Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, durante este período, se han cometido 8 masacres que han dejado 36 víctimas, 249 personas fueron desaparecidas de manera forzada, 6.283 personas fueron desplazadas de sus territorios y 176 personas defensoras de derechos humanos recibieron algún tipo de amenaza por parte de grupos armados ilegales que, en algunas regiones como el área rural de Cúcuta, actúan con total impunidad.
Este recrudecimiento de la violencia tiene que ver principalmente con el ascenso de las acciones violentas perpetradas por organizaciones guerrilleras, el proceso de expansión paramilitar puesto en marcha desde Cúcuta hacia el Catatumbo y las dinámicas de criminalidad organizada e ilegalidad que cada día cobran mayor fuerza en el departamento. Lo anterior se presenta en una región con altos niveles de militarización y una importante presencia institucional.
En este sentido, hay que señalar que uno de los principales factores del proceso de reacomodamiento territorial es el desarme de las FARC-EP llevado a cabo en 2016 en la región del Catatumbo, territorio que ocuparon durante varias décadas y que, al ser abandonado por esta organización, de manera rápida fue copado por estructuras del ELN, del EPL y de las llamadas disidencias.
No es de extrañar el proceso de fortalecimiento del ELN en los últimos años, que ha logrado avanzar en la consolidación de su presencia en casi 30 municipios de los 40 de Norte de Santander, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, a través de, tal vez, las estructuras más poderosas con que cuenta actualmente esta organización insurgente, como son los frentes de guerra Oriental, Nororiental y el Urbano Nacional. En consecuencia, se nota un aumento importante en sus operaciones guerrilleras sostenidas en los últimos años, tal y como lo reflejan las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar que ha contabilizado 230 acciones durante el período comprendido 2018-2020 (2018:59, 2019:65 y 2020:106).
Sorprende en este proceso de reconquista territorial, la consolidación de las llamadas disidencias de las FARC, quienes, a pesar del proceso de fragmentación nacional, han logrado rehacerse como estructura guerrillera en la región del Catatumbo, sobre todo lo relacionado con el Frente 33. Lo anterior, a pesar de la presencia de un grupo de la llamada Segunda Marquetalia y del Frente 41, quien incursionó recientemente en la provincia de Ocaña, por el centro del departamento del Cesar. Pero es el Frente 33 precisamente, el que avanza con mucho ruido, en un proceso que han llamado de recuperación de los territorios y accionar farianos, desarrollando acciones guerrilleras de todo tipo, algunas destacadas por su espectacularidad y audacia a nivel nacional e internacional, ampliando además su área de influencia a 18 municipios del departamento.
El segundo elemento clave para entender este desbordamiento de violencia, es descifrar el proceso de reconfiguración criminal llevado a cabo en el área metropolitana de Cúcuta hace tres años, que terminó con la incursión del grupo paramilitar autodenominado el Clan del Golfo en el área rural de Cúcuta el pasado 14 de diciembre, con hombres trasladados desde zonas lejanas como Necoclí y el Casanare principalmente – algunos vía aérea-, sin que hasta el momento semejante atrocidad haya tenido explicación alguna por parte de las autoridades locales y regionales.
Así mismo su relación con sectores del establecimiento local, la fuerza pública y las redes del narcotráfico, los mexicanos, las oficinas de cobro y el objetivo principal de desalojar al ELN de Cúcuta y la frontera con Venezuela, como se lo informaron los paramilitares recién llegados, a las comunidades de Palmarito y Banco de Arena en una reunión realizada tres días después de haber llegado a la región.
Durante esta incursión presionan hasta cooptar al reducto de los rastrojos que hacía presencia en la zona quienes, diezmados por los golpes recibidos por las autoridades venezolanas y la guerra declarada por el ELN, se someten sin oponer resistencia; más tarde cooptan a algunas bandas locales dedicadas principalmente al microtráfico, al gran contrabando y a las oficinas de cobro.
A pesar de las denuncias, acciones urgentes y alertas tempranas, el proceso de expansión paramilitar no se ha detenido. Según organizaciones de derechos humanos como la Fundación Progresar, dan cuenta de la presencia de paramilitares en algunas comunas de Cúcuta y en sectores de los municipios del área metropolitana como El Zulia, Puerto Santander y Villa del Rosario.
Los enfrentamientos entre fuerzas guerrilleras del ELN y paramilitares del Clan del Golfo no se hicieron esperar; se presentaron combates permanentes a lo largo de los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, principalmente en las veredas El 25, Vigilancia, La Punta, Pacolandia, La Estrella, El Infierno y Totumito-Carboneras.
Lo anterior ha desencadenado múltiples violaciones de derechos humanos en los primero seis meses del 2021, representados principalmente en el asesinato de 3 líderes sociales, la amenaza a 22 y la expulsión del territorio a cerca de 650 personas, confinamientos, siembra de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad y compra de alimentos, restricciones al uso de teléfonos celulares y prohibición de acceso al territorio por parte de entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El tercer elemento a tener en cuenta, es la presencia en la región de carteles transnacionales del narcotráfico como los mexicanos, que ha permitido no solo dinamizar la cadena del negocio, garantizando sostenibilidad en el precio y el flujo de efectivo en el momento de la compra, sino que ha logrado también un mejoramiento importante en la siembra, producción y procesamiento de la pasta de hoja de coca, que ha tenido como consecuencia la expansión a nuevas zonas de cultivo y un aumento desbordado de las áreas sembradas.
Estas y otras violaciones a los derechos humanos se ven agravadas por ser hechos consumados, advertidos a las entidades locales, regionales y nacionales, por entidades como la Defensoría del Pueblo o por organizaciones de derechos humanos como la Fundación Progresar.
Las respuestas en todo caso han ido desde la negación inicial de lo ocurrido o del riesgo, el señalamiento a las organizaciones de derechos humanos, hasta decisiones ineficaces sin ningún efecto práctico sobre la disminución del sufrimiento de comunidades, organizaciones y líderes, como la conformación de un Comando Específico de Norte de Santander – CENOR o la creación de un batallón de alta montaña que incluiría personal militar estadounidense. Todas las anteriores formulas fracasadas han llevado en las últimas décadas, al aumento de la violencia, la impunidad, la corrupción y más violaciones a los derechos humanos en el departamento.
Wilfredo Cañizares Arévalo, Defensor de derechos humanos
Foto tomada de: Youtube
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