El primero, tiene que ver con el paro nacional convocado a través de medios de comunicación, redes sociales y principalmente, WhatsApp, entre otros, por parte de la Agremiación Nacional de Conductores de Colombia para el 23 de septiembre pasado, en protesta por la suspensión de las licencias de conducción por meses, años o de por vida, a raíz de presuntas infracciones de tránsito cometidas por conductores de camiones, tractomulas, taxis, buses de transporte intermunicipal, entre otros. Según esta Asociación, las sanciones por reincidencia en infracciones en un período de seis meses, lleva a la suspensión de la licencia de conducción por medio año. El problema, según lo señalan, es que las sanciones ocurren por “cosas insignificantes” y por este camino ya han quedado sin empleo más de 45.000 trabajadores, mientras que la aplicación de comparendos se ha vuelto un negocio rentable.
El segundo, se refiere a la movilización de los estudiantes de la Universidad Distrital con motivo de los hechos de corrupción que se investigan en ese centro educativo, por el presunto uso de recursos públicos en beneficio personal y de terceros, por parte de William Muñoz Prieto, director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Idexud), desde junio del 2012 y que involucra a las altas directivas de la universidad, políticos y funcionarios de entidades nacionales y municipales del país.
El día 24 de septiembre, el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- intentó disolver una marcha de estudiantes de la Universidad Distrital que se movilizaba por la carrera Séptima de Bogotá y terminó lanzando gases lacrimógenos contra las instalaciones de la Universidad Javeriana, entre ellas, el Hospital Universitario San Ignacio donde se encuentran pacientes hospitalizados y en búsqueda de atención médica de urgencias, como muestra la Revista Semana (septiembre 25, 2019).
Mientras tanto, se desconoce la autonomía universitaria y alcaldes como Enrique Peñalosa declaran que es posible ingresar a cualquier campus, porque para el Estado Colombiano no hay sitio vedado.
En cuanto al paro de transportes, trae un hecho nuevo: la capacidad de convocar a través de las redes sociales y de Whatsapp tuvo impacto en Bogotá en varias zonas neurálgicas de entrada a la ciudad y puntos de concentración de población en Soacha, Chía, Facatativá, Zipaquirá y en las localidades de San Cristóbal, Suba y Kennedy, en Bogotá.
Como muestra Citytv (octubre 4, 2019) La Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda informó que en Bogotá se impusieron 250 mil comparendos electrónicos de manera irregular entre septiembre y diciembre de 2018 mediante fotomultas tomadas con cien cámaras fijas y 600 móviles no avaladas por Mintransporte, entre ellas, fotos con los conductores dentro del vehículo, donde el comparendo debe ser físico. Solamente tienen permiso de Mintransporte 37 cámaras, como muestra la foto.
Fuente: Citytv.El Tiempo. 4 de octubre de 2019, 19:47. Bogotá.
El Distrito recaudó de manera irregular más de $ 110.000 millones. Con base en ello, suspendieron más de 37 mil licencias de conducción. Solamente fueron notificados de manera personal el 41% de los conductores. Cerca de 23.700 ciudadanos pueden estar operando sus vehículos sin saber que su licencia se encuentra suspendida desde hace varios meses, cuando solo tiene 11 días para sustentar la impugnación. Hay personas que han perdido oportunidades de empleo, por estos casos. La propia Personera afirma que a la Secretaría de Movilidad solamente le interesa sancionar, cobrar y recaudar, sin importar los derechos y garantías de los posibles infractores. Desde noviembre de 2018, los comparendos crecieron en un 446%. Hay más de 90.000 notificaciones de 2018 que no fueron entregadas en forma efectiva, además de no existir una reglamentación sobre calibración de los taxímetros y no existen empresas acreditadas para certificar con sellos o adhesivos.
Sin embargo, pese a la justeza de las protestas y a su desenvolvimiento predominantemente pacífico, medios de comunicación como Revista Dinero (septiembre 24, 2019) divulgaron la noticia como una acción de suplantación de los gremios articulados en #Unidadgremial, tales como la Asociación de Transportadores (Asotrans), el Consejo Superior de Transporte (CST) y la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) y destacaron el levantamiento del pico y placa para taxis, por dos días en Bogotá y la judicialización de los partícipes del movimiento, sin referirse a las causas de la protesta.
Con respecto a la indignación generada por la represión del ESMAD a los estudiantes de la Universidad Distrital y de la Javeriana, se activó la solidaridad entre estudiantes de universidades públicas y privadas que llevó a movilizaciones durante los días 26 y 27 de septiembre. El día 27, cuando finalizaba una gran movilización en el centro de Bogotá, el único hecho violento que se presentó fue el lanzamiento de una bomba molotov contra el primer piso del Icetex, como muestra msn noticias (septiembre 27, 2019). Sin embargo, mientras algunos medios destacaron la pertinencia de la movilización y su carácter masivo, otros como RCN, enfatizaron lo particular, sesgando la opinión mediante la absolutización de los hechos de violencia generados por dicho grupo minoritario. Se llegó hasta el colmo, por parte de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República, de afirmar que los encapuchados que atacaron el Icetex son venezolanos.
De otra parte, la percepción mayoritaria en el movimiento estudiantil y que trasciende a la ciudadanía es que se trata de policías infiltrados. De hecho, de manera recurrente se han detectado dichas infiltraciones en diversos eventos de movilización social. Tampoco se puede descartar que esto se combine con la actuación de grupos radicalizados que pueden existir en las universidades. Pero, la prelación de estos elementos impide ver la justeza de la protesta y los factores causales de la crisis de la financiación de la educación pública, ya no solamente en los hechos de corrupción, sino también, en el desbalance existente entre el aumento de la cobertura educativa en condiciones en las que el presupuesto para educación superior, proporcionalmente hablando, no aumenta.
En esta dinámica, se ha generado una coyuntura de reactivación del propósito inicial del gobierno consistente en reglamentar la protesta social que se conjuga con argumentos anodinos de senadores como Jonathan Tamayo, más conocido como “Manguito” quien habla de ponerle “píco y placa” a las marchas para que se realicen en fin de semana o el proyecto de ley de Víctor Manuel Ortiz, Representante del Partido Liberal que pretende crear el delito de vandalismo. Así mismo, aspira a elevar de 8 a 10 años de prisión para quien cubra “su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permita su identificación o la dificulte”, como informa El Tiempo (octubre 09, 2019).
Como afirma Catalina Botero, Decana de la Universidad de los Andes, la protesta social es un derecho disruptivo. No es con un “marchódromo” ni con pico y placa como se puede garantizar este derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1991. Aunque no guste, la capucha no es delito; es el único mecanismo para que no capturen y torturen después a los manifestantes; por tanto, no se puede prohibir, porque es darle instrumentos a regímenes autoritarios donde las cámaras de ciertos medios buscan rostros para luego capturar, o porque es un medio para protegerse de los gases lacrimógenos.
Mientras desde la sociedad civil se alzan voces que propenden por el desmonte del ESMAD y por la protección de los derechos humanos, desde el gobierno y el Congreso se mantienen los enfoques “peligrosistas” sustentados en la teoría de la “seguridad nacional” y en el síndrome del enemigo interno, ahora remozado con la cantinela del “Castrochavismo” que estigmatiza y criminaliza la protesta social. Se prefiere una sociedad adormilada, inconsciente de sus derechos ciudadanos; con tejido social roto e insolidario, que asume lo público como bien de consumo individual y carente de derechos colectivos; es decir, se prefiere una sociedad de usuarios con precario nivel de ciudadanía, apáticos, que sienten pena ajena o rechazo por quienes reclaman o ejercen la ciudadanía activa.
Para el 10 de octubre habrá nueva movilización en varias ciudades del país, se retomarán las jornadas de protesta para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional en 2018, en rechazo a la corrupción y contra el abuso policial. Se prevé que, desafortunadamente, el conflicto va a escalar porque la política gubernamental persiste en la polarización y en devolver el país a las oscuras épocas de la “seguridad democrática” y el movimiento social va conquistando masa crítica favorable a la defensa del Estado Social de Derecho.
Fuentes:
Citytv.El Tiempo. 4 de octubre de 2019, 19:47. Bogotá.
Ver: https://www.facebook.com/eltiempo/videos/430385774283218/UzpfSTc4MDM1MTY2OToxMDE1NzU4OTUzMzU2MTY3MA/
El Tiempo. Encapuchados que vandalicen marchas pagarían 10 años. Octubre 09 de 2019.
msn noticias. Atacan con artefactos explosivos edificio del Icetex. 27/09/2019.
Duración: 01:01 27/09/2019
Revista Dinero: Levantan el pico y placa de taxis en Bogotá para enfrentar el paro de transportadores. 9/24/2019 5:40:00 AM
Revista Semana El Esmad sin control: lanzaron gases lacrimógenos que afectaron al hospital de la Javeriana. 9/25/2019.
PACIFISTA. #Divergentes | La protesta es un derecho. Octubre 9 de 2019.
Ver: https://www.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/1694549407346300/?t=49
Revista Semana. Septiembre 25 de 2019.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Elespectador.com
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