Un segundo aspecto a destacar de las conclusiones de la reunión de la Mesa de Negociaciones con el ELN es el avance en la implementación de los Acuerdos Humanitarios planteados por los integrantes de las dos caravanas que se desplazaron por el territorio del corredor Pacífico y del Chocó. Las comunidades de estas regiones claman porque se desescale el conflicto y se pongan en marcha pronto los acuerdos humanitarios en sus regiones. Aquí es dónde la nueva estrategia de negociación tendrá su prueba de fuego. En esas regiones no solo hace presencia el ELN sino otros actores armados principalmente el llamado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas como se autodenominan y con esta organización sucesora del paramilitarismo las dificultades son inmensas para que cumplan con el cese al fuego que dice el gobierno y ellos mismos se ha pactado, pero que por lo menos en la región del Bajo Cauca como lo denunció el propio presidente Gustavo Petro no vienen cumpliendo y por el contrario todo parece indicar que han infiltrado el paro de los mineros artesanales de la región. Así que el desescalamiento del conflicto y la puesta en marcha de los acuerdos humanitarios tropezará con obstáculos para su implementación. La mesa además avanzó con el reconocimiento del ELN como organización política levantada en armas contra el Estado. Ese carácter insurgente hace que la negociación sea reconocida como negociación política y así se acordó en este ciclo de negociaciones.
Un segundo proceso que avanza es la negociación y la pronta instalación de una segunda mesa de negociaciones entre el gobierno y la Disidencia de las FARC-EP que lideró Gentil Duarte y ante su muerte en Venezuela, ahora está dirigida por Iván Mordisco. También se ha reconocido a esta organización como insurgente es decir que también será una negociación política. Lo primero será a no dudarlo el establecimiento de la agenda de las negociaciones levantadas por la fiscalía las órdenes de captura para los negociadores nombrados por esta Disidencia. De modo que también allí se muestran importantes avances. Lo que sigue tanto con el ELN como con esta organización será el difícil tema del cese al fuego bilateral. Y es difícil porque como los hemos señalado en otras ocasiones en los territorios donde se asientan estas insurgencias se libra una batalla por las rutas del narcotráfico y los cultivos de coca. El acuerdo de los protocolos de ese cese al fuego bilateral será complejo sobre todo para los verificadores y para la Fuerza Pública. Pero es un asunto esencial si se quiere desescalar el conflicto y aplicar allí los alivios humanitarios que se acuerden. Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas claman porque esos alivios humanitarios se implementen a la mayor brevedad y este reclamo lo hacen porque son ellas las que sufren los rigores de la confrontación armada.
El resto de los procesos no logra despegar aún. Por una parte, por las trabas que ha puesto la fiscalía de Francisco Barbosa sobre todo en las negociaciones con organizaciones ligadas al narcotráfico. Estas trabas a mi juicio infundadas por la interpretación restringida y sin mayores fundamentos de la Ley de Orden Público que creo entregó al gobierno las herramientas para iniciar este proceso. Ante estas trabas el gobierno ha preferido tramitar una ley de sometimiento a la justicia sobre la cual volveremos más adelante. El proyecto ha sido presentado al Congreso y se espera que con mensaje de urgencia en un par de meses el gobierno cuente con las herramientas jurídicas para avanzar en la negociación del proceso de sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Y digo negociación porque el gobierno debe negociar este proceso con estos actores. Es un proceso de negociación para el sometimiento a la justicia con temas como la extradición, la rebaja de penas, la entrega de bienes y la parte de los mismos que quedará legalizada por el Estado para las estructuras y los integrantes de estas organizaciones así como las condiciones de reclusión en que pagarán las penas de cárcel convenidas. Es un proceso complejo porque involucra a los Estados Unidos en el tema de la extradición que debe ser resuelto porque es una exigencia de estas estructuras criminales.
Dentro de estas estructuras criminales destaca el Clan del Golfo que supuestamente ha acordado un cese al fuego que en realidad esta por pactarse y que muestra grietas muy protuberantes como ya indicamos en la región del Bajo Cauca Antioqueño y las denuncias sobre infiltración al paro de los mineros artesanales de esta región. Todo parece que es en protesta por la destrucción de unas dragas ilegales instaladas por esta organización criminal en esta región. Las cosas se dificultan para el gobierno que no cuenta con las herramientas jurídicas para avanzar realmente en el cese al fuego bilateral que debe contar con protocolos y verificadores del mismo. Por eso el Congreso de la República debería entender la urgencia de tramitar la ley de sometimiento para que no se malogre la posibilidad de avanzar en este proceso. En buena medida el éxito de la llamada Paz Total dependerá del proceso también con estas estructuras criminales si se quiere que los ceses bilaterales de fuego tangan éxito.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Espectador
Son las élites afincadas en el sistema bancario las que deben entender que no pueden seguir creyendo que son los dueños de los recursos del estado y que el pueblo luchará por materializar el estado social de derecho que es Colombia. Paso a paso se avanza de la resistencia pacífica al poder concertado en las diferencias políticas y culturales.