De las 25 iniciativas anticorrupción de diferentes orígenes que se registraron en el Congreso después de la consulta del 26 de agosto – entre actos legislativos y proyectos de ley – solamente uno está a punto de convertirse en ley de la república: el de la eliminación de beneficios penales como la casa por cárcel a contratistas corruptos y la imprescriptibilidad de las investigaciones a delitos contra la administración pública, y ello porque esta iniciativa fue incluida en el tercer debate de un proyecto del Fiscal General de la Nación.
Por el contrario, dos de los proyectos más cercanos al corazón de los ciudadanos se han hundido sin remisión. El primero era el que pretendía imponer un límite de tres períodos a la permanencia en las corporaciones de elección popular. En este caso fue el Partido Liberal el que lo sacó del camino al tratar de modificar la propuesta inicial al eliminar el término “no consecutivo” y proponer que los congresistas pudieran volver a la corporación después de marginarse un año. Obviamente, su propuesta le hace perder todo sentido al asunto y lo anula.
El segundo proyecto que no prosperó, y que buscaba implementar el primer punto de la consulta anticorrupción, fue el que proponía reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado, así como la fijación de un tope de 25 salarios mínimos vigentes. El mismo fracasó por falta de quorum en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y porque la mayoría de los congresistas se declararon impedidos argumentando que les generaba conflicto de intereses. Se ha sugerido que vuelva a radicarse en marzo, en el segundo período de la legislatura 2018-2019, pero se ha desencadenado una discusión jurídica que no augura éxito alguno.
La ministra del Interior, quien ha reiterado el interés del Gobierno en apoyar en su integralidad el paquete legislativo presentado al Congreso, reveló que desde su despacho se había contratado al constitucionalista Juan Manuel Charry para que estudiara si la iniciativa de reducir o congelar los salarios de los congresistas generaba algún tipo de conflicto de interés. La conclusión a la que llegó el experto fue que el debate sí generaba impedimento al tratarse del salario propio de estos funcionarios y que los congresistas tenían la obligación de declararse impedidos “cuando existe interés directo en la decisión que los afecte de alguna manera, bien sea en beneficio o en perjuicio”. Otras voces dentro del Legislativo han cuestionado el concepto por cuanto iniciativas parecidas se han votado ya en el Senado.
De otro lado, según la ministra del Interior, el mensaje de urgencia se referirá a los proyectos que se refieren a la probidad administrativa, declaración de bienes, conflicto de interés y rendición de cuentas. El primero de estos proyectos es una iniciativa que ha sido impulsada por el Procurador General y busca contar con instrumentos que permitan combatir la corrupción mediante sanciones disciplinarias. El proyecto de declaración de bienes tiene como propósito que el patrimonio y las declaraciones de renta de los servidores públicos sean de conocimiento público, mientras el proyecto sobre conflictos de interés busca endurecer este régimen y obligar a los miembros de corporaciones públicas a presentar un informe anual sobre su gestión. El único proyecto de ley cuyo trámite quedaría para el próximo año es el que incorpora audiencias para la elaboración de los presupuestos.
Contradiciendo lo afirmado por el Gobierno, la exsenadora Claudia López, quien lidera la veeduría ciudadana para la implementación de lo acordado en la mesa técnica anticorrupción, considera que el Gobierno ha saboteado la implementación de los proyectos en el Congreso al haber demorado el mensaje de urgencia y acusa al Centro Democrático de haber seguido en modo de campaña contra la consulta.
Independientemente de los criterios expuestos de uno y otro lado, lo que salta a la vista es que la responsabilidad última recae en el Congreso el cual manifiesta una vez más su incapacidad para autorreformarse, ser más solidario con quienes dice representar y hacer más transparente el ejercicio de la política.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: La FM
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