En Colombia tras la convocatoria a un Paro Nacional a partir del pasado 28 de abril por parte de las organizaciones sindicales y numerosas organizaciones y redes sociales en rechazo a políticas y medidas del gobierno del presidente Iván Duque de corte neoliberal. se generalizó y se prolongó en el tiempo, en casi todos los municipios del país de forma que al ser reprimida violentamente por el gobierno colombiano a través de la Policía con apoyo de las Fuerzas Militares y con presencia en sus actuaciones o zonas de operaciones de grupos paramilitares, se tornó en un estallido social. La gravedad de la situación y el creciente número de personas manifestantes muertas, heridas, desaparecidas o detenidas arbitrariamente siendo maltratadas o torturadas produjo numerosos reportes y denuncias.
Las ONG de derechos humanos colombianas ante la situación ha enviado información al respecto a organismos intergubernamentales y organizaciones de derechos humanos internacionales, las cuales se han pronunciado o producido informes, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dada la gravedad de la situación hacer una visita que produzca un información sobre lo sucedido que entregue recomendaciones al Gobierno y el Estado colombianos que permitan superar esta situación. En consecuencia, la CIDH tomó la decisión a mediados del mes de mayo pasado de hacer presencia con una visita en Colombia.
“…La Comisión Interamericana, en cabeza de su presidenta Antonia Urrejola, habló de más de 3.000 solicitudes que claman por una mirada al país por cuenta de los innumerables casos de violación. La organización no gubernamental Temblores fue una de las que elevaron la solicitud de visita al ente internacional, en la que documentaron uso excesivo de la fuerza y ataques por parte de miembros de la Policía. En el más reciente informe la organización denuncia 3.789 casos de violencia”[1].
La CIDH le solicitó al gobierno colombiano poder realizar la visita el 14 de mayo pasado. Inicialmente hubo negativa del gobierno, la cancillería le respondió que “no era necesaria”, que “por ahora no”, que los entes de control interno se ocupaban de investigar si había irregularidades. Dada la situación la CIDH mantuvo su petición y ante el agravamiento de los hechos solicitó que hubiera prontitud en tal autorización. Entonces el gobierno buscó dilatar la fecha de la posible visita y, finalmente, tuvo que aceptar que viniera pronto la Comisión ante la presión de numerosos pronunciamientos internos e internacionales. Sin embargo, de forma inadecuada e inviable, intentó condicionar el desarrollo de su agenda con pretensión de coparla ante todo con sus reuniones con el propio gobierno nacional, entes estatales y sectores de poder económico que refieran las afectaciones económicas del paro nacional y las protestas, para minimizar su posibilidad de reunirse con las organizaciones sociales y las personas participantes en las protestas o que transitaban por los lugares de su ocurrencia, quienes han sido objeto de los ataques y violaciones denunciadas. Así lo registraron medios de prensa nacionales.
“La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, diez días después de conocida la intención de la CIDH de realizar la diligencia, le dijo al organismo internacional que: “por ahora no” era necesaria, pues los entes de control estaban adelantando las acciones pertinentes para esclarecer los abusos por parte de la fuerza pública. (…) Desde el gobierno querían que los comisionados se reunieran con los gremios afectados por los bloqueos y con los órganos de control encargados de las investigaciones internas (…) Pero la Comisión también busca reunirse con organizaciones de derechos humanos, víctimas de abuso policial y hasta visitar centros de detención para verificar las condiciones”[2].
Un equipo de la CIDH de tres de sus integrantes, incluida su presidenta Antonia Urrejola Noguera, el relator para la Libertad de Expresión y funcionarios de su Secretaría Adjunta se hizo presente para observar in situ lo ocurrido en Colombia, entre el 8 y el 11 de junio pasado. Su presidenta Antonia Urrejola declaró a los medios de prensa que la misión de la Comisión era verificar las denuncias hechas sobre graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes participantes en el paro nacional, de manera que se trataba de “atender una situación concreta de denuncia de violaciones de derechos humanos”[3].
La labor de verificación de la CIDH en Colombia
Como corresponde a su naturaleza de organismo intergubernamental la CIDH procede con autonomía y positiva cooperación con los Estados partes del convenio que la creó, la Convención Americana de Derechos Humanos, la CIDH. Definió su agenda coordinando en sentido pertinente con todos los actores requeridos para el logro de la información necesaria de recabar. En tal sentido, desestimó los intentos de presiones y condicionamientos gubernamentales a su actuación. Dio prioridad a las víctimas y sus familiares, los colectivos sociales o comunitarios y étnicos victimizados, a la vez que programó reuniones con diversos sectores: autoridades gubernamentales, estatales de las diversas ramas del poder público, con la fuerza pública, entidades de derechos humanos, organizaciones sociales relacionadas directamente con los hechos y recogió de manera paralela numerosos testimonios.
Su agenda incluyó reuniones con el Gobierno nacional con presencia directa del presidente Iván Duque y varios de sus ministros y altos funcionarios, así mismo con delegaciones del alto nivel de la Policía Nacional, los organismos de control estatales, con congresistas, la Comisión de la Verdad, autoridades e integrantes de corporaciones públicas de las ciudades seleccionadas. En lo relativo a las organizaciones de la sociedad civil con organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales incluidos sectores sindicales, campesinos, indígenas, afros, de mujeres y de pobladores y jóvenes en resistencia. A la vez, se reunió también con asociaciones de periodistas y con otros sectores afectados de diversa forma y de manera, en especial con el Comité Nacional de Paro. Habilitó visitas en Bogotá, Cali, Tuluá y Popayán. De las numerosas reuniones sostenidas recibió informes elaborados de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y Medicina Legal. De igual forma, recibió informes de varias ONG de derechos humanos como Indepaz y Temblores, de organizaciones sociales y gremios económicos como la Andi.
Reflejo de la situación de movilización permanente de los sectores sociales y poblacionales que han participado en las protestas, quienes agitaban de manera permanente las consignas motivo del paro nacional, se constituyó un hecho extraordinario. De manera permanente y entusiasta manifestaciones recibieron y acompañaron todos los días y en todos los lugares de su actuación y permanencia a la delegación de la CIDH. El mensaje de los manifestantes a la Comisión fue de solidaridad y de expectativa por su labor, una vez que también había sido expresa la petición del Comité Nacional del Paro y de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, ante el Gobierno nacional, para que aprobara y brindara garantías a ésta visita. Por ello, de manera festiva, pero a la vez de enérgica denuncia, grupos de activistas y pequeñas marchas recurrentes y delegaciones de distintos lugares llegaban a arengar, cantar y marchar en el entorno de la presencia de la CIDH mostrando carteles, pancartas, coreografías y otras formas artísticas de entusiasta acompañamiento en las distintas ciudades.
Disputa de relatos: el gubernamental (terrorismo y vandalismo) y el de las organizaciones sociales (legítima protesta ante injusticia social)
Durante la presencia de la CIDH el gobierno colombiano reiteró en declaraciones permanentes a la comunidad internacional, instituciones y medios de prensa su posición de considerar que el paro nacional y las consiguientes protestas desatadas, si bien habían tenido un motivo de protesta ciudadana, se configuró una acción violenta generalizada contra el gobierno, la institucionalidad estatal y la ciudadanía, incitada e infiltrada por grupos ilegales del narcotráfico y la guerrilla, de manera que lo presentado eran hechos “vandálicos y terroristas” necesarios de reprimir por la Fuerza Pública. Así lo reiteraron tanto el presidente Iván Duque como su recién posicionada canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
“Esta democracia ha estado sometida a una estrategia coordinada, financiada, planeada y muy alimentada desde las redes sociales para generar caos, destrucción, vías de hecho que han puesto en peligro la vida de millones de colombianos”[4].
Así, el gobierno nacional y sus entes adscritos reiteraron ante la CIDH su consideración de que el Estado y el Gobierno colombianos son respetuosos de los derechos humanos, de forma que las instituciones no están comprometidas con hechos violatorios, pues “de llegarse a presentar cualquier irregularidad” o violación, ella no comprometería a las instituciones, sino de manera personal a determinados agentes estatales que serían retirados e investigados. De tal forma, lo expresó la canciller ante este organismo intergubernamental: “En Colombia hay un Estado que promueve, reconoce y protege los derechos humanos”[5].
En contraste, las organizaciones sociales participantes en las protestas y la gran mayoría de las víctimas individuales y colectivas ocasionadas, expresaron en declaraciones e informes que se lo sucedido ha sido el trascurrir de una protesta social legítima, pacífica, con exigencias de derechos y de garantías no atendidas por el Gobierno nacional. Pusieron de presente la demanda de no criminalizar ni señalar de violenta, vandálica y terrorista por parte de entes gubernamentales y estatales a la protesta social y denunciaron los ataques violentos que incluyen uso desproporcionado de las armas y frecuentes disparos con armas de fuego contra los manifestantes en todas las regiones del país. Señalaron que tal represión arbitraria y violenta oficial constituye una estrategia que se mantiene, de forma que ocasiona víctimas de forma grave, masiva y sistemática entre las diversas manifestaciones de protesta realizadas.
Entre los mandatarios departamentales y municipales algunos comparten la versión del gobierno nacional y otros la de los manifestantes, de manera que, entre éstos, varios desde distintos departamentos han dado valerosas declaraciones de exigencia de respeto a la población civil que se manifiesta en las jornadas de protesta. Por supuesto que también se han registrado tras las agresiones de la fuerza pública respuestas indignadas de los pobladores locales, con recurso a formas de defensa, escudos improvisados y respuestas con las tradicionales pedreas contra los uniformados e incluso uso de artefactos explosivos improvisados. Y, sin ser la nota predominante, pero preocupante e indebida, sectores indignados recurren al ataque destructivo contra bienes públicos o privado, a la vez que de manera oportunista delincuentes o pobladores pobres de forma oportunista han llegado a desatar algunos casos de saqueos contra establecimientos de empresas de cadenas comerciales.
Entre las declaraciones de los mandatarios locales resultó muy diciente la entregada al momento de la visita de la Comisión el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, la ciudad más afectada en términos de la intensidad de las protestas y la gravedad de la represión oficial que ha tenido recurrencia en disparos de la Policía y de grupos de civiles armados –a la manera paramilitar, pero con forma parapolicial urbana- contra las personas que participan en las protestas. Al respecto, este alcalde declaró: “De los hechos más indignos, de las violaciones más aberrantes, es que personas civiles armadas, al lado de la Policía, disparen contra la gente. Eso me parece a mí inaceptable y lo voy a denunciar”[6].
Lo que puede esperarse del informe que rinda la CIDH tras su visita
Entre las organizaciones de derechos humanos, integrantes de instituciones y ciertos entes especializados en la temática y la dirigencias políticas y sociales existe claridad en que la CIDH tras esta visita producirá un informe sobre lo observado, en la perspectiva de verificar si los hechos constatan violaciones a los derechos humanos protegidos por los convenios que la mandatan, de forma que tal informe podrá hacer referencia al panorama o diagnóstico de lo sucedido en tal perspectiva, a la vez que entregar, de forma importante, recomendaciones al Estado y el Gobierno colombianos sobre las problemáticas encontradas, en aras de su superación.
Pero se evidencia que no en todos los ámbitos institucionales, de opinión y de la población existe claridad al respecto, por lo cual se hacen algunas afirmaciones equivocadas o se plantean expectativas o hipótesis de sus decisiones posibles que no responden a la realidad. Así, el diario de prensa de principal distribución del orden nacional, El Tiempo, en nota editorial, antes que aclarar que éste organismo intergubernamental tiene un mandato estricto y un reglamento a cumplir, de forma que sus informes son de carácter técnico en el sentido referido. Por el contrario, públicamente lo llamó cual si fuera a elaborar un texto de conveniencias políticas, transacciones o negociaciones o actitudes subjetivas a adoptar a tono con las circunstancias de la coyuntura política nacional, como si su interés fuera algo así como mediar entre partes interesadas: “El informe de la Comisión debe marcarse por el equilibrio y la ponderación, debe ser un paso a la salida de esta situación[7].
Entre ciudadanos del común de distintos sectores, estratos y posturas existen opiniones y mensajes también equivocados. Unos la descalifican desde posiciones afines al gobierno considerando que son intromisión extranjera y con prejuicio señalando a la Comisión como aliada a la oposición o a los sectores que protestan. Desde personas de otras opiniones, incluidas algunas que simpatizan con las protestas o quienes coinciden en percibir y denunciar responsabilidades estatales y gubernamentales en las graves violaciones cometidas, se encuentran especialmente por redes sociales expresiones como éstas sobre la Comisión y su informe: “Debe sancionar al gobierno”, “está manipulada por el gobierno”, “no debió reunirse con los victimarios sino solo con las víctimas”, “fue una visita relámpago que le impide el informe requerido”, etc.
En consecuencia, es preciso reiterar que la CIDH no es un organismo de justicia sino de contribución a la promoción y protección de los derechos humanos. Que entre sus funciones están elaborar informes que entregan recomendaciones para superar las problemáticas violatorias de los derechos humanos; atender peticiones de las víctimas mediante estudios de admisibilidad de casos de posibles graves violaciones ocurridas en situaciones de impunidad estatal; al admitir casos realizar procedimientos de investigación contando con las partes, las víctimas y el Estado, propendiendo por las soluciones amistosas; si persisten las violaciones o los riesgos de ellas contra las víctimas exigir al Estado medidas cautelares a su favor; si persisten situaciones graves de violaciones a los derechos humanos en un país incluir la situación en su informe anual a la Asamblea General de la OEA; y si a pesar de los informes de casos de violaciones tratadas los Estados partes no acogen las recomendaciones y persisten condiciones de impunidad, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sí es un organismo judicial internacional con competencia para investigar y sancionar a los Estados partes de su estatuto adoptado mediante convenio internacional.
Por tanto, lo que se puede esperar de la visita de la CIDH es la realización de un informe que podría constatar la existencia de las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, analizar los casos, hacer una calificación jurídica a la luz del Derecho Internacional de loso Derechos Humanos y el propio Pacto de San José en particular, advertir sobre las implicaciones administrativas y judiciales que puedan tener, contribuir por esta vía a esclarecer lo sucedido, a reconocer a las víctimas y a exigirle al Estado el consiguiente cumplimiento de las recomendaciones que especifique.
Entre voces calificadas en el tema se valora que la propia visita de la CIDH ya es un hecho contundente que evidencia la gravedad de la situación y la posibilidad de una evaluación del tipo señalado que escala al nivel del derecho internacional su tratamiento, lo cual podrá repercutir positivamente en las posibilidades de su tratamiento interno. Así lo manifestó, entre otras voces la académica Silvia Serrano:
“Para los manifestantes, el hecho de que venga un organismo que evalúe la situación, que tiene garantías de independencia, de autonomía y que el Estado se abra a la posibilidad de recibir sus recomendaciones para la investigación y para la reparación de esas violaciones de derechos humanos, ya es en sí mismo un factor que ayuda a bajar las tensiones y atenuar la crisis”[8].
La ONG Dejusticia, a través de una de sus directivas, Jessica Corredor, puso de presente que ésta visita e informe podrá incidir en mejorar la posibilidad de actuación de los organismos de control del Estado colombiano, en un momento en el que han perdido legitimidad por su progresiva cooptación por el actual ejecutivo y su falta de actuación eficaz ante la crisis de graves violaciones con responsabilidades estatales presentada. “(la CIDH) puede brindar un poco más de confianza a la ciudadanía sobre estos órganos, ya que tienen una falta de legitimidad bastante evidente”[9].
En resumen, resulta así valiosa la colaboración del informe de la CIDH, pero no resume todas las posibilidades de actuación al respecto y sus posibilidades son limitadas de acuerdo con lo referido. Resulta importante porque presiona al Estado y al Gobierno colombianos para que reconozcan la situación presentada y respondan a tono con sus obligaciones con el derecho internacional y con sus obligaciones constitucionales y legales. En caso de que las autoridades nacionales fallen en tal sentido, podrán venir nuevos informes con nuevas recomendaciones más enérgicas y tratamientos de casos violatorios que hayan sido admitidos, de forma que ante persistente impunidad en el país podría la CIDH enviarlos a la Corte IDH y abriría un proceso jurídico internacional contra el estado colombiano, órgano que ya ha producido una veintena de fallos en su contra. Adicionalmente, también hay información de distintos casos de violaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los estudia y realiza monitoreo a estas situaciones, que ya incluyen las denuncias de lo ocurrido en el contexto del paro nacional. De forma que, a futuro, de darse la referida situación de reiterada impunidad ante graves violaciones, el Estado colombiano, su gobierno y actores individuales responsables al respecto, podrían ser objeto de un juicio de responsabilidad por la CPI.
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[1] “La anunciada llegada de la CIDH”, Fernanda Torres Tovar, El Espectador, 6 de junio de 2021, página 3.
[2] “La anunciada llegada de la CIDH”, Fernanda Torres Tovar, El Espectador, 6 de junio de 2021, página 2-3.
[3] Declaraciones a medios de prensa colombianos de la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola Noguera, Washington DC, 3 de junio de 2021.
[4] Declaración de la canciller Marta Lucía Ramírez, a la periodista María Isabel Rueda, en: “Hay que evitar los extremismos políticos”, El Tiempo, 8 de junio de 2021, página 1.
[5] Intervención de la canciller Marta Lucía Ramírez, en: “Hoy se inicia de manera formal la visita a Colombia”, El Tiempo, 8 de junio de 2021, página 1.3.
[6] Declaración del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, en: “La CIDH se reunió con Duque y con ciudadanos de cinco municipios”, El Tiempo, 9 de junio de 2021, página 1.3.
[7] “La visita de la CIDH”, editorial, El Tiempo, 14 de junio de 2021, página 1.12.
[8] “Por qué es importante la visita de la CIDH al país”, María Isabel Moreno, El Tiempo, 4 de junio de 2021, página 1.5.
[9] “Por qué es importante la visita de la CIDH al país”, María Isabel Moreno, El Tiempo, 4 de junio de 2021, página 1.5.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.agenciapi.co/
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