Veintinueve años después de expedida la Carta, la pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve algunos aspectos que aunque eran de amplio conocimiento, han adquirido una inusitada obviedad al ponerse al desnudo, ante las medidas de confinamiento:
1. Aunque en época de pandemia hay un grado de vulnerabilidad generalizado de todos los seres humanos y de incertidumbre, ya que el virus puede afectar a cualquier persona, existen unas realidades sociales que denotan el desamparo de buena parte de la población:
– Una gran cantidad de personas sin techo, que viven con lo que ganan en el día, entre los cuales están los habitantes de calle, los migrantes que utilizan el “paga-diario” para el uso de una cama, los vendedores ambulantes, y todos los que viven de la economía informal, o simplemente son trabajadores independientes. La situación de los migrantes venezolanos ha sido especialmente calamitosa por la falta de coordinación mínima entre los gobiernos de Colombia y Venezuela y las medidas de cierre de frontera.
– Las dificultades de espacio de los que habitan en lugares muy pequeños y que hacen difícil el distanciamiento social.
– El maltrato a la mujer, en particular, la violencia intrafamiliar que se ha puesto de presente en muchos Países, y ha hecho que se multipliquen las quejas ante las autoridades y las llamadas de auxilio.
– La situación y el trato a los ancianos. Muchos de ellos tienen que trabajar en la informalidad para poder comer, siendo mayores de 70, 80 y más años. Un gran número se ven obligados a hacer largas colas para recibir sus pensiones, o auxilios gubernamentales.
Se ha puesto de presente la escasa valoración del conocimiento de los ancianos, y su capacidad de auto-cuidarse, a pesar de su gran aporte a las familias y a la sociedad. El gobierno nacional les ha dado un trato de seres desvalidos, los ha llamado “abuelitos” a los que hay que cuidar evitando que se contagien para que no ocupen las Unidades de cuidados intensivos; en lugar de haber establecido mecanismos de diálogo y concertación, ha dispuesto de manera perentoria una cuarentena de casi seis meses, obligatoria.
– El tele-estudio al que se han visto obligados los niños y los jóvenes, es imposible para muchos de ellos porque no tienen computadores, o no les llega el internet. O bien, en un hogar hay un computador para varios jóvenes y niños estudiantes. El problema de la brecha tecnológica se agrava en el sector rural con relación a la ciudad.
– El hacinamiento en las cárceles que atenta a todas luces contra la dignidad de los presos, que se ha vuelto más notoria por el peligro de contagio en esas condiciones, y ha dado lugar a protestas de los internos.
– El sector agrario y en particular los campesinos han mostrado su gran potencial para tener totalmente abastecidas las ciudades con los productos agropecuarios, donde no han faltado toda la variedad de granos, frutas y verduras, pero también con dificultades en el transporte y por los bajos precios que se les pagan, lo cual los lleva a veces a perder sus cosechas.
– Hay trabajadores cuyo papel en la sociedad se ha valorado muy especialmente en la crisis, además de los médicos y los trabajadores de la salud, como son las cajeras de los supermercados, los empleados de las droguerías, quienes limpian la ciudad, los vigilantes, los que recogen la basura, incluyendo a los recicladores, las trabajadoras domésticas.
Estas realidades sociales muestran una situación de inequidad que permite que muchos millones de personas se encuentren en un estado de miseria o de vulnerabilidad, lo cual responde a condiciones estructurales de la economía, que ha provocado una concentración creciente de la riqueza.
2. La situación del sistema de salud ha demostrado no estar preparado para afrontar la pandemia por carecer de los equipos y camas necesarios, y en particular de las unidades de cuidados intensivos; el personal de la salud no cuenta aún con los elementos de protección necesarios y hay muchas quejas sobre la situación laboral de profesionales de la salud por falta de estabilidad laboral, sueldos muy bajos, entre otras. Se ha visto de manera particular la precariedad de estos servicios en algunos territorios como Amazonas y Meta, y en Ciudades como Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Leticia y Cartagena.
En la crisis se han visto acaparamiento y abusos en el precio de mascarillas, alcohol, tapabocas y elementos de aseo que han afectado a clínicas y hospitales, y son evidentes las carteras asfixiadas de deudas que tienen a muchos de estos establecimientos en la imposibilidad de pagar sueldos y prestaciones a su personal médico. Esta situación denota un Estado débil frente al negocio desordenado de la salud que estableció la Ley 100 de 1993.
3. Como lo ha dicho el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, además del coronavirus, en Colombia hay otra pandemia: la violencia. Durante la cuarentena no han cesado las muertes de excombatientes de las Farc, de defensores de derechos humanos y de líderes sociales.
4. Levantado el cese al fuego por el ELN que había sido decretado durante la primera cuarentena, han vuelto los atentados contra oleoductos y se multiplican sus acciones y las de las Bacrim, de las disidencias de las Farc y de otros grupos armados ilegales contra la población civil.
5. A nivel institucional, por la incertidumbre, la impotencia, el miedo al virus, al desempleo y a la ruina económica, y el hambre, ha habido una resignificación del Estado, en particular de la figura presidencial, lo que afecta los pesos y balances que debe haber entre las Ramas del poder público. Ha sido patente la ausencia de deliberación sobre las medidas adoptadas hasta el momento y es temible que se llegue a un peligroso autoritarismo, como ha sucedido en varios países, en detrimento de los derechos humanos.
6. Si bien la Constitución prevé la posibilidad de que el gobierno nacional declare el Estado de Emergencia económica, social y ecológica, ésta debe ceñirse a ciertas condiciones de tiempo –sólo 30 días, hasta 90 en un año-, formales –los decretos con fuerza de ley que se dicten deben tener la firma de todos los ministros- y materiales –estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos y referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de emergencia.
Estos aspectos serán objeto del control automático de constitucionalidad que debe ejercer la Corte Constitucional.
El Congreso se pronunciará también sobre las causas del Estado de emergencia y sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Durante el año siguiente el Congreso podrá otorgarle carácter permanente a los decretos legislativos, y podrá derogar, modificar, o adicionar dichos decretos en las materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. Con posterioridad, podrá ejercer sus competencias con relación a éstos en todo tiempo.
Ambas tareas de control son inmensas por cuanto el Gobierno en los últimos tres meses ha dictado más de setenta Decretos legislativos.
La Corte decidirá entonces temas tales como si la creación del Fondo FOME con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, se ajusta a la Constitución o es contraria a la autonomía de las entidades territoriales. O sobre la consulta previa virtual a las comunidades, cuando muchas de ellas no tienen internet ni computadores.
También sobre asuntos tan delicados como el traslado de la responsabilidad sobre las cárceles a los municipios, sin recursos para atenderla, cuando éstas se encuentran hacinadas y con graves problemas de reclusos contagiados con el Covid-19.
7. El Gobierno nacional durante los meses de marzo, abril y mayo ha dictado también decretos ordinarios, resoluciones, circulares y directivas, los cuales deberán ser revisados por inconstitucionalidad e ilegalidad por el Consejo de Estado y los Tribunales de lo Contencioso Administrativos, no de manera automática, sino por demanda ciudadana. Esta complejidad normativa, unida a los larguísimos considerandos que preceden a las decisiones hacen que la ciudadanía no tenga real acceso a las mismas y su análisis queda solo en manos de universitarios o especialistas, creando aun mayor confusión e incertidumbre.
Además, la Emergencia sanitaria fue declarada por Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social que adoptó medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. Y mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar su propagación y mitigar sus efectos. El mismo Ministerio ha expedido otras resoluciones como las 407, 450, 453, 464 y 470 y finalmente la Resolución 844 de 2020 que extiende, de manera discriminatoria, hasta el 31 de agosto la cuarentena preventiva para los mayores de 70 años y para proteger su salud mental permite su salida cuando lo disponga el Ministerio.
O sea que fue mediante resoluciones ministeriales que se adoptaron, sin deliberación alguna, medidas que afectan derechos constitucionales como la locomoción, el trabajo y las libertades públicas, además de la igualdad, cuando sólo la ley puede hacerlo.
No se puede olvidar que la democracia no está en cuarentena y que los derechos humanos rigen durante el estado de emergencia. En esta materia el Consejo de Estado deberá evaluar estas medidas ministeriales a la luz de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
8. Se ha puesto también de presente la necesaria coordinación en el ejercicio de estas facultades extraordinarias, por el Presidente, con los Gobernadores y Alcaldes, en virtud de la colaboración armónica entre los órganos del Estado, que son los que tienen que manejar a nivel territorial la aplicación de las disposiciones sobre confinamiento, aislamiento social, atención de poblaciones vulnerables, movilidad, etc. En ello se han presentado dificultades y tensiones, por la tendencia del Gobierno Nacional a no escuchar a los mandatarios antes de dictar las medidas. Han sobresalido también los liderazgos de varios mandatarios por la manera como han enfrentado la pandemia, y desde ahora la reactivación económica, no sin solicitudes permanentes al gobierno nacional por la insuficiencia de recursos económicos para ello.
9. La Contraloría General y la Procuraduría han dado cuenta de irregularidades y posibles actos de corrupción en la compra de mercados, de kits sanitarios, de material para los hospitales y otros gastos, lo cual es un motivo de tristeza y perplejidad por la ciudadanía y por parte de muchos donantes a lo largo de todo el País que han venido contribuyendo con generosidad para aliviar la situación de los más vulnerables.
10. Desde el ángulo del planeta, ha habido un efecto positivo del confinamiento, consistente en que la tierra ha descansado y muchos animales han vuelto a los parques y a las ciudades. Es especialmente indicativo y alentador el dato que ha resaltado la Alcaldesa de Bogotá relacionado con la disminución de muertes de niños, en los meses de marzo y abril, por enfermedades pulmonares debido a la contaminación del aire. Pero al mismo tiempo es inquietante y desesperanzadora la voraz deforestación durante la Pandemia que ha disparado las alarmas de los ambientalistas.
Por primera vez la humanidad se ha dado cuenta de que somos interdependientes por los viajes, la tecnología de la información y la globalización económica. Muchos han dicho que la pandemia es una oportunidad de cambio, que la humanidad va a salir fortalecida de esta dolorosa experiencia y que una vez superada la crisis vamos a construir, como seres humanos, relaciones diferentes con el planeta y con los otros seres humanos. ¿Podremos lograrlo en Colombia? Eso significaría hacer efectivo nuestro Estado social de derecho incluyente, democrático, ambientalmente sostenible, transparente, con una nueva organización regional que haga efectiva la descentralización y con una justicia confiable.
María Teresa Garcés Lloreda
Foto tomada de: El tiempo
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