Esto sucede en el país más desigual de la región, en un contexto en el que la clase media desaparece paulatinamente y el número de pobres y desposeídos aumenta de manera vertiginosa.
Algunos hechos reveladores
EL 28 de abril de 2021 el gobierno colombiano propuso llevar a cabo una reforma tributaria que pretendía cargar con gravámenes principalmente a la clase media y a sectores vulnerables de la población. Al día siguiente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE revelaba un estudio[4] que evidencia la drástica disminución de la clase media en el país; desde 2012 no se registraba un porcentaje tan bajo de personas pertenecientes a la clase media (en 2020 eran el 25.4% de colombianos y en 2019 eran el 30.1%), aunque la situación es mucho peor porque el DANE considera como clase media a personas que se ganan un salario mínimo o menos[5]. El informe asegura que Colombia es, oficialmente, un país mayoritariamente pobre. Según el DANE, 3,5 millones de personas de otras clases sociales pasaron a vivir en condiciones de pobreza monetaria durante 2020, conformando un total de 21 millones de personas que sobreviven bajo la línea de pobreza. Así, el 42,5% de los colombianos se encontraba en condición de pobreza monetaria[6] y un 15,1% en pobreza monetaria extrema[7] (que creció un 5,5% con respecto a 2019) en el país. Las personas consideradas de clase alta[8] son el 1,7% de la población.
Gráfica 1. Distribución porcentual de población por clase social. Fuente DANE, elaboración propia.
El DANE reveló también el aumento constante de la desigualdad y concentración en la distribución de los ingresos económicos en el país. En 2020, el coeficiente de Gini[9] nacional fue 0,544 (en 2019 había sido 0,526), es el más alto de su historia. Colombia es el país más desigual de la región, según el Índice de Desarrollo Regional de América Latina[10].
A la vez que millones de colombianos se empobrecían otros enriquecieron, por ejemplo, el sistema financiero reportó utilidades por unos $24,17 billones de pesos[11].
Se podría inferir que, en este caso, la concentración de la riqueza aumentó a la par que crecieron el número de pobres y desposeídos. La desaparición de la clase media (considerada por algunos teóricos como amortiguador de conflictos sociales entre ricos y pobres) y el aumento de la pobreza, coincidieron con el aumento del repertorio de violencias. Algunos académicos aseguran que la desaparición de la clase media deja a un país dividido “…como muchas sociedades del tercer mundo, entre una minoría acomodada y una horda de personas desesperadamente pobres”[12].
Fue en este explosivo contexto económico de reducción drástica de la clase media, aumento de la pobreza y la desigualdad, del hambre y la miseria, en el que el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que dejaba la mayor carga impositiva a las clases medias y pobres mientras que a las clases altas les eran garantizados sus privilegios y exenciones tributarias.
La propuesta de reforma tributaria fue presentada por el gobierno en medio de una pandemia en la que la millones de personas pasan hambre[13] y decenas de miles mueren a un ritmo creciente; en este contexto el gobierno pretendió gravar, entre otros, los alimentos básicos y los servicios funerarios.
Cientos de miles de personas reaccionaron expresando su descontento; la reforma tributaria fue el detonante de la inconformidad acumulada y causada por las condiciones de vida precarias bajo las cuales sobrevive la mayoría de la población, por la pauperización y colapso de un sistema de salud privatizado sustentado en la denegación de servicios y en la explotación de pacientes y personal de salud, por el aumento de las violencias contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en los territorios, por el incumplimiento estatal del Acuerdo de Paz y el asesinato de cientos de excombatientes desmovilizados de las antiguas FARC-EP, por los altísimos niveles de corrupción estatal y la cooptación de las ramas del poder del partido de gobierno, por la endémica violencia policial y la expansión de los grupos armados y su accionar en los campos y ciudades, entre otros motivos.
La expresión de descontento desembocó en manifestaciones pacíficas por todo el país y el llamado a un Paro Nacional; cientos de miles de personas en todo el territorio y organizaciones sociales de diversos sectores[14] protestaron y organizaron marchas pacíficas desbordadas de alegría y creatividad que se llenaron de expresiones artísticas diversas.
Ante la constante y sistemática violación de derechos humanos contra amplios sectores sociales del país, estos sectores responden transformando la rabia y la tristeza en esperanza y protestan expresando su indignación mediante marchas pacíficas, cantos, música, bailes, comparsas, murales, poemas, títeres, carrozas, pintura, arte… alegría. Manifestándose en paz contra de la problemática social, política, económica y cultural que origina la protesta. Esta es la esencia del paro propuesto por los organizadores.
Al tiempo, se comenzaron a registrar graves acciones de violencia y violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad estatales y por parte de personas con diversas motivaciones que aprovecharon la protesta para fines que se apartaban de lo estipulado por quienes convocaron la jornada de protesta. Estas acciones violentas se deben caracterizar para comprenderlas mejor; la violencia estatal es diferente de la violencia civil en muchos aspectos, es una violencia asimétrica.
Como ya se dijo, el gobierno respondió a las manifestaciones atacando con violencia creciente e implementando una estrategia “Terrorismo de Estado”[15] enmascarada en acciones de guerra contrainsurgente para reprimir tanto las protestas pacíficas como las expresiones violentas. El ataque estatal incluyó entre otros: la militarización de las calles; ataques de falsa bandera[16] mediante agentes armados estatales encubiertos y vestidos de civil, algunos de ellos con las características de los denominados “Escuadrones de la Muerte”[17]; estigmatización de participantes del paro y llamados por parte de autoridades y líderes políticos de ultraderecha a los civiles a unirse a las fuerzas de seguridad para conjurar las manifestaciones; bloqueos de internet y redes sociales; cortes de energía eléctrica previos a ataques armados nocturnos contra civiles; allanamientos ilegales y uso de helicópteros de guerra, fusiles, pistolas, armas de ataque indiscriminado y armas supuestamente “no letales” convertidas en armas letales por su uso ilegal, además de armas no convencionales. Sumado a lo anterior, el gobierno se alió con los medios masivos de comunicación tradicionales para usarlos como arma de guerra bajo la modalidad de lo que se denomina Operaciones Psicológicas (OpSic.) con el fin de construir una falsa realidad mediante herramientas de manipulación y construcción de opinión pública. Esto para tratar de contrarrestar las denuncias de organizaciones sociales, organismos internacionales y gobiernos de países industrializados que evidenciaban una multitud de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales y civiles paramilitarizados contra civiles desarmados, exponiendo al Estado como un Leviatán que devora a sus hijas e hijos.
Las víctimas de las diversas violaciones de derechos humanos perpetradas por parte de agentes estatales durante los 14 días que llevan las protestas se contabilizan por miles. Civiles, que participaban en demostraciones pacíficas, fueron asesinados o heridos por disparos de agentes armados de la Policía Nacional; algunos de los policías estaban uniformados, algunos con sus distintivos tapados y otros se encontraban vestidos de civil para ocultar su identidad y camuflarse entre los civiles, técnica propia de las operaciones de falsa bandera.
A medida que las redes sociales se llenaban de registros de video de policías disparando sus armas de fuego, y después de los llamados de algunos gobernantes y líderes políticos de ultraderecha para que civiles apoyasen las acciones estatales, comenzaron a registrarse cada vez con mayor intensidad los ataques armados perpetrados por personas en ropa civil (algunas de ellas se transportaban en camionetas de alta gama) que disparaban armas de fuego contra quienes se manifestaban de manera pacífica, contra la misión médica o contra grupos que bloqueaban o intentaban pasar por algunas vías de comunicación. En Cali, Pereira, Medellín, Ibagué y Bogotá personas vestidas de civil dispararon asesinando o hiriendo de gravedad a estudiantes, artistas, miembros de organizaciones indígenas y personas del común. En otras ciudades reportaban intentos o consumaciones de desapariciones forzadas por parte de presuntos agentes estatales vestidos de civil. También se registraron casos de personas que, estando vivas y detenidas en estaciones de policía, eran halladas muertas. Organizaciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil registraron homicidios, violencia sexual, tortura, desaparición forzada[18], lesiones personales, judicializaciones ilegales, estigmatización, ataques indiscriminados y desproporcionados perpetrados por agentes del Estado contra la población civil. Muchos de estos registros fueron hechos mediante videos y transmisiones en vivo, incluso algunos de los perpetradores grabaron y publicaron sus propios videos disparando armas de fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones y bloqueos.
Pese a la cantidad de pruebas que comenzaron a circular, el gobierno negó que la policía actuase de manera ilegal y justificó su acción en la “violencia” que los discursos gubernamentales, ampliados por algunos medios de comunicación, asociaban a las marchas, a pesar de que la naturaleza de las marchas y protestas convocadas es pacífica. Un elemento del Terrorismo de Estado es la negación estatal del crímenes perpetrados por parte de sus agentes: “El terrorismo de Estado es siempre vergonzante, porque siempre está atrapado en la misma contradicción: debe difundir sus prácticas más crueles y aberrantes para generalizar el terror y asegurar la dominación pero debe, al mismo tiempo, negar su autoría para no transgredir las normas jurídicas internas e internacionales que aseguran -en teoría- el respeto a los derechos humanos“[19]. Por eso los perpetradores aumentan su sevicia asesina cuando la oscuridad de la noche oculta sus acciones, por eso se denuncian cortes de energía eléctrica antes de los disparos, por eso cortan la señal de celular y de internet para que nadie pueda denunciar los crímenes, por eso se visten de civil para que no puedan ser identificados, por eso elaboran y transmiten discursos que intentan deformar y ocultar la realidad. Un banquero prominente aseguraba que “Una democracia, para sobrevivir, debe al menos parecer justa” y la mentira ha sido a la vez arma de guerra y política de Estado en Colombia desde hace décadas.
Algunos ministros plantearon ante medios de comunicación que la violencia asociada a las marchas es fruto de la infiltración en ellas de grupos armados organizados como las disidencias de las FARC, el ELN y que estas son financiadas por el narcotráfico. Al tiempo, algunos políticos de la coalición de gobierno plantearon que esa violencia obedecía a los intereses de senadores de izquierda y organizadores de la marcha. Es decir, comenzaron un proceso de estigmatización de la marcha para ambientar una pretendida “justificación” de la brutal represión armada contra civiles desarmados.
En este caso, la estigmatización gubernamental despoja de la identidad real al sujeto colectivo conformado por las mayorías marchantes (la pacífica), para imponerle una identidad falsa que lo asocia a actores armados organizados. La estigmatización estatal históricamente ha estado asociada a crímenes de lesa humanidad[20].
Los daños al patrimonio y a la infraestructura, traducidos en la quema de bancos y puestos de policía, saqueos de almacenes y granjas de explotación animal, además de los bloqueos de vías, que el gobierno deliberadamente asoció a las protestas, son usados como justificación y legitimación de acciones violentas estatales propias del denominado Terrorismo de Estado, implementadas por las fuerzas de seguridad y por paramilitares, respaldadas por el presidente, los generales y sus ministros.
Esta vez la masacre ha sido transmitida en vivo y en directo, internet se llena de videos de los crímenes que se están cometiendo, los medios de comunicaciones tradicionales y los alternativos cubren la noticia y la denuncia, organismos internacionales y de cooperación, además de gobiernos de países del “primer mundo” registran y denuncian estas violaciones masivas de derechos humanos, acompañan, aconsejan y financian (algunos financian y equipan a las fuerzas de seguridad del gobierno y a la vez financian proyectos de defensa de derechos humanos). Al fin y al cabo, Colombia es la fuente de materia prima que mueve algunas industrias en esos países, que la transforman y se la devuelven al venderla convertida en mercancía, son “socios comerciales”. Esto sucede desde el siglo pasado y, a pesar del valor que tienen las acciones de estos entes en la defensa de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad continúan presentándose de manera continua, reiterada, sistemática y generalizada en todo el territorio.
Podría pensarse que o es conveniente esperar que la solución venga de ellos, es la acción organizada de la sociedad civil colombiana (con el apoyo y el trabajo en red con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos garantes de los derechos humanos de otros países) la que puede desviar el curso de la distopía actual y venidera.
Una vez más se devela que, para el caso colombiano y sus “socios comerciales”, en la tensión existente entre democracia y capital, la “Razón de Estado” se inclina por el último. Pero a medida que aumenta la violencia estatal, aumentan la indignación y la rabia de crecientes sectores de la población que sobreviven en condiciones cada vez más difíciles, explotados, sometidos, violentados y mal gobernados, al quienes el desespero ha llevado a movilizarse multitudinariamente a pesar del riesgo mortal que esto represente por hacerse en medio de la pandemia de la COVID y bajo la lluvia de las balas estatales y paraestatales.
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[1] Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas. Boletín informativo 10: #ParoNacional. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-10-paronacional/
[2] Cuestión Pública. Abuso policial y violencia: en memoria de a quienes hemos perdido durante las movilizaciones sociales. Disponible en: https://cuestionpublica.com/en-memoria-victimas-mortales-abuso-policial-violencia-movilizaciones-sociales/
[3] José Miguel Vivanco. HRW. Disponible en: https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1391933425737740288
[4] Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. “POBREZA MONETARIA EN COLOMBIARESULTADOS 2020”. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
[5] Si el ingreso de una persona está entre los $654.000 y $3.520.000 COP es considerado por el DANE como de clase media.
[6] La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2020 fue $331.688 por persona; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752.
[7] La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue $145.004 por persona; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $580.016.
[8] Si el ingreso per cápita de una persona al mes es superior a $3.520.000 COP, el DANE la considera una persona de clase alta en Colombia.
[9] El coeficiente de Gini es una medida económica usada para calcular la desigualdad de ingresos existente entre los ciudadanos de un territorio. Su valor se calcula entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano y el resto no tiene ingresos).
[10] Índice de Desarrollo Regional Latinoamérica (IDERE LATAM). Resumen ejecutivo. 2020. Disponible en: http://www.iderelatam.com/wp-content/uploads/2020/10/IDERE-LATAM-2020-Resumen-Ejecutivo.pdf
[11] Diario La República. A octubre de 2020, utilidades del sistema financiero sumaron unos $24,17 billones. Disponible en: https://www.larepublica.co/finanzas/la-utilidades-del-sistema-financiero-a-octubre-de-2020-sumaron-unos-2417-billones-3105417
[12] Barbara Ehenreich. En el New York Times. “IS THE MIDDLE CLASS DOOMED?” Disponible en: https://www.nytimes.com/1986/09/07/magazine/is-the-middle-class-doomed.html
[13] Según Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) más de 2,7 millones de colombianos sufren de hambre crónica y según el Programa Mundial de Alimentos 12 millones tienen un consumo insuficiente de alimentos. Según el DANE sólo el 68,1% de hogares colombianos cuenta con las tres comidas, mientras el 29,2 % come dos veces al día y el 2,6%, una vez al día. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/15/27-millones-de-colombianos-sufren-de-hambre-cronica/
[14] Incluidos algunos que apoyaron la elección del presidente, como los transportistas.
[15] El sentido del Terrorismo de Estado se puede percibir como “ …un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder“. GARZON VALDES, Ernesto. El Terrorismo de Estado. En Revista de Estudios Políticos, Nº 65. julio-septiembre 1989, Madrid. Citado por Equipo Nizkor. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/memoria/cap4.html#N_54_
O bien como “…la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estado
[16] Se entiende por operaciones de falsa bandera a las operaciones encubiertas que llevan algunos gobiernos para atacar objetivos ilegítimos (u objetivos legítimos mediante acciones ilegítimas). Su finalidad es culpar falsamente a un enemigo y obtener un fin político o militar. Su nombre se origina en el concepto militar de “izar colores falsos”; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. En las operaciones de falsa bandera los agentes estatales ocultan su identidad para llevar a cabo acciones ilegítimas que pueden dañar la “imagen” del gobierno. Como cuando en la Operación Jaque las fuerzas armadas se disfrazaron utilizando banderas del CICR y de una ONG; o como cuando, durante marchas y protestas sociales, policías o militares se disfrazan de civiles para atacar a policías uniformados o dañar infraestructura y así provocar la respuesta represiva violenta de los uniformados. Otro ejemplo fue la acción de policías vestidos de civil que, durante estas marchas, cargaron con explosivos la carretilla de un artista para inculparlo de actos de terrorismo. Afortunadamente la víctima grabó en video toda la operación y la juez encargada de su judicialización desechó los cargos basada en la evidencia y en las contradicciones testimoniales de los policías involucrados.
[17] Se hace referencia a escuadrón de la muerte para designar a grupos de carácter paramilitar, por lo general compuestos de miembros de la fuerza pública vestidos de civil, que perpetran crímenes de lesa humanidad contra la disidencia política propios de la denominada “guerra sucia”. Son usados por gobiernos totalitarios como grupos represores o como atacantes de falsa bandera que actúan por fuera de la legalidad.
[18] La Policía Nacional ocultó deliberadamente el sitio de detención de cientos de civiles, así ya se haya encontrado a la persona esta sigue siendo víctima del delito de desaparición forzada. Según la ONU “se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
[19] Bonasso, Miguel.Terrorismo de Estado, ed Txalaparta, Navarra, España, 1990, p.9. Citado por Equipo Nizkor. Óp Cít.
[20] El estigma como elemento del modus operandi en crímenes de lesa humanidad. Disponible en: https://www.sur.org.co/el-estigma-como-elemento-del-modus-operandi-crimenes-de-lesa-humanidad/
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: https://www.infobae.com/
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