No sorprendió la postura airada del gobierno de Iván Duque ante el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y las 41 recomendaciones, luego de su visita de trabajo a Colombia en el marco del Paro Nacional y en razón de la desbordada violencia estatal. El uribismo es alérgico a la comunidad internacional y particularmente, a la observadora de los Derechos Humanos y la Paz. No es la primera vez que el Gobierno Nacional rechaza un informe de organismos internacionales. Lo hizo con el reporte de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el año 2019 y también con el presentado por el Relator Especial para personas defensoras de DDHH, Michel Forst en marzo del 2020. En general los informes de los instrumentos internacionales para la cooperación en Derechos Humanos conllevan recomendaciones, pues, justamente los mismos Estados han creado dichos mecanismos para contribuir a superar situaciones difíciles en los países miembros de la ONU o la OEA, por ejemplo. Eso lo saben los funcionarios uribistas, a pesar de su ignorancia y apatía al saber.
Pero, ¿por qué una reacción tan airada ante el Informe y sus recomendaciones, si el mismo gobierno aceptó la visita de trabajo de la CIDH? Son varias las razones. De un lado, la visita fue forzada, pues la presión política nacional e internacional no le dejó margen, para impedirla y, aunque se rehusó a recibirla, finalmente tuvo que hacerlo. Entonces, en su ignorancia supina pesó que podía guiarla, a lo “tour turístico” e imponerles la agenda, y de esa manera, tapar la realidad vivida en las calles y carreteras del país. Pero no fue así, a los funcionarios se les olvidó o no sabían que la CIDH es autónoma y decide su ruta y actores políticos con quién relacionarse. La estrategia se les cayó, como se le cae todo a este gobierno. No hubo más remedio que esperar el comunicado.
De otro lado, las 41 recomendaciones apuntan al corazón del pensamiento uribista y eso no lo puede aceptar, no olvidemos que el Centro Democrático es como una logia y se comporta de manera endogámica, no se relaciona con otros, no acepta razones de terceros y menos, discute su agenda con diferentes sectores políticos. En consecuencia, las encomiendas de los expertos internacionales, contradicen su ideología, razón por la cual, no las acatará. Que habrá consecuencias negativas para el país el no hacerlo, sí, pero eso no le importa al gobierno, como no le importó la indignación popular que sacó la gente al Paro Nacional. En palabras simples, la CIDH en su documento de 48 páginas, desnudó una a una, las políticas de gobierno, que son inversamente proporcional a los derechos humanos y la paz del país.
La violencia y la confrontación, instrumentos esenciales del actual gobierno
Respetar la vida e integridad física de los manifestantes y de quienes comparecieron a dialogar con la CIDH, insiste la Comisión. Realmente, un imposible, pues desde que asumió Iván Duque, se abrieron de par en par las puertas a la violencia, esas que se estaban tratando de cerrar con el proceso de paz. Se incrementaron las masacres, según Indepaz, entre 2020 y 2021 se han perpetrado 141 en todo el país, con un saldo de 570 víctimas. De acuerdo con las cifras del Programa Somos Defensores, entre el 2019 y 2020, al menos 478 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas. Entre tanto, 280 ex combatientes de las antiguas FARC también han sido sacrificados. Ahora bien, en el marco del Paro, no se entiende cómo, si según el informe de la CIDH, el 89% de las protestas fueron pacíficas, por qué el número de homicidios contra manifestantes fue tan elevado. Según fuentes oficiales (Fiscalía) serían 51 y de acuerdo a organizaciones no gubernamentales como la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, las víctimas mortales serían 84. Con esta radiografía, pretender un cierre de la violencia con este gobierno, es como pedirle peras a un olmo.
También se recomienda un Diálogo Nacional genuino y con multiplicidad de actores, especialmente con los sectores más excluidos y fuertemente movilizados. Sin embargo, recordemos que las pretensiones en ese sentido con el gobierno de Iván Duque, desde su posesión, han sido fallidas. Es el caso del paro de noviembre de 2019, de la Minga Social y Comunitaria de querer hablar con el Presidente, tanto en el Cauca, en Cali como en Bogotá o las movilizaciones de estudiantiles, en fin. La vocación del uribismo no es el diálogo, ni la concertación y mucho menos, la negociación. Eso quedó probado el 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril, cuando, en lugar de mandar funcionarios políticos a conversar con el Comité Nacional del Paro, envió contingentes del ESMAD.
Aconseja la CIDH tomar medidas para recobrar la confianza de la ciudadanía en el Estado y asegurar el equilibrio de poderes para preservar la fórmula de pesos y contra pesos en democracia. Tamaña petición, cuando el partido de gobierno no concibe un Estado de Derecho, y mucho menos Social de Derecho. Por el contrario, abraza calurosamente la centralización de todos los poderes del Estado (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría), justamente para impedir algún tipo de fiscalización o investigación al gobierno nacional y de paso, controlar toda la burocracia, el presupuesto y la corrupción del país. El totalitarismo y la hegemonía, son parte de su doctrina.
Las Fuerzas Militares y Policía Nacional, intocables
Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, una ofensa para el pensamiento del Centro Democrático, si ahí está la almendra de su enfoque de seguridad nacional, donde la Policía debe seguir siendo militarizada, lejana al enfoque de seguridad ciudadana y humana, para preservar la tranquilidad y convivencia, como propone Naciones Unidas. Desde el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” y la Política de Seguridad y Defensa, el gobierno dejó claro que la híper militarización del país, era su esencia. De ahí en adelante, hasta la pretendida política de protección para líderes sociales, que nunca vio la luz del día, le daba un lugar importante a la Policía en la seguridad de los mismos.
A esto se suma el encargo de cesar de inmediato el uso desproporcionado de la fuerza y “ceñirse a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales”. Sin duda, una derrota para el gobierno y la Policía Nacional tal encomienda si se tiene en cuenta que, durante el Paro, ni el presidente, ni el ministro de Defensa, ni el comandante de la Policía y Fuerzas Militares nunca condenaron el derroche de violencia del ESMAD contra los manifestantes, incluido el uso de armas letales y de personas particulares (paramilitares) para atacar a sangre y fuego a los protestantes. En esa misma lógica, acatar la reforma de su decreto estrella, 575 de 2021 de “asistencia militar” con el cual dio marco legal para el ataque frontal a la protesta social, como si se tratara de un combate, es un golpe duro para el gobierno. De acuerdo con la CIDH, se debe “garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles”.
Así que “evitar perspectivas militares” como recomienda la CIDH para el manejo de la protesta social, es un imposible para este gobierno, que desde su inicio militarizó la vida del gabinete ministerial, por ejemplo, el del Interior, que actúa todo el tiempo de la mano del Ministerio de Defensa y cuyas dos primeras ministras no dieron un paso sin coroneles a su lado, y el actual jefe de cartera adoptó un tono militar antes que de portavoz de la política y los derechos humanos. Recordemos el episodio donde se encargó a un general en retiro del Plan de Acción Oportuna para proteger líderes sociales desde el mismo Ministerio del Interior. Eso lo dice todo. Y por ese sendero pretende caminar la Defensoría del Pueblo actual.
Respetar el derecho a la protesta en toda su dimensión y en particular “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”, aconsejó la Comisión. La irritación del gobierno fue tal, que de inmediato respondió “Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”. Este encargo pegó muy duro, pues justo Iván Duque centró su ataque a la movilización social a partir de la condena a los bloqueos con la calificación de actos terroristas y hasta de “violadores de derechos humanos” a sus promotores. Es más, chantajeó al Comité Nacional del Paro de seguir dialogando con él, siempre y cuando ordenara levantar los bloqueos, como si éstos dependieran del Comité y no de la indignación y levantamiento popular.
Reconocer a las víctimas y la diversidad, imposibles de cumplir
Reparar a las víctimas de la violencia policial en general, por la violencia de género, en particular, pero también por los mutilados, y por supuesto, por los jóvenes asesinados, es un pedido utópico para el pensamiento uribista, cuya característica ha sido negar la existencia de víctimas de crímenes de Estado, repararlas y hacer justicia. Por el contrario, el gobierno se considera víctima de los “vándalos manifestantes” y en sus permanentes alocuciones condenó la violencia contra los agentes de policía, pero nunca contra los jóvenes asesinados por éstos, y las miles de violaciones, a los derechos humanos.
Exhortar a rendir cuentas e investigaciones parciales y exhaustivas a las fuerzas de seguridad del Estado, es recabar sobre el corazón mismo del uribismo, cuya impronta es la impunidad, la artimaña para ocultar la corrupción, la trampa como traza de su comportamiento y la mentira para evadir la verdad.
Recomienda la Comisión, formación integral a los organismos de seguridad del Estado para que comprendan de manera amplia y universal el valor de los derechos de los pueblos étnicos, de la diversidad sexual, el enfoque de género y toda la gama de libertades en ese sentido y evitar así la xenofobia, la estigmatización y la violencia contra las mujeres. Sin duda, es una de las tareas complejas de cumplir para unas fuerzas militares y policiales, cuya animadversión es manifiesta contra los indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y, sobre todo, frente a la población LGBTI, especialmente a las personas trans, a quienes violentan sistemáticamente.
Inaudito resulta para el gobierno aceptar la propuesta de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, pues eso sería legitimar el contenido del Informe y reconocer que efectivamente los 180 hallazgos de situaciones críticas, son ciertas y deben superarse. Prefirió el presidente Iván Duque y su Canciller Martha Lucía Ramírez, despachar el contenido del Informe con un portazo, antes que dar su brazo a torcer.
En fin, son 41 recomendaciones, producto de una visita seria, exhaustiva, en la medida de las condiciones, que merecen un análisis riguroso y sostenido en el tiempo para avanzar en el restablecimiento del Estado de Derecho y la materialización de las garantías para la protesta social y las movilizaciones ciudadanas. Sin embargo, son imposibles de cumplir por parte del partido político gobernante, pues ellas apuntan a desactivar las prácticas de violencia, criminalidad y exclusión, propias de su pensamiento y contrarias al respeto y reconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, marco normativo aceptado por el Estado colombiano.
Por ignorancia, por postura ideológica o por ambas a la vez, olvidan los funcionarios del gobierno, que los Derechos Humanos no son regalos ni concesiones gratuitas de los Estados a los ciudadanos, ni caprichos de la izquierda internacional, que según los miembros del Centro Democrático, penetró los instrumentos de Naciones Unidas y la OEA, sino el producto de luchas sociales históricas que han costado la vida de millones de personas y que gracias a ellas, se pueden poner límites a los abusos del poder y la prepotencia de políticos corruptos anclados en él. Si estudiaran en qué consistió la revolución francesa de 1789, entenderían un poco este momento y dejarían de hacer el ridículo universal.
Diana Sánchez Lara, Directora, Asociación Minga
Foto tomada de: Risaralda Hoy
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