En este contexto, se esperaría que la agresión contra personas defensoras de los derechos humanos se detuviera. Lamentablemente no es así, por el contrario, mientras los índices de criminalidad bajaron recientemente dado el confinamiento, los asesinatos contra líderes y lideresas sociales se incrementaron exponencialmente, pues desde que se inició el aislamiento voluntario y posteriormente la cuarentena, al menos 7 liderazgos sociales han sido silenciados y tres más sufrieron graves atentados. Es decir, la curva no se aplana.
Pero esta crítica situación no se presenta sólo en estas tres últimas semanas, desde el inicio del año 2020, el ataque a estas personas representativas de sus comunidades, ha sido inflexible. Entre enero y marzo, al menos 50 fueron asesinadas (sin que aún se tenga la cifra definitiva), lo cual es alarmante, pues denota un crecimiento sostenido, y es el mayor registro en ese mismo lapso de tiempo en los años de seguimiento al fenómeno, sobre pasando al 2018, el año más violento contra personas defensoras, cuyo registro alcanzó las 46 personas en los primeros tres meses. Por eso no se entiende cómo el gobierno nacional puede decir que en ese mismo lapso de tiempo (enero a marzo de 2020) se hayan presentado sólo ocho asesinatos de liderazgos sociales, como lo afirmó la Ministra del Interior, Alicia Arango, el jueves 2 de marzo en sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado de la República. Inadmisible.
A lo anterior se debe agregar que no es cierto que durante el 2019 haya bajado en un 25% el asesinato de líderes y lideresas sociales, como lo afirmó el entonces Consejero de DDHH, Francisco Barbosa. Teniendo en cuenta la fuente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH (únicas cifras tenidas en cuenta por el gobierno nacional y la Fiscalía) en el 2018 se presentaron 110 asesinatos, mientras en el 2019 documentó 108 casos. Dos casos de diferencia.
Retomando las afirmaciones de la Ministra del Interior, se podrían calificar como “desafortunadas”, dada su baja capacidad política e intelectual. Sin embargo, además de ello, sus palabras encierran veneno. Por un lado, buscan negar la realidad para mostrar que el Plan de Acción Oportuna, PAO, implementado por el gobierno nacional ha funcionado y la situación no es tan grave. Por otro, pretenden desestimar la problemática para indicar que no todas las personas asesinadas y reconocidas como líderes y lideresas por otras fuentes, lo son. En esa misma lógica se entiende, la otra infortunada frase expresada por la Ministra el 4 de marzo en el municipio de Puerto Asís, cuando dijo “en Colombia matan más personas por robarles el celular que líderes sociales”. Esta afirmación dicha por la responsable de la cartera de la política y los Derechos Humanos del país, es inaceptable y condenable, pues de esa manera naturalizó y legitimó el accionar criminal contra estas personas al quitarles el valor real que tienen en una sociedad como la colombiana. Así las cosas, no es gratuito que quince días después de sus palabras, el 19 de marzo, justo en el mismo municipio de Puerto Asís, fuera asesinado el líder y defensor de las comunidades campesinas del Putumayo, Marco Rivadeneira, a quién no nos cansamos de llorar.
Contrasta esta actitud y desprecio del gobierno nacional por los sectores populares, la preocupación, dedicación y compasión de la comunidad internacional por las personas defensoras de DDHH en Colombia. Estos sentimiento lo vienen demostrando de tiempo atrás, todos los días con diversas acciones, pronunciamientos y reconocimientos, como el acto realizado por la Unión Europea, encabezada por sus embajadores y embajadoras en Colombia, el día 12 de marzo en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación Distrital, donde sembraron tres árboles en homenaje a los liderazgos sociales, y titularon su intervención con estas palabras “Si matan a un líder social, se están metiendo con nosotros”.
Esta preocupación también se refleja en el Informe sobre Colombia del Relator Especial de Naciones Unidas para Personas Defensoras de DDHH, Michel Forst, quien calificó los asesinatos de líderes sociales como crímenes políticos y consideró que en el país no existen las garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH. En un sentido similar lo hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, quien en su Informe anual, calificó al 2019 como un año muy violento en Colombia, incluido el preocupante homicidio de más de cien líderes sociales. Recordar también, que ambos Informes fueron rechazados y condenados a la hoguera por parte del gobierno de Iván Duque y su partido, el Centro Democrático y hasta sonaron propuestas de cerrar la ONU en Colombia.
Qué está haciendo el gobierno nacional para detener los crímenes
Como movimiento de DDHH no sabemos en realidad qué está haciendo el gobierno para detener las agresiones contra estos y estas activistas en los territorios. En la sesión de la Comisión de Paz del Senado, arriba citada, se esperaba que la Ministras Arango se refiera a ello. Nada, no dijo nada, se dedicó a repetir lugares comunes de los documentos que hizo el gobierno el año pasado, como que son solo tres las causas por las cuales asesinan líderes sociales; donde hay Grupos Armados Organizados, GAO, el narcotráfico y la minería ilegal; a destacar la labor de los comunales y cuáles son los sectores más afectados por la violencia, y de manera fatua, pues no le sale del sentimiento, a repetir la importancia de estas personas en el país. Pero no se refirió a la política ni los resultados de las mismas. Claro está que al decir que sólo han sido ocho asesinatos en los primeros tres meses del año, es obvio e implícito, el tratar de mostrar el “éxito de la política”.
Similar intervención hizo el Consejero de Paz, Miguel Ceballos, quien también repitió el repertorio del año anterior. Simulando estar implementando el Acuerdo de Paz, destacó la realización de 15 reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como si el solo hecho de hacer reuniones resolviera los problemas. A renglón seguido volvió a recordar el desmantelamiento de bandas criminales “muy peligrosas” como “los Topos”, “los Plumas”, “los Dandi”, “los Rebelión”, “los Paisanos”, “los Ronda”, “los Mercenarios” y “la Pradera”, que en realidad se trata de grupúsculos desarticulados, sin mayor incidencia, cuyos nombres ni siquiera la Fiscalía, tan dada a maquillar cifras, los tiene como referentes responsables de asesinatos de líderes sociales. Pero el consejero Ceballos, nada dijo sobre la construcción de la política para el desmantelamiento del paramilitarismo y crimen organizado de mayor alcance.
De la implementación del PAO, se sabe que las regiones han sido más militarizadas, de la realización de muchas reuniones en las regiones por parte del Ministerio del Interior de la mano del Ministerio de Defensa, para escuchar las mismas denuncias de las organizaciones sociales, pero sin resolverles los problemas. La anunciada política pública para la protección de líderes sociales y personas defensoras de DDHH, que en realidad era un CONPES, nunca salió, solo publicaron un documento que llamaron “Marco de la Política Pública de protección integral y garantías para líderes y lideresas sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”, cuyo contenido es una colcha de retazos, sin claridad del alcance de la política, su naturaleza y las líneas de acción. Se trata de un documento más, seguramente hecho a las carreras, para tratar de tener algo que mostrar ante la comunidad internacional, el 10 de diciembre de 2019, cuando se habían comprometido a sacar la política pública. En conclusión, el gobierno no cumplió la promesa hecha el 23 de agosto de 2018 cuando firmó el Pacto por la Vida y la Protección de los líderes sociales.
De este panorama, nos quedan varias conclusiones: una, en los primeros tres meses del 2020 la criminalidad contra el liderazgo social creció al menos un 100% respecto al mismo periodo de 2019, donde el Programa Somos Defensores registró 25 casos. Dos, el gobierno nacional continúa con su actitud negacionista al intentar “aplanar la curva” reduciendo ficticiamente las cifras para restarle gravedad a la situación, sea con la supuesta disminución del 25% en el 2019 o con sólo ocho casos en los primeros tres meses de 2020. Tres, el crecimiento de la violencia contra personas defensoras de DDHH en los territorios, es responsabilidad del gobierno nacional, al no implementar el Acuerdo de Paz en cuyo contenido tiene una marco de política pública sobre garantías de seguridad humana para los líderes sociales, organizaciones, comunidades y ex combatientes, y haberse dedicado a tratar de crear una política menor, no vinculante y “sin dientes” para enfrentar la criminalidad, como es un CONPES, y tampoco haberlo logrado.
Es decir, al gobierno en este punto le cabe el dicho popular “ni raja ni presta el hacha”. Ni aceptó la política construida en el gobierno anterior, ni fue capaz de hacer otra, mientras tanto, la vida de tantos hombres y mujeres defensores de los derechos de sus comunidades, siguieron siendo cegadas, dolorosamente.
Diana Sánchez Lara, Directora de la Asociación MINGA. Coordinadora del Programa Somos Defensores
Foto tomada de: Elnuevosiglo.com.co/
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