La reacción visceral de voceros del gobierno colombiano (del Presidente, la Canciller, el Ministro de Defensa y del Alto consejero para la Estabilización), frente a diferentes facetas del documento no se ha hecho esperar en los días previos. Las intervenciones van desde las “desautorizaciones” hasta la diatriba y al decir que se está interviniendo indebidamente en asuntos internos del país. En lo que respecta a voceros del Centro Democrático, diferentes integrantes, como el Senador Macías, han llegado a plantear la salida de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH del país, como expresión de un querer compartido que apuesta con malicia a la “desinternacionalización” de los temas de paz y derechos humanos
En tal coyuntura, “la cereza del pastel” la ha puesto la nueva Mininterior, Alicia Arango, con sus desafortunadas frases acerca de que mueren más colombianos por el robo de celulares que por ser Defensores de Derechos Humanos. Las dinámicas de indiferencia y “negacionismo” acerca del genocidio y persecución de líderes y lideresas sociales no es nueva en Colombia. Es de ingrata recordación la frase del Mindefensa de Santos atribuyendo los asesinatos a “líos de faldas”. Después Guillermo Botero, siendo Mindefensa de Duque, dijo en septiembre de 2018 que: “los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”; o frente al asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, que “si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación” frase lapidaria que luego quedó rebasada por los acontecimientos, frente al descubrimiento del chat entre militares, donde lo sentenciaban a muerte y la condena a 20 años del cabo ejecutor del asesinato.
El núcleo de la cuestión está en la persistencia de factores de violencia que pretenden mantener un statu quo de desigualdad, impunidad y criminalización de toda forma de expresión social, hasta el extremo de apelar a la eliminación física y a la estigmatización. A este propósito han servido los diversos mecanismos de exclusión y la negación de la sistematicidad en la eliminación física de líderes y lideresas sociales.
Históricamente, es bueno recordar como lo plantea Uprimny (marzo 1, 2020), que la ONU nace para proteger a las personas frente a los fascismos y que su Carta establece que todos los Estados deben colaborar en el respeto de los derechos humanos, convertidos en un tema de derecho internacional. Con sus reacciones descalificadoras, los voceros gubernamentales, han pretendido reducir el debate a un tema de cifras y estadísticas. Sin embargo, como lo expresan voceros de organizaciones sociales, el tema tiene que ver con un ejercicio sistemático de violencia que en Colombia se practica contra los defensores de derechos humanos.
A comienzos del año 2020, cuando todavía era Alto Consejero para los Derechos Humanos del gobierno Duque, el actual Fiscal Barbosa se amparaba en las cifras parciales de la ONU, en proceso de validación estadística para soslayar en número de asesinatos. Así a 20 de enero de 2020 aparecía como si en Colombia solo hubiera ocurrido un asesinato de la lideresa social Gloria Ocampo hasta esa fecha; mientras tanto, organizaciones como Somos Defensores e Indepaz, que cuentan con la información directa de las organizaciones sociales, ya reportaban 21 asesinatos.
Ahora que se difunde el informe oficial del Alto Comisionado y que se conocen las peripecias del Relator Especial para terminar su informe 2016-2019, al gobierno ya no le sirven los informes de Naciones Unidas, porque no hay margen para evadirlos.
El Informe del relator Especial – Michel Forst que se presenta en Ginebra el 4 de marzo y que sintetiza Colombia 2020 (marzo1, 2020).
El informe, antes de su presentación internacional ha recibido el apoyo diplomático de las Embajadas de Canadá, Noruega y Francia y ahora que ha sido presentado en Ginebra, la Embajadora ante Bruselas ha tendido a bajar el tono.
El relator especial expresó a través de diversos medios que intentó ingresar al país en 2019 para identificar los avances con respecto a las recomendaciones que había planteado en su visita; no obstante, no contó con la receptividad del gobierno nacional.
El Informe Forst se apoya en tres fuentes: 1) en la Defensoría del Pueblo; ACNUDH y el Programa Somos Defensores que, pese a diferencias estadísticas, coinciden en que la situación tiende a
El informe, sostiene que Colombia es el país con mayor índice de asesinato de defensores de derechos humanos en América Latina. El gobierno al respecto, pide que se retire el documento o que se explique la metodología que permite realizar la comparación internacional.
Impunidad en Casos de Homicidios
En el informe de Michel Forst, relator especial para Colombia de Naciones Unidas, se indica que solo se han esclarecido el 11% de los casos frente a un 89% sin determinación de culpabilidad. Al respecto, el documento plantea que la impunidad estimula la continuidad de la violencia contra los defensores de derechos humanos.
En contraste, el gobierno afirma que, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, la Fiscalía investiga 549 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos; casos reportados por la ACNUDH, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y Defensoría del Pueblo, avanzando en esclarecer, 295 casos, lo que equivale al 44,63% de los cuales el 75% tienen sentencia condenatoria, 84 están en etapa de juicio 31 en imputación, 53 en indagación y 2 precluidos.
El informe valora el avance en el 55% de los casos, pero advierte que no hay claridad con respecto a los autores intelectuales.
El informe del relator plantea que entre 2015 y 2018 se presentaron 115 incidentes con empresas donde se generó intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzado y asesinato. El 30% de dichos casos ocurrió en zonas mineras, 28,5% en agronegocios de aceite de palma, banano y caña de azúcar.
El Informe del Representante de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
En su informe, Alberto Brunori, Representante del Alto Comisionado para los derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, caracteriza la defensa de los derechos humanos en el país, como una labor de alto riesgo.
Su evaluación de la situación de derechos humanos en Colombia en 2019, se fundamenta en 1151 misiones en terreno, 376 actividades de capacitación y seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Además, sustenta su labor de asistencia técnica a diversos niveles del Estado (nacional y regional) y distintas ramas del poder público, así como en dinámicas de articulación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El informe no se queda solamente en señalar las responsabilidades omisiones e inconsistencias del Estado en materia de derechos humanos. También manifiesta su preocupación por la retoma de las armas por parte de excomandantes de FARC EP. Así mismo, reitera la necesidad de atender las causas estructurales de la violencia, especialmente en el ámbito rural.
Se apoye en información de la policía, para ubicar la tasa nacional de homicidios en 2019 en 25 por cada cien mil habitantes, lo que caracteriza como violencia endémica. Registro 36 masacres con la muerte de 136 personas, la cifra más alta desde 2014.
Señala que el ELN continúa incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño y deplora el ataque que causó la muerte a 22 personas en la Escuela General Santander.
Así mismo, hace referencia al accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, los Caparros, la mafia y organizaciones transnacionales vinculadas a economías ilícitas.
Subraya que, en los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, las autoridades civiles, incluyendo a la Fiscalía y a la Policía son insuficientes y deplora que, en las zonas estratégicas de intervención integral, la presencia Estatal sea predominantemente militar.
Resalta que, pese a la muerte de siete candidatos durante la campaña electoral, el día 27 de octubre se realizó una jornada pacífica, en comparación con anteriores elecciones regionales.
El documento es enfático en señalar que reducir el análisis a consideraciones numéricas impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
Resalta que el 75% de los 108 asesinatos en 2019 ocurrieron en zonas rurales. El 86% en Municipios con índices de pobreza multidimensional, superior e la media nacional; el 91% de los municipios con tradición de violencia endémica y el 98% con problemáticas de economías ilícitas, presencia del ELN, grupos violentos y criminales.
De estos el 55% se concentran en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los grupos más afectados son los defensores de derechos humanos de las comunidades, grupos étnicos que representan el 65% de todos los asesinaos dentro de una tendencia que viene en ascenso desde 2016.
Así mismo, señala los ataques contra representantes de Juntas de Acción Comunal, plantea el incremento de un 50% comparado con 2018 en el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos y el incremento en la persecución de periodistas.
Llama la atención acerca de la importancia de valorar los espacios de diálogo “Mesas por la Vida”, campañas como “Lidera la Vida” y Cumbres de Diálogo Social. Deplora que, pese a los marcos normativos para prevenir las agresiones, la coordinación institucional en niveles nacional y regional, sigue requiriendo más participación continua de autoridades regionales y sociedad civil.
Recomienda que se convoque con mayor regularidad la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad consignada en el acuerdo de paz, particularmente, en lo referente al desmantelamiento de grupos criminales y bandas sucesoras del paramilitarismo.
Así mismo, enfatiza en la pertinencia de enfocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIPRAT) en medidas concretas con base en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para atender a las personas en derechos humanos y recomienda priorizar el enfoque preventivo, sobre medidas reactivas y de protección temporal e individual, dándoles importancia a medidas de protección colectiva.
Reconoce los avances de la Fiscalía General de la Nación en la investigación del 55% de los casos reportados, pero advierte que persisten los retos en cuanto a la judicialización de autores intelectuales.
El informe destaca que, en la efectividad de la estrategia de prevención, como la política pública integral de garantías para personas defensoras de derechos humanos, es determinante el proceso participativo, amplio, diverso e inclusivo y atender las causas estructurales generadoras de violencia.
Al respecto, valora los avances en la implementación del sistema integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, establecido en el Acuerdo de Paz. Resalta, así mismo, la aprobación de la ley estatutaria de la JEP.
El documento valora la decisión gubernamental de extender el período de vigencia de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y exhorta a mantener los progresos alcanzados en garantía de derechos de las víctimas.
Igualmente, considera relevante la ampliación de la cobertura nacional en acceso a la justicia, dados los ciclos de impunidad y violencia frente a una cobertura de la fiscalía general de la Nación de apenas el 50% de municipios del país, así como las limitaciones en recursos materiales, técnicos y humanos, la desprotección de fiscales e investigadores; su excesiva carga laboral y la insuficiencia en materia de policía judicial y el débil apoyo pericial. A ello se suma la no activación de protocolos en casos de desaparición forzada; las privaciones arbitrarias de libertad y la indebida intervención de la justicia penal militar en casos de competencia civil, como es el caso de presuntas violaciones a los derechos humanos, como corresponde a las normas y estándares internacionales.
Del mismo modo, manifiesta preocupación en derechos Humanos frente a temas de seguridad ciudadana, en intervenciones frente a operaciones antinarcóticos, así como prevención y prevención de delitos para los cuales la dotación, naturaleza y funciones militares considera inapropiados, en regiones donde, pese a la presencia militar se incrementó el número de asesinatos, como son, municipios de Arauca, Catatumbo, Norte del Cauca y sur de Córdoba. Al respecto, llama la atención con respecto a la Jurisprudencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que es la policía quien debería ser responsable del orden público y de la gobernabilidad democrática, reconociendo que la presencia militar solamente se justifica en condiciones extraordinarias, excepcionales, justificadas, temporales, restringidas y subordinadas a las autoridades civiles.
Como casos críticos, reseña que el 15 de septiembre el comando general de las fuerzas Militares de Colombia anunció la creación de pelotones antidisturbios conformados por soldados profesionales, dejando dudas acerca de la observancia de los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con relación al empleo de la policía y no del ejército en el mantenimiento del orden público. Al respecto, refiere la intervención militar en la Universidad del Atlántico, entre otros casos de diversa naturaleza contra grupos vinculados al microtráfico, hechos de violencia sexual y hasta operaciones conjuntas con miembros de grupos criminales, como ocurrió en Valdivia, Antioquia el 8 de abril.
El documento resalta la importancia de salvaguardar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en procura de superar la pobreza multidimensional que, desde 2016 se incrementó en un 1,8% con marcadas de desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Llama la atención con respecto a que Colombia está entre los tres países con mayor nivel de desigualdad en América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,51 y alerta que, de seguir por ese camino, el país no alcanzaría a reducir la pobreza extrema al 3% a 2030, dado que se siguen registrando los indicadores que se tenían a 2008. Al respecto, llama la atención en la lucha contra la corrupción que representa un desfalco de 295 millones de dólares, en un contexto en el que la Contraloría solamente vigila el 17% del presupuesto nacional.
Insiste en la importancia de atender las zonas rurales donde la pobreza es el triple que en las zonas urbanas. Llama la atención en la importancia del agua potable que es 16 veces mayor en zonas urbanas en contraste con las rurales. Insiste en la importancia de la reforma rural Integral con participación efectiva de las comunidades y materializar el Catastro Multipropósito, los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) el Fondo de Tierras y los Planes Nacionales de reforma Rural Integral, para que no se queden en meras formulaciones. Al tiempo, invita a priorizar los planes de reparación colectiva establecidos en la Ley de víctimas y Restitución de tierras, así como el Plan Nacional para la sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Enfatiza en que este es el camino para resolver las causas estructurales generadoras de violencia y deplora que para 2020 que el presupuesto haya sido reducido para todas las instituciones responsables de implementar la reforma rural Integral.
Así mismo, llama la atención con respecto a los derechos ambientales, en particular, la ratificación del convenio de Minamata sobre Mercurio, aunque advierte que persiste este tipo de contaminación en varios ríos importantes y valora la firma del acuerdo de Escazú para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
En el mismo sentido, invita a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas; a garantizar su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, cumpliendo con estándares internacionales.
Entre otros aspectos, confiere relevancia al derecho a la protesta pacífica y llama la atención sobre el incumplimiento de normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza por parte del ESMAD, con respecto a lo cual la ACNUDH manifiesta su preocupación al haber documentado una presunta privación arbitraria de la vida de un joven de 18 años en Bogotá (Dilan Cruz) y reseña las lesiones oculares sufridas por manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín debido a golpes e impactos de proyectiles disparados por fuerzas policiales. Al tiempo, advierte acerca de vejaciones y torturas cometidas contra manifestantes detenidos y el ataque a periodistas, la obstrucción de sus labores, así como los allanamientos a medios de comunicación alternativos y ONG´s.
Duplicidad Gubernamental
Tiende a existir consenso en que el gobierno colombiano no supo utilizar las competencias del relator especial Michel Forst, quien es un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; su posición es honoraria, ya que no es empleado de Naciones Unidas, ni recibe pago por su trabajo
Como se puede ver, los informes de Michel Forst y Alberto Brunori por la ACNUDH son coherentes en señalar problemas estructurales y en demandar el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. En este marco, se entiende su invitación a que la Policía, como cuerpo civil pueda pasar al Ministerio del Interior. Este es un tema ventilado desde hace muchos años dentro del país e, incluso, al seno de las propias fuerzas armadas y del gobierno, en la medida en que el país vaya avanzando en la consolidación de la paz integral y supere el enfoque cimentado en la teoría de la seguridad nacional.
El gobierno mide la incidencia del sistema de Naciones Unidas con doble rasero en materia de soberanía, como señala Vélez (3 de marzo, 2019). Es vano pretender que la Oficina de la ONU se restrinja a un marco estrecho cuando los derechos humanos tienen un enfoque universal y se concretan en los diverso aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Por otro lado, no le pareció injerencista cuando recomendó que personas condenados como Andrés Felipe Arias puedan apelar a la doble instancia.
Duque ha hablado de “Cerco Diplomático” contra el gobierno de Maduro y ha avalado los informes de la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Venezuela. En este marco, el gobierno de duque intervino ante la CIDH para solicitar que se transmitieran ante la corte Penal Internacional las denuncias presentadas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos sobre Venezuela.
De otra parte, la OECD frecuentemente hacen recomendaciones al gobierno colombiano acerca de temas de política económica, reformas fiscales, salario mínimo y el Gobierno de los Estados Unidos interviene fijando metas sobre erradicación de cultivos de uso ilícito.
Así las cosas, se evidencia ese “doble rasero” para calificar los temas de soberanía o de cooperación internacional, según las conveniencias políticas particulares del gobierno de turno.
Fuentes:
- Colombia 2020. Gobierno dice que ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes; ONU dice que solo el 11%. El Espectador. Marzo 1 de 2020
- Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Situación de los derechos humanos en Colombia Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos* **26 de febrero de 2020
Ver: https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf
- Uprimny, Rodrigo. Duque, la ONU y los Derechos Humanos. Dejusticia marzo 1, 2020.
Ver: https://www.dejusticia.org/column/duque-la-onu-y-los-derechos-humanos/
- Vélez, Juanita. El doble rasero de Duque con la soberanía. La Silla Vacía. 3 de marzo de 2020.
Ver: https://lasillavacia.com/doble-rasero-duque-soberania-75712
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El Periódico
Deja un comentario