César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló para un medio nacional sobre la participación de la entidad para esclarecer qué pasó con el anticipo de $70.000 millones en el caso del desfalco al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la gestión de la exministra Karen Abudinen, y admite que el caso podría quedar así, irresuelto. No se debe olvidar que la exfuncionaria es muy cercana al expresidente Iván Duque, siendo él quien la nombró en su cargo y la respaldó públicamente cuando ella no supo responder por la contratación espuria que adelantó, admitiendo tanto el ingreso de documentación falsa hasta la pérdida de los recursos.
“De acuerdo con el órgano dirigido por Margarita Cabello, la exjefa de cartera no cometió irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato que buscaba llevar internet a zonas rurales en más de 15 departamentos. Ante esa determinación, el debate se abrió de nuevo, y aunque la titular del Ministerio Público anunció una tutela para recuperar los recursos perdidos, algunos pagos podrían no llegar. Así lo dejó ver César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien, en diálogo con El Espectador, dio algunas puntadas sobre qué pasará con el anticipo de los supuestos $70.000 millones perdidos tras la firma de ese convenio
¿Cuánto es el dinero que está en juego?
Sobre la cantidad de dinero extraviado, Palomina señaló que “MinTic presentó denuncia por los hechos de corrupción del caso Centros Poblados, con base en lo cual la Fiscalía General de la Nación inició la investigación respectiva. En el desarrollo de esta, la Fiscalía estableció que, de los $70.000 millones de anticipo que fueron girados a la Unión Temporal Centros Poblados, un poco más de $15.200 millones fueron apropiados de manera ilícita y que constituyen el objeto del delito de peculado por apropiación por el que han sido acusados Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres. Para la Fiscalía, este monto es el que constituye delito”[1]. Pero los 70 mil los que no aparecen. Pero otra leguleyada aprueba tácitamente su desaparición. “En relación con los aproximadamente $54.800 millones restantes, la Fiscalía consideró que, aunque fueron desembolsados por el MinTic y no se han reintegrado, no son objeto de un delito, por cuanto fueron invertidos en bienes para la ejecución del contrato antes de la declaratoria de su caducidad. En ese orden de ideas, para la recuperación de esos recursos, debía acudirse a otras vías judiciales”.
El país supo de este proceso irregular y fraudulento en junio de 2021 cuando se informó que la “Unión Temporal – Centros Poblados había presentado garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato de MinTic para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia, lo que implicó además el giro irregular de un anticipo por $70.000 millones. El Ministerio no tomó medidas preventivas ni de control menos de seguridad para el manejo de recursos públicos que tenía el deber proteger e invertir con rigurosidad y transparencia.
Además, de la pérdida de dinero, en ese entonces “la prensa reseñó el incumplimiento de los compromisos contractuales de Centros Poblados, teniendo en cuenta que para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales (W Radio, 2021). El 25 de junio de 2021 la Coordinación de Actuaciones Administrativas Contractuales del Ministerio convocó a una audiencia de presunto incumplimiento a la Unión Temporal y el Banco Itaú, el cual figuraba como la entidad bancaria garante de Centros Poblados. Sin embargo, durante la reunión, la apoderada del banco en ese proceso, indicó que la garantía que se presentó en el contrato no fue expedida por esa entidad bancaria (Agencia de Periodismo Investigativo, API, 2021). Es decir, la Unión Temporal habría presentado garantías falsas del Banco Itaú, que le permitieron hacerse con el contrato y acceder a un adelanto de $70.243 millones de pesos colombianos de forma irregular”[2].
De inmediato surgieron las preguntas: ¿Cómo fue posible? ¿Quién responde? ¿Quién garantizará los derechos de la infancia afectada?
Y fue entonces cuando el país se enteró que el 9 de diciembre de 2020, la entonces ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, había adjudicado el proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país., de manera poco confiable. El proceso de adjudicación fue dividido en dos regiones (A y B). La región A fue entregada al operador Comcel S.A. para adelantar la conexión de 7.468 Centros Digitales. Y la región B fue adjudicada al operador Unión Temporal Centros Poblados, con el compromiso de conectar 7.277 centros digitales hasta 2031, por 1,7 billones de pesos colombianos.
Esta semana la Procuraduría, cuya cabeza esta ligada al Clan Char (clan político del caribe, investigado por narcotráfico y algunos de sus miembros señalados de crímenes atroces, como secuestro, abuso sexual, intento de homicidio y corrupción[3]) decidió exonerar a la exministra Abudinen de responsabilidad en el escándalo de Centros Poblados, concluyendo que ella no participó en la estructuración del proyecto, ni en la elaboración de los pliegos ni en la evaluación de ofertas y tampoco en la adjudicación de la licitación. Pero, aun así, era su responsabilidad.
¿Dónde queda entonces la responsabilidad de las cabezas de los ministerios y su deber de proteger los recursos del Estado asignados a la entidad que deben administrar? Los ministerios son, constitucionalmente, organizaciones administrativas centrales en cuya cabeza se encuentra un ministro o una ministra, y tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional; es decir que sus políticas u omisiones impactan a toda la población; y a veces gravemente como en este caso.
Entre los errores de adjudicación analizados por la Corporación Transparencia por Colombia -TpC-, capítulo nacional de Transparency International, se destacan: “Conflicto de interés en el proceso de selección: “El Ministerio permitió la participación de la Unión Temporal SES Inred (uno de los 10 proponentes) aun cuando el abogado del proponente fungía simultáneamente como asesor de la oficina jurídica del MinTIC, lo que configura un conflicto de intereses.
Falsificación de garantía de seriedad del proyecto: Según la investigación adelantada por la W Radio, la Unión Temporal Centros Poblados habría presentado cuatro garantías falsas para sustentar su capacidad financiera, y así quedarse con la región B del proyecto. Ni el MinTIC, ni la firma contratada por el Ministerio para la revisión de las garantías bancarias constató la legalidad de este documento
Cambio de objeto social de tres empresas de la Unión Temporal: A menos de una semana antes de la adjudicación del mismo, INTEC DE LA COSTA S.A.S., y OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. ampliaron su objeto social incluyendo actividades relacionadas a infraestructuras de prestación de servicio de internet con el fin de cumplir en el papel con uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones de la licitación”[4].
¿“Los errores” que terminan con la malversación de dineros públicos no tienen consecuencias? En este caso -y a nivel de gobierno-, ninguna, más allá del agobio por los infértiles llamados de la justicia, la burla y la indignación pública, y la aparición de una nueva expresión coloquial para referirse a la estafa o robo de dinero del Estado “Abudinear”.
En una audiencia virtual el 26 de septiembre, el confeso Tapia[5] ofreció la devolución de 5.063 millones de pesos para reparar el daño causado, a pesar de que el robo total se estima en 70.000 millones de pesos. Su oferta se realizaría en dos cuotas programadas para abril y octubre de 2025. “Además, para asegurar estos pagos, sugirió establecer una hipoteca sobre una propiedad en Girardot y ofrecer derechos fiduciarios de un edificio ubicado en el norte de Bogotá. En la audiencia estaban presentes el juez penal del circuito, el fiscal del caso y abogados de las víctimas, que incluyen al Ministerio de las TIC y el Banco Itaú. La Fiscalía ya ha señalado que Tapia ha cumplido con la mitad de su compromiso, realizando pagos por un total de 2.531 millones de pesos.
A pesar de la exoneración de Abudinen, su situación sigue siendo delicada. Tapia la denunció en 2022 por varios delitos, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos. Según él, Abudinen solicitó una comisión del 7% para entregar el contrato, una acusación que podría reactivarse con el avance del preacuerdo. La siguiente audiencia será el 17 de octubre, seguida de otra en diciembre, donde se decidirá si se aprueba el acuerdo con Tapia. A pesar de que Abudinen afirma haber sido engañada y de haber intentado proteger el dinero, su situación legal podría verse afectada por lo que Tapia revele durante este proceso”[6].
Desde su sitio de reclusión en Barranquilla, Tapia la denunció como una de las principales responsables en este escándalo de corrupción. En un documento de 9 páginas radicado ante la Fiscalía, denunció que la ex ministra como responsable de por lo menos cinco delitos relacionados con incumplimiento de contrato y requisitos legales, al haber omitido su deber de verificar las pólizas con las que se garantizó el anticipo de los 70 mil millones de pesos, y pidió que otro alto funcionario de la entidad fuese igualmente vinculado al proceso judicial. Tapia estaría además buscando un preacuerdo con la Fiscalía para salir antes de tiempo de prisión, a cambio de devolver parte de los recursos mal manejados. Su oferta no supera el 10% de lo robado.
Cabe recordar que en otro evento de cinismo sin precedentes Tapia interpuso una acción de tutela contra de la exministra Abudinen por supuestamente haberlo injuriado, calumniado y perseguido, alegando la protección de sus “derechos fundamentales a la honra, buen nombre, imagen, intimidad personal y familiar, y prohibición de la discriminación”, pues en varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, la exministra lo llamó “hampón”, “delincuente” y “jefe de una banda de criminales” entre otros calificativos, por ser quien lideró la Unión Temporal que obtuvo con documentos falsos la adjudicación del contrato de Centros Digitales ante el Ministerio de las TIC. Sin embargo, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la tutela, al considerar que no era este el recurso procedente para amparar sus derechos pues tendría que haber solicitado de manera previa una rectificación, que seguramente tampoco hubiera recibido por obvias razones.
Más allá del pleito entre la responsable directa de la pérdida de recursos y el contratista que movió los hilos para el gran fraude, el mismo que fuera condenado en 2015 por hacer parte del Carrusel de la Contratación que se apropió de dineros públicos para obras de infraestructura en Bogotá, entre otros hechos similares, lo cierto es que el dinero no aparece y los responsables directos de máxima jerarquía están siendo absueltos por la justicia. El mensaje no puede ser peor.
La senadora María José Pizarro lo sintetizó en redes sociales: “Esto es una bofetada para Colombia: Cabello archiva la investigación contra Abudinen antes de irse, dejando impune y sin responsables políticos el enorme caso de corrupción de Centros Poblados. ¿Quién responde por los $70 mil millones?”.
La polémica giraba en torno a si la exfuncionaria tenía conocimiento de que la empresa que adquirió el contrato no estaba en las capacidades de ejecutar el proyecto, pero debía saberlo pues ella era la responsable de la adjudicación. Pero para el Ministerio Público, no se acreditó ninguna conducta irregular y no es “responsable directamente” del proceso de contratación. La decisión ha sido tan ofensiva e indignante que hasta el mismo Germán Vargas Lleras, cabeza del Partido Político Cambio Radical, cuestionó la decisión, diciendo que no se podía dar por finalizada una investigación cuando nunca se supo qué pasó con el dinero y no se recuperaron los recursos. Y advirtió que lo más seguro, como suele suceder, es que de avanzar la justicia en alguna dirección, apuntaría hacía un chivo expiatorio en lugar de buscar e identificar a los verdaderos artífices del millonario desfalco durante el periodo presidencial de Iván Duque. “¿Qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad?”, preguntó en redes sociales.
La procuradora pasa por alto el artículo de la Constitución Política de Colombia que afirma: “Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. Con ello señalo que la principal responsable en el buen o mal manejo de los recursos correspondientes a una entidad es su cabeza, pero también hay una cadena de responsabilidades que no se puede obviar. ¿Qué pasa en una sociedad cuando no se sanciona el delito y se cree que los altos mando, en razón de su “poder político” o respaldo social (no en este caso) son inmunes a la acción de la justicia? El mensaje es nefasto para la sociedad, y es tan grave como el daño que emana de la corrupción y el saqueo de los recursos del Estado, que deberían emplearse para garantizar desarrollo, bienestar, justicia social y realizar la promesa de un Estado Social, que reconozca los derechos de la ciudadanía a igualdad, justicia y dignidad humana.
El cinismo nos desborda en este caso. No olvidemos que la procuradora Margarita Cabello fue recusada y denunciada por redes de veedurías del MinTIC, al señalar que ella se habría reunido con su supuesta investigada, la ex ministra Abudinen, luego de que se abriera la indagación preliminar en este caso: Cabello y Abudinen “coinciden en haber ejercido públicamente en el partido Cambio Radical, como públicamente se conoce son coterráneas de la misma ciudad: Barranquilla, lo cual generaría un conflicto de intereses sobre el asunto y al existir una amistad muy especial”[7].
Pero fue la misma Procuraduría la entidad que declaró improcedente la acción, y hasta ahí llegó la denuncia. “Según la procuradora delegada, su jefe no interviene directamente en la investigación por el contrato de Centros Poblados que adelanta su despacho. Así, las reuniones realizadas en sitios como la casa de Cabello el pasado 1 de agosto con la ministra, cuando ya estaba corriendo la investigación preliminar, no tienen “un debate ético”. Cabe recordar que Cabello y Abudinen son cercanas al ser de Barranquilla y haber compartido en el gabinete de Iván Duque, cuando la primera fue ministra de Justicia”.
La decisión de Cabello de optar por proteger a su amiga y aliada política, antes que asumir el deber de velar por el manejo transparente y responsable de los recursos del Estado y garantizar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y defender los intereses de la sociedad, nos indica que es el mismo sistema, con su manual de funciones y competencias, trampas, contradicciones y abismos, lo que permite las auto investigaciones, el triunfo de la impunidad y poner sobre el peso de la ley y la imparcialidad judicial, asuntos personales y beneficios individuales. Este caso, que debería se difundido sin descanso y desatar una respuesta colectiva de indignación, muestra la matriz de la gran tragedia colombiana, la que perpetúa las injusticias, promueve la corrupción, incentiva la guerra, da luz verde al delito y establece una justicia selectiva y vulgar. Por el bien del país, esperamos está no sea la última palabra y se logre recuperar el dinero perdido, identificar y sancionar a los máximos responsables, incluyendo la ministra, y cumplirle a los niños y niñas que se vieron afectados directamente por estos hechos, que significan, ni más ni menos la vulneración de sus derechos fundamentales.
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[1] El Espectador; ““Será muy difícil lograr el pago” de Centros Poblados: director César Palomino”. Bogotá, 26 de septiembre de 2024. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/sera-muy-dificil-lograr-el-pago-de-centros-poblados-director-de-la-agencia-de-defensa-del-estado-cesar-palomino/
[2] Transparencia por Colombia; “Centros Poblados, ¿quiénes se quedaron con los 70 mil millones?”. Ver: https://transparenciacolombia.org.co/negocios-fantasma/centros-poblados-quienes-se-quedaron-con-los-70-mil-millones/
[3] Vorágine; “El expediente judicial que vinculó al clan Char con el narcotráfico”. Bogotá, 28 de febrero de 2022. Ver en:
[4] Ídem.
[5] Conocido como el “Zar de la contratación” por su participación en el Carrusel de la Contratación, el millonario robo de las arcas de Bogotá en la administración de Samuel Moreno en 2010. Fue sindicado de lavar dineros provenientes de la corrupción en los contratos y compra de bienes usando testaferros para ocultar dineros, y condenado por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos a 17 años de cárcel, pena que luego fue reducida a siete años.
En el caso de Centros Poblados, Tapia no aparece oficialmente vinculado a las empresas, pero sí lo hacen personas cercanas a él, como Herles Ariza en ICM Ingenieros, y a Ottomar Lascarro Torres, quien sería su socio. De ahí que, algunos testigos estrella de la Fiscalía como Juan Carlos Cáceres (propietario de NOVOTIC y Nuovo Security S.A.S) y Robert Antonio Gómez (representante legal de NOVOTIC), afirmen que Tapia estaba detrás de las garantías presuntamente falsas, que controlaba 3 de las 4 firmas (ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costas SAS y Omega Buildings Constructora SAS) que suman el 65 % de la composición accionaria de Centros Poblados, y que fue el estructurador del entramado desde el inicio. (La FM, 2021).
[6] Pluralidad Z; “Karen Abudinen escapa de cargos, pero podría enfrentar acusaciones por Emilio Tapia”. Bogotá. 1 de octubre de 2024. Ver en: https://pluralidadz.com/nacion/karen-abudinen-escapa-de-cargos-pero-podria-enfrentar-acusaciones-por-emilio-tapia/
[7] Tercer canal; “Rechazan recusación contra Margarita Cabello por polémico contrato del MinTic”. Bogotá, 30 de agosto de 2021. Ver: https://cuartodehora.com/rechazan-recusacion-contra-margarita-cabello-por-polemico-contrato-del-mintic/
Maureén Maya
Foto tomada de: Redmas
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