Las actuales guerras regionales del ELN, a tres bandas:
Con el tránsito de las FARC EP a la vida política y la actuación civil y ante el cierre referido del proceso de paz con el ELN, ésta guerrilla como lo refieren estudios y reportes recientes, se ha desplegado en sus regiones de presencia histórica, consigue más que duplicar sus efectivos y entra en disputas violentas con otros actores armados por el control de zonas de anterior dominio de las FARC EP[1].
El ELN durante los últimos tres años recuperó presencia en la frontera con Venezuela en varios de sus departamentos, retomó frentes debilitados o inactivos en partes de Antioquia y el sur de Bolívar, se expandió del centro al norte de Chocó hasta llegar al Bajo Atrato y el Darién, recuperó frentes en Cauca y Nariño y creó un nuevo concepto de frente urbano con red de actuación en varias ciudades importantes. “El ELN tiene presencia efectiva en 10% del territorio, 112 municipios, allí puede afectar. Pero no tiene capacidad de afectar gran parte del país”[2].
En la compleja situación actual de reactivación de expresiones de guerra, en contradicción con el sentido de las medidas comprometidas en la fase de transición pos-acuerdo de paz con las FARC, el ELN desarrolla enfrentamientos que expresan especies de guerras regionales diferenciadas, desarrolladas a tres bandas: De una parte, en términos de prolongación del conflicto bélico nacional crónico en cuanto al choque contra las FFMM y en general contra la fuerza pública estatal, sin grandes enfrentamientos, pero con algunos combates, hostigamientos, sabotajes y otras formas de actuación. De otra parte contra los rearmes o las disidencias armadas del proceso de paz, lo cual tiene una expresión particular en el choque con la última expresión de la vieja disidencia al acuerdo de paz del EPL, como en choque con varias de las disidencias armadas o rearmes registrados desde intentos de retoma del proyecto armado de las FARC EP, en distintas regiones. Y, también sostiene varias guerras regionales contra las estructuras narco-paramilitares y sus redes mafiosas asociadas.
Estas dinámicas de conflicto armado se expresan en enfrentamientos entre el ELN y las FFMM en Arauca, partes del Catatumbo y la Provincia de Ocaña, Chocó, el Nordeste de Antioquia, sur de Bolívar y Cauca. El ELN a la vez ha sostenido guerras regionales con la vieja disidencia del EPL en varios municipios del Catatumbo y con algunos de los grupos residuales o disidencias armadas de las anteriores FARC en lugares de Nariño y sur del Cauca. Y, asimismo, el ELN ha sostenido guerras regionales con estructuras narco-paramilitares, entre la parte media del Chocó y el Atrato y en el Bajo Cauca con las AGC o Clan del Golfo, en este lugar también con los Caparrapos, a la vez que se enfrenta con Los Rastrojos en Norte de Santander, en parte fronteriza con Venezuela.
El reciente “paro armado” del ELN, arbitrariedad y violaciones al DIH
El ELN realizó entre el 15 y el 18 de febrero pasado lo que llamó un “paro armado”, jornada de 72 horas de acciones de sabotaje, control de zonas, algunos combates con tropas del Ejército, hostigamientos a puestos de Policía, un combate con el grupo narco-paramilitar Los Rastrojos y emitió “órdenes” a la población civil de las regiones donde tienen presencia, para obligarla mediante comunicaciones amenazantes a no circular y no abrir locales comerciales o de instituciones de diverso orden, so pena de realizar -como en efecto lo hicieron-, ataques contra vehículos de transporte y bienes civiles.
Con este llamado “paro armado se produjeron declaraciones y controversias. El presidente Duque declaró que era “una amenaza terrorista” que sería enfrentada con capacidad por la fuerza pública: “Hoy tenemos toda la capacidad para enfrentar a los criminales que intentan con actos desesperados amedrentar poblaciones, hoy están bajo el acecho de la Fuerza Pública”[3]. El gobierno preparó un dispositivo militar y policial nacional con acuartelamientos de primer grado, movilizó de tropas y declaró que el hecho evidenciaba “falta de voluntad de paz del ELN”.
Reconocidos agrupamientos ciudadanos de paz rechazaron el hecho. Entre ellos Defendamos La Paz (DLP), Redepaz y Paz Completa emitieron sendos comunicados de rechazo a este tipo de actuación guerrillera, tanto por las previsibles afectaciones contra la población civil en distintas regiones, como por su sentido de escalamiento de la confrontación y, por ende, debilitamiento de la posibilidad de recuperar un ambiente hacia emprender diálogos de paz entre con el gobierno.
Los ceses de actividades realizados por los trabajadores, las huelgas o paros laborales y de actividades productivas, comerciales y administrativas con movilizaciones ciudadanas son experiencias legítimas, civilistas, de protesta social en el país y en el mundo. Precisamente, se produjo el llamado “Paro Nacional” el 21 de noviembre de 2019 con gran repercusión que se extendió con sucesivas jornadas de protesta hasta la actualidad, de forma que su carácter es de fuerte presión social en rechazo a políticas y proyectos de reformas regresivas del gobierno, en lo social, en lo ambiental y en detrimento de la posibilidad de la paz.
En tal sentido, llamado a “paro armado” del ELN, hecho también en ocasiones anteriores por esta y otras guerrillas, por vía de la coerción e incluso mediante amenazas expresas contra la población, constituye una acción arbitraria, contraria a la movilización autónoma el ELN y legítima de la ciudadanía y los movimientos sociales, de forma que contribuye es a desnaturalizarla, al pretender sustituirla por la acción violenta en el contexto de la guerra. Flaco servicio entonces, el de esta guerrilla a la gran movilización social que se manifiesta en la actualidad, de forma a la vez incluso da lugar a las justificaciones frecuentes de quienes promueven señalamiento y estigmatización, que deriva en los actuales ataques mortales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, sociales y ambientales.
El ELN difundió comunicados a través de sus frentes y uno nacional, convocando al “paro nacional”. El Frente Comuneros del Sur, del Frente de Guerra Suroccidental “Carlos Alberto Tróchez”, distribuyó inicialmente un comunicado anunciando que el “paro armado” era en conmemoración de los “55 aniversario de lucha y resistencia armada” de esa guerrilla. El Frente de Guerra Oriental, emitió otro leído por uno de sus comandantes que circuló profusamente por redes sociales. Estas comunicaciones llamaron a la población a no movilizarse por vías terrestres y marítimas, “pues no respondemos a lo que le pueda pasar a los que incumplan esta medida”[4], amenaza que se asocia a otras conductas consiguientes que configuran infracciones al derecho humanitario. Esto, a pesar de la excepción referida a no atacar transporte de enfermos a servicios hospitalarios y con motivo de asuntos fúnebres,
La comunicación nacional del ELN también incluyó en sus numerales la exigencia de inmovilización ciudadana, que implicó un llamado al confinamiento, contrariando también el derecho humanitario. “…que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo (…) pero que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo. (…) 6. Acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado, es lo más conveniente para la población, ser prudentes y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar consecuencias”[5]. A pesar del lenguaje no explícito, la consecuencia era clara, de exposición al riesgo de ataque al no acatar la exigencia guerrillera a la población civil.
Es de recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en al Protocolo II, que rige en conflictos armados no internacionales, solo considera que las partes en guerra “por razones militares imperiosas”, en el curso de las hostilidades, podrán solicitar traslados temporales a personas de la población civil, con el único propósito de salvaguardarlas de enfrentamientos en curso, sin afectar sus derechos y con posibilidad de su retorno una vez cesen los riesgos de los enfrentamientos[6]. Pero, para el caso no se trataba de esta situación, sino de una prohibición general, arbitraria, de no derecho a la libre movilización ciudadana, que derivó en determinados contextos locales en formas de confinamiento temporal y de ataque a formas y medios de transporte civil.
En los tres días de “paro” el ELN realizó sabotajes contra el transporte público y privado, presionó el cierre de locales comerciales, restringió notoriamente la movilidad de la población en varias regiones y realizó hostigamientos y ataques contra instalaciones y personal de la fuerza pública en varias regiones. En carreteras de varios departamentos realizó bloqueos con uso de explosivos y colocación de emblemas y consignas.
En Norte de Santander desde días previos se registraron desplazamientos colectivos en Ábrego por las tensiones existentes entre actores armados, en Hacarí y la Playa de Belén la siembra de minas antipersona por parte de grupos irregulares ya tenía restricciones a la posibilidad del tránsito en determinadas zonas que se acentuaron. El ELN atacó torres de comunicación de telefonía en Hacarí y en Zulia, municipio en el cual dinamitó un tramo de la carretera. En Convención el ELN tuvo enfrentamientos con el Ejército, en los cuales un suboficial resultó muerto, Norbey Felipe Palacios, del Batallón de Operaciones Terrestres N°8. “Los combates se presentaron el marco de las acciones que adelantan las fuerzas armadas para mitigar la amenaza derivada del anuncio de paro armado hecho en días pasados por miembros de dicha guerrilla”[7]. Y en Puerto Santander, tuvo enfrentamientos con el grupo narco-paramilitar los Rastrojos en la zona rural fronteriza con Venezuela, que produjo el desplazamiento de unas 300 personas.
En Cesar, en Pelaya el ELN incineró un tracto camión cisterna de una empresa privada de transporte y realizó disparos contra un bus intermunicipal de una empresa privada de transporte público, poniendo en riesgo a sus pasajeros. Hostigó con granadas la Estación de Policía de Curumaní y dejó varios policías heridos tras un ataque en Pelaya. En Magdalena atacó e incineró un bus de transporte público intermunicipal que circulaba sin pasajeros entre Fundación y Aracataca. Al hacerse presente la Policía en el lugar sostuvo un enfrentamiento con integrantes de esta guerrilla.
En Cauca, entre El Patía, Mercaderes y Mojarras, el ELN colocó cilindros de gas con posibles explosivos en la carretera Panamericana, con emblemas que también colocó en otros lugares entre Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño). En Chocó prácticamente se inmovilizó todo el transporte fluvial y terrestre, ante el temor de los transportadores y pasajeros a posibles ataques.
En Arauca el Ejército informó que detectó y destruyó de forma controlada explosivos de fuerte impacto que eran transportados clandestinamente en zona de Tame e igualmente encontró una rampa de lanzamiento de cilindros bomba en Arauquita. El diario El Espectador informó que en Arauca fue amenazado un periodista por ejercer su oficio: “…el periodista Wilfer Moreno fue amedrentado en Arauca. Moreno recibió una llamada telefónica donde le ordenaron que detuviera las actividades del canal de noticias CNC durante las 72 horas que durará el paro armado anunciado por esta guerrilla” [8]. Sin embargo, el ELN en posterior declaración afirmó no ser responsable del hecho.
“…El sabotaje en detrimento de un adversario constituye una operación lícita, siempre que se respeten las normas jurídicas relativas a la elección de los objetivos, así como de los medios y métodos empleados”[9]. Sin embargo, en varias de estas acciones de sabotaje el ELN realizó, como se hace referencia, ataque a personas y bienes civiles, lo cual también configuró violaciones al DIH.
No así constituyen infracciones sino hechos de hostilidades de guerra la realización de hostigamientos y ataques contra la fuerza pública que constituyen objetivos militares, aunque equivocadamente el gobierno y mandos de las FFMM en sus declaraciones los señalaron como “actos de terrorismo”. Por supuesto, que también todos los hechos de la guerra resultan indeseables y con costos de violencia, que además propenden por reactivar y prolongar el conflicto, en contravía de las aspiraciones de recuperar la paz en las distintas regiones del país.
Presión al Gobierno y al ELN para retomar el proceso de paz
El Gobierno nacional no ha formulado una política de paz viable que permita retomar el proceso de paz con el ELN, so pretexto del atentado de carácter terrorista contra la Escuela de Policía en Bogotá a inicio de 2019 suspendió la mesa de negociación y con motivo de las actuaciones de esta guerrilla afirma que no existen condiciones para reiniciar conversaciones. Por su parte, el ELN ha pretendido realizar una demostración de capacidad militar, afianzando actuaciones y acciones de guerra y de violencia política, antes que asumir acciones de incidencia política favorables a retomar el diálogo de paz. Con sus líneas de actuación el Gobierno Duque y el ELN –reconociendo por supuesto su distinto carácter- han perdido apoyo político y credibilidad. Desde sectores de la sociedad se presiona a ambos para que recuperen el diálogo y la negociación, única alternativa viable, ante el escenario actual de prolongar expresiones de guerra degradadas en el sentido humanitario con compromiso de ambas partes, como lo pone de presente la ONU en sus recientes informes sobre Colombia.
De tal forma, esta guerrilla se debate en un dilema histórico importante: optar por apuestas de fondo hacia posibilitar la solución política dialogada de paz, ante el gobierno actual que se resiste a ella, o por la prolongación de un conflicto bélico en condiciones de resistencia, afectado por la referida degradación humanitaria y sin posibilidad estratégica de la toma del poder. La solución de paz con el ELN es la paz pendiente que resta para cerrar el ciclo de soluciones con el conjunto de las insurgencias. En tal sentido, el ELN podría tomar iniciativa con acciones posibles como la declaratoria de cese al fuego y las hostilidades unilateral, el compromiso expreso a cesar conductas que constituyen infracciones al derecho humanitario y la disposición ante la exigencia que de nuevo surge en las regiones ante las partes de adoptar compromisos y acuerdos humanitarios, las cuales podrían tener un gran y positivo impacto político y humanitario.
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[1] “¿Qué hacer con el ELN?, Opciones para no cerrar la puerta a una salida negociada”, FIP, 28 de enero de 2020, Bogotá. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1808
[2] Declaración de Luis Celis, en: “ELN: ¿Qué tan poderosa es la guerrilla que anunció el paro armado en Colombia?”, France 24, 14 de febrero de 2020. https://www.france24.com/es/20200214-colombia-eln-paro-armado-ivan-duque
[3] “El Ejército colombiano publicó cifras del paro armado del ELN”, Infobae, 5 de marzo de 2020. https://www.infobae.com/america/colombia/2020/02/14/comienzan-las-72-horas-de-paro-armado-anunciado-por-el-eln-en-medio-de-tensiones-en-colombia/
[4] “Comunicado al opinión pública (sic)”, Frente de Guerra Suroccidental “Carlos Alberto Tróchez”, Frente Comuneros del Sur, ELN. (s.f.)
[5] “Comunicado Paro Armado Nacional”, ELN, FGOc-OG, febrero 2020.
[6] Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, 1977, Ley 171 de 1994, artículo 17.
[7] “Un militar muerto en combates con el ELN en Norte de Santander, Noticias RCN, 16 de febrero de 2020. https://noticias.canalrcn.com/nacional/un-militar-muerto-en-combates-con-el-eln-en-norte-de-santander-352821
[8] “Policías heridos y vehículos incinerados: balance que deja el paro armado del ELN”, El Espectador, 14 de febrero de 2020. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/policias-heridos-y-carros-incinerados-parte-del-balance-que-ha-dejado-el-paro-armado-del-eln-articulo-904683
[9] Verri, Pietro, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, CICR, 1998, página 100.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: Semana.com
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