, tales como la transformación de las formas de organización narco paramilitar dentro del proceso de refinamiento de la cadena internacional del narcotráfico y la continuidad del conflicto armado con el ELN; donde el gobierno actual combina, mediante diversos distractores, maneras de reducir a su mínima expresión el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016 a temas socioeconómicos de reincorporación, mientras soslaya temas sensibles como la Reforma Rural Integral, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del Programa Integral de Sustitución –PNIS, o mantiene su reticencia a implementar el Punto 3.4 sobre Garantías de Seguridad y desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.
En medio de estas inconsistencias institucionales predominan la retórica y los esfuerzos por negar la sistematicidad frente a los homicidios y amenazas. Primero, se procura reducir el genocidio a un asunto cuantitativo. Se realza el tema de la cantidad, incluso en el ejercicio gota a gota de la eliminación física dispersa en tiempos y espacios; pero, generalmente, contra los mismos actores líderes y lideresas sociales: integrantes de organizaciones comunales, de la Minga, guardias indígenas, campesinos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito, excombatientes. La violencia a través el tiempo, tiende a concentrarse en departamentos como el Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, El Chocó, El Valle en Buenaventura, Nariño, Putumayo…Más allá de las estadísticas, se va evidenciando la sistematicidad en la eliminación física de actores sociales. Como muestra Guevara (2020), en cuatro años y medio son más de 500 líderes asesinados, reconocidos por “la amplia mayoría de la ciudadanía como agentes positivos de la democracia y, aún más, como trabajadores en la construcción de paz”, sin color político.
Los esfuerzos en negar o desfigurar las cifras, por parte del gobierno, los evidencia Uprimny (2020) al mostrar que el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, utiliza cifras provisionales de la Oficina de la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para compararlas con cifras consolidadas de esta misma oficina y de años anteriores, con la pretensión de mostrar supuestas reducciones del 25% en el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia durante 2019. Esta práctica se mantiene ocultando la consolidación de las cifras por parte de Naciones Unidas. Por esto, la ONG Dejusticia ha presentado una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de lograr que el Gobierno aplique las herramientas previstas en el Acuerdo de Paz, para que no se militaricen los territorios, ni se limiten a la protección individual, sino que se enfoquen en la desarticulación de los factores de violencia contra los líderes sociales.
La conducta del Alto Consejero para los Derechos Humanos del gobierno Duque coincide con los esfuerzos del Fiscal General (E), Fabio Espitia (2020), por mostrar que, en lo que va corrido del año 2020, solamente ha sido asesinado un líder social y no 23 como muestran organizaciones como Indepaz y Somos Defensores, que llevan el monitoreo de las cifras y reciben el reporte de los casos por parte de los miembros de las organizaciones sociales desde los territorios. Para eludir el tema, los demás casos son denominados “hipótesis” de homicidios en proceso de indagación donde la ONU todavía no ha consolidado las cifras.
Como afirma Rojas (2020), el concepto de sistematicidad en los crímenes que tanto se procura eludir desde el gobierno nacional y la Fiscalía actual, tiende a confundir y agotar el calificativo en si se refiere: 1) A un plan centralizado; 2) Si es a gran escala, masivo y grave y 3) si es responsabilidad del ejecutivo y las fuerzas armadas. Ante esta pretensión, Rojas propone desde una lógica inductiva, el concepto de Patrón, relacionado con recurrencia (repetición) que indica la imposibilidad de ser hechos aislados cuando ciudadanos que levantan su voz contra poderes armados locales son amenazados y asesinados. Al tiempo, dado que se trata de más de 500 personas encuentra que tales acciones requieren de aparatos criminales que cuentan con jerarquías y distribuyen tareas. En tal sentido, llama la atención acerca de que es posible identificar patrones criminales dentro de instituciones el Estado (lo que no se refiere al Estado en su totalidad) cuando buscan ocultar sus actividades, intentan borrar el rastro de órdenes y desconocer los liderazgos.
De este modo, coloca como ejemplo la parapolítica que, como fenómeno involucró dimensiones militares (paramilitares), financieros (narcos y terratenientes), políticas (alcaldes, gobernadores, parlamentarios) y transnacionales; por lo que la investigación como acto de corrupción individual no permitió el desmantelamiento del aparato criminal y su alcance se redujo a desviar las investigaciones hacia la responsabilidad de chivos expiatorios. Desde esta óptica, concluye, que es importante superar la connaturalización de los medios con los asesinatos al reducir sus noticias a conteos que llevan a una dinámica sistemática de resignación. Al tiempo, llama la atención en la importancia de adelantar la investigación desde herramientas que permitan abordar el fenómeno “macrocriminal” desde una perspectiva ética y legal encaminado al juzgamiento, desmantelamiento y sanción de los aparatos criminales.
De otro lado, los procesos de movilización y protesta social en auge con el Paro Nacional que viene desde el 21 de noviembre de 2019 y sigue en 2020 van superando restricciones y evidenciando que se superan bloqueos a la participación anteriormente generados por la pervivencia del conflicto armado con las FARC. Aunque la práctica de la estigmatización y criminalización de la protesta social no ha sido plenamente superada, el auge de la movilización pacífica en la manifestación callejera, en la expresión artística, en los procesos de deliberación territorial y generación de nuevas formas de solidaridad, que van desde los Aprendizajes de la movilización de la Minga, de las enseñanzas de autocuidado de la Guardia Indígena y de la Guardia Campesina, de los aprendizajes de la Primera Línea como primer anillo pacífico de expresión de autocuidado en las movilizaciones urbanas y la división del trabajo con acompañamiento de derechos humanos, de gestores de convivencia, de asesoría jurídica, de apoyo médico y de innovación periodística a través de las redes y de nuevos medios de comunicación van dejando enseñanzas, reflexiones y lecciones aprendidas para avanzar en procesos territoriales de protección colectiva y de neutralización de grupos criminales.
Esto invita a la reflexión e innovación en nuevas formas de expresión y pedagogía política, propicias para avanzar en formas democráticas de expresión política y social y su proyección internacional incidente en la protección de los derechos humanos.
Fuentes:
Colombia, el país con mayor desplazamiento interno. Radio Nacional de Colombia. Junio 19 de 2019.
Ver: https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/desplazados-colombia-acnur-2019
Guevara, Carlos. La defensa de los líderes sociales está en cuidados intensivos. Razón Pública. Enero 20 de 2020.
Espitia, Fabio. Fiscalía asegura que solo un líder social ha sido asesinado en lo corrido de 2020. W Radio. 20 de enero de 2020
Rojas, Gabriel. El homicidio de líderes sociales es un fenómeno sistemático y macrocriminal. 070. Política y Sociedad/Análisis. 15 de enero de 2020.
Uprimny Rodrigo. La manipulación de las cifras sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales por parte del Alto Consejero Presidencial Para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Video Dejusticia. 19 de enero de 2020
Ver: https://www.facebook.com/Dejusticia/videos/539413800116946/?t=2
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Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: aa.com
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