El informe actual hace un recuento de los logros alcanzados durante los cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz que puso fin a más de 50 años de participación de las FARC-EP en el conflicto armado. Valora la disminución de la violencia en el país, en contraste con décadas anteriores y la ampliación de la democracia en términos de participación política, de inicio de la inversión en favor de las comunidades afectadas por el conflicto, del avance en el sistema de justicia transicional, en términos de verdad, justicia y reparación; enfatiza en los puntos de reincorporación de excombatientes de dicho movimiento y en garantías de seguridad. En un lenguaje caracterizado por la diplomacia y las exhortaciones al cumplimiento de lo pactado, propone cinco prioridades para el 2021, relacionadas con: reincorporación y garantías de seguridad, así como en consolidación de la presencia del Estado, fortalecimiento del diálogo constructivo entre las partes y promoción de la reconciliación, que son aspectos generales del Acuerdo de Paz.
El informe retoma un análisis de elementos relevantes del contexto que motivan adentrarse en el planteamiento de las prioridades señaladas.
Al respecto, hace referencia a la Peregrinación por la Vida y la Paz realizada a finales de octubre por parte de centenares de excombatientes, que se movilizaron a Bogotá desde diversas regiones del país para exigir el Gobierno y a las entidades estatales actuación eficaz para mejorar las garantías de seguridad y para fortalecer el proceso de reincorporación. El elemento detonante de la movilización fue el asesinato del excombatiente Juan de Jesús Monroy, líder del proceso de reincorporación y de su escolta, el excombatiente Luís Alexander Largo. El informe del Secretario General resalta que la movilización transcurrió pacíficamente, con observancia de las medidas de bioseguridad ante la situación de pandemia y en condiciones pacíficas. Destaca la reunión de Duque con representantes de la Peregrinación y la reunión con voceros del alto gobierno en el Meta y Bogotá. Subraya el compromiso presidencial de visitar los antiguos espacios de capacitación y reincorporación (ETCRs) donde no ha ido, su reiteración del compromiso con la reincorporación y las garantías de seguridad. En dicho episodio, voceros de la FARC exaltaron el diálogo como un gran paso para superar la estigmatización de los excombatientes. Así mismo, en diciembre, el Presidente anunció desde el antiguo ETCR de Dabeiba la compra de un predio para proyectos productivos y vivienda en función de la reincorporación, como parte del compromiso asumido a raíz de la Peregrinación, de asignar tierras para los proyectos productivos de los excombatientes.
También, sin decir que Duque eludió a la comunidad destaca la movilización de la Minga Indígena realizada en octubre desde el suroccidente colombiano hasta Bogotá, por parte de miles de personas para exigir condiciones de seguridad y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Su participación en movilizaciones pacíficas en la capital y la asistencia de sus delegados a una sesión de la Cámara de Representantes. También valora las negociaciones realizadas y la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del gobierno en reuniones celebradas en el Cauca.
Así mismo, señala el incremento del 9% en el presupuesto para inversiones relacionadas con el Acuerdo de Paz para 2021. No obstante, anota que la oposición, incluida la FARC consideran que dichos fondos siguen siendo insuficientes, especialmente, en lo relacionado con los requerimientos para la Reforma Rural Integral, para la sustitución de cultivos de uso ilícito. En este mismo apartado, resalta la prórroga por diez años más de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Finalmente, en materia de contexto, hace alusión al escándalo provocado por las grabaciones divulgadas a través de los medios de comunicación, en relación con el caso de Jesús Santrich, incriminado en temas de narcotráfico, ahora vinculado a una disidencia d las FARC-EP. Sin entrar en las profundidades del tema hace alusión a la que denomina “presunta falta de cooperación de la Fiscalía general de la Nación de aquel momento con la Justicia Especial Para la Paz”. Destaca la solicitud de la sociedad civil y de actores políticos para que se llegue al fondo de este caso.
En lo que se refiere a las cinco prioridades mencionadas y a las cuestiones transversales de la implementación del Acuerdo de Paz son de resaltar elementos relacionados con avances, amenazas al proceso de paz y desafíos que persisten con énfasis en los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final (reincorporación y garantías de seguridad), temas de énfasis de la Misión de Verificación y los elementos generales anotados, en relación con la presencia del Estado, el fortalecimiento del diálogo constructivo y la promoción de la reconciliación.
En lo relacionado con la prioridad de asegurar la protección de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos plantea como principal amenaza para la implementación del Acuerdo de Paz la violencia contra las miles de personas que, voluntariamente y de buena fe, dejaron las armas y continúan en su compromiso con la paz, así como la que siguen padeciendo desde hace décadas, las comunidades, los liderazgos sociales y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre.
Al respecto, presenta estadísticas desde la firma del Acuerdo de Paz y del trimestre. Relaciona 248 asesinatos de excombatientes, incluidas seis mujeres, desde la firma del Acuerdo de Paz y 21 en el período que se informa. Las cifras siguen en aumento con una proyección, como plantea Álvarez (25, 11,2020), director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien en audiencia sobre medidas cautelares para los excombatientes realizada a finales de noviembre expuso que, en proyección, podrían ser 1.600 los asesinados a diciembre de 2024, con epicentro en 98 de los 565 municipios donde están ubicados los excombatientes. Retomando el Informe del Secretario General, subraya que las amenazas de los grupos armados ilegales han llevado a los excombatientes a abandonar los antiguos ETCR y las nuevas áreas de reincorporación colectiva en varias regiones. Resalta las condiciones de riesgo en las zonas fronterizas entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare. En ellos, las disidencias de FARC-EP amplían su radio de influencia, amenazan y atacan a excombatientes, cooptan sus proyectos económicos y sabotean sus iniciativas políticas y sociales, lo que genera el desplazamiento de los excombatientes comprometidos con el proceso de paz.
Volviendo al informe del Fiscal de la JEP sobre medidas cautelares, plantea que los patrones de asesinatos identificados en la investigación arrojan que 91 casos, es decir, el 36% de las muertes, se explican en zonas de disputas entre grupos de disidencia, dado el recelo que genera a los disidentes la cercanía de los excombatientes con el Estado, a través del proceso de reincorporación. También, plantea que se evidencian 43 casos de asesinato de excombatientes que se proyectaron con algún tipo de liderazgo territorial.
En la audiencia de medidas cautelares, el gobierno se comprometió en la protección de los excombatientes y a desplegar la fuerza pública alrededor de los antiguos ETCR y su apoyo a la Unidad de Protección, como muestra el Informe del Secretario General. Así mismo, hizo una relación de asignación de 13.500 millones de pesos a la Unidad en cumplimiento de la orden de la JEP para diseñar un plan para cubrir 680 vacantes de escolta y más de 50 de analista de riesgos para la subdirección Especializada de Seguridad. A la fecha del informe no se habían contratado los escoltas y solo 27 analistas. Es de anotar que 25 excombatientes fueron asesinados mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección y siguen pendientes de evaluación e implementación más de 1.000 solicitudes de protección.
En el período del informe se dinamizó la discusión en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, respectivamente. No obstante, todavía no se cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, ordenado por la JEP con base en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz. Igualmente, después de varias reuniones realizadas en los meses de septiembre-octubre, sigue en borrador el programa de protección integral para miembros del Partido FARC, ordenado por la JEP con base en el Acuerdo Final para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz convocara la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política.
En lo que respecta a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, creada con base en el Acuerdo Final, ha reportado 289 casos de ataques contra excombatientes. Durante el período del informe reportó 3 condenas nuevas, para sumar 34 en total, 20 casos en etapa de juicio, 38 en investigación y 49 en órdenes de captura. Así mismo, 27 casos de detenciones por presunta participación en el asesinato de excombatientes, entre ellas, los casos de Juan de Jesús Monroy y su escolta. El informe señala que la Unidad tiene dificultad para desempeñar su papel dada la inseguridad y el aislamiento de algunas zonas rurales. El informe reclama la presencia de fuerza pública en dichas zonas, pero, reconoce que es necesario reforzar la capacidad judicial local para combatir la impunidad. Al respecto la Vicefiscal General destacó el papel de los jueces especializados regionales para el enjuiciamiento de los autores y el desmantelamiento de las organizaciones criminales locales.
En lo relacionado con los ataques contra líderes sociales, comunidades afectadas por el conflicto y personas defensoras de los derechos humanos, el informe del Secretario General retoma los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con 53 asesinatos verificados en 2020, cinco de ellos mujeres y 74 casos en proceso de verificación. La ACNUDH ha reportado 378 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz, lo que incluye 44 mujeres, 6 personas LGBTI, 69 líderes indígenas y 15 líderes afrocolombianos. También, 13 asesinatos de civiles y 10 incidentes en proceso de verificación durante el período del informe. Al tiempo, plantea que en 2020 han sido asesinados 269 civiles incluyendo 24 niños y niñas y 19 mujeres en 69 incidentes violentos. El informe destaca que en diciembre la organización de mujeres Andinoamazónicas dejó de participar temporalmente en la Instancia Especial de Género por ataques sufridos por su representante y por las limitaciones en garantías de seguridad. Destaca, así mismo, que en noviembre la Unidad de Protección presentó un nuevo protocolo para el análisis de riesgo con enfoque de género. Los grupos de sociedad civil y de mujeres solicitan contribuir en este campo. El informe del Secretario General reconoce que sigue siendo necesario avanzar en la implementación del resto del plan de acción del Programa Integral.
En lo que respecta a los partidos y movimientos políticos el informe presenta reportes del asesinato de tres miembros de Colombia Humana en Antioquia, Cauca y Huila, el asesinato de una Concejala y del Partido Conservador y su marido, excombatiente de las FARC, en Puerto Guzmán-Putumayo. También hace alusión a amenazas contra el Senador José Obdulio Gaviria, según reportes del Centro Democrático. Al respecto, el informe subraya la importancia de medidas de prevención y protección para todos los partidos políticos, especialmente, desde el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
En cuanto a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el informe refiere que solamente se reunió una vez durante el período que se reporta, aunque celebró varias reuniones técnicas, sin que hasta la fecha se cuente con la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, los grupos armados ilegales y sus redes de apoyo.
En cuanto a la dinámica regional de la violencia el informe destaca que en 2020 el asesinato de excombatientes tuvo lugar en zonas rurales en el 75% de los casos, 75% en municipios con cultivos de uso ilícito y 72% en municipios PDET. En cuanto al asesinato de líderes sociales, el 78% tuvo lugar en zonas rurales, 98% en municipios con economías ilícitas (drogas y minería ilegal) y 45% en municipios PDET. En dichos municipios la presencia del Estado es limitada, hay actores armados ilegales, economías ilícitas y alto nivel de pobreza. Como anotación al informe, tampoco se puede olvidar que son escenarios donde es enconada la lucha por la tierra y la expresión de liderazgos en defensa del medio ambiente. El informe cierra en este tema prioritario subrayando que, en 2020, los asesinatos de excombatientes ocurrieron en el Meta, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño y el asesinato de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos ocurrió en Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y chocó. Así mismo, destaca que el mayor número de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ocurrieron en Chocó, Antioquia y Cauca y reclama adaptar estrategias a cada territorio para mitigar los riesgos y atender las necesidades específicas de cada zona.
En lo referente a la prioridad de asegurar el proceso de reincorporación, el informe destaca el compromiso activo de más de 13.000 excombatientes (23%, mujeres) con el proceso de paz y destaca el trabajo conjunto Gobierno-FARC al seno del Consejo Nacional de Reincorporación. Subraya que el principal desafío para la sostenibilidad del proceso es el acceso a tierras, tanto para proyectos productivos como para vivienda. El gobierno habla de estudios técnicos realizados para vivienda en cinco antiguos ETCR y que en mayo próximo se entregan las primeras 35 viviendas en Dabeiba. Así mismo, señala que de los 24 antiguos ETCR donde habitan cerca de 2.500 excombatientes, a la fecha se han adquirido predios para tres y están en proceso otros tres de los nueve comprometidos antes de finalizar el año 2020. En octubre, el Ministerio de vivienda expidió un decreto para el acceso de los excombatientes al subsidio de vivienda rural. En noviembre, el Gobierno expidió un decreto para autorizar la asignación de predios rurales del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado a proyectos productivos de excombatientes y el Congreso aprobó legislación para vivienda para víctimas y excombatientes. Así mismo, se continúa explorando vías y mecanismos de acceso a tierras para proyectos productivos, acceso a subsidios y formalización de tenencia.
El informe destaca que más de 9.500 excombatientes viven por fuera de los antiguos ETCR. Los desafíos tienen que ver con la inseguridad, falta de oportunidades productivas y desigualdad en el apoyo institucional, elementos que motivaron la Peregrinación.
El informe destaca la reincorporación colectiva, especialmente en nuevas áreas que requieren mayor atención institucional. Dice que el 44% de los proyectos productivos colectivos aprobados están por fuera de los antiguos ETCR, pero, solamente abarcan al 11% de los excombatientes que están por fuera de dichos ETCR. La Procuraduría General pidió ampliar la capacidad de respuesta institucional en las nuevas áreas de reincorporación.
Así mismo, se advierte en el informe que el deterioro en las condiciones de seguridad afecta negativamente la reincorporación colectiva por fuera de los antiguos ETCR y señala los casos del Diamante, La Pista y Nueva Esperanza (Meta), Algeciras y Neiva (Huila) y La Blanquita (Antioquia). Las amenazas llevan al desplazamiento de excombatientes y de sus familias.
Se señalan casos de traslados de antiguos ETCR y se invita a retomar las lecciones aprendidas de casos anteriores como el de Mutatá proveniente de Ituango, para sortear dificultades y garantizar condiciones de vivienda y servicios básicos.
El informe destaca que el 41% de excombatientes ha recibido apoyo económico para proyectos productivos. Entre ellos, 86 proyectos colectivos aprobados, 20 de los cuales corresponden al trimestre del informe y para beneficio general de 3.353 excombatientes, incluidas 935 mujeres. Así mismo, han recibido financiación 61 proyectos colectivos y 1.865 individuales (398 en el trimestre pasado), para beneficio de 2.269 excombatientes incluyendo a 517 mujeres. Existe vacío de información acerca de la aprobación y el monitoreo de los proyectos individuales y su dinámica de apoyo. El informe manifiesta preocupación con respecto a que la dinamización del ritmo de aprobación debe ir aparejada con el acceso al mercado y la asistencia técnica, aspectos afectados por la pandemia del Covid-19. El informe destaca que el 46% de las excombatientes acreditadas (1.433 mujeres) se han beneficiado de proyectos productivos. Deplora que su participación en instancias decisorias sigue siendo limitada, entre otras cosas por el recargo de actividades familiares acentuado con la pandemia.
En materia de salud, se monitorea el Covid-19. Se ha encontrado que 154 excombatientes (55 mujeres) han dado positivo. Por esta causa han muerto tres hombres. Las brigadas de salud han continuado su labor. El Ministerio de Salud informa que en 2020 el 80% de quienes se beneficiaron de las brigadas eran miembros de la comunidad, de las cuales el 64% eran mujeres. Para 2021 se están diseñando nuevas estrategias de priorización de la intervención y ampliación de cobertura en cooperación con las autoridades locales y regionales.
Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, 1.222 excombatientes (incluyendo 161 mujeres) se identifican como personas en condición de discapacidad. Desde noviembre la ARN ha puesto en marcha una iniciativa piloto para establecer las necesidades de 220 personas. Al respecto, se adelanta el Programa CaPAZcidades financiado por la Unión Europea. Incluye apoyo familiar, servicios de rehabilitación funcional, aunque aún no se ha presentado al Consejo Nacional de Reincorporación.
En lo referente a las políticas e instituciones de reincorporación, el informe plantea que hay avances en el marco de largo plazo para el proceso de reincorporación socioeconómica. FARC sustenta que se debe retomar el sistema nacional de reincorporación planteado en el Conpes 3931 sobre Política Nacional de Reincorporación, como mecanismo para la coordinación interinstitucional. En lo referente a la Mesa Técnica de Género del consejo Nacional de Reincorporación se reportan avances de coordinación interinstitucional; no obstante, los fondos siguen siendo limitados, en especial, para las entidades locales.
En lo relacionado con la reincorporación política, la FARC avanzó en la preparación de su Asamblea de partido a celebrar próximamente con cuatro temas: Plataforma política, lineamientos para elecciones del 2022, posible cambio de nombre y elección de nuevo representante legal.
Se destaca que en noviembre Griselda Lobo, Senadora FARC, presidió una sesión plenaria del Senado siendo la primera congresista FARC en hacerlo. De otro lado, en los ámbitos locales persisten los casos de estigmatización y problemas de seguridad para la actividad política en Caquetá, Huila, Meta y Valle del Cauca. El gobierno, a partir de la Peregrinación, se comprometió a garantizar la seguridad de los excombatientes en las elecciones de 2022.
En lo que respecta a la prioridad de consolidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto, el Acuerdo plantea objetivos y programas como los PDET para llevar infraestructura y servicios a las zonas rurales, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito encaminado a garantizar alternativas viables para que las familias abandonen las economías basadas en los cultivos de uso ilícito. No obstante, el impulso requiere dinamizar la asignación de recursos.
En lo referente a la Reforma rural Integral se ha avanzado en la formulación de los PDET en 170 municipios afectados por el conflicto, se realizó la planificación participativa y se avanzó en pequeñas obras de infraestructura. Se avanza en la identificación de fuentes de financiamiento. Se insiste por parte de FARC y otros partidos de oposición en que los PDET deben mantener el espíritu del Acuerdo Final y coordinar con los demás componentes de la Reforma Rural Integral y los 16 planes nacionales, de los cuales solo están aprobados ocho. Así mismo, se reclama mantener la dinámica de participación de la comunidad, en el proceso de implementación. El informe resalta la terminación de 1.110 obras y 102 en marcha. El que 173 proyectos se financien con regalías provenientes de la explotación de minerales e hidrocarburos y que en el marco del Programa “Obras por Impuestos” con participación del sector privado 57 de ellas están en municipios PDET.
El informe refiere que el gobierno reporta 1.033.468 hectáreas al Fondo de Tierras dentro de la meta de 3 millones establecidos en el Acuerdo Final. No obstante, la Procuraduría advierte que la mayoría de estos predios están ocupados, por lo que primero deben formalizarse y regularizarse. Plantea, así mismo, que se han capacitado 135 líderes (87 mujeres y 48 hombres) como promotores comunitarios de paz y convivencia es siete departamentos para empezar trabajos a comienzos del 2021.
En lo referente a Sustitución de cultivos de uso ilícito, se continúa la implementación en 56 municipios de 14 departamentos donde está el 65% de los cultivos de coca. En el Plan participan 99.097 familias de las cuales el 36.5% son encabezadas por mujeres. El nivel de cumplimiento de las familias es del 97% y la tasa de resiembra solo llega al 0.2% lo cual evidencia la eficacia de la erradicación voluntaria. En contraste, cabe anotar que el gobierno nacional persiste en priorizar la erradicación forzada y reactivar el uso del glifosato, medidas que contrastan con los resultados presentados y, presumiblemente, con las estrategias que entrará a impulsar el nuevo gobierno de Joe Biden es Estados Unidos. De hecho, el Informe del Secretario General insiste en que el gobierno Duque acoja el clamor de los campesinos para que se priorice la sustitución voluntaria.
Con relación a la prioridad de fortalecer el diálogo constructivo entre las partes, el informe exhorta al Gobierno y a la FARC a discutir y resolver conjuntamente los diversos desafíos del proceso, con base en el Acuerdo respetando el papel de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y el Consejo Nacional de Reincorporación, como mecanismos tripartitos con el apoyo de Naciones Unidas para entablar el diálogo constructivo.
En dicho marco, también se destaca la mesa técnica tripartita sobre minas antipersonal integrada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la FARC y Naciones Unidas y, al respecto, la aprobación del proyecto sobre ubicación de minas terrestres. Al momento del informe, la Oficina del Alto Comisionado adelantaba la revisión jurídica final del mismo.
El informe alude a la entrega de bienes de las antiguas FARC-EP, con plazo del 31 de diciembre y destaca los problemas jurídicos, financieros y de seguridad que afectan el proceso y llama a utilizar el mecanismo tripartito para que se encuentren soluciones adecuadas, en relación con la tácita alusión a que la fecha no sería viable.
Con respecto a la prioridad de fortalecer las condiciones de la reconciliación, el informe destaca el papel del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el proceso de reconciliación. En Particular, reseña los siete macrocasos abordados por la JEP con relación a crímenes y regiones específicos. Valora el papel de la Comisión de la Verdad con miles de testimonios para el informe final y el papel de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas.
Para mediados del 2021, la JEP comenzará a imponer sanciones en algunos de los macrocasos, con relación a crímenes individuales cometidos en el marco del conflicto. En este aspecto, el informe refiere que el Presidente Duque solicitará al Consejo de Seguridad que amplíe el mandato de la Misión de Verificación para incluir su papel con relación al cumplimiento de las sanciones que imponga la JEP. Al respecto, la FARC y la JEP apoyan que la Misión cumpla esta tarea, tal como está previsto en el Acuerdo final.
El Informe hace alusión a las denuncias sobre violencia sexual relacionada con el conflicto y destaca que la JEP viene abordando estos casos y estudia la solicitud de varias organizaciones con respecto a que se abra un macrocaso. Así mismo, se refiere a la localización de fosas comunes en Dabeiba con restos de posibles víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas.
También, se refiere al reconocimiento por parte de líderes de FARC de su responsabilidad en relación con crímenes emblemáticos cometidos durante el conflicto. La JEP está en proceso de determinar si tiene competencia en estos casos y ha solicitado a la Fiscalía General que comparta los resultados de sus investigaciones. Por su parte, las víctimas exhortan a todos los actores, incluyendo a funcionarios y exfuncionarios estatales y miembros de la fuerza pública para que contribuyan plenamente a la verdad y reconozcan sus responsabilidades en el marco del conflicto.
Finalmente, en relación con cuestiones transversales, el informe destaca la existencia de mesas técnicas que facilitan los procesos de reincorporación, particularmente, en Bogotá donde habitan cerca de 800 excombatientes. Así mismo, la existencia de 15 mecanismos de coordinación regional que ayudan al proceso de reincorporación.
En temas de género, pese a su alto valor incluyente plasmado en los Acuerdos, los avances siguen siendo limitados e insuficientes. Persisten los hechos de discriminación de personas LGBTI, incluyendo amenazas y asesinatos.
Igualmente, las condiciones de inseguridad de los territorios étnicos siguen en estado crítico, como se evidencia en Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia, con afectación de la seguridad de los líderes y lideresas indígenas, afrocolombianos, sus comunidades y excombatientes.
En lo que respecta a los adolescentes participantes del conflicto que fueron separados de las FARC-EP cuando eran niños, de 123 han recibido subsidios 69 y 14 han obtenido recursos para proyectos productivos. La reparación se encuentra suspendida a partir de una Resolución de la Unidad de Víctimas que prioriza a otros grupos vulnerables. De otro lado, se avanza en la acreditación de 263 personas que eran menores de edad cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Del Programa del ICBF se benefician actualmente 2.191 hijo e hijas de excombatientes
En lo que se refiere a los acontecimientos relacionados con el ELN, el informe destaca que las comunidades de las zonas afectadas insisten en que se reanuden los diálogos entre gobierno y ELN.
El informe del secretario General exhorta, en el marco de la pandemia, para que en 2021 se continúen los esfuerzos de implementación del Acuerdo de Paz. Valora la reunión de Duque con los excombatientes en el marco de la Peregrinación y llama a atender las prioridades señaladas en el informe.
Resalta la importancia de implementar las medidas de protección colectiva para hombres y mujeres e insiste en la elaboración de la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo y llama a fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad e insta a la Comisión para que adopte prontamente la política pública incluyendo las recomendaciones de la sociedad civil.
Así mismo, insiste en la urgencia de reforzar la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y las entidades judiciales locales para la judicialización de las personas responsables de amenazas y asesinatos de líderes, lideresas sociales y excombatientes y enfatiza en la importancia de enjuiciar y condenar a los autores intelectuales de tales crímenes, como elemento nodal del desmantelamiento de las organizaciones criminales.
Resalta, así mismo, que la justicia transicional está en el corazón del proceso de paz y destaca sus posibilidades para llevar al país del conflicto violento a un futuro pacífico. Destaca el carácter innovador del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, diseñado para garantizar los derechos y la reparación de las víctimas y para brindar espacios propicios para que la sociedad logre reconciliarse con su pasado y asegurar que los crímenes cometidos durante el conflicto nuca más se repitan.
En tal sentido, el informe tiende a comprometer a las partes; pero, en especial al gobierno nacional para que pase de las palabras y formulaciones a los hechos. En tal sentido, la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la presentación del Informe del Secretario General con respecto a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia constituye una valiosa oportunidad para presionar al gobierno colombiano para que asuma realmente su responsabilidad en la implementación del Acuerdo de Paz y en la superación de la impunidad frente a los crímenes que se cometen contra líderes y lideresas sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comunidades y excombatientes. A medida que el gobierno Duque se encamina hacia su fin, se hace más evidente, incluso a través del informe del secretario General como se ha dicho, planteado desde su lenguaje diplomático, que la movilización social y la presión internacional son dos factores necesarios para derrotar la pretensión gubernamental y de los partidos que forman parte de la coalición de ultraderecha que lo sustenta, de pulverizar el Acuerdo de Paz. Desde esta perspectiva es necesaria la presión social y diplomática en procura de medidas del Consejo de Seguridad y de los organismos internacionales de derechos humanos frente al panorama de violencia contra las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes y lideresas sociales, las personas defensoras de derechos humanos y los excombatientes que persisten en el proceso de paz, a pesar de los obstáculos.
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Álvarez Giovanni. A diciembre de 2024 podrían ser 1.600 los excombatientes asesinados: Fiscalía de la JEP. Redacción Colombia 2020. El Espectador. 25, 11, 2020.
Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Nota de prensa del informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Bogotá. 07, 01, 2021. Incluye Descarga del Informe Trimestral del Secretario General e Infografía.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco iris
Foto tomada de: UNAIDS
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